Dinamarca deja en evidencia el fraude del aborto en España
Una
televisión danesa filmó con cámara oculta en una clínica barcelonesa, y
demostró que el aborto en España es libre hasta el mes nueve, con tal de que
se paguen 4.000 euros. España se ha convertido en un gran coladero, en el paraíso
del aborto europeo. El centro Ginemedex actúa como agencia de viajes: oferta 'packs'
completos de avión-hotel-aborto discreto. La Generalitat catalana prefiere no
hacer declaraciones. Silencio televisivo en España. La Guardia Civil ha hecho
caso omiso de una denuncia presentada en su Unidad Central por este motivo
La
televisión pública danesa emitió en la noche de este domingo un reportaje de
cámara oculta en el abortero Emece de Barcelona. Esta clínica, como todos los
centros abortistas de España, recurre al supuesto despenalizador de la salud física
o psíquica de la madre, el coladero por el que se produce el 97% de los 85.000
abortos anuales en España. Una reportera embarazada de 33 semanas, se hizo
pasar por una clienta que venía a España a abortar, porque no le era posible
hacerlo en su país ni en ningún otro lugar de Europa. El reportaje, grabado
con cámara oculta, demuestra que los centros IVE siempre concluyen que existe
peligro grave para la salud física o psíquica de la madre, un fraude de ley
continuado, que ni la Fiscalía ni la policía están dispuestos a erradicar.
Y
como España forma parte del Espacio Schengen y vivimos en la aldea global, el
coladero español se ha convertido en el coladero europeo. Pero dentro del
coladero, el ojo del huracán se encuentra en Emece y Ginemedex, ambas de la
misma propiedad, con centros también en Alicante y Mallorca. En Baleares, el número
de abortos se ha visto seriamente incrementado entre las clientas extranjeras,
que saben que en España nunca se les pondrán problemas ni aunque el niño esté
a punto de nacer. Y es que la mayoría de nuestros socios comunitarios tiene una
ley de plazos que se cumple, y no se permite el aborto de un bebé de casi ocho
meses. Nuestra legislación sí que lo permite en los casos de peligro grave
para la salud física o psíquica de la madre. Pero el peligro grave se termina
convirtiendo en el gran coladero que permite que los portugueses pro-aborto
admiren el 'modelo español' por tratarse de una legislación muy estricta con
una práctica muy ligera.
A
eso se llega después de muchos años de incumplimiento legal y ante la nula
voluntad de responsables sanitarios, jueces y Defensor del Pueblo de aplicar la
ley. La Ley exige un informe psiquiátrico independiente, no un informe psicológico
de alguien con dependencia funcional o formal con el centro que ejecutará el
aborto. Pero es que además, el decreto que desarrolla la despenalización,
exige que se ofrezcan alternativas reales a las mujeres que solicitan el aborto.
Ni se promocionan desde las distintas administraciones ni se ofrecen. Y ante ese
vacío legal y la condescendencia de los poderes públicos ante el aborto, España
se convierte en el abortorio de Europa, practicando abortos a demanda con la única
exigencia del abono el líquido, para facilitar la facturación 'B'.
En
todos los casos, la empresa actúa en España como si nuestro país fuera un
paraíso fiscal con frenos inexistentes, regulación laxa, y controles nulos. En
el caso de la entrevista emitida en la televisión danesa, la periodista
camuflada afirma que su estado psicológico es bueno, pero le hacen algunas
preguntas psicológicas para poder argumentar que el aborto se practica por
'grave riesgo para la salud psíquica de la madre'. Ello a pesar de que la mujer
señala que su salud es "buena". "Es sólo cuestión de
burocracia", señala el dr. Morín, dueño del establecimiento.
Posteriormente, le indica que el coste de la intervención será de 4.000 euros,
que es de lo que se trata.
El
resultado es que la empresa se ha convertido de facto en una agencia de viajes
que organiza un 'pack' conjunto de avión + hotel + aborto discreto por un módico
precio en función del estado de gestación del bebé. A mayor gestación, más
dinero, como si fuera al peso. Y es el único centro español que tiene las
herramientas y el estómago para hacerlo.
Porque
para matar a un niño de siete u ocho meses, hay que provocar el parto primero y
matarlo antes de que se produzca el nacimiento. Si se mata fuera sería
infanticidio. Coherencia lo llaman. Y claro, para matar a un chaval que sería
perfectamente viable fuera del claustro materno hay que tener demasiada poca
conciencia. Pero siempre hay desalmados que son capaces de vender su alma y su
dignidad por unos euros.
Por
ejemplo, el dueño de Emece, Dr. Morín, que le ofrece a la periodista danesa
camuflada un aborto "legal" como -afirma- a muchas mujeres de Gran
Bretaña, Francia, Holanda, Alemania e incluso Australia. En algunos casos, son
atendidos por médicos extranjeros que puedan dar más confianza a las mujeres,
hablándolas en su propio idioma.
Además,
le dice que no tendrá ninguna complicación médica, aunque su 'consentimiento
informado' que debe firmar la mujer antes de someterse al aborto, habla de
posible perforación del útero (ver página 11 del documento de la Asociación
AVA sobre el funcionamiento de las clínicas abortistas). No obstante, el
documento del abortorio obvia las graves secuelas psíquicas que suceden a todo
trauma tan impactante como la muerte de un hijo con permiso de su madre (pág.
4, 6 y 7 del documento).
Morín
explica ante la cámara oculta que al feto se le inyecta en el corazón 'gigoxina'
provocando su muerte. Cuando la joven periodista regresa con la cámara al
hombro, revelando su identidad de informadora, Morín niega la mayor y afirma
que todavía falta el informe psicológico. Ese que dijo que era "mera
burocracia".
La
televisión danesa se ha puesto en contacto con la Generalitat para preguntar
por qué no existe un control de este tipo de establecimientos, aunque han
recibido la callada por respuesta. "No entendemos por qué después de la
denuncia del Daily Telegraph no ha ocurrido nada", señalan. Spain is
different y el Estado de Derecho a veces, se encuentra de vacaciones.
Si
las clínicas ejercen este fraude de ley continuado es porque saben que la
Fiscalía y las fuerzas del orden miran hacia otro lado y adoptan una actitud
agresiva cuando los grupos pro-vida les plantean casos concretos. Por ejemplo,
la filmación de la TV danesa fue presentad por representantes del Partido
Social Europeo en una denuncia ante la Unidad Central Operativa de la Guardia
Civil. A pesar del flagrante delito, los operarios respondieron -al menos esta
vez respondieron- que no percibían indicio de delito. Lo mismo ocurrió con una
denuncia en este sentido contra el Centro agorero madrileño Dator, en tiempo
del PP: el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, encargó la investigación
a su peor enemigo, el socialista y abortero fiscal de Madrid, Mariano Fernández
Bermejo, quien, casualmente, concluyó que no veía indicios de delito.