El decisor público en el entorno venezolano

Entendemos por decisor público a todo aquel que forme parte de la instancia de Administración Pública y que dan forma a la acción pública, incluyendo tanto al responsable político como a los agentes públicos que participan en el proceso de adopción de decisiones que afectan a las comunidades, al estado y al país en general.

Desde este punto de vista nos hallamos ante una equiparación entre autoridades y personal de servicio de la Administración Pública y decisores públicos. Pero debemos tener en cuenta que no todo el personal al servicio de la Administración Pública actúa como un decisor público y el que lo hace, no aparece en todo momento como tal. Incluso quienes lo son no aparecen como tales al menos formalmente. Esto significa que el personal al servicio de la Administración Pública no es equivalente al de empleados públicos. Un decisor Público engloba a todos los que por elección, nombramiento ó contrato prestan servicios, retribuido ó no, a la Administración viéndose inmerso en la organización de esta. Es por ello que pueden resultar corresponsables de las decisiones ó responsables como agentes materiales de la decisión ó de la actuación administrativa.

Ante este panorama ó definición del concepto de “decisor público” no tenemos otra alternativa,- evaluando el gran cúmulo de responsabilidades que están inmersas ó que acompañan a una posición como esta -, que analizar cual es la capacidad de asesoramiento del decisor público venezolano. Solo del análisis de las políticas públicas entendemos que existe una cierta prescripción que apoyan las decisiones a tomar por los decisores públicos pero no podemos ignorar que la capacidad de asesoramiento del decisor se ha ido sofisticando a lo largo de los años y para estos momentos no solo es importante el análisis de la decisión y sus implicaciones sino también el estudio de las acciones que se derivan de la misma decisión y sus efectos sobre el planteamiento original. Pasar de la preocupación por la decisión a la preocupación por la acción; plantearse esencialmente la acción implica preguntarse por el papel que juegan los diversos protagonistas de la misma, sus intereses e interacciones, revalorizando de esta forma el papel del decisor público, su estatuto y su proceso de selección.

Por otra parte, el análisis de las políticas públicas permite superar planteamientos formalistas ó institucionales debido a su capacidad de explicar “en lo concreto” el rumbo y las limitaciones de los procesos de actuación de los poderes públicos. Pero es sobre todo su potencialidad prescriptiva la que sobresale en momentos como los que vivimos, en los que muchos de los instrumentos analíticos y operativos de nuestros sistemas políticos se nos aparecen como demasiado “simples” para dar respuesta al evidente y repetidamente mencionado aumento de las dificultades del gobierno en una sociedad cada vez mas compleja y fragmentada como la sociedad venezolana. Por lo tanto, el análisis de las políticas públicas es una ciencia social aplicada que usa la razón y la evidencia para clasificar, valorar y recomendar soluciones a los distintos problemas públicos. Además de usar la razón y la evidencia, sigue ciertos procedimientos con la finalidad de producir razonamientos racionales sobre políticas públicas. Es por ello que los decisores públicos no pueden dar por supuesto ningún problema público ya que el sentido común es de poca ayuda cuando nos enfrentamos con temas tan complejos. De hecho es importante señalar cuatro importantes características de los problemas públicos a los cuales el decisor público debe enfrentar:

1. La interdependencia: Los problemas públicos de un área generalmente afectan a los problemas públicos de otras áreas. Los problemas públicos no son independientes, son parte de un sistema de condiciones externas que producen insatisfacción a diferentes segmentos de la comunidad.
2. La subjetividad: Las condiciones externas que hacen que un problemas aparezca es definida, clasificada, explicada y evaluada de forma selectiva aunque por un lado los problemas pueden ser objetivos, los mismos datos pueden ser interpretados de diferentes formas.
3. La artificialidad: Los problemas públicos son posibles cuando los seres humanos hacen juicios sobre la conveniencia de alterar alguna situación problemática. Los problemas públicos son producto de los juicios humanos subjetivos, son construcciones sociales, mantenidas ó cambiadas socialmente.
4. El dinamismo: Existen tantas soluciones diferentes para un problema como definiciones de ése problema. Las soluciones de los problemas pueden quedar obsoletas incluso si los problemas a los que se refieren todavía están vigentes.

Todo decisor público, en su proceso de análisis de las políticas públicas para poder dar solución a los problemas públicos debe descomponer el mismo en una serie de etapas a través de las cuales éste puede pasar. Entre estas etapas (según Hogwood y Gunn) podemos mencionar:

1. Formación de la agenda de actuación de los poderes públicos. Identificar y anticipar los problemas u oportunidades de intervención pública que sugieren la necesidad de actuar. Un problema público es una demanda, una necesidad o una oportunidad de intervención pública, el cual -una vez identificado- deben ser seguido a través de una acción pública.

2. Clasificación de los problemas o filtración de los problemas. La cuestión que surge es cómo una decisión debe ser tomada: ¿Debe ser dejada al proceso político y administrativo normal o debe realizarse un análisis específico?. Esta etapa suele ser desatendida en los procesos de realización de políticas públicas, pero si la filtración de problemas se realiza, implica efectuar una elección consciente con criterios explícitos sobre los asuntos que deben ser tratados con la capacidad analítica disponible en la organización.
3. Definición de problemas. Esto puede realizarse en términos subjetivos o con un análisis "objetivo". Frecuentemente, lo que se define como "un problema" es en realidad una combinación de problemas que necesitan ser separados e identificados.
4. Previsión (análisis de prospectiva). Frecuentemente es posible y necesario prever cómo una situación se va a desarrollar. Puede ser incluso de utilidad especular sobre posibles alternativas, dando diferentes supuestos sobre el desarrollo de los problemas y las políticas públicas.
5. Establecimiento de objetivos y prioridades. En las organizaciones o programas grandes y con múltiples propósitos puede ser necesario también examinar las prioridades relativas de varios objetivos que compitan por recursos limitados.
6. Análisis de las alternativas. Generalmente existen varios caminos posibles para tratar de alcanzar un objetivo (o conjunto de objetivos). Las alternativas son las posibles líneas de acción que pueden contribuir a conseguir los objetivos y, de esta forma, a la resolución de un problema público.
7. Implantación de políticas, seguimiento y control. Cuando una opción surge de la fase anterior es generalmente necesario formular y comunicar la política pública resultante y diseñar con más detalle el programa. La implantación debe ser vista como una parte del proceso de políticas públicas, ya que la interacción entre la elaboración y la implantación de políticas es generalmente muy compleja. Para una implantación efectiva es esencial que los posibles problemas se consideren antes que la implantación, y que los procedimientos adecuados sean diseñados en el programa.
8. Evaluación y revisión. En cierto punto puede realizarse una revisión de la política. Esta pueda implicar preguntarse si la política ha conseguido los efectos deseados.
9. Mantenimiento, reemplazo o terminación de políticas. Las posibilidades de un reemplazo o terminación de una política pública aumentan si esa posibilidad fue diseñada desde el comienzo. El cumplimiento de una política pública es el grado en el que los efectos de la misma contribuyen a la consecución de los objetivos.

Ninguna de estas etapas es por supuesto mandatoria dentro de un análisis de políticas públicas ni tiene el mismo orden. Las fases pueden superponerse, cambiar su secuencia cronológica ó no aparecer nunca a lo largo del proceso , pero lo importante aquí es que el decisor público sea capaz de reconocerlas y utilizarlas para dar la mejor solución al problema público que se presente.

Decisor público y su capacidad comunicativa

Adicional al proceso de análisis de política públicas, el decisor público actualmente tiene una gran tendencia a dedicar mas recursos y esfuerzo en organizar y gestionar la relación con su entorno ya que en este contexto es donde se encuentran las oportunidades y se anticipan las amenazas que condicionan sus actividades dentro de la Administración Pública. Las Políticas Públicas que actualmente generan nuestros organismos administrativos se logran a partir de la implementación de programas de actuación a través de redes interdependientes en la que interaccionan agentes públicos y privados ya que la nueva gestión pública tiene presente la importancia del factor exterior, la necesidad de negociación ó consenso, la acción coordinada entre los diferentes subsistemas especializados del sistema político mucho más ahora y a medida que los problemas sociales se vuelven mas complejos.

En este marco de interacción política, los decisores públicos desarrollan relaciones de dependencias unos de otros ya que la interdependencia es un factor clave en la constitución y el mantenimiento de la acción pública que ejercen los decisores públicos. Aunque no existe agente político ó decisor público que tenga capacidad total para desarrollar individualmente sus acciones estratégicas, ello no significa que todos los actores tengan el mismo poder en el proceso. El poder de cada uno depende principalmente de los recursos que posee y de la importancia de estos recursos. Uno de los principales retos de la nueva Administración Pública es asumir las nuevas formas de gobernabilidad de nuestra sociedad la cual se desarrolla en redes de agentes políticos y cuya finalidad es conseguir incentivar acciones colectivas para la consecución de objetivos públicos.

Ante estas nuevas realidades política de nuestro entorno y de nuestro país, para el decisor público se hace imprescindible establecer estrategias comunicacionales que le permitan conocer y detectar las necesidades de los ciudadanos, tanto reales como percibidas, facilitando así la bidireccionalidad de los procesos de comunicación: Ciudadano-Administración y Administración-Ciudadano. Entre las estrategias a establecer para mejorar la interacción con los agentes externos tenemos: