La pobreza y los sesgos de género: el comienzo de un siglo

(Primera Parte)

En este documento se quiere destacar algunas tendencias generales de la situación de las mujeres en relación con la familia, el trabajo y la pobreza cuando se está ingresando a un nuevo siglo. Llama la atención la ambivalencia en la posición de las mujeres, en especial en el ámbito laboral y familiar, que son elementos centrales que definen sus posibilidades de participación. En todas las áreas se aprecia la permanente paradoja entre los aportes económicos y familiares de las mujeres y las grandes carencias en participación y representación de sus intereses. Esta contradicción queda más en evidencia en relación con las graves trabas para traducir las demandas de las mujeres en políticas efectivas de Estado que mejoren su condición y tiendan a modificar el sistema de género en el plano cultural.

Es posible observar que a medida que la condición de las mujeres mejora, ese espacio se desvaloriza. En lo que se refiere a la participación laboral femenina, por ejemplo, en la medida que las ocupaciones se abren para las mujeres, es decir, una mayor proporción de mujeres que de hombres ingresa a ellas, disminuyen los ingresos que generan y el prestigio asociado a su desempeño. En relación con media década atrás se mantiene la distancia respecto de los ingresos y el rango de ocupaciones desempeñadas por los hombres. Es decir, que la discriminación se reconstruye en un punto distinto a medida que el mejoramiento de la posición de las mujeres rompe el equilibrio entre géneros. Cambia el punto donde se establece esa desigualdad y se abren nuevos espacios de desigualdad en la participación social y política, en el empleo y la seguridad social y en el ámbito familiar.

El mercado laboral ofrece ventajas y espacios de libertad a las mujeres, quienes iniciaron la lucha por entrar en él y ahora están luchando por ampliar ese espacio, disminuyendo los efectos de discriminación y segmentación, al mismo tiempo que la flexibilidad laboral recrea nuevas formas de exclusión y segregación. No deben olvidarse además, los impactos que los cambios en el plano del trabajo acarrean sobre las familias y sus jerarquías internas. Hay modificación de los "SABERES" y los "PODERES" al interior de la familia. Aunque es dable suponer que el papel de las mujeres en la familia sigue siendo central como puente hacia los nuevos esquemas y de ruptura de viejos patrones de sumisión.

El significado de las modalidades de participación y de exclusión depende de los ámbitos donde se producen y el significado atribuido por los actores, así las discriminaciones son percibidas también subjetivamente. En este plano, cabe distinguir la situación de las viejas y las nuevas generaciones. La negación de las nuevas y sutiles formas de las discriminaciones por parte de las más jóvenes, aliada con el creciente individualismo y la exaltación de una aparente igualdad propia de los sistemas más modernos, obstaculiza el cambio de las estructuras de género al hacer invisibles en la conciencia subjetiva los nuevos aspectos de subordinación. Sin embargo, también portan como generación mejores oportunidades educacionales, ocupacionales y un nuevo enfoque hacia la familia.

El contexto actual

A partir de la crisis de la deuda se inicia la aplicación de las denominadas políticas de ajuste, tendientes a preparar a las economías emergentes para su inserción en el nuevo modelo internacional globalizado que se sustenta como única alternativa de desarrollo. Es así como entre los rasgos más característicos de la situación actual se cuenta la creciente integración al mercado internacional, regional, a las corrientes de capital, a la información y a la innovación tecnológica.

El papel que para el Estado define el nuevo modelo significa una disminución del gasto social con las consecuentes repercusiones para los estratos más pobres de la población. Además, para el Estado se define una menor intervención en los mercados y el desarrollo de nuevas funciones de carácter regulador. De esta forma el actual Estado Mexicano ha ido modificándose debiendo enfrentar varios desafíos, entre ellos asegurar la gobernabilidad por medio de una regulación clara de los conflictos, redefinir sus propias funciones de acuerdo a los grandes cambios del nuevo orden económico internacional y finalmente, asegurar la estabilidad en el largo plazo de las transformaciones económicas y su aceptación a nivel social.

En el campo de los planes y políticas más recientes cabe destacar el diseño de planes de igualdad de oportunidades y de otros instrumentos para la puesta en marcha de políticas de género en México. Este proceso se ha dado en gran medida gracias al desarrollo de los movimientos de mujeres y la presión concertada por sus demandas en varios países. Estos instrumentos han sido producto combinado de un proceso de consulta a especialistas y el análisis de la experiencia social de los movimientos de mujeres tanto regional como también europea, en especial la experiencia acumulada en España.

Sin embargo, aunque asistimos a la creación de una coyuntura especial para redefinir funciones de la gestión pública, existen dificultades importantes para la aceptación y ejecución de políticas de género, que tienen relación con las resistencias al cambio, con la multiplicidad de actores sociales y políticos involucrados, con los conflictos de intereses y con la diversidad institucional existente en cada país. En especial, con las resistencias ideológicas que frente al tema se han desarrollado desde fundamentalismos religiosos y políticos, entre otros factores.

Las tendencias económicas recientes no son alentadoras. Si bien se han modernizado algunos sectores productivos, permitiendo obtener ventajas comparativas para la exportación de nuevos bienes, la generación de empleos productivos no ha tenido el dinamismo suficiente para incorporar a la población en edad para trabajar. Los mercados de trabajo han aumentado su segmentación, las tasas de desempleo y subempleo son especialmente elevadas para las mujeres y los jóvenes.

Sin duda estos magros resultados también han repercutido en los montos del gasto social de los países Latinoamericanos, los que no han recuperado sus niveles previos a la crisis de la deuda. En la mayoría de éstos los niveles de gasto social mejoraron en relación con el año 1990, en especial en educación y seguridad social, sin embargo, dos tercios de los países presentan niveles muy bajos de gasto en dólares per capita: destinan menos de 100 dólares anuales por persona en educación y salud (CEPAL, 1998).

La concentración de la pobreza en las mujeres

El nuevo papel del Estado, la crisis de la deuda, los efectos de los programas de ajuste y la caída en el gasto social, han tenido consecuencias a largo plazo que se expresan en el plano social y de género, en creciente pobreza, desempleo estructural y coyuntural, concentrado en mujeres y jóvenes, y en el aumento de las ocupaciones precarias y atípicas, donde las mujeres se ubican en las áreas menos remuneradas de las cadenas productivas y de subcontratación. También se ha producido una disminución del empleo público que ha afectado diferencialmente a las mujeres, en su doble calidad de usuarias y empleadas del sector público.

La pobreza, con sus manifestaciones de bajos ingresos y de carencias en la satisfacción de necesidades básicas, constituye la forma extrema de exclusión de los individuos y las familias de los procesos productivos, de la integración social y del acceso de las oportunidades. Es pues una de las consecuencias más perversas de un modelo de desarrollo, cuyos frutos se distribuyen de manera inequitativa.

Desde la perspectiva de la exclusión social, las mujeres Mexicanas continúan siendo pobres por razones de género, independientemente del estrato social al cual pertenezcan por su inserción familiar. Su papel en la sociedad les resta la posibilidad de acceder a la propiedad y el control de los recursos económicos. Su recurso económico fundamental es el trabajo remunerado, al cual acceden en condiciones de elevada desigualdad.

Las mujeres que viven en hogares pobres suelen ser aun más pobres que sus pares varones, especialmente cuando además son jefas de hogar. Deben realizar el trabajo doméstico, la crianza de los hijos y el cuidado de los enfermos junto con el trabajo remunerado. Todas estas labores realizadas en malas condiciones significan una gran cantidad de horas de trabajo y por lo tanto una mala cantidad de vida que se traduce en desgaste físico y mental.

Actualmente, se sostiene que la jefatura femenina en los hogares se está multiplicando a raíz de las tendencias económicas que obligan a las mujeres a buscar ingresos propios, al aumento de la pobreza y a tendencias demográficas y sociales, como migraciones, viudez, rupturas matrimoniales y fecundidad adolescente. Pese a que los datos no son totalmente fiables, dadas las definiciones de jefatura femenina de censos y encuestas y debido a que la información estadística es incompleta, en América Latina al menos uno de cada cinco hogares urbanos está encabezado por una mujer, lo que significa, en términos reales, la ausencia de una pareja estable. Este crecimiento fue muy fuerte en la década pasada y es probable que se mantenga y/o aumente, en la medida que los fenómenos que la originaron también se mantengan (CEPAL, 1996, 1997 y 1998).

Estos hogares suelen estar constituidos, en una proporción importante, por mujeres solteras o separadas, por lo general jóvenes. Constituyen uno de los grupos más vulnerables de mujeres en la región por cuanto viven con mayores dificultades su maternidad. Entre ellas se destaca, a su vez, el grupo de las madres adolescentes en aumento, que, a la fragilidad de la jefatura del hogar, suman la extrema juventud y la pobreza. En países de transición demográfica avanzada, los hogares encabezados por viudas, especialmente en las zonas urbanas, es un fenómeno en aumento y que también debe considerarse adecuadamente en el diseño de las políticas sociales.

El modelo tradicional de familia sobre el que habitualmente se planifica, se considera constituido por un jefe de hogar proveedor, una mujer ama de casa que realiza el trabajo doméstico, y niños que según sus edades estaban en el sistema educativo o en el mercado de trabajo, hasta constituir sus nuevos núcleos familiares. Sin embargo, estudios actuales muestran que ese modelo familiar no es el mayoritario. Por ejemplo, en el caso chileno se encuentra en menos de la mitad de las familias: 33% puesto que una proporción creciente de familias tienen a más de una persona como proveedor (CEPAL, 1995), en otras hay un único proveedor que es la mujer, en tanto en casos extremos de familias indigentes los niños también trabajan de manera creciente en el mercado de trabajo.

Entre los sectores de indigentes, hay una mayor representación de las mujeres jefas de hogar. Este sector de mujeres ha sido recientemente "descubierto" por las políticas públicas y existen en varios países programas especialmente dirigidos a ellas, que buscan reducir la magnitud de la indigencia sin modificar su condición de género y las consecuencias de extrema carga de trabajo y subordinación que acarrea su condición.