La OEA y la promoción de la democracia

La Declaración de Florida, resultado de la recién Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con un muy atractivo lema: “Hacer realidad los beneficios de la democracia”, sin que muchos aún se hayan dado cuenta, le otorga al Secretario General atribuciones que le permitirían ir del monitoreo al derecho de injerencia. Tal objetivo genérico plantea de inmediato dos interrogantes: ¿cuáles serán esos beneficios y cómo lograrlos?

En adelante, entre otras atribuciones por el mismo orden, el Secretario General una vez consultado el Consejo Permanente formulará iniciativas para hacerle frente a situaciones capaces de afectar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas de los países de la región. Dicho esto, enseguida saltan los oponentes a la noción de derecho de injerencia, los cuales son principalmente los Estados mismos puesto que el derecho de injerencia no es más que una ficción jurídica creada con la finalidad de reducir las soberanías de otros estados.

La historia de dicho derecho comenzó en 1979 cuando el filósofo Jean François Revel utilizó la expresión “deber de injerencia” la cual fue luego tomada por su colega Bernard-Henry Levi en favor del oprimido pueblo de Camboya. Pero el término “derecho de injerencia” fue por primera vez formulado en 1988 por el abogado Mario Bettati y el médico Bernard Kourchner. La propuesta inmediatamente obtuvo el apoyo de los medios y las acciones llevadas adelante por sus propios promotores (Kouchner, como fundador de Médicos Sin Fronteras) hicieron que el derecho de injerencia obtuviera una verdadera legitimidad.

Llama la atención que en la OEA, precisamente durante la década de los ochenta -la perdida para el desarrollo pero ganada para la democratización- el tema de la promoción de la democracia adquirió importancia central, como se evidencia el Protocolo de Cartagena (1985) que incluyó como propósito fundamental de la organización el de "Promover y consolidar la democracia representativa con debido respeto al principio de no intervención".

La creación de una "Unidad para la promoción de la Democracia" en 1990 constituyó un paso concreto para apoyar la defensa y consolidación de la democracia, a partir de una concepción que procura desde entonces considerar a la promoción de la democracia y la defensa de sus valores, sus instituciones y sus procedimientos "...bajo una perspectiva mucho más proactiva, con medidas preventivas en vez de acciones remediales, ayudando de esta manera a mejorar la gobernabilidad y las condiciones políticas generales.

Es interesante destacar cómo a mediados de 1991 el "Compromiso de Santiago de Chile" (Resolución 1080) estableció procedimientos para la defensa de la democracia, aun cuando ya sus treinta y cuatro miembros tenían gobiernos elegidos democráticamente. Poco después eventos en Haití (1991), Venezuela (1992)2, Perú (1992), y Guatemala (1993), y más recientemente Paraguay (1996) darían la razón a quienes impulsaron -Venezuela entre ellos, con apoyo regional sin precedente- un viejo tema, desde una nueva perspectiva.

En 1994 la Cumbre de las Americas, en Miami, reunió a 34 Jefes de Estado y Gobierno, quienes asumieron la preservación y el fortalecimiento de la democracia como requisito indispensable para la paz, el desarrollo y la estabilidad regional, planteando que "El fortalecimiento, el ejercicio efectivo y la consolidación de la democracia constituyen la prioridad política fundamental para las Americas. A la OEA se la definió como el principal organismo hemisférico para la defensa de los valores y de las instituciones democráticas. Es quizá esa presencia constante del tema en la agenda interamericana -aún durante los más oscuros períodos de gobiernos autoritarios, y muchas veces en referencia a traumáticas intervenciones y omisiones estadounidenses- lo que puede llevarnos a pensar la promoción de la democracia como una especie de repetición de las instituciones que han intentado promover y consolidar.

Estas líneas apuntan a argumentar que necesitamos analizar desde una nueva perspectiva el problema de la promoción de democracia y de las instituciones y medios que la impulsan, cuya relevancia y complejidad han aumentado desde mediados de la década pasada.

Así las cosas, con la llegada del llamado nuevo orden mundial; democracia, estado de derecho y respeto de los derechos humanos, pasaron a ser asuntos de primer orden. Dentro de ese nuevo precepto, tanto en México como en centro y Sudamérica las dictaduras fueron desapareciendo del mapa y en su lugar resurgieron regímenes democráticos prácticamente en todo el continente, a excepción de Cuba. Dicho nuevo orden exige que las nuevas democracias deben fortalecerse y las llamadas democracias estables no solo deben apoyarse en una alternancia basada en elecciones creíbles, sino igualmente en instituciones sanas y sólidas.

Por ultimo el éxito de los programas de reforma económica depende cada vez más de la capacidad de generar y sustentarse en procedimientos e instituciones democráticas. Muy rápidamente se transita hacia la etapa de la consolidación de las reformas. Ésta es mucho más difícil pues implica reformas institucionales que, resumidamente, consisten ya no sólo en la reducción del Estado a través de diversidad de medidas que pueden operar por decreto (privatizaciones, congelamiento y reducción de cargos públicos, eliminación de subsidios, entre otras), en cambio, obligan al fortalecimiento del Estado en áreas en las que su acción eficiente es clave (educación, justicia, seguridad social y personal, defensa y relaciones exteriores) y la transformación de sus relaciones con la sociedad a través de medidas que promuevan el fortalecimiento de la vida con asociación y de los canales de comunicación sociopolítica.

A pesar de sensibles avances en América Latina a nivel macroeconómico, 240 millones de pobres aun habitan nuestro continente y de ellos, casi cien millones sobreviven en condiciones de pobreza extrema. En tales condiciones, la calidad de vida es simplemente inexistente y, en consecuencia, la calidad de la democracia es sencillamente precaria y, su suerte, incierta. De manera que no habrá estabilidad política en la región, mientras pervivan tan altos índices de desigualdad social. Si no enfrentamos la pobreza con urgencia y determinación podría convertirse, como de hecho se ha convertido, en el factor que más afecta la estabilidad política en la región. Los países del hemisferio tenemos que enfrentar las amenazas contra la democracia. Para que ésta sea auténtica, deben garantizarse no sólo los derechos civiles y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales. La democracia y la pobreza son incompatibles. Los Derechos Humanos, que en esencia se resumen en una vida digna, son la esencia de la democracia. Donde se padezcan calamidades como el hambre y la miseria, la democracia está en tela de juicio y los derechos humanos resultan una ficción. Las desigualdades sociales y económicas desestabilizan la democracia y comprometen su legitimidad.

La "tercera ola" de democratización mundial -siguiendo al ya bien conocido planteamiento de Samuel Huntington- alcanzó en su sentido muy específico a toda América Latina durante la década de 1980. De modo que llegaron a ser democráticos aquellos países cuyos líderes gubernamentales más importantes comenzaron a ser elegidos a través de elecciones justas, honestas y periódicas, en las que los candidatos compitieron libremente por los votos, y en las que virtualmente toda la población adulta tuvo el derecho a participar.

Una primera consideración sobre la significación presente de la promoción democrática deriva de que la ola de elecciones más o menos libres, abiertas y competitivas que cubrió a Latinoamérica planteó a un nivel mayor de complejidad el problema de la promoción de la democracia, en el que hoy se combinan los dos retos señalados por Alain Touraine en un trabajo reciente: "La democracia debe combatir el poder absoluto, el del despotismo militar y el del partido totalitario, pero también debe poner límites a un individualismo extremo que podría divorciar por completo la sociedad civil y la sociedad política. Entonces, en el segundo frente es imperativo construir las relaciones entre la sociedad civil y la política, entre la sociedad y el Estado, entre lo privado y lo público, entre lo individual y lo colectivo.

En conclusión, la OEA debe ser un organismo promotor de la democracia y no un órgano interventor en los asuntos internos de nuestros países. Ahí están las Metas del Milenio planteadas en la Organización de las Naciones Unidas, como un enorme, pero hermoso desafío. Vamos a definir nuestras también nuestras propias metas y el curso a seguir para su realización. Estaremos colocando así la piedra angular para hacer del sueño democrático, una robusta realidad. Lo cierto es que hoy el tema de la promoción de la democracia tiene un significado distinto y una significación mayor a la que tenía en el pasado. Ahora, cuando hay más consenso que nunca en nuestro hemisferio y en el mundo acerca de las promesas de la estabilidad democrática, hay desafíos más complejos para promoverla y consolidarla.