La ciudad de La Victoria en el estado Aragua fue el escenario escogido por el presidente Chávez para lanzar el 12 de febrero de 1999 uno de los programas bandera del gobierno: El Plan Bolívar 2000.

El día anterior al anuncio oficial, se le describió como un programa "de mejoras en la plataforma físico-social" que arrancaría con el reacondicionamiento de la infraestructura en seis estados: Guárico, Sucre, Apure, Portuguesa, Lara y Barinas (El Universal, 11/02/1999).

Sobre la marcha, también informaban las reseñas periodísticas que "todavía no ha sido calculado el monto de la inversión inicial para la puesta en marcha de este plan de acción, que ha cambiado de nombre en dos oportunidades". Continuaba fluyendo la información preliminar, basada en voceros del gobierno, como el ministro de la Defensa, Raúl Salazar; o el ministro de Transporte y Comunicaciones, Luis Reyes Reyes: "Tampoco la cantidad de personas que intervendrán está claro hasta los momentos, aunque aproximadamente ocho batallones de las Fuerzas Armadas Nacionales participarán en la actividad".

El diario El Universal había tenido acceso a un documento oficial que definía los siguientes objetivos estratégicos:

El mismo día que el Presidente anunció oficialmente el plan, el ministro de la Defensa realizó una reunión con el Alto Mando Militar y los comandantes de los grupos de tareas involucrados. "Hoy se dará inicio a la Fase I del Plan, sin necesidad de que arranque el plan general" (El Universal, 12/02/1999).

El primer alerta que suscitó la puesta en marcha estuvo en boca de Luis Herrera Campíns. Como quiera que gobernadores y alcaldes estarían involucrados en su ejecución, el partido Copei reunió a sus 50 alcaldes, gobernadores y a las autoridades regionales y en ese escenario el ex presidente expresó:

— Los alcaldes deben ser vigilantes y controladores de ese plan cívico-militar porque no está claro. En principio parece una actividad reservada al gobierno central y a la cúpula militar. En todo caso, no hay que dejar esas palabras en el aire. Hay que tomar eso (la oferta presidencial) como buena... Nadie puede oponerse a un plan de obras, sin embargo estén atentos para que luego tengan autoridad para reclamar si no hay premura en la realización de la tarea. Hay que entrar en contacto con las diferentes comandancias militares, para hacer los planteamientos y se sepa cuál es la profundidad de esto, que esperamos no sea un anuncio efectista para ganar publicidad (El Universal, 18/02/1999).

A fines de febrero Chávez ofreció una rueda de prensa para abundar en los detalles desconocidos del plan hasta el momento: nombre definitivo del programa, inversiones, origen de los recursos, cantidad de militares involucrados, participación de civiles y fases definitivas de ejecución. En la conferencia de prensa el Presidente precisó los siguientes aspectos:

— Este plan se hace en virtud de que la dispersión de esfuerzos ha sido uno de los errores más grandes de las últimas décadas –justificó Chávez el Plan Bolívar 2000 (Tal Cual, 23/02/1999).

El primer coordinador interinstitucional del plan fue el comandante William Fariñas, posteriormente designado y destituido de la presidencia del Fondo Único Social (FUS).

— Es una forma de gobierno –explicaba la naturaleza del plan-, pues existe una necesidad perentoria de atacar los problemas de salud, alimentación, educación, empleo y seguridad. Éste es el objetivo manifiesto y latente que tenemos, en la medida en que las comunidades empiecen a captar que ellos son los que tienen el control y que son los soberanos para marcar pautas en todos los gobiernos... (El Universal, 26/02/1999).

La acción masiva, ciertamente, comenzó el 27 de febrero en todo el país y arrastró la participación de alcaldes, representantes de la sociedad civil y, por supuesto, de las FAN. La agencia oficial de noticias Venpres hizo circular una gacetilla donde afirmaba que unos 100.000 efectivos militares se habían incorporado al proceso cívico-militar, y que "los alcaldes del país serán una de las partes más importantes para su éxito". Se citaba al General Noel Enrique Martínez Ochoa, Comandante General del Ejército, cuando decía que "la integración de las Fuerzas Armadas Nacionales con la sociedad no hará que se descuide el resguardo territorial ni las misiones fronterizas a cargo de los militares".

El General Víctor Cruz Weffer, Jefe de Operaciones del Plan en Caracas, Miranda y Vargas anunció que el costo de las medicinas sería ofrecido al 20% de su valor y que el 80% restante sería absorbido por el Plan Bolívar 2000 (El Universal, 01/03/1999). En las acciones iniciales participaron solamente en Caracas unos 8 mil efectivos militares y otros 2.500 funcionarios públicos civiles. Con el tiempo fueron contratados voluntarios desempleados a los cuales se les pagaría a destajo por día de trabajo.

El primer comandante del PB-2000, Hugo Chávez, hizo en rueda de prensa del 20 de marzo un balance del primer mes de ejecuciones, concluyendo los siguientes logros:

En la misma oportunidad el coordinador interministerial, Fariñas, observaba las siguientes limitaciones iniciales:

— ¿Qué más ha detectado? Le preguntaron los periodistas.

— Lo principal es que las personas están ávidas de atención por parte del Estado. Se está atacando en igual dimensión la posibilidad de que la gente se organice y tenga conciencia y mayor nivel de madurez social, porque cuando las Fuerzas Armadas se retiren ¿quién los va a atender? (El Universal, 21/03/1999).

A la semana se activó una segunda fase, con sendas visitas del presidente Chávez a los sectores de La Vega y Nueva Tacagua. La fase era la denominada Pro-Patria, y tenía como fin dar base y herramientas para la organización comunitaria (El Universal, 27/03/1999). La idea era que por cada militar involucrado participara un promedio de 15 civiles.

A comienzos de junio el presidente Chávez volvió a hacer una evaluación nacional sobre el programa. Fue el 2 de junio y a Miraflores acudieron los 26 comandantes de guarnición de todo el país y el Alto Mando Militar. Para ese entonces del pote inicial de 12 mil millones de bolívares, las FAN ya tenían bajo su responsabilidad 8 mil millones de bolívares, de los cuales en los tres meses iniciales de actividad habían gastado 2.640 millones de bolívares, de acuerdo con la información revelada por el ministro de la Defensa, Raúl Salazar (El Universal, 21/05/1999).

Para finales de mayo, el coordinador interministerial aseguraba que se habían realizado transferencias presupuestarias correspondientes a los ejercicios de 1998 y 1999 por el orden de los 850 mil millones de bolívares para el adelanto de obras sociales contempladas el PB-2000. Insistió William Fariñas en destacar que "la principal dificultad es la poca articulación y los pobres niveles de conexión para el trabajo conjunto a nivel interministerial" (El Universal, 30/05/1999).

La magnitud de las cifras provocó que el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, manifestara su preocupación y planteara que "las Fuerzas Armadas no están preparadas para manejar esos recursos económicos tan cuantiosos" (El Universal, 30/06/1999). Ante todos los colegas agrupados en la Asociación de Gobernadores de Venezuela (AGV) expresó:

— Se está colocando en riesgo de corruptela a un sector importante de las Fuerzas Armadas. Entre lo que ha sido el manejo clientelar de los viejos partidos y lo que puede ser el nuevo clientelismo militar, yo mantengo mis dudas y tengo que enfrentarlo –expresó-. Por ejemplo está la colocación de 600 millardos en manos de un funcionario de las Fuerzas Armadas. Esos recursos se destinarán a la construcción de viviendas y para financiar algunos programas sociales que están bajo la responsabilidad de un sólo oficial de las Fuerzas Armadas. Yo creo que esto hay que planteárselo al Presidente para buscar un punto intermedio. Existe corrupción en algunos niveles de los gobiernos regionales, es verdad, pero este problema no se resuelve colocando militares al mismo riesgo de corrupción.

Las posiciones de Arias Cárdenas fueron plenamente respaldadas con intervenciones de los gobernadores de oposición Sergio Omar Calderón, del Táchira; y Henrique Salas Feo, de Carabobo.

Las aseveraciones del gobernador no pasaron para nada desapercibidas en el sector político. Al contrario, generaron un revuelo y la Comisión de Finanzas de Diputados planteó interpelarlo a él y al ministro de la Defensa, Raúl Salazar. Para el 15 de julio el contralor Eduardo Roche Lander reveló en forma preliminar las primeras anormalidades en la ejecución del plan. La posición del Contralor se materializó en un informe enviado al Congreso referido a la gestión del gobierno durante el primer semestre de 1999:

El ministro de la Defensa salió al paso de los comentarios. Aclaró que los fondos mencionados en los días precedentes no eran todos de las FAN sino que eran "administrados por cada ministerio y no solamente por las Fuerzas Armadas Nacionales" (El Universal, 15/07/1999).

— Que no se preocupe nadie; todos van a cumplir su función. Lo que pasa es que todo el mundo le empieza a dar la vuelta a cosas que no son –agregó el Ministro.

El gobierno disponía de un Fondo de Fortalecimiento Social (FFS) que luego se transformó en el Fondo Único Social (FUS). El coordinador interministerial William Fariñas anunció que de los 260 convenios que manejaba el FFS para el 15 de julio de 1999, 55 habían sido rescindidos "por la inexistencia de supervisión o por haber elaborado reportes ficticios con la finalidad de obtener en forma fraudulenta dinero gubernamental", práctica esta que luego se incrementó en el FUS durante la gestión del propio Fariñas (El Universal, 19/07/1999). EL Fondo de Fortalecimiento manejaba acuerdos con Organizaciones No Gubernamentales por 1.600 millones de bolívares, pero tenía sujetos a aprobación otros convenios por 2.500 millones de bolívares adicionales.

Con respecto a los cuestionamientos recibidos por el Plan Bolívar, dijo que " las críticas tienen que ver con la proximidad de las elecciones de la Asamblea Constituyente. Somos objeto de la disputa política. Cuando se habla de que el plan está dilapidando recursos de las gobernaciones, se está mintiendo" (El Universal, 19/07/1999). Explicó la ruta que seguía el dinero transferido para financiar el programa:

— El dinero pasa desde nuestra fundación a los distintos comandos de guarnición que administran los recursos. Hasta ahora, sólo se han gastado 5 mil millones de bolívares. Si se tiene que hacer una limpieza en alguna quebrada, el dinero que se utiliza es para la compra de materiales y en algunos casos para pagar mano de obra proveniente del mismo sector. No pretendemos que con el empleo que estamos promoviendo se reactive la economía. Éste es un trabajo a destajo. La forma de combatir la corrupción es evitar la existencia de intermediarios en la ejecución de recursos.... Estamos aumentando la contraloría social, ya no habrá desvío de recursos... Hemos sido exitosos y por eso nos atacan.

El articulista de El Universal, Sammy Eppel, veía las cosas así: "me refiero al Plan Bolívar 2000, cuya ejecución está en manos militares y bajo el manto de la ‘Fundación Proyecto País’, en el manejo de ingentes sumas de dinero y por ende, la posibilidad de corruptelas que con toda seguridad ya se están presentando ¿O será que su verdadero propósito político es corromper a las Fuerzas Armadas?... Hoy se pretende fundir la Contraloría al Poder Moral, precisamente a tiempo, para que no pueda auditar al PB-2000. Esto no es ni justo ni correcto. Lo que sí es seguro, es que algún día tendrán que rendir cuentas, y todos sabemos lo que pasa cuando el ‘miasma’ pega con el ventilador" (El Universal, 26,08/1999).

— No hay malversación de fondos ni ningún tipo de desorden –aseguraba el General Víctor Cruz Weffer el contestar los comentarios iniciales de la Contraloría-. Nada de eso, lo que pasa es que no han pasado revista. Todo lo que significa el Plan Bolívar tiene los libros abiertos, es un proceso abierto y transparente... Están manejando informaciones erradas y con tintes políticos puesto que al Cufan y a las guarniciones no han ido a realizar una inspección in situ de cómo llevamos las finanzas (El Universal, 02/09/1999).

Pero el deseo del militar se dio en menos de lo que canta un gallo. La Contraloría inició la inspección de obras y ejecutorias del PB-2000 el 7 de septiembre. "En lo adelante" –afirmó el mismo Cruz Weffer- "sí pueden tener base propia para decir si está bien o mal la situación de los recursos empleados" (El Universal, 08/09/1999).

Exactamente dos meses después, hacia el 16 de noviembre, el contralor Roche Lander denunció las primeras irregularidades concretas en el plan. Se trataba de un supuesto fraude del orden de los 70 millones de bolívares cometido en las guarniciones de Anzoátegui y Bolívar, mediante la "adquisición de insumos y materiales con sobrefacturaciones que fueron exigidas a cuatro empresas proveedoras de materiales de oficina y ferretería, por el orden de los 82 millones 274 mil 101 bolívares con 28 céntimos, cuando el valor real de los bienes registrados era de 11 millones 234 mil 445 bolívares con 22 céntimos" (El Universal, 17/11/1999).

El Contralor remitió los expedientes a la Fiscalía, pero el 9 de diciembre amplió el marco de sus señalamientos y reconoció que las irregularidades en las guarniciones de Anzoátegui, Bolívar y ahora Monagas sobrepasaban los 450 millones de bolívares. Además de los sobreprecios encontrados por 70 millones de bolívares ya comentados, agregaba 383 millones de bolívares en nuevas irregularidades detectadas en la guarnición de Maturín. Es decir, se comprobaba en una primera instancia el pago de 156 millones de bolívares a una empresa "inexistente en el registro público" y la presentación de facturas por 227 millones de bolívares de dos empresas que luego reconocieron que habían entregado facturas en blanco a los militares (El Universal, 10/12/1999).

— Todavía no existe una clara responsabilidad personal o individual, pero a futuro enviaremos la información a la Fiscalía, organismo que deberá conducir los procedimientos penales respectivos –reveló Roche Lander-... Me preocupa la improvisación que se ha suscitado en el gobierno en lo que respecta al Plan Bolívar 2000, que está siendo manejado por el Ministerio de la Defensa y subsiste con recursos del presupuesto nacional, auditables, y del propio Ministerio de la Defensa, no auditables por provenir de la partida secreta.

Como para curarse en salud el Contralor hizo público, mediante una nota de prensa que fue publicada el 11 de diciembre en varios medios, que había mandado una comunicación al presidente Chávez, recogiendo las observaciones contra el plan bandera del gobierno. Pero además declaró:

— Yo no participo en giras o actos de carácter político. No lo hice en el pasado y no lo haré ahora. Sólo asisto a actos o audiencias oficiales de Estado o de gobierno, bien con usted o con cualquier otro funcionario competente –puesto que Chávez le había sugerido rendir cuentas en las giras presidenciales al interior, a bordo de un avión o de un automóvil.

El Ejecutivo ordenó, por intermedio del Ministerio de la Defensa, una investigación en la guarnición de Maturín: "de haber un responsable pasará a los tribunales militares", señaló el general Salazar (El Universal, 11/12/1999).

Al general Néstor González González no le gustaron las observaciones de la Contraloría sobre el manejo del plan en la guarnición de Maturín.

— Fueron maquillados los informes y documentos entregados por la guarnición. La comisión se llevó unos borradores y documentos originales que fueron maquillados posteriormente para manipular la información, tratando también de desvirtuar la gestión del presidente Chávez –replicó el militar-.... Las puertas de la guarnición están abiertas una vez más para que se verifique la transparencia de estas acciones, ya que no se puede disparar primero y preguntar después sin ver las consecuencias de una denuncia de este tipo que afecta no sólo a mi persona, sino también a la institución.

Roche Lander, a su vez , no le hizo mucho caso a la molestia del general, porque "tenemos un acta firmada del puño y letra del General González González y del Comandante Gómez Galarraga, administrador de la Dirección Regional Maturín, en las cuales se da fe de los hechos irregulares que se detectaron", decía una nota de prensa de la Contraloría.

Así terminó el primer año del Plan Bolívar 2000. Pero a mediados de febrero de 2000, se anunció el relanzamiento del mismo. La estrategia trataba de buscarle al programa un cambio de lo coyuntural a lo estructural, para lo cual se planificaban nuevas inversiones iniciales por el orden de los 27 mil millones de bolívares, de los cuales 21 mil millones serían aportados por Petróleos de Venezuela y los 6 mil millones restantes por el Ejecutivo.

Pero la finalidad de utilizar la herramienta como elemento clave para reducir los índices de pobreza se mantenía como filosofía central. De hecho el plan había logrado movilizar 60 mil hombres y mujeres, entre militares y civiles, en forma constante. Las labores de mercados populares, atención médica gratuita, recuperación y mejora de infraestructura y alfabetización se mantendrían como rutina (E Universal, 14/02/200).

El primer mandatario nacional hizo otra evaluación en los primeros días de marzo de 2000. "Se han realizado" –dijo Chávez a la prensa en La Casona- "93 mil intervenciones quirúrgicas y más de 1 millón de consultas médicas. Ello apenas con 33 mil millones de bolívares. Esto es un rendimiento extraordinario de recursos".

La reseña ofrecida por El Universal también exaltó unas declaraciones del general Gonzalo García Ordóñez, jefe del Cufan. El oficial "reconoció que en el pasado existieron oficiales que no administraron los recursos del Plan Bolívar de manera eficiente, por lo que ahora se están revisando los procedimientos (El Universal, 08/03/2000).

— Ahora cada guarnición tiene una oficina de control presupuestario, otra de supervisión, y una de asesoramiento legal. Además, se ha creado una oficina a nivel central del Bolívar 2000. El gasto está debidamente supervisado y controlado, para que sea gasto productivo mayoritariamente –explicó el militar.

Para estas alturas ya Eduardo Roche Lander había sido sustituido en la Contraloría por Clodosbaldo Russián, quien declaró a fines de marzo lo siguiente:

— Sobre las denuncias de irregularidades en la aplicación del Plan Bolívar 2000, se le ha dado continuidad a todas las investigaciones que están abiertas y a las revisiones que era menester hacer. Una vez que culminen totalmente las investigaciones, se hará del conocimiento de las autoridades competentes y de la opinión pública (El Universal, 22/03/2000).

Durante el primer semestre del año 2000, el Plan Bolívar recibió 35.000 millones de bolívares, de los cuales había gastado 20.000 millones, según mencionaba el jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada, General García Ordóñez. Agregó que el dinero había sido colocado en un fideicomiso, generando intereses por 1 mil millones adicionales, los cuales serían invertidos en la remodelación de "una gran obra".

El diputado emeverrista por Mérida Luis Velásquez Alvaray anunció el 5 de octubre que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional abriría investigaciones para los casos del Plan Bolívar 2000, las fracasadas megaelecciones y las denuncias formuladas por el alcalde Alfredo Peña contra el ex gobernador de Caracas, Hernán Grüber Odremán.

Es bueno traer a colación que el 16 de octubre de 200 un grupo de trabajadores del Plan Bolívar consignó ante el parlamento una denuncia por supuestas irregularidades en la administración y abusos cometidos contra la masa laboral en trabajos efectuados en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. El escrito fue consignado primero en la Comisión Permanente de Desarrollo Social y luego remitida a la de Contraloría que la admitió el 24 de octubre.

Ya como ex contralor, Eduardo Roche Lander instó a su sucesor Russián a investigar los casos dejados sobre el escritorio. "La Contraloría está en capacidad de presentar resultados oportunamente, si hay la intención de controlar el uso de los recursos del Estado" (El Nacional, 18/11/2000).

— Por cierto, no pude denunciar un cuarto caso de corrupción que, sin mencionar a la dependencia y a los funcionarios militares involucrados, le puedo decir que se descubrió una factura por compra de artículos de ferretería, por más de 100 millones de bolívares y que, en verdad, correspondía a una panadería...

Llegado el fin del año 2000, segundo en la ejecutoria del PB-2000, un grupo de 3.000 trabajadores resolvió reclamar el pago del bono navideño por el orden de 200.000 bolívares para cada uno, para un total de 600 millones de bolívares. El grupo marchó desde Fuerte Tiuna hasta Miraflores, generando una descomunal tranca en la carretera Panamericana y la autopista regional del Centro, de más de cinco horas. El fin de la manifestación terminó en un enfrentamiento con efectivos de la Policía Metropolitana (Tal Cual 12/12/2000).

Clodosbaldo Russián, interesado en la reelección como Contralor, dejó claro en una entrevista de promoción con el diario El Nacional (16/12/2000) que, a su juicio, "Venezuela estaba en su hora estelar para afrontar la lucha contra la corrupción". Veamos parte de lo que fue su diálogo con la periodista Adriana Cortés, en esta oportunidad:

— ¿Y en el caso de las responsabilidades sobre el Plan Bolívar 2000?

— Por la extensión del Plan Bolívar 2000 –respondió-, que abarca todo el territorio nacional, éste ha sido un trabajo difícil, porque hemos ido a los sectores más apartados del país. Pero tenemos que ser cuidadosos porque el organismo contralor tiene que tener pruebas contundentes para no causar daño irreparable a las personas que señalamos.

— Pero en cuanto a los procedimientos del Plan Bolívar 2000, ¿han encontrado licitaciones irregulares o que no se realizaron? ¿Ubicaron si efectivamente ha habido facturas en blanco?

— Sí hemos comprobado casos de facturas en blanco o licitaciones que no cumplieron con la ley. Pero debemos entender que eso ocurrió durante la emergencia (de Vargas) y hay que examinarlo en ese contexto. Sí, efectivamente aparecieron; pero debemos analizar si era o no algo administrativo que la urgencia sepultó. Eso es perfectamente comprobable. Incluso nosotros debimos modificar el plan operativo por la tragedia de Vargas, a fin de hacerlo más flexible.

En su primera declaración del año 2001, ya ratificado, Russián confió que en no más de tres meses entregaría a la Asamblea Nacional y a la opinión pública, un informe con los resultados de la investigación sobre las supuestas irregularidades en el desarrollo del PB-2000.

— Demostraremos claramente si existió o no corrupción en la ejecución del Plan Bolívar 2000. No existe ningún corruptómetro como para decir si hubo más o menos, o subió o bajó, están los hechos y los casos, lo que sí ustedes pueden estar plenamente seguros es que en Venezuela se regularizó el control y aquí todos estamos sujetos al control... Aquí todos, incluyendo al Contralor, estamos sujetos a que se nos controlen los recursos que manejamos... (Unión Radio, 11/01/2001).

Al hacer un primer balance de la gestión del gobierno ante la Asamblea Nacional, el 15 de enero de 2001, el presidente Hugo Chávez no dejó de mencionar algunos indicadores del Plan Bolívar 2000 dentro del repertorio de logros exhibido por la administración:

Fuente: Primer Mensaje a la Asamblea Nacional.

Chávez se fue en elogios al referirse a los planes secundarios del Bolívar 2000, como el Plan Casiquiare, el Plan Delta, el Plan Gran Sabana, el Plan Justicia; dirigidos a las poblaciones indígenas del país para mejorarles las condiciones de vida en salud, identificación, alimentación, educación y transporte.

A los días, unos 200 ex trabajadores del Plan trancaron la avenida Soublette en el estado Vargas, reclamando el pago de prestaciones sociales. "La ley es para todos" fue la consigna principal de la jornada entre quienes consideraban que el Cufan mantenía una deuda laboral con más de 1.200 trabajadores a destajo (Globovisión, 24/01/2001).

A fines de febrero se anunció una inversión de unos 120 mil millones de bolívares para financiar las actividades del programa ahora denominado Plan Bolívar 2001. Sería relanzado el 3 de marzo, justo a los dos años de haberse anunciado al país por primera vez. Le correspondió explicar a la vicepresidenta, Adina Bastidas, que "esta iniciativa gubernamental pasará del aspecto coyuntural, producto de la situación de emergencia social, al estructural –es decir, el mismo argumento dado un año antes cuando el primer relanzamiento-; para desarrollar un plan sustentable en el tiempo para que se mantenga como una respuesta real de la incorporación de los militares con los civiles en los diferentes problemas de la sociedad" (El Universal, 20/02/2001).

Se anunciaron las siguientes acciones:

A la vicepresidenta Bastidas, en la oportunidad, se le interrogó:

— Se ha rumorado un supuesto desorden administrativo del Plan Bolívar...

— De este programa se ha señalado esta parte y no los logros. La Contraloría está llevando las cuentas de los recursos –respondió la funcionaria (El Universal, 20/02/2001).

Por su parte el jefe del Cufan, General Manuel Antonio Rosendo, anunciaba que "la contratación de obras que se llevarán a cabo en el Plan Bolívar (2001) será mediante contratación directa que realizarán los comandantes de los 26 teatros de operaciones sociales, a solicitud de la comunidad" (El Universal, 20/02/2001).

Pero la modalidad anunciada no le cayó para nada bien a Francisco Arias Cárdenas, quien había hecho importantes reparos al hecho de las ingentes cantidades de dinero manejadas por unos pocos militares. " Es insólito que ahora el Cufan esté actuando como una especie de contratista". Para mediados de febrero la dudas de la oposición en torno a la efectividad del gasto social administrado por intermedio de las acciones del PB-2000 habían crecido. El diputado Edgardo Mora, de la Comisión de Contraloría por Copei, rechazó los anuncios del Cufan, por considerar que "se desconoce cómo se gastaron los primeros desembolsos, por lo que el gobierno debe abstenerse de entregar más dinero hasta que el Plan Bolívar sea evaluado" (El Nacional, 21/02/2001).

Otro parlamentario, Carlos Ocariz de Primero Justicia, se pronunciaba en los siguientes términos. "el gobierno sólo tiene paños calientes, no tiene una política social definida que ayude a resolver el problema de la pobreza crítica... El Parlamento tiene que supervisar las cuentas del Plan Bolívar 2000, determinar cuál es el impacto social de los programas y si se justifica su permanencia".

Luis Pedro España como articulista de El Nacional señalaba: "el Plan Bolívar 2000 fue concebido como una acción ‘temporal’ llevada a cabo por medio de la Fuerza Armada, con la finalidad de atender lo que el gobierno consideraba una emergencia social. Dos años después se nos informa que el Plan Bolívar continuará en el 2001 sin que realmente sepamos muy bien cuál fue el resultado de los dos años anteriores, si es que por la emergencia social aún continúa, o si finalmente la desorientación en materia de política social es tan grande que el gobierno se conforma con operativos y ‘gestos de eficiencia’ representados en la toma esporádica de comunidades populares de las principales ciudades del país" (El Nacional, 03/03/2001).

Tal era el cúmulo de críticas que había generado el programa desde el comienzo que el General Víctor Cruz Weffer, presidente de Fondur y ligado a su administración inicial, defendió con vehemencia el plan bandera del gobierno: "no existe corrupción generalizada en el Plan Bolívar 2000" (Globovisión, 03/03/2001).

— Desde la época de Roche Lander se ha querido desprestigiar el programa, pero ni antes ni ahora han ocurrido irregularidades que lo hagan tambalear –expresó por televisión.

Sin proponérselo, las declaraciones de Cruz Weffer del mes de marzo se edificaron como la antesala pública al informe preliminar elaborado por el contralor Clodosbaldo Russián, el cual había sido enviado al Comando Único de las Fuerza Armada desde el 24 de enero de 2001 y fue finalmente conocido por la opinión nacional gracias a una filtración muy probablemente deliberada pero por demás necesaria.

Este informe tenía una cobertura mayor a la indagada por Roche Lander en el año 1999:

La administración del Plan Bolívar 2000 había recaído directamente en las manos de los Generales del Ejército: Germán Marín Gómez, Víctor Cruz Weffer, Efraín Vásquez Velasco, Gonzalo García Ordóñez y Manuel Rosendo y, sucesivamente, con su correspondiente entramado de superiores inmediatos y de subordinados.

La versión del resumen del informe preliminar que dio Quinto Día es por demás muy específica al respecto de las observaciones del Contralor (23 al 30/03/2001):

El vicealmirante Rafael Huizi Clavier, vocero del Frente Institucional Militar (FIM), indicó que el informe preliminar permitía acusar penalmente a Chávez por los señalamientos en materia de sobreprecios, contratación de empresas fantasmas, ausencia de proyectos específicos y presupuestos de obras, carencia de riesgos para el control de entrada y salida de materiales y distribución de recursos" (El Universal, 23/03/2001). Pero a diferencia de otros críticos, agregaba una razón aparentemente de peso: 70% de necesidades sociales no atendidas.

— Chávez propició la corrupción en la Fuerza Armada Nacional –argumentó- al apartarla de sus funciones profesionales y responsabilizarla de la ejecución de un enorme presupuesto sin la menor supervisión. El tendrá que darle una explicación al país sobre estos actos de corrupción. Vamos a ir directamente al responsable de estas irregularidades.

Las supuestas irregularidades estaban concentradas en la compra, básicamente, de los siguientes rubros:

— General, ¿hubo o no corrupción durante su gestión? –le preguntaron al general Gonzalo García Ordóñez, actual embajador en Bolivia, vía telefónica desde Tal Cual (23/03/2001).

—Siempre entregué cuentas claras durante mi desempeño frente al Cufan. Mis cuentas estaban en perfecto orden cuando se las entregué al general Manuel Rosendo y están disponibles para quien las solicite. Donde hubo que aplicar sanciones, se hizo. Yo no amparé corruptelas dentro del Bolívar 2000. Mis seis meses de trabajo son transparentes. Repito, yo autorizo, a quien quiera, a revisar.

Vestalia de Araujo, presidenta de la Comisión de Contraloría solicitó el 21 de marzo, formalmente a sus colegas, la apertura de una investigación formal sobre el PB-2000. Consideró en la oportunidad que existían ya suficientes evidencias de "un gran desorden administrativo, falta de control y, lo más grave, una ineficaz orientación del gasto público" que se desprendían de los señalamientos iniciales de Eduardo Roche Lander y, posteriormente, del informe preliminar elaborado por funcionarios a la orden de Clodosbaldo Russián (El Mundo, 21/03/2001).

Para fines de marzo surgió una situación un tanto curiosa, a pesar de la gravedad de los señalamientos hechos por la Contraloría. El fiscal Isaías Rodríguez estaba por accionar una investigación desde el Ministerio Público, pero decía que esperaba por los recaudos que podía enviarle Russián. "...Afirmó que aún no han iniciado averiguaciones específicas en torno a presuntas irregularidades..., porque esperan la experticia que realiza la Contraloría General de la República" (Unión Radio/El Universal, 27/03/2001). El punto llamaba la atención porque la Fiscalía, por ley, podía iniciar cualquier indagación al respecto sin necesidad de recibir a priori documentación de la Contraloría.

El comandante general del Ejército, general de División Lucas Rincón, promovido posteriormente por Chávez a General en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, se encargó de aclarar que el 90% del componente militar se había retirado de las actividades del plan desde hacía 7 meses atrás: "Lo que tenemos es la parte gerencial... Desde hace siete meses existe una mayor participación civil" (El Universal, 27/03/2001). El viernes 23 de marzo cada uno de los comandantes de guarnición fue llamado a Miraflores a rendir cuentas ante el Comando Unificado de la Fuerza Armada (Cufan). Algunos días después el General Rosendo se hizo presente en la Contraloría para reunirse personalmente con Clodosbaldo Russián (El Nacional, 28/03/2001):

—Por favor, cuéntenos, ¿por qué está aquí? –le preguntaron los periodistas al General a las puertas de la Contraloría.

— En su debido momento, no te preocupes.

— Pero cuéntenos el motivo de la visita...

— Fue una visita de rutina.

— ¿Rutina para qué? ¿Iba a rendir cuentas del Plan Bolívar?

— No, de ninguna manera, fue de rutina. No te preocupes, no hay ningún problema.

— General, ¿es cierto que usted ha planteado su renuncia a la jefatura del Plan Bolívar?

— Después, no declaro ahorita, no te preocupes.

— ¿Para qué reunió a los comandantes de guarnición el viernes?

— No, eso fue una reunión de rutina.

— Si nos puede explicar, la gente está esperando que usted lo haga.

— Voy a hablar en su momento, no te preocupes.

— ¿Está usted tranquilo con los del Plan Bolívar?

— ¡Uf!, con mi conciencia tranquila, tranquilo estoy yo.

Curiosamente el diputado por el MVR y vicepresidente de la Comisión de Contraloría, Pedro Carreño, declaró que "cuando revisamos con detenimiento el informe, nos damos cuenta de que no fue hecho por el actual contralor Clodosbaldo Russián, sino que es un trabajo preliminar del ex contralor Eduardo Roche Lander. En este sentido, quedan exentos de responsabilidad tanto el General Rosendo como el General García Ordóñez y los comandos de guarnición" (El Nacional, 29/03/2001). Cuando Russián acudió a la Asamblea Nacional, el 6 de abril, en la rueda de prensa posterior a su discurso de orden –en la que estuvimos presentes- aclaró que el informe preliminar filtrado a la prensa era cierto y había sido elaborado por la Contraloría General de la República bajo su responsabilidad.

Los días 27 y 28 de marzo el presidente Chávez encabezó dos reuniones largas en Miraflores para analizar la trayectoria del PB-2000. Al revisar la ejecutoria se informó que el programa ya había beneficiado a más de 1 millón de venezolanos, "a esa gente pobre a la que nunca le ha llegado la acción de la mano de Dios", según las palabras del ministro de Interior y Justicia, Luis Miquilena (El Nacional, 29/03/2001).

— ¿Se puede decir que el gobierno considera que no hay corrupción en el Plan Bolívar? –le preguntaron los reporteros de Palacio.

— No quiero adelantar juicio de valor en esa materia, pero pueden estar seguros de que si hay corrupción será castigada severamente. Pero no queremos que de antemano se empiece a juzgar a las personas sin ningún elemento de juicio –respondió.

El 2 de mayo fue interpelado el General Manuel Antonio Rosendo, jefe del Cufan. Pero como una buena parte de las interpelaciones realizadas por un comité de Contraloría, fue a puertas cerradas. En el caso de la de este general, fue el propio presidente de la Asamblea, el emeverrista Willian Lara, quien dio la cara con las declaraciones de rigor: "ha dado detalles en torno a la transparencia que caracteriza la administración del Plan Bolívar (Tal Cual, 03/05/2001).

— De tal manera que en mi criterio, y estoy seguro de que recojo la opinión mayoritaria de quienes integran la Comisión de Contraloría, la evaluación del desempeño del Plan Bolívar 2000 es altamente positiva.

El 5 de abril se conoció por boca del General Rosendo que el Cufan y la Fundación Proyecto País habían respondido los reparos de la Contraloría, más allá del lapso de los 10 días habilitados para tal fin a partir del 24 de enero de 2001 (El Universal, 05/04/2001). Algunos detalles de los documentos enviados al Contralor se conocieron por intermedio del semanario Quinto Día, en su edición correspondiente a la semana del 6 al 13 de abril de 2001. Por ejemplo, circuló un informe enviado a la Fundación Proyecto País por el General Víctor Cruz Weffer, director regional del Plan en la Región Capital, el 24 de marzo de 2001 –seriado con el correlativo 000014-; otro firmado por el General Efraín Vásquez Velazco, jefe regional del Plan en el estado Zulia. Entre ambos se hacían aclaratorias referidas a la facturación con las siguientes empresas:

En su informe Cruz Weffer explica que "los hechos que señala la Contraloría, si bien podrían ser ciertos, no podrían imputarse a la gestión administrativa que ha estado a mi cargo" (Quinto Día, 06 al 13/04/2001). Mientras que el del oficial Vásquez Velazco precisa: "hace más de un año esta Fundación no contaba con el personal de profesionales especializados en el área contable, lo que pudo haber permitido errores involuntarios en las rendiciones. No obstante, del millardo trescientos mil bolívares manejado por esta Fundación, sólo existen algunos reparos contables y el gasto de la inversión está plenamente justificado y corroborado. Esto refleja la pulcritud del proceso. Ante lo dicho en los documentos referidos el diputado Pedro Carreño se expresaba: "aparecieron los millones del Plan Bolívar".

Los reparos justificados por la Fuerza Armada Nacional cubrían aproximadamente 2 mil 200 millones de bolívares de los casi 2 mil 600 millones cuestionados por la Contraloría. La diferencia estaba referida a guarniciones que no habían sido requeridas para ese momento.

Aún cuando el informe del contralor Russián fue respondido por los militares más allá de los 10 días hábiles concedidos, nunca perdió el carácter preliminar. En contraste, las actas con los reparos formulados por el ex contralor Roche Lander contra las guarniciones de Bolívar, Monagas y Anzoátegui, por no ser respondidas en el mismo lapso, fueron a dar a las manos del Fiscal en 1999, pues adquirieron carácter definitivo y daban curso a investigaciones penales.

— ¿La corrupción detectada en el Proyecto Bolívar 2000 abarca los subprogramas? –le preguntaron a Eduardo Roche Lander en una entrevista publicada por el semanario La Razón (08/04/2001).

— La corrupción se desató en todo el proyecto y durante mi gestión como Contralor General de la República descubrí esos hechos en las guarniciones militares de Barcelona, Maturín y Ciudad Bolívar, lo cual constituye delito contemplado en el Código Penal.

— ¿Respondieron los jefes de guarniciones?

— No, no lo hicieron; y entonces, al transcurrir los diez días envié esos informes a la Fiscalía General de la República, en carta dirigida al entonces titular del Ministerio Público, Rafael Pérez Perdomo, el 16 de noviembre de 1999, y él me respondió el 10 de diciembre de 1999 haberlos recibido. Todos esos documentos están en poder de la Fiscalía y corresponde ahora al fiscal Isaías Rodríguez tomar las decisiones correspondientes.

— ¿Entonces su investigación no fue preliminar?

— Esa fue una investigación definitiva porque transcurridos los diez días que se le dieron a los jefes de las guarniciones para que respondieran, las actas fueron enviadas por la Contraloría a la Fiscalía, donde están actualmente.

Ya para el 20 de abril de 2001 la Fiscalía había emprendido su pesquisa sobre el PB-2000, pero se esperaba el informe definitivo de la Contraloría General de la República. Mientras, el presidente Chávez declaraba en cadena:

— Para evaluar el Plan Bolívar deben observarse sus resultados... Entre otras cosas, para evaluarlo por los resultados, claro hay que evaluar los procesos siempre, pero una forma de evaluar también es por los resultados... El resultado es contundente a la hora de medir y evaluar un proceso... Esto ha sido una campaña admirable... El objetivo de los ataques contra el Plan Bolívar es debilitar al gobierno revolucionario, pero no tendrán la victoria en ningún terreno. Nosotros sabemos de estrategia y sus ataques los convertiremos en contraataques... hasta en pico-pico los derrotaremos –decía el mandatario en la Plaza Caracas el Día del Reservista, el 31 de marzo de 2001.

La investigación parlamentaria estaba orientada a precisar supuestas irregularidades en los estados Anzoátegui y Bolívar, dos de las tres entidades inicialmente señaladas por Roche Lander desde 1999. En este sentido el diputado Alejandro Arzola denunció que "había intenciones de maquillar las observaciones de la Contraloría General y así exonerar a los oficiales. Hay que acabar con los privilegios" (El Nacional, 03/05/2001).

Ya para la fecha eran dos los informes esperados sobre el Plan Bolívar: el de la Contraloría y el de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, además de los resultados de las investigaciones abiertas por la fiscalía durante las gestiones de Rafael Pérez Perdomo, Javier Elechiguerra e Isaías Rodríguez.

Este vacío fue tomado por la oposición. El domingo 20 de mayo el ex diputado Gonzalo Pérez Hernández, como presidente del Movimiento de Integridad Nacional y en representación de la Coordinadora de Acción Cívica, anunció la intención de solicitar el enjuiciamiento del presidente Hugo Chávez por el delito de peculado culposo, al considerarlo responsable directo en la ejecución del Plan Bolívar 2000. La argumentación estaba basada en los siguientes elementos (El Universal, 20/05/2001):

Desde el punto de vista financiero, Pérez Hernández precisó que la Fundación Proyecto País recibió fondos durante los años 1999 y 2000 del orden de los 73.175 millones de bolívares, de los cuales 36.175 fueron en 1999 y 37.000 millones en el año 2000; provenientes de aportes del Ministerio de la Defensa, Finanzas, Desarrollo Urbano, Petróleos de Venezuela y el Fondo Único Social. Pero también hubo aportes de otras entidades por 1.984 millones de bolívares adicionales que colocan el total administrado en 75.159 millones de bolívares. Y, por si fuera poco, hubo aportes directos de gobernaciones, alcaldías y otras entidades regionales que resultan incuantificables.

Fuente: El Universal, Tal Cual, El Nacional, Globovisión.

La Coordinadora a la que pertenece Gonzalo Pérez Hernández estaba conformada por el Frente Institucional Militar, Convergencia, Cenda, Defensores Populares de la Nueva República, el Foro Democrático Cristiano y el Comité de Resistencia Civil.

La iniciativa planteada por el veterano ex diputado Pérez Hernández, miembro por casi 20 años de la Comisión de Contraloría del extinto Congreso e investigador en el caso de las cuentas mancomunadas de los Pérez-Matos, inmediatamente provocó reacciones diversas en propios y extraños. Por ejemplo, el abogado defensor de CAP, Alberto Arteaga, fundamentó en cuatro la razones de la imposibilidad de un juicio contra Chávez:

— El precedente que tenemos en Venezuela de un enjuiciamiento de un presidente en ejercicio -explicó el litigante que asesoró a Pérez en el caso de la partida secreta- es un ejemplo de la utilización política de la justicia. Al adversario hay que tratarlo con armas políticas y esos intereses no deberían privar al momento de hacer una acusación (El Universal, 21/05/2001).

El caso de Carlos Andrés Pérez, dijo, fue posible gracias a que no contó con un respaldo político que evitara su caída. "Las circunstancias políticas del momento lo permitieron, lo auspiciaron y lo impulsaron".

— El caso de Pérez fue distinto –nos explicó el ex fiscal acusador Ramón Escovar Salom-. Conmigo hubo toda clase de acusaciones, insultos, amenazas, los teléfonos estaban intervenidos. Fue una campaña tremenda. Fue muy serio el enfrentamiento con Pérez. Yo lo acusé y llegó a decirse que era una venganza por mi salida del Ministerio de Relaciones Exteriores. Él convirtió el asunto en un problema personal. Luego el caso se enturbió y se empantanó porque la gente que trabajó allí lo hizo con mucha rabia. Era el caso de algunos dirigentes de Acción Democrática que no entendían que un Fiscal tuviera la independencia y la autonomía que yo tuve.

— ¿Los adecos sabotearon la iniciativa?

— Hubo un diputado, el señor Pedro Tábata Guzmán, que dijo que iba a venir con 50 mil hombres desde Oriente, como en la época de las guerras civiles, a manifestar contra el Fiscal. Primero, los 50 mil hombres no cabían en la Esquina de Ferrenquín, y segundo, la famosa protesta no se dio. Me quedé esperando. Ellos creyeron que yo estaba actuando contra el gobierno y desestabilizando el sistema. Tuvieron, en algunos círculos políticos, la idea de darme un voto de censura en el Congreso.

— ¿Acaso es la independencia un elemento clave para combatir la corrupción? –repreguntamos sobre la marcha.

— Por supuesto. Si no hay independencia de los funcionarios que tienen en sus manos el problema de la lucha contra esto, por supuesto que no pueden hacer mayor cosa.

— ¿Pero el juicio contra Pérez fue una venganza?

— El juicio siguió su curso y es el ejemplo de un presidente en ejercicio que ha sido enjuiciado y condenado. Juan Liscano escribió un artículo en El Nacional y dijo que el acontecimiento más importante de toda la historia política de la Venezuela reciente era esa demanda contra Pérez, aunque no tuviera ningún resultado. El solo hecho de que un funcionario se atreviera a enjuiciar al Presidente ya era un acontecimiento histórico.

El ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, tildó la iniciativa de la Coordinadora de Acción Cívica contra Chávez, como "una mamadera de gallo" (El Universal, 21/05/2001).

— Con todo el respeto que me merece la oposición, que tiene derecho a decir lo que quiera, me parece una mamadera de gallo. Esto es absurdo y está basado en presunciones. Intentar un juicio al Presidente ante el Tribunal Supremo no tiene porvenir. Es completamente ilógico responsabilizar al Presidente ante cualquier irregularidad detectada en cualquier área de la administración pública.

El fiscal general, Isaías Rodríguez, declaró en forma contundente el 21 de mayo que la Coordinadora no había formalizado ninguna acusación ante el Ministerio Público como para accionar un proceso:

— Estoy dispuesto a procesar cualquier denuncia, eso sí, si está bien fundamentada. Por ello, la Fiscalía tendría que estudiar si los hechos denunciados encajan dentro de un tipo penal determinado (El Universal, 22/05/2001).

—¿No es aventurado decir que el Presidente puede ser enjuiciado por la mala administración que otros hicieron de los recursos del Plan Bolívar 2000? –le preguntaron los periodistas de la fuente.

— Hay una información en ese sentido que adelanta el abogado Alberto Arteaga, y que es interesante –respondió-. Pero nosotros tenemos que actuar con hechos concretos y precisos. No puedo opinar sin ver cuál es la tipificación delictual que se le imputa al Presidente y cuáles son los hechos que se subsumen en esa tipificación penal. Y éste será un trabajo técnico y no político.

— ¿Pero podría el Presidente ser acusado por la presunta mala administración de algunos jefes de guarnición?

— Primero hay que tratar de establecer la subsunción del hecho en el derecho... Y habría que ver si efectivamente puede extenderse o no la responsabilidad de otros al Presidente. A juicio del abogado Arteaga es difícil establecer una relación delictual desde el punto de vista penal en el caso de una persona distinta a la que maneja los recursos. Pero son demasiadas conjeturas. Por eso es preferible ubicar los hechos para luego tratar de establecer las diversas hipótesis.

— Entonces, es difícil que la responsabilidad de otros sea extendida al Presidente.

— Nada es fácil ni difícil. Simplemente tiene que ser técnicamente posible o no.

— Cuando CAP fue enjuiciado por la CSJ el dinero fue administrado por sus ministros. ¿Si el dinero fue administrado por militares, el presidente Chávez también podría ser enjuiciado?

— Yo no quiero adelantar criterio, porque estoy sujeto a ser recusado o a inhibirme.

— Y la inhibición no sería obvia, considerando que usted fue la mano derecha del Presidente?

— El hecho de que haya sido vicepresidente no me involucra en ninguna situación de inhibición a priori. Salvo quienes son opositores a ultranza, y descalifican permanentemente mi imparcialidad, yo creo que el país tiene muy clara la certeza de que el Ministerio Público será absolutamente imparcial a la hora de efectuar cualquier investigación...

A juicio del ex fiscal Javier Elechiguerra, el juicio contra CAP sentó jurisprudencia en el sentido de considerar que el Presidente es "el encargado de vigilar la hacienda pública y este criterio fue ratificado por la Constitución de 1999 y ello permite abrir una investigación" (Tal Cual, 22/05/2001). Pero su criterio contrasta con el explicado por otros conocedores de la materia y juristas, quien consideran que la nueva carta magna individualiza las responsabilidades penales. Por ejemplo, la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, declaró a El Nacional lo siguiente (23/05/2001):

— Antes cualquiera podía ir a la Corte Suprema de Justicia y, con suficientes o insuficientes recaudos, solicitar un antejuicio de mérito contra cualquier alto funcionario, incluso el Presidente de la República. Ahora, esa facultad es exclusiva del Fiscal General, por lo cual nadie puede andar recogiendo papeles por ahí y decir que está preparando un juicio contra Chávez. El Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal, y a nadie más corresponde tomar este tipo de iniciativa. Ahora bien, si alguien tiene pruebas que comprometan la responsabilidad del Presidente, tiene el derecho y el deber de remitirlas al Ministerio Público, pero hasta allí. Y sólo si el fiscal considera que hay fundamentos de hecho y de derecho para intentar una querella contra el Presidente, ese alguien o cualquier tercero podría intervenir, como acusador privado, en el proceso.

La posición del general retirado Alberto Müller Rojas, jefe del comando de campaña de Chávez en 1998 y ex embajador de Venezuela en Chile, quedó escrita el 17 de mayo en el vespertino El Mundo: "hay al menos una falta de sindéresis en aquellos que hablan del enjuiciamiento del Jefe del Estado, sobre la base de una acusación por delitos de corrupción. Como en el caso del ex presidente Carlos Andrés Pérez, este sería un juicio político y nunca un juicio penal. Si funcionó en 1993, no fue porque el Fiscal General de la República hubiese sustanciado una denuncia con pruebas plenas del cuerpo del delito, y de la culpabilidad del acusado. Ciertamente la denuncia formulada, dentro del sistema inquisitivo en la época, no llenaba esos requisitos. Como no llenarían los requisitos de una acusación en el nuevo proceso penal, los vagos argumentos que hoy se esgrimen para abrirle un juicio al Presidente de la República".

Dejó dos interrogantes en el aire a propósito de una eventual salida de Chávez de Miraflores, tras aclarar que cuando CAP las instituciones del sistema podían llenar el vacío dejado por el Presidente: 1) ¿Quién se posesionaría del control del poder? y 2), ¿Qué les hace creer (a los acusadores) que la corporación militar tiene una situación distinta a la que exhiben los restantes segmentos de la vida venezolana? La respuesta de Müller fue la siguiente: "la convocatoria no sería a la producción de un golpe de estado. Sería al inicio de una guerra civil, en el supuesto negado de que existiesen sectores susceptibles de ser convencidos de la posibilidad de éxito de un cuartelazo".

El 7 de junio de 2001 el General Víctor Cruz Weffer, presidente de Fondur y antes administrador del PB-2000 en Región Capital, declaró que el informe final que la Contraloría le entregaría en los días sucesivos al respecto del Plan Bolívar 2000, le eximía de responsabilidades. Adelantándosele a Clodosbaldo Russián, explicó que "durante mi gestión no hubo irregularidades" (El Nacional, 07/06/2001).

— ¿Usted se siente libre de cualquier responsabilidad? –le formuló la interrogante la periodista Adela Leal.

— Por supuesto que sí, tengo la conciencia tranquila, siempre lo he dicho; no sólo en lo que tiene que ver con la responsabilidad, sino que las obras que se hicieron están a la vista y las metas sobrepasaron 150% de lo estimado inicialmente.

— ¿Sobre quién recaerían las eventuales responsabilidades sobre hechos irregulares en la ejecución del Plan Bolívar 2000?

— Tendría que explicar cómo está estructurado el comando de la Tercera División, al que correspondía el Teatro de Operaciones Social Número 1, para este tipo de tareas. Un sector correspondía a la Guardia Nacional, comandado por un general, que es el Comando Regional Número 5; está la 31 Brigada, cuyo jefe era el general Medina Gómez, y la Infantería de Marina, que tenía la responsabilidad en el sector de Vargas y Catia La Mar. De tal manera que a ellos se le asignaban los recursos y ellos tendrían que responder. No quiero evadir responsabilidades, pero si hay algún señalamiento, yo tendría que decir hacia cuál de estos entes apuntan las irregularidades, para ver quién es el responsable, si lo hubiese".

El ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, aseguró al día siguiente no conocer el dictamen definitivo de la Contraloría sobre el programa. "Allí no hay ningún delito, ni dolo, ni nada de eso... Yo digo que creo que no hay, ahora la Contraloría es soberana e investiga por su cuenta" (El Universal 08/06/2001).

— ¿Cómo está evaluando la Contraloría la administración de los recursos públicos en el Plan Bolívar 2000, pues se trata de que los militares, masivamente, están asumiendo un nuevo rol administrativo con grandes cantidades de dinero que antes no administraban? –le preguntamos a Clodosbaldo Russián en su despacho.

— Antes, ellos directamente manejaban los recursos y cuando digo directamente me refiero a las guarniciones, con el personal que habitualmente manejaba los recursos dedicados al funcionamiento que ellos tienen. Ahora se ha procedido con la incorporación de profesionales de contaduría pública, economistas y administradores civiles para que participen en la parte gerencial.

— ¿A usted como Contralor no le quita el sueño que la Fuerza Armada, además de su propio presupuesto y de los gastos secretos, haya administrado más de 70 mil millones de bolívares en los años 1999 y 2000 y para el 2001 tenga previsto manejar más de 120 mil millones de bolívares solamente en el Plan Bolívar 2001?

— No, en absoluto. Lo importante es que se maneje adecuadamente. Yo soy partidario de que los gastos secretos se reduzcan solamente para inteligencia, fronteras y movilizaciones especiales.

— ¿Cuál es la relación entre la Contraloría de la Fuerza Armada y la Contraloría General de la República, a los efectos de planes como el Bolívar 2000 y 2001?

— Ellos tienen la obligación en la Contraloría de la Fuerza Armada de controlar los compromisos y los pagos. Nosotros tenemos el control externo y en cualquier momento nosotros podemos auditar lo que sea. Ellos están en la obligación de rendir cuentas del manejo de esos recursos.

Al salir del despacho del contralor Russián acudimos a una entrevista con Eduardo Fernández, pautada inmediatamente después, el mismo día.

— Aquí ha aparecido un nuevo actor administrativo que es la Fuerza Armada, a la que le han entregado grandes recursos en 1999, 2000 y ahora en el 2001 dispondrán de unos 120 mil millones de bolívares para seguir con el Plan Bolívar. Al contralor Russián esto no le quita el sueño, según me dijo –le buscamos la lengua a Fernández.

— Ah, ¿es que hay Contralor?

— Bueno, hay un señor que dice que es el Contralor, se apellida Russián, y dice que no le quita el sueño para nada que los militares estén manejando miles de millones de bolívares en forma directa, ante lo cual ya han surgido unos cuestionamientos que vienen desde 1999 –le dimos la vuelta al punto- ¿Cómo ve usted esta situación con el Plan Bolívar 2000?

— Yo creo que eso ha sido absolutamente inconveniente –respondió Fernández.

— ¿Por qué? ¿Por qué los militares están compitiendo con el resto de la estructura del Estado?

— Es un error haber llamado a las Fuerzas Armadas para que se ocuparan de eso y fue un error también de los jefes de las Fuerzas Armadas haber aceptado asumir ese papel.

— ¿Usted piensa que Chávez suponía que la IV República tenía una llave de paso en la distribución del ingreso y ahora él está buscando mecanismos alternativos como el Plan Bolívar 2000?

— El mecanismo de distribución del ingreso en Venezuela no es la dádiva, el regalo ni el despilfarro, tampoco el populismo. El mecanismo de distribución por excelencia en Venezuela y en cualquier país del mundo es la educación. Lo único que permite que la gente se coloque en un sistema de igualdad de oportunidades es la educación. Entonces, todo este mecanismo de colocar a una institución tan respetable y tan importante como la Fuerza Armada para hacer esta política populista de distribución de dinero sin control le hace un daño inmenso a la Fuerza Armada.

— ¿Por qué lo cree?

— Una de las cosas que me preocupan es que ocurra algo parecido con el sentimiento de hostilidad muy grande contra las Fuerzas Armadas que insurgió al final de la etapa de Pérez Jiménez. Se sentía que la institución había sido colocada al servicio de una política represiva y abusiva del poder. En este momento, la Fuerza Armada no está preparada para esto.

— ¿Cuál puede ser la debilidad de la Fuerza Armada?

— Se le está colocando ante una tentación constante de incurrir en hechos de corrupción. Yo no tengo elementos que me permitan hacer ninguna denuncia concreta ni formal, como lo hizo Roche Lander con enorme contundencia y seriedad. Pero es evidente que están ocurriendo cosas inconvenientes porque las Fuerzas Armadas no están diseñadas para eso. Para poder lograr unos mejores esquemas de distribución del ingreso en Venezuela, necesitas dos cosas: reactivar el aparato productivo generando confianza e inversiones y generando muchos empleos, de manera inteligente. El otro aspecto es la educación, pero no regalando dinero a tontas, a locas, y a ciegas.

— ¿O bancos...?

— O creando bancos. Eso es un disparate monumental que además revela una mentalidad autocrática. Tú te imaginas cuando se cometan irregularidades en el posible Banco de las Fuerzas Armadas, qué Superintendencia de Bancos va a decir que cerrarán un banco de militares. ¡Por el amor de Dios! Chávez se imagina que él es el dueño del fisco nacional... Los errores de la mal llamada IV República, que fueron haber montado un sistema económico improductivo, ineficiente, derrochador, despilfarrador y por tanto generador de corrupción, se están reproduciendo en la V República, sólo que a la enésima potencia como consecuencia del aumento circunstancial del ingreso petrolero.

A raíz de la filtración del informe preliminar sobre el Plan Bolívar 2000 elaborado por la Contraloría, el Ministerio Público designó a los fiscales Rómulo Pacheco y Gyzka Figueroa, ambos con competencia nacional, para indagar sobre presuntas irregularidades en las guarniciones de Maturín, Ciudad Bolívar, Barcelona y otras.

Un trabajo publicado por El Nacional el 27 de marzo de 2001, daba el siguiente recorrido para los gastos y pagos del Plan Bolívar 2000:

A comienzos de julio de 2001, el General del Ejército Manuel Antonio Rosendo, Jefe del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas y Presidente de la Fundación Proyecto País, dejó en evidencia cualquier apresuramiento en el sentido de haber recibido criterio final y definitivo por parte de la Contraloría. Más bien, planteó que "saldremos bien parados del informe de la Contraloría" (El Nacional, 08/07/2001).

— Tengo informaciones parciales de los comandos de los Teatros de Operaciones Sociales, pero prefiero que sea el mismo Contralor el que dé los resultados. Dar los resultados yo, sin que él se haya manifestado, creo que no es lo más conveniente. Creo que el informe va a ser muy positivo porque muchos de los detalles ya habían sido corregidos. Fui a la comparecencia ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y les expliqué todo lo que había sido el manejo de los recursos. Constitucionalmente no podemos negarnos a comparecer ante un organismo de la Asamblea. Fui autorizado por el señor Presidente e hice una exposición de casi tres horas. El Plan Bolívar va a salir muy fortalecido de ese informe, que era preliminar, que lo que tenía eran observaciones y recomendaciones. Ni siquiera llegaron a formularse reparos.

El 5 de octubre de 2001 el contralor Clodosbaldo Russián presentó el informe definitivo respecto a las investigaciones en el Plan Bolívar 2000. "En cuanto a la administración y control de los recursos aplicados se puede inferir con razonable fundamento, que en general los mismos fueron dirigidos a la atención de necesidades públicas objeto de la misión del Proyecto Propaís, y que en tal sentido está comprobado el destino público que se les dio", con algunas excepciones sobre cantidades con objeciones deficientes o inexistente justificación.

No obstante, "también es necesario destacar, que solo explicable por la dimensión y características de los problemas que debían ser encarados con la urgente atención del proyecto, aspecto que en todo caso estaba implícito en la naturaleza de la visión formulada, en la administración del Proyecto Propaís se incurrió en deficiencias y omisiones que van desde la inexistencia de registros de operaciones, hasta la omisión de comprobantes de inversión de recursos, presentación de facturas y recibos carentes de idoneidad para justificar adquisiciones, emisión de cheques sin prohibición de endosos, pagos en efectivo por montos considerables, entre otros", se concluye de manera contradictoria en un informe que trata de decir y no decir a la vez.