EL MÉXICO RURAL DE HOY: Carencias y rezagos

(Segunda Parte)

En los albores del siglo XX, la población mexicana vivía de la tierra; la reforma agraria redistribuyó riqueza y poder y abrió paso a una nueva forma de vida en el campo y por tanto a una nueva sociedad rural.

Si bien el crecimiento industrial aceleró la urbanización, no abatió la problemática rural del país. Para finales del siglo XX, 25 millones de mexicanos viven en localidades rurales, casi una cuarta parte de la población del país, con una población económicamente activa de seis millones -en el sector primario-, de los cuales alrededor de 5 millones se dedican a la producción agropecuaria. Cabe hacer notar aquí, que la población vinculada a la producción agropecuaria, que representa una cuarta parte de la población del país, aporta sólo 6% del Producto Interno Bruto, porcentaje que confirma que la característica central del campo mexicano sigue siendo la pobreza.

Hubo una transición que no se terminó de dar en el campo mexicano: si bien desde los años treinta hubo la intención de apoyar la introducción de tecnología y el uso de fertilizantes y semillas mejoradas para incrementar la productividad de las actividades agrícolas, no se logró desarrollar una agricultura intensiva, a grado tal que todavía hoy prevalecen algunos de los métodos ancestrales(de la época precolombina) de cultivo en vastas regiones del territorio nacional, lo que necesariamente se refleja en bajos rendimientos por hectárea, agotamiento de suelos y, lo que es peor, bajos ingresos para la mayor parte de los productores. EL MODELO DE DESARROLLO MEXICANO ha hecho posible la coexistencia de la moderna agricultura comercial con la de autoconsumo, que con trabajos alcanza para la subsistencia de las familias. El rezago tecnológico del campo es resultado de un abandono paulatino pero sostenido -desde los años cuarenta- de las políticas de fomento del gobierno mexicano, pero también de la falta de incentivos para la inversión privada, la ineficiencia y la corrupción que derivaron en clientelismos de las agencias gubernamentales encargadas de canalizar créditos y apoyos al sector. Todo esto con un régimen de propiedad que no estimulaba la organización ni la cooperación de los productores, los llevaba a arrendar sus tierras por rentas insignificantes o a malbaratarlas y dedicarse a otra actividad.

No obstante la indudable importancia del reparto agrario, la problemática del campo mexicano sigue definiéndose por su crisis estructural que se traduce en un profundo y prolongado deterioro productivo. Cuando en 1992 se reformó el artículo 27 constitucional, su propósito era enfatizar la certeza jurídica frente a la inseguridad en la posesión de la propiedad ya que el ejido y la comunidad son concebidos como formas permanentes de la propiedad que deben fortalecerse por la voluntad de sus titulares. Tanto los derechos de posesión como de organización y asociación, fueron incluidos en esta reforma con la finalidad de abrir el campo a las condiciones de desarrollo y productividad que exigían el nuevo entorno político y social de apertura y competencia; sin embargo la sociedad rural sigue manteniendo características que denotan sus carencias y rezagos.

Así nuestro país ha acumulado una gran cantidad de diferencias sociales que se expresan de la siguiente manera: Concentración de la pobreza extrema, hay 2.5 millones de hogares en pobreza extrema que representan poco más de la mitad de los 5 millones de hogares rurales; 14 millones son pobres (56%) y apenas 11 millones superan la pobreza extrema. En contraste, en el medio urbano menos de 15% son pobres. Dispersión geográfica, hay 175 mil localidades menores de 2,500 habitantes, casi cinco veces más que las 40 mil localidades registradas en 1970, dispersión que se asocia con la pobreza y también con la dimensión indígena. Propiedad minifundista, el minifundio es la unidad de producción más difundida; tres cuartas partes de los ejidatarios tienen menos de diez hectáreas y de éstos, dos terceras partes cuentan con menos de cinco hectáreas. Esta condición deriva tanto de la migración como de la pobreza, en la medida en que la producción no alcanza para cubrir los requerimientos nutricionales de sus propietarios. Migración interna y externa, se calcula que casi 3 millones de personas realizan movimientos migratorios del sur hacia el noroeste del país; de las zonas marginadas de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, hacia la agricultura capitalista del noroeste vinculados con la agricultura de exportación. Son los emigrantes indígenas y jornaleros agrícolas que en muchas ocasiones viajan acompañados de sus familias. Cerca de tres millones de personas migran anualmente, casi la población de un país centroamericano.

Para finales de siglo XX, la presión por la tierra puede convertirse en una constante fundamental de la sociedad rural. En las 175 mil localidades menores a los 2,500 habitantes viven 25 millones de personas, de las cuales 13 millones tiene menos de 25 años. Contra todo pronóstico, la venta de tierra no ha sido el rasgo primordial de los resultados de la reforma constitucional de 1992, sólo un 5% de los ejidatarios la han realizado, y de éstos 3% fueron ventas totales. No obstante, la venta de tierras se encuentra de un rango amplio si se considera en el ámbito estatal. En cuatro entidades no se había registrado ninguna venta y en otras siete entre 10 y 16% de los ejidatarios había vendido parte o todas sus tierras. Lo que continua predominando son los tradicionales tratos agrarios de préstamo, renta y aparcería.

Cabe hacer notar que si bien la privatización de la propiedad ha sido un fenómeno restringido y marginal, que la inversión privada al campo no ha fluido en los niveles que se esperaba -no obstante la seguridad en la tenencia de la tierra- y que tampoco se ha avanzado mucho en la constitución de empresas campesinas y de sociedades mercantiles propietarias de tierra, es un hecho que la apertura externa y la globalización cultural han modificado valores y bases comunitarias de la sociedad rural mexicana.

La familia y la comunidad rural han registrado cambios -en sus principios y valores- debido a los procesos de fragmentación y desarraigo por efectos de la migración, transformaciones que han modificado la forma tradicional de concebir la vida rural, incluso la formación y educación de sus miembros. Así, la migración masiva dentro y fuera del país de los progenitores masculinos y de personas jóvenes, tanto hombres como mujeres, ha dividido los hogares y ligado la vida económica y cultural a los flujos de recursos de mercancías de los emigrantes.

La pobreza rural es resultado del desarrollo desigual que se ha dado en el campo mexicano, pero al mismo tiempo constituye una severa restricción para las posibilidades de expansión de la producción. Agotado el crecimiento extensivo de la producción agrícola y con la necesidad de competir con los productores del extranjero, el único camino viable para la agricultura mexicana es el que pasa por constantes aumentos en la productividad, mediante el uso intensivo de tecnología y decisiones de producción debidamente asesorada por especialistas en la materia.

Para conjugar estos factores se necesita una política gubernamental que pase no sólo por los subsidios, sino por la capacitación de los productores y que además se ocupe de crear los mínimos de bienestar indispensables entre la población campesina que permitan soportar la transformación del campo y erradicar la pobreza extrema.

El México indígena

En México habitan poco más de 10 millones de personas que se identifican como indígenas, siendo la mayor población indígena -en términos absolutos- de los países de América Latina, equivalente a la población total de Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Parte de nuestra diversidad cultural se expresa en el uso de cuando menos 62 lenguas diferentes. Entre ellas existen amplios contrastes: mientras el Náhuatl es utilizado por más de un millón de personas, para el Opata sólo se registraron 12 hablantes; 17 lenguas tienen más de 50 mil hablantes y sólo seis (Náhuatl, Maya, Zapoteca, Mixteco, Otomí y Tzeltal) son utilizadas por más de 250 mil personas que, en conjunto, representan 61% del total de hablantes de lengua indígena.

La indígena ya no es la población aislada y aparentemente estática de los años cincuenta y sesenta. Hoy estamos ante un conjunto de mexicanos que se desplaza no sólo a lo largo y ancho del país en busca de mejores oportunidades de trabajo e ingreso en las ciudades y campos agrícolas, sino también, y cada vez con mayor frecuencia hacia otros países como Estados Unidos y Canadá.

La población indígena se concentra en el centro y sur del país: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, parte del Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala. Continúa hacia el sureste en la península de Yucatán y hacia el norte recorre Michoacán, algunas regiones de Nayarit, Durango, Chihuahua y Sonora.

La información estadística refleja de manera clara su ubicación y concentración en el territorio Nacional. De los 2,428 municipios que hay en la República Mexicana, 803 tienen, cuando menos, 30% de población indígena, donde se concentra 78% de la población indígena a nivel nacional. El último censo registró la existencia de más de 17 mil localidades eminente y medianamente indígenas que muestran, por su tamaño y dispersión, elevados grados de dispersión y aislamiento, carentes de servicios públicos y escasa comunicación. De éstas, 44% están habitadas por menos de 100 personas; 17% tienen entre 100 y 449 habitantes, y 14% entre 500 y 2,500 habitantes. El 25% restante está conformado por localidades urbanas de más de 2,500 habitantes.

La extrema pobreza y la alta marginalidad permanecen como signos estructurales de la vida de los pueblos indígenas. A ello habría que agregar un racismo semioculto que en el plano local y regional actúa bajo diferentes formas tanto políticas como religiosas y nunca le falta ocasión para volverse virulento.

A lo anterior, habría que añadir que en prácticamente todas las zonas donde habitan los pueblos indígenas, se resienten de manera grave las consecuencias de la descapitalización del campo, la falta de inversión productiva, la baja productividad, los altos niveles de erosión del suelo y las escasas posibilidades de agregar valor a sus productos.

Las condiciones de desigualdad y pobreza también se reflejan en los niveles de escolaridad. De acuerdo con el censo de 1990, en localidades con 30% o más de población indígena, 26% de su población de 6 a 14 años no acudía a la escuela, y entre la población mayor de 15 años, sólo 59% sabía leer y escribir. El sector más afectado fue el de las mujeres, ya que 46% carecía de escolaridad: del total de analfabetas indígenas, 70.5% correspondía al sector femenil.

Las carencias, postraciones y desigualdades de la sociedad indígena nos refieren a promesas incumplidas del desigual desarrollo mexicano, los profundos y complejos problemas de los pueblos y las comunidades indígenas sólo pueden ser enfrentados mediante el concurso de las diversas instituciones gubernamentales así como con la participación de las propias comunidades, mediante políticas claras e incluyentes que permitan poner en marcha una práctica pública pluricultural y la diversidad, conciliando tradición y modernidad, de suerte de ir tendiendo puentes sólidos entre el mundo de lo local y el mundo de lo global.