POLÍTICA SOCIAL, SOCIEDAD CIVIL Y ESTADO
NECESARIO
La justicia social y particularmente la justicia
social distributiva, no puede basarse solamente en la igualdad de
oportunidades, es decir, en el establecimiento de un marco teórico en el que
cada ciudadano, e incluso cada habitante del país, aun en etapas previas a la
ciudadanía, tenga en principio el mismo acceso a oportunidades de superación,
desarrollo y progreso, porque en un entorno de desigualdad, la justicia social
implica el trato desigual a los desiguales; es decir, la igualdad de
seguridades.
Un nivel alto de pobreza implica o poco
crecimiento económico o mala distribución de los recursos. La mala distribución
de los recursos es evidencia de la desigualdad de oportunidades y exige, por lo
mismo, igualdad de seguridades.
En consecuencia, el problema es lograr
una nueva configuración, más democrática y eficiente del propio Estado, basada
a su vez en una noción de ciudadanía arraigada en el compromiso social. ¿Cuál
puede ser esa “noción de ciudadanía”? La comprensión y la aceptación de que el
esfuerzo individual, dentro del marco del esfuerzo colectivo, debe encauzarse
por la vía de la corresponsabilidad. El individuo no debe esperar soluciones
paternalistas ni atribuir la responsabilidad de su progreso y su desarrollo
integral, solamente a factores exógenos.
Es importante tener en cuenta, al
analizar su naturaleza real en un contexto dado, como el del Estado mexicano
del siglo XXI, que “las políticas sociales forman parte del Estado de
bienestar, su representación institucional; y abarcan una extensa gama de
programas sociales, como políticas de salud, seguridad social, vivienda,
educación u ocio. Hoy su objetivo es la búsqueda del bienestar y la mejoría de
las condiciones materiales de vida de la población”.
El Estado de bienestar no puede ser ya
un Estado paternalista, omnipresente, que todo lo decida, todo lo intervenga,
todo lo disponga. El Ogro Filantrópico de Octavio Paz, tan implacablemente
retratado y descrito en toda su inevitable dimensión de fracaso, es el
paradigma de ese Estado absoluto que, por serlo, devino en absolutista; de ese
Estado total que, a fuerza de totalizar su misión frente a la sociedad, tuvo
que ser totalitario.
De aquí la tesis del Estado necesario:
aquel que no asume las funciones de la sociedad civil ni de los individuos, que
no coarta la libertad de emprender ni pretende convertirse en controlador o
protagonista del mercado, sino interviene para hacer efectiva la justicia
distributiva, garantizar el trato desigual a los desiguales y la igualdad de
seguridades.
Como dijo Frédéric Bastiat en su
intervención ante la Asamblea Nacional francesa el 25 de septiembre de 1848
(consignada en el Diario de Debates de la fecha), “el Estado no es o no debería
ser otra cosa que la fuerza común instituida no para ser entre todos los
ciudadanos un instrumento de opresión y de expoliación recíproca sino, por el
contrario, para garantizar a cada uno lo suyo y hacer reinar la justicia y la
seguridad”.
A partir de lo anterior, tiene sentido
la presencia y la acción de la sociedad civil y sus organizaciones. ¿Qué
debemos entender por sociedad civil? En un antecedente teórico indispensable y
fundacional, el pensador e ideólogo italiano Antonio Gramsci diferencia
claramente, dentro del Estado, la sociedad civil de la sociedad política, de
manera tal que ambos términos aparecen ligados en una célebre ecuación:
"En la noción general de Estado
entran elementos que deben ser referidos a la sociedad civil (se podría señalar
al respecto que Estado = sociedad política + sociedad civil, vale decir,
hegemonía revestida de coerción)".
Dentro de la categoría de sociedad
civil, Gramsci incluye la multiplicidad de organismos "vulgarmente
considerados privados" (escuelas, iglesias, medios de comunicación,
asociaciones y agrupaciones civiles de toda índole y dimensión, etc.) Así, al
perfilarse como un ámbito diverso y contradictorio, “en el seno de la sociedad
civil se generan, se consolidan o se deshacen tradiciones; se anudan, se
fortalecen o se erosionan múltiples solidaridades; se conforman, se redefinen o
desvanecen un sinnúmero de identidades”.
A partir de la participación activa y
decisiva de la sociedad civil en las estrategias y las acciones de la política
social del Estado mexicano, es posible atender los demás frentes que están
abiertos en el esfuerzo cotidiano en pos del desarrollo integral de los
mexicanos. La globalización a nivel mundial demanda nuevos desafíos en el
ámbito de la educación y especialmente en la enseñanza superior,
específicamente en el desarrollo de nuevas tecnologías de información y
comunicación, que obligan a reconsiderar su función y cometido y a reajustar su
desarrollo en función de nuevos planteamientos y nuevas prioridades.
La globalización, se la cuestione o no,
es un proceso innegable. Algunas de las grandes aristas sobre las que se
levanta este monumental cambio de la civilización humana, son la ampliación del
comercio internacional, el ensamblaje de una institucionalidad supranacional y
de amplias redes de organizaciones de la sociedad civil, así como el
acercamiento virtual de individuos, comunidades y países alejados a través de
las tecnologías de la información. Negarse a participar en ella es, además de
utópico y, por lo mismo, imposible, socialmente y nacionalmente suicida.
El reto, entonces, radica en aprovechar
la globalización: subirse a lomos de ella, utilizarla como el corcel del
desarrollo, del despegue definitivo, del progreso integral. No hay que perder
de vista que resulta una simplificación extrema asociar el proceso de
globalización exclusivamente con la actividad económica, puesto que ejerce una
evidente e inevitable influencia, en mayor o menor grado, en todas las esferas
de la actividad humana y, por tanto, su caracterización reviste gran
importancia, ya que permite establecer acciones conscientes que reduzcan los
impactos negativos de su presencia.
En la actualidad, se considera necesaria
la implementación de políticas para el desarrollo de las ciencias y la
tecnología, el cual está ligado con el desarrollo económico-social, para que
los países puedan generar y asimilar el cambio enfocado a la producción de
bienes y servicios, con acciones de mejora y encaminados a la productividad y
competitividad.
Lo anterior es, sin duda, una de las
consecuencias de la globalización: abre perspectivas que se antojan infinitas,
es cierto; ofrece oportunidades en esa misma dimensión. Mas no para todos, sino
para quienes la entiendan, la acepten, la aprovechen y asuman la urgencia de la
competitividad.
Hay que destacar los beneficios de la
competitividad, entendida como una forma de lucha por y para la educación. La
revolución de la tecnología y sus consecuencias en las comunicaciones, han
hecho cambiar el lenguaje de las generaciones más jóvenes. La escuela y los
maestros deben adaptarse a este cambio, incorporando las nuevas herramientas.
Sin duda, el mercado ha transformado al
ciudadano en un nuevo cliente. Desde la escuela es posible preparar mejores
ciudadanos, responsables y conscientes de sus derechos y obligaciones; tarea
que debe incluir la formación de un nuevo consumidor, no atado a modas
pasajeras; que exija libertad de elección y desarrolle criterios de selección
hacia productos no obtenidos a través de la explotación humana o con técnicas
de producción que atenten contra el medio ambiente.
En este marco, el desarrollo de la
ciencia y la tecnología, conforme a las posibilidades y capacidades del país y
de la sociedad, es un imperativo que exige el esfuerzo del estado, a través del
gobierno y de la sociedad civil.
En el ámbito gubernamental, resulta
indispensable asignar mayores recursos a este rubro; y desde la sociedad civil,
se debe presionar por todos los medios legales e institucionales y ejercer una
labor permanente de contraloría social al efecto, con un cuidadoso seguimiento
de programas y estrategias. Para ello, hay que incorporar la participación de especialistas
reconocidos en las diversas instancias de las organizaciones de la sociedad
civil.
Las causas del aumento y la disminución
de la desigualdad son complejas, pero hay una verdad sustancial en la
afirmación de que la globalización crea inequidad: la brecha en la riqueza
entre aquellos países con economías cerradas y los que practican el libre
comercio, continúa ensanchándose. Esa no es la desigualdad que los
globalifóbicos tienen en mente. Dentro de los países que han abierto sus
economías al comercio y a la inversión, las clases medias han crecido, lo que
quiere decir que existe menos inequidad, en lugar de más.
Las metas de desarrollo del milenio nos
muestran un panorama de mejora en los ámbitos de lo global a lo local, como
parte de las estrategias de implementación de los gobiernos locales e
internacionales en el cual, la política social intenta llevar a cabo un enfoque
asistencialista mejorando las condiciones de vida de la población que se
encuentra en altos índices de marginación, promoviendo la participación activa
de los principales actores en el cumplimiento de mejoras sociales y económicas.
Esto, en el balance final, es lo que
cuenta. Se trata de una realidad irrefutable y evidente. Y lo que mejora, sigue
un patrón inequívoco: de lo global a lo local. Aquí encontramos también el
impacto de la globalización, debida y sanamente aprovechada.
La política social, entonces, fluye de
lo global a lo nacional y de lo nacional a lo local y viceversa. Requiere de la
participación activa y corresponsable del gobierno y de la sociedad civil,
dentro de la dinámica del Estado necesario, con énfasis permanente en la
igualdad de seguridades y en el trato desigual a los desiguales.
Autor: Luis Gutiérrez Esparza. México,
Distrito Federal.