El 5 de agosto de 1999 se conoció que la Junta de Emergencia Financiera que había actuado como consecuencia de la crisis bancaria de 1994 pasaría a denominarse Junta de Regulación Financiera y que el gobierno chavista consideraba que no había condiciones aún para levantar la emergencia. Más bien, el Consejo de Ministros estaba por considerar algunos cambios en esta normativa hasta tanto se modificara la Ley de Bancos vigente desde 1993.

El 5 de abril de 2000 trascendió que el presidente de Cavendes Banco de Inversión, el financista y ex constituyente electo en los kinos de Chávez, Luis Vallenilla, anunciaba la venta del 75% de las acciones de la institución y varias de las subsidiarias a un grupo de inversionistas liderado por Richard Agostini, propietario de una empresa de ingeniería financiera y que había sido durante 8 años vicepresidente de Cavendes.

El comunicado de prensa publicado por varios periódicos al día siguiente informaba "a los clientes de esta institución y a la comunidad bancaria en general que he celebrado un convenio con un grupo de inversionistas representado por Richard Agostini, para traspasarle el control accionario del banco así como sus compañías subsidiarias financieras, inmobiliarias y turísticas" (El Universal, 06/04/2000).

Añadía el boletín que "quiero resaltar que este cambio de accionistas conllevará al fortalecimiento de la institución... La nueva gerencia conoce muy bien a Cavendes y tiene una experiencia que merece toda mi confianza". La operación había sido notificada a la Superintendencia de Bancos y suponía que el manejo de las inversiones turísticas en la Isla de Margarita serían separadas hacia una tenedora de acciones tipo holding desde donde serían manejadas de forma independiente. "Algunos de los accionistas" –daba plenas seguridades Vallenilla- "tienen experiencia e interés en el área inmobiliaria y turística. Eso les asegura el éxito".

Apenas 11 días después la Junta de Regulación Financiera, integrada por las máximas autoridades de Finanzas, Fogade, Banco Central de Venezuela y Superintendencia de Bancos, intervinieron bajo el esquema de "puertas abiertas" a Cavendes Banco de Inversión y todas las empresas subsidiarias y relacionadas.

En efecto, las informaciones reflejadas el 16 de abril revelaban que "las pérdidas ocasionadas por las inversiones en sectores que a la postre resultaron seriamente afectados por la recesión económica –como el inmobiliario, turístico, bursátil, casinos y seguros- son parte de los motivos de la intervención de Cavendes" (El Universal, 17/04/2000).

Un comunicado del instituto emisor reveló que un pool de bancos asumiría las operaciones de depósitos, créditos y la atención directa de los clientes. Pero el presidente de la Junta de Regulación, el ministro de Finanzas José Rojas, aclaró que "la atención de los clientes de Cavendes –institución que concentra menos del 1% de los depósitos del sistema bancario nacional- se realizará a través de taquillas de sus agencias y oficinas, que continuarán abiertas normalmente en los horarios regulares" (El Universal 17/04/2000).

Luis Vallenilla, como presidente de Cavendes, había sido galardonado en diciembre de 1997 como "Promotor Inmobiliario del Año", por "los desarrollos en el sector turístico que Cavendes había financiado: el Hotel Hilton, el Hotel Hilton Suites y el Hotel Margarita Golf & Country Club". Pero desde noviembre de 1999 había sido conminado por la Superintendencia de Bancos a aumentar el capital en 1.500 millones de bolívares "para solventar el impacto del crédito otorgado a Profimerca (presidida por Raúl Torrealba) y pérdidas por 1.058 millones de bolívares que registró la Confederación del Canadá", entidades en proceso de intervención y que habían estado relacionadas con Cavendes (El Universal, 17/04/2000).

El Superintendente de Bancos, Alejandro Cáribas indicó que "ordenamos a Cavendes desmontar operaciones con Profimerca por el orden de los 10.000 millones de bolívares, poner fin a las inversiones de bolsa y poner capital por 1.500 millones de bolívares debido a las pérdidas de la Aseguradora Confederación del Canadá". Sudeban le había propuesto a Vallenilla un plan de recuperación desde junio de 1999, que no se había cumplido a cabalidad. En octubre se reportaron importantes deficiencias en el sistema de encaje legal que variaron entre 555 y 24.000 millones de bolívares. Para noviembre la institución tenía prohibido (El Universal, 18/04/2000):

La intervención de Cavendes, al comienzo del proceso, lucía como un pequeño lunar aislado del resto del sistema financiero, apenas 1% del total, pero la realidad fue revelando la necesidad de inyectarle recursos por más de 196 mil millones de bolívares, lo cual representaba 25,7% de las reservas de Fogade. Ello significaba un potencial problema de finanzas públicas que podía repercutir en otras instituciones, tal vez con un poco menos intensidad que cuando la crisis bancaria de 1994.

Pero por otro lado la quiebra de Cavendes, desencadenada por malas prácticas bancarias, muchas de ellas similares -como veremos- a las de los banqueros que lideraban el sistema ocho años atrás, colocaba este caso junto con el enjuiciamiento emprendido por el fiscal Elechiguerra contra Luis Miquilena, presidente del Congresillo, en un situación comprometida al gobierno de Chávez, justo antes de las fallidas megaelecciones convocadas para el 28 de mayo de 2000.

Fuente: Tal Cual, El Nacional y El Universal.

Para fortuna de los depositantes, como la intervención era a puertas abiertas la cobertura aplicada a los depósitos de los clientes fue total y por encima del seguro de tan sólo 4 millones de bolívares que prevé la ley de Fogade para los ahorristas.

— Éste es un problema puntual –explicó el ministro de Finanzas, José Rojas- que no afecta el sistema financiero. Entre hoy y mañana se normalizarán las operaciones del banco y cualquier depositante puede retirar sus recursos hasta por la totalidad de lo que tenga en su cuenta. Vamos a recapitalizarlo lo antes posible (El Universal, 18/04/2000).

Pero en la misma declaración el jefe de las finanzas públicas dejaba claro que, con respecto a los planes de recuperación ordenados por la Superintendencia de Bancos, "por el contrario, en vez de cumplirlos cada vez se alejaban más de los planes de ajuste".

— La junta directiva realizó un manejo inadecuado de la institución –precisó este funcionario-. Quisieron financiar con flujo de caja sus inversiones. Sin duda fue un manejo no apropiado.

Los fiscales Xavier Carrera y Rafael Pérez Mouchette solicitaron al juez 46 de Control, Leonardo Parra Useche, prohibición de salida del país para: Luis Vallenilla, Octavio Calcaño, Luis Hernández Solís, Pedro Tinoco Paz, Carlos Bello, Román Rojas Cabot, Pedro Vallenilla N., Ignacio Iribarren, Gonzalo Ramírez, Oscar Ochoa, Oscar Arnal, Alicia Espinoza, Ana María Vallenilla de Rísquez, Pedro Vallenilla R., Félix Gonzalo Ibarra, Blas Santander, Yrays Enríquez, Oscar Torres, Ana María Báez de Ramírez, Mercedes Pérez Linares, Olga Méndez y Adriana Robaina. Todos pertenecían a Cavendes Banco de Inversión y C.A. Inversiones Cavendes.

Dado el nerviosismo de los ahorristas, aprendido y transmitido tras la crisis de 1994, el Ministro de Finanzas nuevamente volvió a infundir tranquilidad desde el Palacio de Miraflores:

— El sistema financiero y bancario nacional es extremadamente perfecto y goza de condiciones muy favorables –expresó José Rojas- (El Universal, 25/04/2000).

Se había realizado una evaluación del mismo con la participación de la Asociación y el Consejo Bancario Nacional. Un total de 14 empresas relacionadas de Cavendes fueron intervenidas también, amén de las casas de bolsa Cavendes y Sofimerca, en su "mayoría de carácter inmobiliario y ubicadas en la Isla de Margarita" declaró el presidente de Fogade, Carlos Calderón (El Universal, 25/04/2000).

El dirigente de Izquierda Democrática, Luis Manuel Esculpi se preguntaba: "¿Por qué el gobierno de Hugo Chávez, teniendo conocimiento de las denuncias contra Cavendes y las conclusiones que arrojó el informe elaborado en 1998 por el Congreso, y que fue firmado por gente del MVR, no actuó a tiempo?. En lugar de eso, se procedió exactamente igual que en 1994, cuando todos los organismos de control financiero sabían que se estaba gestando una crisis general y no hicieron nada para evitarla" (El Universal, 25/04/2000).

La mención a 1998 radicaba en que en ese año el Congreso de la República había intervenido en una investigación porque la quiebra de la sociedad financiera Profimerca había impactado a los ahorristas de Cavendes, quienes ahora se veían en una situación más crítica.

Para el momento de la intervención, Cavendes registraba obligaciones con terceros por el orden de los 131 mil millones de bolívares, mantenía ahorros del público por 4 mil millones de bolívares y depósitos oficiales del tenor de los 30.260 millones de bolívares. "Las señales de alarma en el caso Cavendes datan de 1998. El informe de la Superintendencia de Bancos indicaba que en diciembre de ese año, el margen financiero, indicador básico de solvencia y que registra la diferencia entre ingresos y egresos, cerró negativo en 1.765 millones de bolívares. La luz roja se mantuvo encendida durante todo el año 1999... El margen de intermediación financiera, que mide la rentabilidad del negocio estrictamente bancario es negativo desde 1998", nos ilustraba el ya citado periodista Víctor Salmerón (El Universal, 26/04/2000).

El presidente Chávez se pronunció por vez primera en torno a la intervención el 25 de abril: "reivindico la amistad con Luis Vallenilla, pero eso para nada influirá en el manejo del caso. Él no forma parte del Movimiento V República, pero tenemos amistad desde hace varios años. Más allá de los rumores, se tomó una decisión muy importante. Yo fui informado y di luz verde para proceder" (El Universal, 26/04/2000).

El abogado Jorge Luciani, quien antes de la crisis bancaria de 1994 era el segundo en la Vicepresidencia de Protección y Seguridad Industrial del Banco de Venezuela en la era Bouza-Álvarez Stelling, acudió a la Fiscalía para solicitar prontitud en los procedimientos penales de la quiebra de Cavendes. Representaba, como interventor de la Sociedad Mercantil Promotora de Mercado de Capitales C.A. (Profimerca) los intereses de 240 inversionistas que aspiraban a cobrarle viejas cuentas a la familia Vallenilla.

Para Luciani, "Profimerca fue un detonante en la intervención de Cavendes. Existe una relación entre el caso Profimerca y Cavendes, aunque desde hace años se decía que esa entidad financiera estaba en problemas" (El Universal, 03/05/2000). Las pérdidas de Profimerca estaban calculadas en unos 7.000 millones de bolívares.

El ex constituyente Luis Vallenilla se dejó ver por vez primera cuando acudió ante el juez Parra Useche. El 3 de mayo declaró brevemente lo siguiente:

— Pronto convocaré una rueda de prensa, pero por los momentos no voy a hablar porque así me lo han recomendado mis abogados... Hay mucha desinformación en relación con este caso. Todo el mundo habla y dice lo que quiere sin saber. Nunca tuve vinculación con el Banco del Pueblo y no estuve en Roma ni en ningún otro lugar. No me iré del país. Yo ponto aclararé, pero por los momentos debo seguir las recomendaciones de mis abogados (Héctor Orlando Monagas, Manuel Benítez y Julio César Peraza) (El Universal, 04/05/2000).

Una semana más tarde se dejó entrevistar por Globovisión y aseguró que no tenía ninguna relación accionaria con una empresa domiciliada en Aruba, que cuenta con depósitos por el orden de los 25 millones de dólares (El Universal, 09/05/2000).

— Esa compañía tiene unos activos. Si esos activos están intervenidos por Fogade, entonces no van a poder hacerse líquidos para pagar –explicó-. Habrá que hacer arreglos, me imagino que habrá que tener ciencia. Yo tengo metidos en esa compañía 4 millones de dólares.

Se trataba de "una empresa mercantil no regida por la supervisión bancaria de Aruba y, dado que tampoco tiene la cobertura de compañía financiera en Venezuela, todas las captaciones son ilegales", dejaba caer el balde de agua fría el presidente de Fogade Carlos Calderón (El Universal, 11/05/2000). Un grupo de venezolanos tenía depositados en esta compañía 25 millones de dólares. Había sido constituida con 6 mil dólares y era operada por empleados de Cavendes. "La compañía, a decir de los depositantes, operaba en el piso cuatro de Cavendes... Como directores de la misma aparecen registrados Humberto Cataldo Rotondo, Jorge Márquez y Bernardo Méndez, quienes según el presidente de Fogade, son venezolanos y empleados de Cavendes", (El Universal, 11/05/2000). Surgió otra compañía denominada Billdeck Capital Markets, cuya relación fue negada por la familia Vallenilla, desde donde también se captaban depósitos en dólares y se adeudaba a unos 125 venezolanos acreedores más de 23 millones de dólares.

La idea que tenía el presidente de Fogade, Carlos Calderón, era subastar a Cavendes. De hecho declaró que "en muy poco tiempo será convertido en banco comercial para que tenga productos y desprenderle los activos turísticos. Tenemos proyectado, y así queremos, hacer la subasta a finales de este año (2000), a mediados de noviembre" (El Universal, 15/07/2000).

Para fines de julio el fiscal Javier Elechiguerra anunció que las investigaciones realizadas por el Ministerio Público arrojaban una primera lista de imputados bajo los delitos de captación e intermediación financiera ilícita o no autorizada: Luis Vallenilla, Pedro Vallenilla, Ana María Vallenilla, Humberto Cataldo, Fernando Danielli y Rosa Cardoni (El Universal, 28/07/2000).

El vicefiscal Alí Núñez dejó claro el 16 de agosto que la Fiscalía había finalizado la instrucción del expediente y que sólo esperaba que los imputados ejercieran el derecho a la defensa, para proceder con las acusaciones.

— Avanzando en las averiguaciones nos encontramos con elementos y empresas susceptibles de ser investigadas, que a su vez originaron nuevas indagaciones, entre las que podemos mencionar el caso de Billdeck Capital Markets AVV, cuyos dueños eran los Vallenilla y que originalmente se investigaba dentro del grupo Cavendes.

En este último caso particular el tribunal 46 de Control decretó nuevas medidas de prohibición de salida del país por 60 días contra Luis Vallenilla, Ana María Vallenilla, Pedro Vallenilla, Rosa Cardona, Fernando Danielli y Humberto Cataldo (El Universal, 17/08/2000).

La fiscal que venía instruyendo el expediente, Raiza Rodríguez, aportaba que, si bien el Ministerio Público disponía inicialmente de un lapso de 6 meses para levantar acusaciones, adicionalmente se contaba con otros 30 días, bajo la promesa de acusar antes de que finalizara el año 2000.

— Yo me responsabilizo ante el país sobre los resultados de esta investigación. Hay que recordar –expresó el fiscal Javier Elechiguerra- que uno de los implicados en el caso cambió recientemente de abogado, por lo que hay que darle cierto tiempo para continuar con el proceso... Si bien es cierto que la investigación es compleja, pues no hay el personal suficiente para cubrir las necesidades requeridas, yo garantizo que dará resultados en su momento (El Universal, 20/10//2000).

Cavendes Banco de Inversión llegaba a los seis meses de intervenido. Ante este hecho el juez 46 de Control, Leonardo Parra Useche, dictó una medida que limitaba a la Fiscalía a acusar en un plazo no superior a los 35 días o finalizar la investigación. El mismo fue apelado por el Ministerio Público que solicitó a la Inspectoría Nacional de Tribunales una investigación para determinar el interés del juez Parra Useche por presionar la finalización del expediente. (El Universal, 27/10/2000).

Finalmente el 30 de octubre el Fiscal General acusó por intermediación financiera ilegal a Pedro Vallenilla, Ana María Vallenilla, Fernando Danielli y Rosa Cardone. Mientras que sobreseyó de cargos a Luis Vallenilla y Humberto Cataldo. Se argumentó en la ocasión que a Luis Vallenilla no se le habían encontrado indicios suficientes de culpabilidad y, en el caso de Cataldo, el criterio era que según el principio de la oportunidad, su participación había sido considerada como marginal en el curso de los acontecimientos.

El subcaso que se ventilaba era en lo atinente al expediente de la empresa Billdeck Capital Markets, propiedad de Cavendes Banco de Inversión y de Inversiones Cavendes, la cual captaba depósitos en dólares al margen de la ley. Dado este paso, el resto de la investigación continuaba, además de la de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Un debate de 114 votos a favor, 11 abstenciones y solamente 2 en contra en la Asamblea Nacional, había autorizado otra investigación sobre el comportamiento de la Fiscalía General de la República por la exoneración inicial de Luis Vallenilla. Los dos votos en contra, por cierto, fueron de los diputados del MVR: Pedro Carreño y Osmar Gómez (El Universal, 03/11/2000). Se trataba de una moción presentada por la diputada Liliana Hernández, de Alianza Bravo Pueblo, que tomó por sorpresa a los diputados del Movimiento V República, en particular a este par de miembros de la Comisión de Contraloría.

"La impunidad en los fraudes bancarios ha generado, tanto en la crisis de 1994, como en la de 2000, la percepción del riesgo moral por parte de los agentes financieros, lo que hace más difícil el cumplimiento de la normativa establecida, se desprende de un informe emanado de la Superintendencia de Bancos (Sudeban)", reportaba el canal de televisión Globovisión desde su página web, el 6 de noviembre de 2000.

En el interín, el presidente de Fogade, Carlos Calderón, renunció por conflictos insalvables con la presidenta de la junta interventora de Cavendes, Maite Aizpúrua. Fue sustituido por el economista Rómulo Henríquez Navarrete. Pero Calderón dejó tras de sí una estela de denuncias en cuanto a lo que había sido la intervención de la institución. Una primera versión al respecto fue que se había negado a seguir dando auxilios a un "tonel sin fondo" llamado Cavendes y por eso puso el cargo a la orden. Estaba negado a reflotar la institución. Su tesis era subastarla, una vez reconstituida financieramente.

Así surgió a luz pública el enfrentamiento que privadamente sostenía con la presidenta interventora Maite Aizpúrua, quien, supuestamente, había "dejado sin efecto la decisión del tribunal que reconocía la nulidad de una operación de última hora realizada por Luis Vallenilla antes de la intervención, que consolidó el traspaso de los activos turísticos del grupo Cavendes a la empresa Valores 9200, propiedad de Vallenilla", (El Universal, 20/11/2000).

El asunto se sumaba a las investigaciones que venía desarrollando la Asamblea Nacional. Aizpúrua había llegado a la presidencia de Cavendes por haberse desempeñado como titular de la junta interventora del banco de inversión. Su enfoque sobre el futuro inmediato del banco era diferente.

— De manera formal digo –se explayó Calderón- que en el Cavendes de hoy hay que preocuparse. En Cavendes algo huele mal. La presidenta actúa a espaldas de la Junta de Regulación Financiera, la directiva de Fogade y la propia junta interventora... En distintas oportunidades se le ha solicitado a la Presidencia de Cavendes que dé cumplimiento a las decisiones tomadas por la Junta y el Directorio del Fondo (Fogade) que es el propietario del 100% de Cavendes. Esto significaba acelerar la venta de la institución y acometer acciones administrativas para presentarla a la subasta (El Universal, 21/11/2000).

La situación tendió a enredarse porque la Contraloría Interna de Fogade resolvió investigar, de un momento para otro, los gastos publicitarios en los que había incurrido Calderón como presidente del Fondo. Se buscaba, aparentemente, el pago de sobreprecios en la colocación de desplegables y otros trabajos publicitarios.

— De mí se ha dicho cualquier cosa desde el mes de abril –replicaba Calderón (El Nacional 22/11/2000).

Mientras que la presidenta de Cavendes, se defendía:

— Sus declaraciones son subjetivas y no las comparto, pero lo respeto como ser humano... Nunca he actuado de tal modo y siempre mantuve informada a la Junta de Regulación Financiera de lo que hacía (El Nacional, 22/11/2000).

El vespertino Tal Cual no perdió oportunidad frente a la situación: "¡Viva la pepa!... El chino Calderón, a diferencia de tantos funcionarios que una vez destituidos se enconchan, dio la cara y soltó un misil que, por lo pronto perfora el edificio de Finanzas, en Carmelitas, y todavía no se sabe dónde va a aterrizar. En dos platos, el ex Presidente de Fogade... dijo que las marramucias de Luis Vallenilla se extienden hasta después de intervenido el banco y que ellas han sido posibles por lo que parece una actitud cómplice de la Interventora de Cavendes. Pero esta señora no puede, evidentemente, estar actuando por su cuenta y sólo respaldos de alto nivel explicarían la tranquilidad con que lo hace. El ministro de Finanzas, José Rojas, está emplazado por las declaraciones de Calderón" (21/11/200).

La explicación de Calderón al respecto fue la siguiente:

— Luis Vallenilla intentó una operación mediante la cual se traspasaban los activos a otra compañía por 3.500 millones de bolívares, cuando su valor supera los 50.000 mil millones de bolívares. Los interventores el 29 de septiembre intentaron una acción de nulidad ante el Tribunal 9 Civil y Mercantil que tuvo una sentencia favorable. Pero el 15 de diciembre la Presidenta de Cavendes solicitó al mismo tribunal que se dejara sin efecto la decisión de nulidad" (El Universal, 21/11/2000).

Aizpúrua dio la siguiente argumentación al respecto:

— Los demandantes realizaron la acción sin mi presencia y éramos tres los interventores. Además la demanda daba por realizada la operación y debemos partir del hecho de que es una supuesta operación que no se materializó. Tenemos estudios que señalaban a esta negociación nula de toda nulidad. De manera que el escrito tenía visos que no eran adecuados a los intereses del Estado venezolano (El Universal, 22/11/2000).

El otro punto de discordia era que a Maite Aizpúrua la Junta de Regulación le había aprobado un plan de rehabilitación de Cavendes en cuatro años, lo cual echaba por tierra la subasta promovida por Calderón.

El caso llegó al límite de lo insospechado cuando una auditoría contratada a la firma Espiñeira Sheldon y Asociados al 30 de junio de 2000 reveló los siguientes aspectos, hasta ese momento desconocidos (El Universal, 23/11/2000):

Ante el vencimiento del plazo para realizar acusaciones en el caso Cavendes Banco de Inversión, el fiscal Elechiguerra aclaró públicamente que Luis Vallenilla, Ana María Vallenilla, Pedro Vallenilla Rodríguez, Jorge Luis Figueira y Manuel Valentín Bolívar, estaban acusados por distracción de fondos públicos en forma continuada y suscripción de balances inexactos (Globovisión, 24/11/2000). Sorpresivamente agregó: "algunos fiscales que comenzaron a actuar en el caso están sometidos a procedimientos disciplinarios por no comportarse a la altura de la circunstancia" (Alí Marquina, Javier Carrera, Rafael Pérez Mouchett y José Gregorio Moreno, según citó El Nacional).

En cambio, se solicitó sobreseimiento para las siguientes personas: Félix Gonzalo Ibarra, Ydays Henríquez, Ana María Báez de Ramírez, Mercedes Pérez Linares, Olga Méndez de Aggierni, Adriana Robaina, Octavio Calcaño, Luis Hernández Solís, Pedro Tinoco Paz, Carlos Bello, Román Rojas Cabot, Gonzalo Ramírez Cubillán, Carlos Luciani, Oscar Ochoa, Ignacio Iribarren, Oscar Arnal, Alicia Espinoza de Otero, Nancy da Silva y Juan Andrés Wallis Brandt.

Figueira y Bolívar se presentaron ante el juez Useche e inmediatamente recibieron medidas sustitutivas a la privación de libertad, al tiempo que los ahorristas de la empresa Billdeck Capital Market se reunieron y formularon una acusación privada por estafa contra Luis Vallenilla y el resto de la directiva de la organización off shore, con sede en Curazao.

La comisión de Contraloría realizó una serie de interpelaciones públicas por donde desfilaron: Maite Aizpúrua, presidenta de Cavendes intervenido, luego sustituida por Febe de Haddad; el juez 46 de Control Leonardo Parra Useche; Carlos Calderón, ex presidente de Fogade; y Luis Vallenilla.

— Los problemas de la institución se presentaron entre los meses de octubre y enero de este año, período en el cual estuve fuera de la institución por estar en la Asamblea Nacional Constituyente... La tesorería se vino al suelo y se comió el encaje legal. La situación era desastrosa, pero yo no controlaba la tesorería. Tuve que hablar con los presidentes de los fondos gubernamentales para solucionar las dificultades –reveló Vallenilla en la interpelación de la que fue objeto el 5 de diciembre de 2000.

Rómulo Henríquez, desde la presidencia de Fogade, había retomado la idea de vender la institución al mejor postor. Al ser juramentado por el presidente Chávez declaró (El Universal, 09/2172000):

— Una de las metas es vender Cavendes y sus activos a más tardar en el primer trimestre del año (2001). Los auxilios que se entreguen serán reintegrados debido a que existen interesados en el banco de inversión.

Pero el representante legal de la firma Camelot Asset Management en Venezuela, Luis Andrés Guerrero, firma relacionada con Valores 9200, aclaraba que "es absolutamente incierto e irresponsable que se pretenda decir que la operación de Valores 9200 sea un autopréstamo", con lo que echaba por tierra la tesis de que el traspaso de activos realizado por Luis Vallenilla antes de la intervención de Cavendes fuese un préstamo. Esto daba un nuevo giro al caso (El Nacional, 11/12/2000).

El 14 de diciembre, la Comisión de Contraloría aprobó el informe sobre el caso Cavendes y lo pasó a plenaria donde una mayoría holgada señaló responsabilidades en contra de Luis Vallenilla, Pedro Vallenilla y Ana María Vallenilla por manejos dolosos (Unión Radio, 14/12/2000).

La quiebra de Cavendes había afectado un sinnúmero de cajas de ahorros, a saber: Fundapol, Universidad Nacional Abierta, Universidad Central de Venezuela, Banco Industrial de Venezuela, Electricidad de Caracas, Contraloría General de la República, Fiscalía de la República, Profesores de la UCV, Bomberos del Distrito Federal, Colegio Universitario de Caracas, Consejo Nacional Electoral, fideicomiso del Banco Caroní, entre otras.

En el informe, de más de 100 páginas, destacan los siguientes hechos:

Las conclusiones y recomendaciones del informe aprobado por la Asamblea Nacional, quedaron registradas así:

Este detalle se convirtió en un elemento muy revelador del estilo de las operaciones que realizaban los ejecutivos de Cavendes. Apareció una lista de personas que, presuntamente, cobraban comisiones para conseguir colocaciones en Cavendes. El costo del pago de estas comisiones, como ya dijimos, remontó los 35 mil millones de bolívares:

¿Quién quiere ser millonario? (Versión publicada por El Nacional, 15/12/2000).

Las 22 personas que según la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional se repartieron 35 millardos de bolívares en comisiones son, en su mayoría, representantes de cajas de ahorros en todo el país:

El comienzo del año 2001 trajo dos noticias respecto de Cavendes. La primera, que la intervención cesaba por mandato de la Junta de Regulación Financiera, según Gaceta Oficial del fin del año 2000. La otra, que la audiencia del caso central Cavendes Banco de Inversión podría realizarse a partir de febrero de 2001 (El Mundo, 18/01/2001). El presidente de Fogade, Rómulo Henríquez, daba cuenta de que inversionistas franceses, portugueses, españoles y brasileños habían manifestado interés por comprar la institución (El Mundo, 30/01/2001).

La audiencia en cuestión fue aplazada en varias oportunidades por estrategia de los imputados que cambiaron tantas veces como fue necesario a los abogados defensores. El martes 13 de marzo de 2001 los ahorristas afectados y otros implicados diferentes a la familia Vallenilla, exclamaron:

— ¡Que los traigan por la fuerza, con la PTJ o la Disip. No importa! (El Universal, 06/03/2001).

Uno de los varios abogados defensores, Giovanni Márquez, expresó:

— Nunca ha habido la intención por parte de los Vallenilla de salir de Venezuela, por el contrario ambos (Luis Vallenilla y su hija Ana María) se encuentran en sus respectivos hogares trabajando en su defensa y tratando de llevar una vida normal –afirmó-... Él es la gran víctima de este caso (Quinto Día, 09 al 16/03/2001).

A la séptima convocatoria de la audiencia preliminar, el juez 46 de Control, Rubén Darío Gutiérrez, accedió a demorarla para los días finales de marzo. Efectivamente el 28 de marzo el tribunal encontró méritos para entablar juicio, exonerando de méritos a Luis y Pedro Vallenilla por el delito de distracción de fondos públicos, pero quedándole dos imputaciones más: suscripción de balances inexactos y distracción de recursos no públicos. Estas causas todavía se ventilaban a comienzos de junio de 2001.

— ¡Desgraciadamente tendré que enfrentar un juicio!- exclamó Luis Vallenilla a las puertas del Palacio de Justicia.

Pero Luis Vallenilla sorprendió a propios y extraños cuando el 17 de abril personalmente regresó a la sede de Cavendes, pero no como presidente, sino como demandante de la suma de 257 millones de bolívares en diversas bonificaciones, prestaciones sociales, vacaciones vencidas y utilidades fraccionadas correspondientes a los años 1999 y 2000, todo sobre la base de un sueldo mensual de 23,7 millones de bolívares. Si gana el juicio la actual directiva de Cavendes deberá cancelar la suma.

Aunque técnicamente no es un ente intervenido, Cavendes "es hoy una institución paralizada... no capta, no presta, pero las pérdidas aumentan", fue la entrada que prefirió hacer el periodista Víctor Salmerón para reportar que las pérdidas ya tocaban los 208 mil millones de bolívares para comienzos de junio de 2001 (El Universal, 09/06/2001).

Para tener una idea, las pérdidas acumuladas por Cavendes, estimadas en 170 millones de dólares (208 mil millones de bolívares), para ser generadas por un banco que tan sólo pesaba 1% en el concierto del sistema financiero; son justamente la mitad de los 350 millones de dólares que pagó en subasta, por ejemplo, el Grupo Santander de España por el Banco de Venezuela, siendo éste uno de los más grandes caídos en la crisis financiera de 1994, luego reprivatizado.

El superintendente de Bancos, Alejandro Cáribas, descartó cualquier otro auxilio a Cavendes: "individualmente, no es fácil su venta, pareciera que al fusionarse con otras instituciones del Estado sería más fácil su venta. En caso de que se plantee la aprobación de la Superintendencia de Bancos para un nuevo auxilio tendríamos que estudiar los planes de rehabilitación, tendríamos que verlo con un criterio bien riguroso, pero hay otras opciones en estudio" (El Universal, 08/07/2001).

El funcionario fue aún más crítico cuando el 1° de agosto se conocieron algunos criterios emitidos: "la sentencia absolutoria para los directivos del Latino, tienen que servir de alerta para el ‘caradurismo de Luis Vallenilla" (El Universal, 01/08/2001).

— La sociedad está cansada de que haya bancos quebrados sin culpables... En Cavendes existió una gestión disparatada y las captaciones hechas a través de Billdeck Capital Market son ilícitas... El señor Vallenilla dice que él es un perseguido por sus ideas con criterio nacionalista, que nadie pone en duda, pero que nada tienen que ver con la entidad que presidía: ahora quiere hacer ver que es víctima de una persecución, lo mismo ocurre con el Banco Capital con un caradurismo impresionante. Tratan de confundir a la opinión pública y presionar para tratar de salir absueltos.

El 6 de septiembre de 2001 se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia anuló una de las sentencias que permitía salir de Venezuela o gravar y enajenar bienes a los imputados por el caso Cavendes. Se estimó que de proceder las medidas, se ocasionaría daño irreparable al Ministerio Público.

Antes de la debatida sentencia del 15 de junio de 2001 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (la No 1.013), referida a regulaciones sobre los derechos de libertad de expresión, información y réplica –a propósito del recurso solicitado por Elías Santana para responder desagravios del presidente Chávez, hubo otra no menos trascendente, la del 10 de mayo de 2001. Esta dejó sin armas a la Fiscalía General de la República para poder dictar medidas como prohibición de salida del país o de gravar o enajenar bienes a los banqueros que podían ser investigados por procesos de quiebras bancarias.

La información tenía que ver con un recurso de amparo interpuesto por el fiscal 73, José Benigno Rojas Lovera, en el caso del segundo banco intervenido por la actual administración: el Banco Capital. Veamos el resumen de esta información tan vital y que por mampuesto incide en la evolución judicial pendiente del caso Cavendes (El Nacional, 22/06/2001).

Efectivamente, el Banco Capital fue intervenido el 14 de diciembre de 2000, en un proceso atado a una subasta de activos y pasivos, por la Junta de Regulación Financiera, "porque había perdido su patrimonio (5.434 millones de bolívares en pérdidas) antes de que efectuar la venta de las agencias a los nuevos bancos (interesados en comprarlas), para evitar que se le estableciera alguna sanción por ofertar una entidad con problemas", explicó el superintendente de Bancos, Alejandro Cáribas (El Universal, 02/05/2001).

La institución había recibido las críticas de rigor de Sudeban desde el año 1999, siendo que sus dificultades arreciaron en mayo de 2000 cuando acusó dificultades de encaje legal. Se había ordenado reponer el capital en 90 días "y no se hizo".

— A ello se suma que la entidad –explicó Cáribas- otorgó 22 mil millones de bolívares en créditos a empresas que no tenían el aval suficiente y la cartera de inversiones no reflejaba su valor real (El Universal, 02/05/2001).

Además la institución arrojaba problemas de solvencia, adecuación patrimonial, rentabilidad y liquidez que repercutían en las dificultades de encaje legal en el Banco Central de Venezuela.

La modalidad escogida para esta intervención, con venta inmediata por subasta de activos y pasivos, se convirtió en el primer caso de supresión de actividad bancaria sin costo para el Estado venezolano en materia de los consabidos auxilios financieros. Claro está que las reservas de Fogade estaban seriamente comprometidas en auxiliar a Cavendes y la caída del Capital podía agudizar los problemas financieros del Estado y crear, adicionalmente, un problema de opinión pública que perjudicara la imagen del gobierno.

La subasta estaba dirigida a bancos, entidades de ahorro y préstamo y otras entes dispuestos a participar en el proceso. Así, los criterios establecidos –cubiertos legalmente por los artículos 254 de la Ley General de Bancos y 38 de la Ley de Regulación Financiera- facilitaba la venta de activos y pasivos "con un precio base que no podría ser menor de 45% del valor total de los pasivos y los activos no podían ser inferiores al avalúo" (El Universal, 16/12/2000).

El Banco Capital fue subastado por 190 mil millones de bolívares (incluidos porcentajes de superación de las primas establecidas) el domingo 17 de diciembre de 2000 y nueve bancos: Mercantil, Provincial, Venezuela, Unión, Industrial, Occidental de Descuento, Central Entidad de Ahorro y Préstamo, Banesco y Fondocomún, pagaron por los activos y pasivos (31 agencias de atención al público), garantizándole los ahorros a los depositantes por más de 100 mil millones de bolívares.

— Todos los ahorristas pueden dirigirse mañana a las agencias donde tienen sus cuentas, donde serán garantizados sus depósitos –alertó el ministro de Finanzas, José Rojas (El Universal, 18/12/2000).

Los 62 mil millones de bolívares logrados en las primas servirían para cubrir los problemas de liquidez y solvencia arrastrados por la institución, junto a un trato preferencial otorgado por el Banco Central a los efectos de cubrir las deficiencias de encaje legal a ser cubiertas en un año de plazo a tasas reducidas. El ministro Rojas "fue muy parco en las explicaciones que ofreció sobre el proceso de subasta, incluso no fue claro al responder por qué el Banco Unión publicó en la prensa nacional del día domingo (17 de diciembre) el nombre de las agencias del Capital que pasaron a sus manos, antes de que se realizara la subasta", se leía en la reseña publicada por El Universal (18/12/2000).

— No, en lo absoluto. Este es un proceso que se venía realizando desde hace tiempo... -atajó Rojas el comentario- Pero esto en ningún momento significa lo que usted ha dicho. Hoy después de haber hecho la subasta, es que cada uno de los bancos define su cartera con los activos que ha adquirido.

"La negación de esta publicación queda reiterada por el anuncio de la nota de prensa en la que se informa que la Junta de Regulación Financiera anuncia que ayer fueron vendidos los activos y pasivos del Banco Capital. Pero el aviso existe", cerraba la nota que comentamos de El Universal. En el Banco Unión se había abierto un fideicomiso para administrar los activos del Banco Capital, administrado por un sistema combinado por los nueve bancos adquirientes, para cubrir la inversión.

Ya para el 8 de enero de 2001 varios medios daban cuenta de la prohibición de salida del país dictada contra Vicente y José Reinaldo Furiatti, Juan Cordero y otros ocho directivos y propietarios de la institución intervenida y subastada en diciembre. Un juez, el 15 de Control: Heriberto Durán, adicionalmente había prohibido enajenar y gravar al grupo dirigente. Se ventilaban causas por otorgamiento de créditos ilegales y presentación falsa de balances. El Superintendente de Bancos había solicitado la investigación al Ministerio Público. Se habían encargado del caso los fiscales Raiza Rodríguez y Abelardo Izaguirre, quienes tenían seis meses para acusar o sobreseer.

En abril de 2001 se conoció que el interventor del grupo Capital, Rino de Marchena, había resuelto intervenir todas las empresas relacionadas: Inversiones 5537645, Consorcio Partenón, Administradora Modelo, Inversiones Furiatti, Infuca, Almacenadora Capital, Consorcio Grupo Capital, Inversiones Modelo, Crédito Capital, al tiempo que la familia Furiatti elevaba al Tribunal Supremo de Justicia, en particular a la sala Político-Administrativa, un recurso que consideraba inconstitucional la intervención. La Fiscalía solicitó ampliar las medidas cautelares, las cuales fueron acordadas por el juez 46 de Control, Rubén Darío Gutiérrez.

La familia Furiatti argumentó desde enero vicios en la intervención del Banco Capital, "debido a que los supuestos aplicados (por la Junta de Regulación Financiera) para decretar el proceso carecen de validez" (El Universal, 21/04/2001). Interpusieron un recurso de nulidad contra la medida. "De declararse procedente el recurso de nulidad, la intervención de la institución que tenía sede en Barquisimeto, queda anulada y de esta manera se determinará que no hubo irregularidades dentro de la entidad, con lo cual se desvirtúan los argumentos de la demanda penal que interpuso la Superintendencia de Bancos a los administradores de la entidad" (El Universal, 21/04/2001).

Fuente: El Nacional y El Universal.

Pero también las autoridades financieras hicieron lo propio y argumentaron ante el Tribunal Supremo "alegando falsedad en la clasificación de las carteras de crédito e inversiones y falsificación de la existencia de pérdidas" y procedieron a demandar penalmente a los Furiatti (El Universal, 21/04/2001).

El cruce de recursos ante el máximo tribunal es muy importante, porque puede desencadenar o que a la Junta de Regulación Financiera se le señalen vicios de responsabilidad, cayendo la intervención luego de que las agencias y clientes ya forman parte de otros bancos, o que proceda la conformación de delitos en contra de los anteriores directivos del Banco Capital, eventualmente.

— La institución fue intervenida para poder demandar penalmente a los accionistas y evitar que éstos se atrevieran a denunciar múltiples irregularidades. La medida fue dictada al margen de la Ley General de Bancos, buscando no la protección de los depositantes sino la realización de un negocio particular que pretendía eliminar al banco –argumentó el abogado Héctor Turupial, asesor jurídico de la familia Furiatti (El Universal, 27/04/2001).

Como el abogado mencionó directamente a Carlos Gill, contratado para celebrar la modalidad de la operación, a éste no le quedó más remedio que figurar replicando:

— El plan de rescate del Banco Capital evitó que sucediera una crisis financiera... El proceso protegió a los depositantes y a los trabajadores de la entidad debido a que al traspasar las agencias se mantenían los empleados... No estábamos al tanto de la intervención, fue una decisión de las autoridades.

Este otro caso continuaba ventilándose en los tribunales correspondientes para junio de 2001.

Para el Superintendente de Bancos, "es importante aclarar que esta institución no presentaba problemas como consecuencia de vender sus activos, ya que ellos tenían problemas gravísimos que la Sudeban veía observando por lo menos desde el mes de febrero de 2000, al punto de que muchas fueron recurridas por ellos ante los tribunales" (El Nacional, 28/07/2001).