| |
Artículos : Economia
Política
LAS RELACIONES DE LOS
FUNDAMENTOS TEORICOS ENTRE LA NUEVA ECONOMIA POLITICA, LA NUEVA
GERENCIA PUBLICA Y LA NUEVA POLITICA SOCIAL
José Gpe. Vargas Hernández, M.B.A.;
Ph. D. Profesor visitante, School of Public Administration
Carleton University
Síntesis
(Abstract).
En este trabajo pretendo analizar la
relación existente entre los conceptos de la "Nueva Economía
Política", la "Nueva Gerencia Pública" y la "Nueva Política Social". A
partir de un esquema conceptual se determinan los estrechos contactos
que tienen estos conceptos, formando un solo campo teórico. Para una
mejor comprensión del desarrollo teórico de los conceptos, se parte de
una revisión de las bases teóricas en que se sustentó el Estado de
Bienestar hasta evolucionar en el "Estado Nacional Competitivo", más
conocido como modelo de Estado Neoliberal.
Este desplazamiento evolutivo de un
Estado centrado más en lo social a un nuevo modelo de Estado centrado
más en el individuo, es determinado por la fuerte influencia de un
conjunto ideológico - teórico como el fundamento de los conceptos de
la "Nueva Economía Política", la "Nueva Gerencia Pública" y la "Nueva
Política Social". A partir de la emergencia de movimientos ideológicos
como la "Nueva Derecha" y el "Neoconservadurismo, en este trabajo se
analizan las implicaciones que las teorías de la opción o elección
racional (rational choice) y de la economía organizacional (teoría de
la agencia y economías de costos - transacción) tienen en la
conceptualización de la "Nueva Economía" y sus relaciones con la
elección pública (Public choice) de la "Nueva Gerencia Pública" y la
elección social (Social choice) de la "Nueva Política Social".
Finalmente, el hilo conductor de este análisis lo constituye la
determinación de los efectos que este cuerpo ideológico - teórico
tiene en la elaboración y administración de la política social hasta
revisar el más reciente desarrollo, la "Sociedad activa".
Breve Introducción
Este trabajo es la continuación de los
dos ya publicados anteriormente. El primero de ellos, trata de
clarificar los límites de la responsabilidad "entre el Estado y la
sociedad civil" de la "Nueva Política Social", basado en el análisis
que hace el Dr. Manfred Bienefeld, motiva a explorar un campo nuevo a
través de los impactos y efectos que este movimiento tiene sobre el
desarrollo económico, social, político y cultural de los Estado -
nación. Precisamente, en el segundo trabajo se analiza el saldo
negativo de estos impactos y efectos que la aplicación de la "Nueva
Política Social" encubierta en un modelo de Estado Neoliberal, ha
dejado en la sociedad de los países Latinoamericanos y del
Caribe.
Es válido hacer un reconocimiento al
generoso apoyo que recibí del Dr. Bienefel de la School of Public
Administration de Carleton University, limitado solamente por la
disponibilidad de su tiempo, durante sus cursos y en incontables
momentos de su trabajo como investigador. Ha sido gratificante abrevar
de su vasta experiencia académica y contar incondicionalmente con su
ejemplo de calidad humana y de luchador "ideológico" de las grandes
causas a favor de los más desprotegidos y excluidos del desarrollo. Su
ejemplo perdurará por siempre.
En esta continuidad de los trabajos, se
hace necesario revisar las implicaciones y relaciones de las bases
ideológico - teóricas que dan sustento a las tendencias de los cambios
y transformaciones de "gran escala" que los Estado - nación están
teniendo, a efecto de delimitar las posibles consecuencias del
desarrollo económico, político y social.
El Esquema Conceptual
Aunque provienen de diferentes
disciplinas académicas, casi todos los teóricos de estos conceptos
coinciden en apoyarse metodológicamente para fundamentar sus
desarrollos. Debido a las estrechas relaciones existentes entre los
tres conceptos, podemos tomar como base la representación triangular
ampliamente conocida, con algunas modificaciones que nos permitan una
mejor comprensión de los fenómenos
representados.

El esquema explica por sí mismo las
relaciones existentes entre la sociedad, el Estado y el mercado formados
por sus correspondientes organizaciones y sustentadas por las
disciplinas académicas de la economía, la administración y la ciencia
política para la integración de los conceptos de la "Nueva Economía
Política", la "Nueva Gerencia Pública" y la "Nueva Política Social".
El Estado de Bienestar Clásico
Los antecedentes inmediatos de estas
formaciones las encontramos en el período comprendido entre los años
inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial y hasta la mitad
de la década de los años 70s, considerado como el período del "Estado de
Bienestar Clásico" durante el cual emergieron como materias académicas
la política social y la administración pública, sustentándose en los
postulados de una economía mixta, pleno empleo, equilibrio en las
relaciones entre los gobiernos centrales y locales, etc.
El "Estado de Bienestar" necesariamente
comprende la obligatoriedad de la provisión colectiva de ciertas
necesidades básicas como materia de derechos de la sociedad. La política
social del "Estado de Bienestar" se caracterizaba por la administración
de servicios sociales personales, salud, educación, empleo, seguridad
social y habitación, a través del establecimiento de mecanismos como el
seguro social para prevenir la pobreza, promover la solidaridad social y
la "ciudadanía social". El bienestar social se integra fuertemente como
una institución de la sociedad para dar respuesta a un rango de
necesidades humanas y sociales las cuales el mercado esta inherentemente
inhabilitado para resolver (Titmus, 1974: 32). La política social del
Estado de Bienestar se estudia aisladamente, como un campo autónomo del
conocimiento, sin ninguna relación con la economía ni con el mercado
laboral.
Así, tanto el diseño de la política social
como la administración de los servicios bajo el Estado Benefactor son
actividades consideradas como parte de la noción para crear una
"integración social". La política social siempre estaba involucrada con
la solución de problemas del sistema social más que del económico, tales
como los derechos sociales de los ciudadanos, las cuestiones de la
administración social, las formas y la racionalidad de la redistribución
de la riqueza y el servicio social, por ejemplo. Los problemas
económicos eran considerados como la responsabilidad de la
macroeconomía, la cual estaba en su mayor parte dominada por las formas
Keynesianas de razonamiento (Walters, 1997: 227).
Para el Estado de Bienestar, afirma Walters
(1997: 222), la sociedad en sí misma se convierte en el objeto y la meta
del cálculo político y de la intervención administrativa. Las personas
eran gobernadas bajo la concepción de que son miembros de la sociedad,
de sus roles sociales, responsabilidades y necesidades definidas
socialmente. La política social operaba bajo la misma concepción de que
el individuo es miembro de la sociedad. Este "bienestar" representa una
forma distintiva de gobernar las relaciones sociales y ofrece una
definición inclusiva de la sociedad, la cual es visualizada como una
empresa colectiva en la cual tanto los trabajadores como los que no
trabajan, todos hacer sus contribuciones respectivas. El objetivo del
Estado de bienestar fue el impulso de la igualdad de status entre los
individuos, con la finalidad de que una comunidad nacional de ciudadanos
reemplazara a la sociedad dividida por clases sociales. El Estado de
Bienestar constituyó un gran intento para eliminar las marcadas
desigualdades económico - sociales generadas por un sistema capitalista.
Los pensadores de la emergente política social y defensores del "Estado
de Bienestar", sostenían que este nuevo modelo de Estado sentaba las
bases para la creación de una "sociedad de bienestar" más justa y cono
menos desigualdades, con una "ciudadanía común" (Cahill, 1994), o como
"una población la cual es ahora tratada para este propósito como si
fuera una clase" (Marshall, 1992).
T. H. Marshall (1992) afirma que el Estado
de Bienestar contribuyó a la emergencia de los derechos civiles,
políticos y sociales. Los derechos sociales creados por el Estado de
Bienestar protegen la seguridad social y el bienestar de la ciudadanía.
Marshall (1992) sostiene la existencia de la racionalidad de la sociedad
de bienestar, las cuales considera como sociedades integrales o
propiamente comunidades nacionales. Su concepto de "ciudadanía social"
se refiere al conjunto de derechos sociales para participar del
bienestar económico y la seguridad, para compartir plenamente la
herencia social y a vivir una vida humana civilizada de acuerdo con los
estándares prevalecientes en la sociedad. Esta perspectiva de
"ciudadanía social" en las áreas de la vida social, centra la función
del Estado para intervenir en la protección de los derechos de los
ciudadanos. Así, el papel primordial del Estado de Bienestar se centró
en la protección de los llamados derechos sociales.
Sin embargo, Pateman (1989) considera que
para ser un verdadero "ciudadano social" en una sociedad de bienestar,
es necesario ser considerado como un trabajador regular, situación de
exclusividad - inclusividad de quienes son considerados como la fuerza
laboral que pueden encontrarse en diferentes términos y situaciones en
los distintos tipos de regímenes de bienestar existentes. Langan y
Ostner (1991) compararon los regímenes de bienestar existentes tomando
en consideración el tratamiento de las mujeres como "ciudadanos
sociales". El modelo Bismarckiano (Alemania), apoya en su seguridad
social a los trabajadores de tiempo completo y provee incentivos a las
mujeres que cuidan de la familia. Por el contrario, el modelo
Escandinavo apoya activamente a las mujeres que cuidan de la familia.
Por el contrario, el modelo Escandinavo apoya activamente a las mujeres
para que participen en el mercado laboral, mientras que el modelo Anglo
- Sajón provee beneficios y servicios sociales residuales y deja la
decisión al individuo para participar en el mercado laboral.
El sistema económico de producción
dominante en el mundo occidental desde los años treinta hasta los
últimos años de los 70s, ha sido caracterizado como Fordismo: producción
masiva para un mercado de masas. Las características del modelo societal
Fordista son definidas por el empleo de la producción masiva Taylosita y
el consumo masivo, el desarrollo del Estado de Bienestar y la
intervención estatal Keynesiana dirigida al crecimiento económico y al
pleno empleo. El modo de acumulación Fordista, centrado primeramente en
el desarrollo del mercado interno, de alguna manera trajo prosperidad
para los Estados que formaban parte del "centro" capitalista, e incluso,
la implementación progresiva de formas de desarrollo económico, social y
político parecía posible también en países que durante esta etapa del
capitalismo, formaban la "periferia". Esta formación capitalista, basado
en un modelo societal particular y un modo de acumulación ha sido
definida como Fordismo global (Hirsh, 1997: 40). El Fordismo global y el
sistema de Bretton - Woods de regulación internacional del dinero y el
crédito garantizaron el éxito en la formulación e inplementación de
políticas económicas y sociales relativamente independientes a niveles
nacionales.
Sin embargo, el sistema Taylorista de
producción masiva llevó a una progresiva caída de las utilidades del
capital, generando conflictos entre los procesos de acumulación y
valorización del capital y los modos de regulación Fordista, como en el
caso del Estado de Bienestar con sus estructuras monopolistas y
corporativistas. Por otro lado, el sistema de producción Fordista
contribuyó a la creación de una sociedad basada en el consumo. El
aumento del consumismo y la privatización de bienes y satisfactores
fueron desplazando la función del Estado como proveedor del bienestar de
los individuos a favor de otras agencias que adquieren importancia en
otros sectores de la vida social en la sociedad contemporánea.
La crisis del Estado de Bienestar
Durante las últimas dos décadas, a partir
de la segunda mitad de los años 70s, se han gestado innumerables cambios
en la sociedad y en la economía debido a múltiples factores, tales como
los avances científicos y tecnológicos (revolución científico -
tecnológica), explosivo desarrollo de las telecomunicaciones que
facilitaron la popularización de los medios de comunicación masiva y el
uso de sistemas de información (revolución electrónica), la modificación
de los sistemas de producción con base en una nueva distribución
espacial de la industria (posfordismo) y los mercados (consumismo), los
cambios de valores en la vida social, formas familiares, reconocimiento
y aceptación de las diferencias individuales de género, raza, etc. ,
(posmodernidad), etc.
Todos estos cambios han modificado a su
vez, el estudio académico de la política social y la administración
pública. Los problemas económicos y sociales por los que atravesaba el
"Estado de Bienestar" determinaron como respuesta inmediata aplicaciones
limitadas de la política y de la administración por crisis a través de
prácticas excluyentes de beneficios y servicios sociales a la
"ciudadanía social". La gran demanda del gasto para la política social
ocurre por lo general en períodos de recesión económica, cuando la
economía tiene más problemas para proporcionar los fondos. Nuevas formas
de desigualdades empezaron a emerger, las cuales deben de ser
consideradas en las discusiones de los objetivos de la política social.
La política del "pleno empleo" degeneró en un desempleo masivo y en
falta de oportunidades de trabajo, la pobreza nunca quedo eliminada y
más bien cedió el lugar a nuevas formas de exclusión social y económica
en razón de status sexual, etnicidad, membresía a grupos minoritarios,
etc.
Para finales de los años 70s, el modelo del
"Estado de Bienestar", también conocido como "Estado Benefactor" se
encuentra en crisis institucional, asediado por movimientos ideológicos
que promueven su desaparición. La emergencia de los "nuevos movimientos
sociales" durante los 70s, fue un efecto de la crisis del Fordismo y una
expresión de los cambios estructurales en los conceptos de Estado y
democracia que se gestaban en las tendencias de la globalización de las
relaciones sociales del capitalismo. El fracaso del modelo de Estado
"Keynesiano - Fordista" surgió precisamente donde la crisis histórica de
la democracia social de Europa occidental y otras formaciones políticas
similares tienen sus raíces.
El consenso político de la posguerra
determinó la desaparición de los dos pilares gemelos más notables del
Estado de Bienestar y Keynesiano, el empleo total y la provisión de
bienestar universal a través de servicios para satisfacer necesidades
sociales básicas, aunado a la cada vez más fuerte aseveración de que los
gobiernos ya no son capaces de solucionar las crecientes y diversas
demandas del electorado (Miller and Ahmad, 1997: 270). El derrumbe
ideológico del Estado de Beneficencia cedió el lugar a nuevas
manifestaciones de organización del Estado para el diseño y la
administración de la política social.
La emergencia ideológica del "Estado Nacional
Competitivo" (neoliberal): la "Nueva derecha" y el
"neoconservadurismo".
Por un lado, el movimiento ideológico
denominado como la "Nueva Derecha" trata de demostrar mediante el
análisis económico, los efectos negativos que tiene la intervención del
Estado en las actividades económicas en su conjunto, al señalar que daña
la iniciativa y el espíritu emprendedor de los individuos. El mercado es
la única institución que motiva a las personas para ejercitar iniciativa
y empresa. Este programa de la "Nueva Derecha" está convirtiéndose en la
principal corriente ideológica de la metrópolis capitalistas, ofrece sus
propias soluciones y presenta, con algunas connotaciones neoracistas, la
justificación ideológica para una agresiva política de supresión y
segregación a los niveles nacionales e internacionales (Hirsck, 1997:
51). Por otro lado, pero aunado al movimiento ideológico de la "Nueva
Derecha", la escuela de pensamiento "neoconservadora" enfatiza la
importancia de los arreglos y valores tradicionales de la vida familiar
y social.
De alguna manera, la "crisis del Fordismo
global" durante los 1970s, (Hirsch, 1997: 40, 41) provocada por la misma
transformación del capitalismo, repercutió en la crisis del Estado
Benefactor y en la modificación de la concepción del bienestar. El
"Estado - seguridad) (Hirsch, 1986) orientado hacia el desarrollo
económico y social coherente dentro de las fronteras nacionales ha dado
lugar a un nuevo tipo de Estado capitalista, "Estado nacional
competitivo" (Hirsch, 1997: 45) el cual debe ofrecer "ventajas
competitivas" (Porter, 1990) a través de condiciones óptimas para la
valorización del capital global. Este nuevo tipo de Estado se concentra
en la movilización de todas las fuerzas productivas para propósitos de
competencia internacional, apoyado en las doctrinas económicas -
neoliberales.
La organización política del Estado -
nación se basa en las divisiones y ligas entre la clase capitalista y
global y a su vez, esta clase capitalista global estructuralmente se
beneficia de la "competencia entre las localidades nacionales de
producción". La intensificación de la competencia internacional y la
creciente flexibilidad del capital global ha dado importancia a la
"política de localidades" ó a las "formas nacionales de la ventaja
competitiva" como una política prioritaria de los Estados nacionales. El
problema de esta "guerra de ventajas competitivas" entre los "Estados
nacionales competitivos" es que puede centrarse en un juego de "suma
cero", que al final todos se convertirán en perdedores.
La progresiva internacionalización del
capital buscando rendimientos más altos, inició la erosión de la
regulación económica basada en el Estado - nación, a favor de las
agencias reguladoras internacionales. Así, el Estado empieza a redefinir
la naturaleza de su función bajo el modelo neoliberal, hasta limitarse a
la planeación y regulación de los diferentes sectores y a la inspección
de bienes y servicios. Ambas instituciones, Estado neoliberal y agencias
reguladoras internacionales operan en conexión cercana con los sectores
internacionalizados del capital para el establecimiento de una política
comprensiva a nivel mundial de "flexibilización" de métodos de
producción y normas de consumo así como formas extensivas de regulación,
como la manera de salir de la crisis global del Fordismo" (Hirsch, 1997:
41).
Este proceso de globalización del
capitalismo es una estrategia política dirigida a la restructuración del
capitalismo de la pos guerra, en sus dimensiones económicas, sociales y
políticas. La estrategia incluye la "flexibilización de las relaciones
sociales capitalistas para facilitar la operación internacional del
capital, es decir, se trata de una globalización de las relaciones
sociales del capitalismo, la cual irónicamente, está produciendo los
efectos contrarios expresados en el neoliberalismo que desvincula el
liberalismo económico y la democracia, como una tendencia nefasta de los
tiempos actuales.
El derrumbe de la ideología socialista como
modelos de organización del Estado y la economía a finales de la década
de los 80s, permitió al sistema capitalista la consolidación hegemónica
de su propuesta a través de la promoción y expansión en parámetros
globalizadores del "nuevo orden económico mundial" (Unidad de Análisis
Político y Prospectivo, 1998: 49). El modelo de organización
globalizador capitalista desvincula la economía de la acción del Estado,
sustentando el crecimiento económico en principios de libre comercio y
flujo abierto de los circuitos financieros apoyándose en una mayor
interdependencia económica entre las naciones.
Hirsh, (1997: 42) sostiene la tesis de que
el sistema pluralista de Estados - nación, caracterizado por los
principios de territorialidad y fronteras externas relativamente
delimitadas, así como la específica "relativa autonomía" de un aparato
de poder centralizado vis-á-vis grupos y clases sociales - en suma, la
división estructural entre "política" y "economía"- es la forma
específica de la política bajo las relaciones de producción capitalista.
Sin embargo, la globalización del capital necesita como apoyo de un
movimiento democrático internacional estrechamente vinculado con los
derechos humanos, que le permita resistir y romper las barreras
ideológicas y políticas de grupos nacionales y tradicionales opuestos a
las tendencias globalizadoras. Mientras que la "sociedad global" no
cuente con instituciones democráticas, tampoco puede sostenerse la
existencia de una "ciudadanía mundial", dejando todavía en manos de la
entidad política del Estado - nación la autodeterminación democrática
que puede oponerse a la globalización de los mecanismos económicos
(Bienefeld, 1994).
La "Nueva Economía Política" del Estado
neoliberal.
Las ideologías dominantes en una sociedad
tienen un papel importante en las decisiones sobre las funciones que el
Estado debe desempeñar, en la formación de preferencias de la sociedad y
en la aceptación de los ciudadanos determinada por su acción. Los
determinantes de la acción humana pueden categorizarse en los enfoques
del homo economicus, el homo - sociologicus y el homo socioeconomicus
(Forma, 1997). El homo economicus es racional, maximizador
auto-interesado, siempre trata de incrementar su bienestar. El homo
sociologucus se orienta por las normas y está plenamente socializado,
sigue las ideologías dominantes de la sociedad y apoya los beneficios
que son importantes para los otros miembros de la sociedad,
solidarizándose con ellos. El homo socioeconomicus actúa
convenenciéramente en su propio beneficio algunas ocasiones y en otras
se orienta socialmente. Tal parece que la ideología dominante en la
sociedad contemporánea refuerza el enfoque economicus como determinante
de la acción humana.
La "Nueva Economía Política" se fundamenta
en la teoría de la elección social (social choice) para justificar el
papel de actor primordial del desarrollo económico, social y político
que el mercado debe tener frente al Estado y a la sociedad, a pesar de
que esta teoría reconoce que el mercado tiene sus fallas funcionales. La
teoría de la elección social concluye que tales "fallas del mercado" se
deben a la falta de apoyo al mercado por parte de la sociedad y del
Estado, lo cual se reduce a la inhabilidad para lograr resultados
sociales deseables (social choice), instrumentalmente racionales de
acuerdo con la teoría de la opción racional (rational choice) y
satisfactorios. Sin embargo, el apoyo que el Estado debe dar al mercado
debe de ser en tal forma, que las "fallas del mercado" no justifiquen el
intervencionismo.
La teoría de la opción social o elección
social (social choice), a pesar de que se autocalifica de social, en
realidad sus postulados se alejan de la dimensión social de la agencia
humana para identificarse mas como una doctrina con un alto contenido
individualista, similar al de la teoría de la opción o elección racional
(rational choice). En su forma más pura, la teoría de la elección
racional es resumida por Elster, (1989:22) en la afirmación de que un
actor actúa racionalmente cuando tiene la oportunidad de elegir una
opción que maximíza su utilidad. El interés personal de los actores por
la maximización de la utilidad, se relaciona con su egoísmo económico
(homo economicus). Esto complica el diseño y la administración de la
política social. Williams and Reuten (1997: 413) afirman que la política
resultante de la conducta racional de consumidores - ciudadanos, la
maximización de los votos de los políticos y la maximización
presupuestal de los burócratas, se convierte en el instrumento de varios
grupos de interés.
Por otro lado, los diferentes actores de
una sociedad, de acuerdo con la teoría de la elección racional, pueden
conceder diferentes grados de importancia a los diferentes beneficios
que reciben. Dependiendo de la posición socioeconómica o sus situaciones
de vida, uno actores necesitan más que otros de los beneficios del
Estado de Bienestar. A partir de usar la teoría de la elección racional
como marco de referencia, Forma (1997), asume que la cantidad de
utilidad que los ciudadanos consiguen del Estado de Bienestar, explica
la variación de su ligitimidad. Así, los beneficios sociales que el
Estado otorga son importantes porque dan forma a las elecciones
racionales, las cuales se reflejan en la legitimidad del Estado de
Bienestar. La racionalidad de los individuos cuando eligen entre los
diferentes beneficios, se refleja en el apoyo de aquellos beneficios
sociales que son de su interés. Pero además de sus intereses, en sus
decisiones también influyen la ideología. Sin embargo, de acuerdo con
Forma (1997), la legitimidad del Estado de Bienestar no puede ser
ampliamente explicada por las elecciones auto - interesadas de las
personas.
Los críticos de la teoría de la elección
racional cuestionan su validez y han encontrado serias dificultades en
su aplicación, sobre todo en el contexto socio -político. Williams y
Reuten (1997: 411-31) explican en detalle lo inadecuado de las teorías
de la elección u opción racional con su punto de vista estrechamente
instrumental de la agencia humana, insuficiente para fundamentar la
relación existente entre la política social y la economía en determinada
sociedad, debido a las incompatibilidades sistemáticas entre la elección
social y la individual. La tendencia de todos los diseños existentes de
la política social enfatizan un lado en el continuo individuo -
sociedad, ya sea al individuo asocial o la aparente estructura social
carente de agencia. De acuerdo con esto, la "Nueva Economía Política"
indica que la maximización del bienestar social es difícil que pueda ser
el resultado de la optimización individualista por los agentes políticos
y administrativos que asesoran al Estado y por lo mismo, falla en dar
cuenta del "interés público" de la conducta estatal.
La teoría de la elección racional asume que
las personas hacen cálculos de costo - beneficio, sin considerar su
contexto social, y por lo tanto, su empleo a sido criticado por
contribuir a la atomización social. Precisamente uno de los efectos
colaterales de esta teoría es que el aspecto social ha sido removido
para enfatizar la importancia de las decisiones egoístas de las
personas. Forma (1997) considera que el empleo del modelo de
racionalidad para explicar la legitimidad de las acciones del Estado
presenta serias dificultades, entre las que menciona: primero, la
situación de la vida de las personas puede cambiar dramáticamente y
súbitamente; segundo, la racionalidad puede ser influenciada por la
simpatía y, tercero, la seguridad de la sociedad. Debido a estas tres
razones, se argumenta que es racional para cualquier ciudadano en buenas
situaciones, defender los beneficios aunque no satisfagan sus más
severas necesidades.
La insuficiencia de estas teorías se
manifiesta en las contradicciones de la "Nueva Economía Política", y la
denominada "Nueva Economía del Bienestar" que no pueden resolver la
expresión de conflictos entre los imperativos de una economía
capitalista regulada por el mercado y la libre determinación de la
voluntad humana ó entre las exigencias de la economía y los procesos de
la democracia liberal. Es ya muy conocida la "paradoja" de Arrow (1950),
que señala la incompatibilidad entre la instrumentalista teoría de la
elección social racional basada solamente en preferencias individuales y
la democracia liberal, imposibilitando su combinación. Tal parece, sin
embargo, que la economía neoclásica funcionalista del bienestar por la
corriente instrumentalista de la "Nueva Economía Política". La paradoja
de Arrow demuestra que no existen medios democráticos donde sus
objetivos son determinados por la agregación de preferencias
individuales instrumentalmente racionales.
En los términos de Williams y Reuten (1997:
421-22), el punto de vista de la "Nueva Economía Política" sobre la
democracia liberal es el concepto de "Estado interno", por medio del
cual, siguiendo a Hegel (1821, secciones 183, 230ff), el consentimiento
de las gentes para legitimar la intervención debe ser reproducida sin
subvertir las formas necesarias de separación. Por lo tanto, el "Estado
Interno" refleja fielmente el individualismo de la sociedad civil y la
naturaleza abstracta de la vida política burguesa. Los modelos de la
"Nueva Economía Política" caen dentro del instrumentalismo de los grupos
que buscan sus propios intereses, descuidando el "interés público" del
estado capitalista reproducido por los intereses racionales de los
políticos que buscan la legitimación del Estado. La teoría de "Elección
Pública" (Public choice) utilizada para el diseño de la política social
en el sector público, involucra virtudes liberales: individuos como
programas de preferencias, elección social como la agregación de
preferencias individuales, preocupación porque las acciones del Estado
no deben inhibir sino motivar la habilidad de los individuos para
expresar efectivamente sus preferencias, etc.
El sacrificio de las decisiones de
democracia liberal en beneficio de los objetivos macroeconómicos es el
efecto de una "estrategia política intencional", de acuerdo con Hirsh
(1997: 46). Así, las limitaciones en las capacidades intervencionistas
del Estado, reducen y niegan la habilidad del sistema político para
responder a las demandas sociales que tradicionalmente eran expresadas
dentro de los procesos formales democráticos. Tal parece, concluye el
investigador, que los gobiernos no tienen ninguna otra alternativa más
que adaptarse a los procesos de reestructuración de la economía y el
mercado mundial, como en el caso de México, donde las nacientes formas
de las estructuras democráticas aumentan su debilidad.
Tratando de dar una respuesta al problema
tal como emerge de las teorías de la política social existentes,
Williams and Reuten (1997: 413-417) concluyen que la motivación de la
beneficencia para la política social se basa en la administración del
Estado de las contradicciones del derecho a existir de los agentes
humanos intrínsecamente sociales dentro de un sistema social
históricamente específico.
La realidad del diseño y la aplicación de
la política social ha tomado rutas diferentes. Al mismo tiempo que las
ideologías neoliberales y la economía del mercado emergían, el Estado
requería de otra definición de sus expectativas publicas y de otro
diseño de sus funciones e instituciones a efecto de reflejar las
filosofías y prácticas de la "Nueva Economía Política". La respuesta
teórico - práctica para la "reinvención" de la función pública del
Estado, se encuentra en el agresivo "New managerialism" (Clarke and
Langan, 1993) ó "Nueva Gerencia Pública".
"Reinventando" al Estado:la "Nueva Gerencia Pública"
(NGP).
El Estado está transformado funciones,
estructuras, y comportamientos. En parte es el resultado de un re
acomodamiento al interior de la misma sociedad y de las llamadas
"fuerzas del mercado" que han dado como resultado una transferencia de
funciones del Estado a la sociedad civil. El Estado se exige la
aplicación de un modelo de "Estado Mínimo", mientras que la sociedad
civil reclama más transferencia de poder, principalmente el económico, a
través de procesos de apoderamiento (Empowerment).
Sin embargo, afirman Williams y Reuten
(1997: 417), incluso el Estado Mínimo mantiene la ley, el dinero y la
estructura social para las fuerzas del mercado, de tal manera que la
economía y el Estado aparentan por un lado ser autónomos, como por el
otro lado, estar unidos bajo el sistema capitalista contemporáneo. El
Estado Mínimo entonces, no debe ser visto como un satélite funcional en
torno a un centro económico, sino más bien que ambos reaccionan en forma
interdependientemente. Economía y Estado Mínimo son interdependientes,
pero no pueden coexistir sin el conflicto. La introducción por el Estado
Mínimo de criterios de valor - uso debilita la separación entre el
Estado Mínimo y la economía, pero desde otra perspectiva, amenaza la
legitimación del Estado Mínimo y la auto - evidente autonomía de la
economía, es decir, la inmutabilidad del criterio económico de valor. En
general, la política estatal motivada por la necesidad de reproducción
de la sociedad, altera la lógica competitiva y debilita la autonomía de
la economía medular de la sociedad. La interacción entre el bienestar,
las políticas macroeconómica y microeconómica. Pueden estar manifiestas
en una creciente regulación estatal de la economía, lo cual entre en
conflicto con el modo capitalista de "asociación", la forma - valor las
derivadas fuerzas económicas de valorización y acumulación, sustentada
en la descentralización de la regulación del mercado de la
economía.
Entonces el problema se reduce a cómo
manejar las contradicciones entre el Estado, Economía y
Sociedad.
La respuesta ha sido ya esbozada por los
diferentes enfoques teóricos que forman en nuevo movimiento denominado
como "movimiento de re invención" popularizado por el libro "Reinventing
Government" de Osborne y Gabler (1992). Sin embargo, la mayor parte de
las propuestas de cambio se contiene en la "Nueva Gerencia Pública"
(NGP), la cual representa un nuevo paradigma pos burocrático que
considera que la administración del Estado debe ser como la
administración de cualquier otro negocio cuyo propósito es la obtención
de la satisfacción del cliente. Entre los factores que explican este
interés inusitado en la administración del sector público, Charid y
Rouillard (1997) analizan las fuerzas económicas que buscan crecimiento
y equilibrio de las finanzas públicas del Estado, fuerzas
institucionales para la provisión de servicios públicos y la promoción
de la ideología de la "Nueva Derecha".
Los teóricos del paradigma de la NGP han
expresado diferentes interpretaciones de estos desarrollos teóricos. Por
ejemplo, Borins (1995) los considera como un movimiento de "re
conceptualización normativa de la administración pública", Pollit lo
considera como una ideología (citado por Charid y Rouillard, 1997:36), y
Savoie (1995) como "una filosofía dentro del modelo de mercado y los
principios de negocios". En este contexto, la NGP es una colección de
ideas, creencias y valores prestados de diferentes escuelas del
pensamiento y de diferentes corrientes administrativas, de las cuales,
la más fundamental es la de administración en sí misma.
Los fundamentos de la "Nueva Gerencia
Pública" contrastan marcadamente con los principios de la administración
pública tradicional, la cual expresó el evolutivo desarrollo del período
conocido como "administración pública progresiva" iniciado a principios
del siglo XX y la emergencia en la década de los 60s de la "Nueva
Administración Pública", la cual agregó el valor de la equidad social a
los tradicionales de economía, eficiencia y efectividad. Para apreciar
las diferencias entre los componentes de la tradicional administración
pública (paradigma burocrático) y la "Nueva Gerencia Pública" (paradigma
pos burocrático) Charid y Rouillard (1997), hacen la siguiente
comparación:
COMPONENTES "NUEVA GERENCIA
PUBLICA"
ADMINISTRACION PUBLICA
TRADICIONAL
(Administración pública
progresiva + Nueva Administración pública)
| Enfoque |
Clientes |
Ciudadanos y
comunidades |
| Medios
principales |
Gerencia |
Elaboración
de políticas |
| Características de los Servidores
públicos |
Emprendedor
(actuando) |
Analista
(Pensando). |
| Valores |
Emprendedores, libertad para gerentes,
flexibilidad, creatividad, entusiasmo, tomar riesgos. |
Responsabilidad ministerial, prudencia,
estabilidad, ética, probidad, justicia,
transparencia. |
| Vocabulario |
Servicio a
clientes, calidad, gerencialismo, apoderamiento,
privatización. |
Interés
público, democracia, equidad social, proceso debido. |
| Cultura |
Sector
privado, innovación, gerencia de negocios, responsabilidad por
resultados, dicotomía política - administración. |
Burocrático
(jerárquico), funcionalismo, estabilidad, proceso de
responsabilidad, continuo política - administración. |
| Estructuras |
Servicio
civil como unidades organizacionales, gobierno simple y frugal,
introducción al mecanismo de cuasi-mercado,
descentralización. |
Servicio
civil como una institución, departamentos largos, sistemas amplios
de gobierno, distribución de recursos por la autoridad
central. | Fuente: Tabla adaptada de Charid and Rouillard
(1997).
La mayor parte de las propuestas de cambio
se proponen re definir las funciones del Estado y reducir su tamaño,
eliminar déficits, controlar el gasto público, remover el "red tape",
eliminar obstáculos para una administración efectiva y enfocar la
administración pública en la satisfacción del cliente a través de nuevas
formas de producir y entregar los servicios como la privatización, la
subcontratación, cobrando cuotas a los usuarios de los servicios
públicos, asociaciones con varios niveles de gobierno, organizaciones
voluntarias y la iniciativa privada. (Charid and Rouillard,
1997).
Son varios los desarrollos metodológicos de
los diferentes enfoques teóricos de la NGP que se aglutinan en otro a la
"ideología gerencialista" (managerialist ideology), ó neogerencialismo
(neo-managerialism). Estos enfoques teóricos son ampliamente
clasificados por Terry (1998:194) en 1) administración
cuantitativa/analítica, 2) administración política, 3) "liberación de la
administración" y 4) la "administración orientada hacia el mercado". Los
últimos dos enfoques han tenido más aplicación por su asociación con la
"revolución global en administración pública", una revolución incendiada
por un interés en las reformas gubernamentales de gran escala, bajo la
denominación generalizada de la "Nueva Gerencia Pública" (NAP), la cual
mezcla la teoría tradicional de la "administración científica" de Taylor
con postulados de las teorías de la elección pública (Public Choice) y
la economía organizacional (Organizational Economics) que comprende
tanto la teoría de la agencia (Agency Theory), como la economía de
costos - transacción (Cost - Transactions Economics).
Común a todas las innovaciones y cambios
que está sufriendo el Estado es el uso del mercado como un modelo para
las relaciones económicas, políticas y administrativas, sustentándose en
los principios de las teorías de elección pública y economía
organizacional (la teoría de la agencia y economía de costos -
transacción). La teoría de la elección pública y la economía
organizacional fundamentan el principio de que los individuos son
actores económicos racionales, maximizadores racionales de utilidad,
automotivados por un interés competitivo y en constante persecución de
logro de status, poder, ganancias personales, riqueza, etc.
A efecto de que este sistema de la
administración pública funcione con la eficiencia del modelo del mercado
bajo los principios de la teoría de la economía neoclásica, tienen que
cumplirse ciertas condiciones. La existencia de competencia y de la
información acerca de las diferentes opciones ó elecciones debe estar
disponible. La competencia se refiere a la creación de mercados internos
en un intento para reformar el sector público desde adentro. La
competencia es considerada como una estrategia viable para mejorar el
desempeño de las burocracias públicas porque baja los costos e
incrementa la eficiencia (Terry, 1998). La segunda condición es el
empleo de teorías, técnicas y prácticas administrativas usadas por el
sector privado consideradas como superiores a las usadas por el sector
público, bajo el argumento de la universidad del fenómeno de la
administración.
La elaboración e implementación de
políticas y los sistemas operativos de entrega de servicios constituyen
transacciones que la "Nueva Gerencia Pública""(NGP) separa formalmente.
Las agencias y los administradores, motivados para asumir el papel de
liderazgo emprendedor (Osborne and Gaebler, 1992), enfatizan una
orientación de servicio al cliente, sustentándose en el principio de que
las preferencias son fijadas y mejor expresadas en los mecanismos de las
libres fuerzas del mercado. El neogerencialismo promueve el modelo de
liderazgo emprendedor de loas administradores públicos quienes con su
conducta racional son automotivados, innovadores oportunistas e
innovadores de riesgos que explotan la información y las situaciones
para producir cambios y mejorar el desempeño gubernamental. El libro de
Osborne y Gaebler (1992), "Reinventing Government", entre otros,
enfatizan este enfoque.
Sin embargo, se critica mucho el trato que
la NGP da a los ciudadanos como clientes y lo estrecho que resulta el
modelo de conducta humana racional propuesto por la teoría de la
elección pública y la económica organizacional. Los seres humanos son
más que actores económicos racionales motivados por un auto interés,
ambición personal y rapacidad. De acuerdo con Terry (1998), estas
teorías se guían por varios principios conductuales:
- Los actores racionales se motivan por un
auto interés.
- Los actores racionales son oportunistas,
decepcionantes, auto complacientes, inactivos y tienden a explotar
otros, y
- Actores racionales no pueden ser
confiables debido a las conductas descritas.
En realidad el origen de los problemas se
encuentra en la concepción limitada que las teorías de la elección
pública y la economía organizacional tienen acerca de la naturaleza
humana. Al servir esta concepción negativa del comportamiento humano
como el fundamento teórico de la NGP, la confianza en el Estado y su
gobierno se demerita.
El modelo de liderazgo emprendedor
representa serias amenazas para la gobernabilidad democrática de acuerdo
con Terry (1998), quien analiza a críticos que hacen cargos a los
emprendedores públicos con orientación anti - tradicionalista
obsesionados por la auto - promoción, quebrantamiento de reglas, la
política del poder, toma de riesgos y cambio radical en conflicto con la
teoría de la democracia. El investigador argumenta que la cruz del
problema estriba en que a pesar de que los administradores públicos
"conservativamente desplazan" las teorías de la elección pública y la
economía organizacional, sin embargo, ellos aceptan para todos los
intentos y propósitos, los principios conductuales. Por lo tanto, a
nivel de gobernabilidad democrática los emprendedores públicos
representan una seria amenaza a la democracia.
Los principios de la elección racional
(rational choice) en que se fundamenta la teoría de la elección pública
(públic choice) de la "Nueva Gerencia Pública" (NGP), están creando
problemas de legitimación de las instituciones democráticas cuando no
son asimilados por grupos minoritarios que no comparten normas como el
individualismo y la maximización de utilidades. Cuando esto sucede, las
agencias públicas son criticadas como irresponsables e injustas. Sin
embargo, la NGP usa las fuerzas del mercado para mantener la
responsabilidad de las agencias públicas y la satisfacción de las
preferencias como las medidas de esa responsabilidad (Kaboolian, 1998:
189), aunque es criticable que tan robustas son las condiciones de libre
competencia y disponibilidad de información.
Algunas de las principales "implicaciones"
de la "Nueva Gerencia Pública" en el sistema de bienestar social son
analizadas por Miller y Ahmad (1997: 271 - 72), quienes determinan como
importantes la noción de la modificación de la responsabilidad del
Estado en la provisión de beneficios sociales transferida a la
responsabilidad del individuo y de la comunidad, la erosión de los
gobiernos locales en la administración de la política social y el
marcado énfasis en la elección racional del consumidor.
Respecto a la transferencia de la
responsabilidad de proveer los beneficios sociales del Estado al
mercado, bajo el principio de que importantes áreas de la vida social,
materia de responsabilidad social vía la provisión colectiva, debe ser
reemplazadas por la noción de la responsabilidad individual o
comunitaria, bajo la ética de la auto ayuda y el ataque a una aparente
cultura de dependencia. Esta transferencia de responsabilidad en el
suministro de beneficios y servicios de la seguridad de los individuos,
está logrando que las cargas pesada que soportaban las agencias de
seguridad social estatal, se transfieran a través de la privatización,
contratación y des regulación, a los sectores privado, comunitario, y de
beneficencia social, organizaciones no lucrativas e informales. Uno de
los principales argumentos esgrimidos por los gobiernos es que las
agencias del sector público son menos "eficientes" y más "corruptas" que
las instituciones del sector privado. La creencia de que el Estado puede
ser un proveedor efectivo y eficiente ha sido severamente dañada por la
mercadotecnia de la beneficencia y la competencia interna del
mercado.
Bajo la retórica de la descentralización de
la administración de la política social que erosiona el poder de los
gobiernos locales, éstos están perdiendo su función de ser los
proveedores en la entrega de beneficios y servicios sociales,
transformándose en "meros" "posibilitadores". Finalmente, en el análisis
de Miller y Ahmad (1997: 271 - 72), en términos de la entrega de los
servicios y beneficios se está dando un gran énfasis a la "elección
racional" del consumidor, derivada de un mercado altamente competitivo.
Este enfoque es favorecido por el desarrollo de las teorías de "elección
social" y de "elección racional", que constituyen la base de la "Nueva
Economía Política" ya señalados anteriormente.
La "nueva política
social" de la "Sociedad Activa".
Las teorías de "Nueva Economía Política"
constituyen el sustento teórico - ideológico de la llamada "Nueva
Política Social". Desde 1979, los gobiernos conservadores han disminuido
las funciones del Estado para eliminar las desigualdades sociales,
apoyando al mercado como la institución reguladora que garantiza la
seguridad social, bajo la consigna de la filosofía de que "lo privado es
lo mejor". La privatización de los medios y satisfactores sociales ha
modificado la vida social dando una mayor importancia a la posesión de
bienes de consumo. Hasta cierto punto, el consumismo está desplazando a
la "ciudadanía social" como un concepto integrado a la política social,
es necesario determinar su contexto en el ámbito socioeconómico en la
esfera pública.
Estos grandes cambios en la sociedad y la
economía han afectado el bienestar de los individuos y han generado
nuevas formas de desigualdad como la falta de movilidad, inaccesibilidad
y exclusión (Cahill, 1994). Quienes por ejemplo, no tienen acceso a la
tecnología y a los bienes, se encuentran en desventaja para participar
en el desarrollo y no tienen las mismas oportunidades que aquellos que
si cuentan con acceso. Este problema de inaccesibilidad demuestra
claramente las deficiencias que tiene le mercado para eliminar las
desigualdades de la vida social. Los individuos de una sociedad que
sufren los efectos recurrir de alguna forma o de otra, al Estado. Las
imperfecciones del mercado pueden ser solventadas por el Estado, como en
el caso de la promoción de accesibilidad, el cual constituye un problema
diferente para cada una de las regiones en donde el sector privado no
tiene inclinación ni la habilidad para resolver este
problema.
El papel del Estado en "la nueva política
social", en el mejor de los casos, es la regulación, inspección y
provisión de las deficiencias de las actividades del sector privado. De
acuerdo con Cahill (1994), esto puede significar en algunas áreas de las
políticas, otorgar mayor poder a las autoridades locales para controlar
desarrollos que no aprueban o para subsidiar servicios estatales. El
Estado tiene ahora la tarea de ejercer un mayor control sobre los
intereses competitivos y en muchos de los casos dispersos de las
diferentes agencias encargadas de proveer los servicios, creadas
mediante procesos de privatización, des regulación, contratación,
etc.
Hay que reconocer que la vida social no es
algo que fácilmente puede ser alterada por las acciones del Estado
(Cahill, 1994). Sin embargo, la forma en que las desigualdades afectan
las vidas de muchas personas a través de las consideraciones a las
diferentes áreas de las políticas que no son pensadas convencionalmente
como políticas sociales, debe mostrarnos que las partes componentes de
la vida social están directamente relacionadas con el bienestar de los
individuos y las familias.
Los efectos de la aplicación de las teorías
que sustentan la "Nueva Economía Política" y la "Nueva Política Social"
están demostrando el crecimiento incontrolable de las desigualdades
económicas y sociales. En su aplicación cotidiana para la formulación e
implementación de la política económica y social, están probando su
incapacidad para cumplir sus promesas de crecimiento económico y
prosperidad para la mayor parte de los individuos de la sociedad, a los
que el Estado también a descuidado, abandonándolos por considerarlos
como los "perdedores de los procesos de modernización" (Hirsch, 1997:
45,46). La división social se profundiza cada vez más entre los grupos e
individuos que están estratégicamente integrados al desarrollo económico
mundial y aquellos sectores que están marginados de la sociedad
nacional. Las desigualdades regionales dentro de unas mismas fronteras
nacionales, son también cada vez más pronunciadas.
Como una respuesta a toda la problemática
planteada por las deficiencias de los nuevos diseños de la política
social en el estado neoliberal para subsistir el concepto de "Sociedad
de Bienestar"" la OECD (1992) promueve el concepto de la "Sociedad
Activa", como "un concepto que asocia los buenos resultados del
crecimiento del trabajo y el bienestar económico y social con una amplia
participación en la sociedad y desarrollo de la cultura empresarial". La
estructura de los argumentos del concepto de la "Sociedad Activa" se
fundamenta en un axioma neoliberal: la confianza básica de la noción de
la "sociedad Activa" es la promoción de la oportunidad económica y de
actividad para cada uno a fin de combatir la pobreza, dependencia y la
exclusión social" (OECD, 1990a:xi). La mejor manera para los gobiernos y
otras agencias para resolver los problemas sociales es a través de la
promoción de actividades mediante el empleo pagado en el mercado
(Walters, 1997).
Así, la responsabilidad del bienestar de la
"ciudadanía social" ha transitado del Estado al Mercado. Ahora el
sistema de bienestar es visualizado por Walters (1997:224) como una "red
de seguridad social", como un mecanismo de respaldo de una sociedad
orientada por el mercado. Bajo esta perspectiva, la política social
tiene que dar cuentas a la economía. La política social bajo la
"Sociedad Activa" es evaluada mediante "análisis del mercado laboral" en
términos de sus contribuciones al mismo mercado laboral, dando prioridad
al empleo pagado como una aspiración legítima de los individuos en la
sociedad y procurando hacer trabajadores a todos, bajo la concepción de
una "política activa del mercado laboral", la cual está más inclinada a
tratar al individuo como un actor económico racional.
Bajo esta concepción, el significado de
empleo se transforma ante las más intensivas formas de competencia en el
mercado laboral, mientras que el desempleo genera exclusiones sociales.
La política activa del mercado laboral busca modificar conductas y
gobernar en términos de incentivos, lo cual es proveído por la cada vez
más importante función de la política social y fiscal. El objetivo de
estas medidas, de cuerdo con un documento de la OECD (1994: 16), es el
ordenamiento de las prioridades de la política de la única posibilidad
de transferencias de ingresos a un mayor énfasis en medidas pro-activas
que son más adecuadas para mover a los individuos al empleo". Los
desempleados necesitan ser ayudados, por ejemplo, mediante programas de
capacitación y adiestramiento), para tener acceso al mercado laboral y
poder competir con aquellos otros que buscan también su integración,
bajo la idea de que el empleo pagado es preferible a la prestación de
beneficios y servicios sociales. La nueva disciplina del análisis del
mercado laboral y las prácticas de la política activa del mercado
laboral apuntan hacia la "desocialización" de problemas como el empleo y
la pobreza. (Walters, 1997: 228).
Para la CEC (Comisión de las Comunidades
Europeas, 1994: 47), la política de la "Sociedad Activa" es un
movimiento de las medidas pasivas de mantenimiento de ingreso hacia
medidas activas del mercado laboral diseñadas para asegurar la
integración económica y social de todas las personas. Esto significa dar
la más alta prioridad al empleo, asegurando nuevas conexiones entre el
empleo y las políticas sociales por medio del desarrollo de una "red de
seguridad" como trampolín, y del reconocimiento de que aquellos que no
están en el mercado laboral también tienen un papel útil que desempeñar
en la sociedad.
El diseño de la política social bajo el
enfoque de la "Sociedad Activa" interpretados como reestructuración
económica y social están provocando acalorados debates en la economía
política. Algunas áreas problemáticas del "análisis de los mercados
laborales" que preocupan son la interacción del mercado laboral con los
mecanismos de seguridad, las regulaciones sociales, los regímenes de
impuestos, etc. El Estado encuentra en este diseño de la política social
una manera de eliminar cuantiosos presupuestos de gasto social. Walters
(1997) considera que el problema de los análisis de los mercados
laborales, fuerzas de trabajo y políticas públicas, además de la
apreciación de las complejidades dialécticas del capital, éstos análisis
tienden a señalar el "capital" (mercado) y el "Estado", como los agentes
e instigadores de la reestructuración: sus malignas intensiones son
entonces experimentados en términos puramente negativos, por individuos,
grupos y poblaciones desafortunados, quienes se manifiestan como las
"víctimas" de tales reestructuraciones.
Los responsables de la aplicación de la
política social en algunos países latinoamericanos, como en el caso de
México, reconocen ya que "el mercado por sí solo, no genera igualdad de
oportunidades ni equidad ni equilibrio regional" y que "las políticas
macroeconómicas no son suficientes para aliviar la pobreza extrema de 40
millones de mexicanos" (Fernández Méndez, 1998). Por lo tanto, ya están
conscientes del "amplísimo espectro que se abre a partir de la política
social" mediante la aplicación de los equilibrios sociales
imprescindibles al modelo económico que denominan como "neoliberal", a
través de un programa integral de desarrollo social, a fin de obtener
una mayor eficiencia y justicia social. Desafortunadamente, sigue
faltando el programa integral de desarrollo social, a pesar de que se
"gaste en este rubro 58 por ciento del PIB".
Conclusiones
En este trabajo se demuestra la estrecha
relación que existe entre los postulados de las diferentes teorías que
sirven de fundamento a los movimientos ideológicos - teóricos de "La
Nueva Economía Política", la "Nueva Gerencia Pública" y la "Nueva
Política Social". El análisis de las teorías de la opción o elección
racional (rational choice) y de la economía organizacional, que a su vez
se afirma en la teoría de la agencia y en los desarrollos teóricos
denominados como economías de costos - transacción, nos permite
determinar las contribuciones que éstas efectúan para reforzar y
justificar las prácticas económicas, administrativo - políticas (public
choice) y sociales (social choice) en la "reinvención de gobierno" del
Estado - nación.
El corazón de esta discusión se centra en
los ajustes que se efectúan a la política social para adaptarse a un
modelo de mercado en un ambiente de cambio rápido y de creciente
importancia de competitividad globalizadora. Las fuerzas de una economía
inmersa en la competencia global (Nueva Economía Política - Estado
nacional competitivo), determinan las decisiones de los gobiernos y
agencias públicas (Nueva Gerencia Pública) a preferir el empleo más que
la igualdad social (Nueva Política Social - Sociedad Activa).
Bajo la aplicación del diseño y
administración de la política social en un modelo de mercado, la
responsabilidad de la provisión de los beneficios y servicios sociales
de bienestar a los individuos de la sociedad, es transferida de las
agencias del Estado como responsabilidad adjunta a las instituciones de
la economía, el individuo y la sociedad, que operan a través de
organizaciones y agencias del sector privado y de la sociedad civil. La
sociedad civil es entonces la encargada de operacionalizar la economía y
no el Estado. La economía emerge de la sociedad a través de la sociedad
civil.
Por lo tanto, la función del Estado se
reduce a satisfacer los requerimientos del mercado. Sin embargo, esta
delimitación de responsabilidades no está exenta de conflictos y de
contradicciones entre las funciones y los intereses de la economía, la
sociedad y el Estado - nación. Así, en muchos de los casos y situaciones
específicas, la política social queda entrampada en un dilema creada por
los imperativos contradictorios entre los actores, la cual se deriva en
problemas de legitimidad y gobernabilidad para las democracias
liberales. La posible solución a los conflictos generados por las
diferentes preferencias de los actores, puede encontrarse en el diseño
de un Estado liberal - democrático capaz de regular la evaluación de la
prioridad y la implementación de las preferencias.
La política social deja de ser vista como
la función esencial de un sistema de bienestar operado por el Estado -
nación, para ser considerada como la más grande de las "industrias" de
la economía globalizadora, capaz de ofrecer competitivamente los
servicios de salud, educación, seguridad social, etc., a individuos
considerados como "clientes" más que ciudadanos. Así, la administración
estatal del bienestar social opera como una respuesta y como un
determinante de las fuerzas del mercado laboral, el motor principal
generador del bienestar de cualquier sociedad. Sin embargo, el mercado
laboral puede generar empleo a un precio de salarios cada vez más bajos
y la creación de un ejército de trabajadores pobres. De la decisión
entre empleo e igualdad social, el mercado laboral prefiere el empleo
con la consecuente desigualdad social, para asegurar su propia
reproducción.
Referencias
Arrow, K.J. (1950). "A difficulty in the
concept of Social Welfare", Journal of Political Economy, 58, pp. 328 -
346. Bienefeld, Manfred (1994), "Capitalism and the Nation State in
the dog days of the Twenthieth Century", in Ralph Miliband and Leo
Panitch (eds.) Social Register, London. Borins, Sanford. (1995).
"The new public management is here to stay", Canadian Public
Administration, vol. 38, no. 1, Spring 1995, pp. 122-32. Cahill,
Michael. (1994). The new social policy", Blackwell. Charid, Mohamed
and Rouillard Lucie. (1997). "The new public management", in Mohamed
Charih and Arthur Danields (eds.), New public management and public
administration in Canada. The Institute of Public Administration of
Canada. CEC (Commission of the European Communities) (1994).
European social policy. A way Forward for the Union (White Paper),
Luxembourg: Office for Official Publications of the EC. Clarke, J.,
and Langan, M. (1993). "Restructuring welfare: the British Welfare
regime in the 1980s", in Cochrane, A. And Clarke, J. (eds.) Comparing
welfare states, London: OUP/Sage. Fernández Méndez, Jorge. (1998),
"Razones. Moctezuma y los debates implícitos", El Financiero, Sábado 18
de julio, p.29. Forma, Pauli (1997). "The rational legitimacy of the
welfare state: popular support for ten income transfer schemes in
Finland", Policy and Politics vol. 25 no.3. Hegel, G.W.F. (1823)
Einleitung in die Geschichte der Philosophie, trans. T.M. Knox and A.W.
Millar (1985) as Introduction to the lectures in the history of
philosophy (Oxford, Claredon Press). Hirsch, Joachim (1997).
"Globalization of capital, nation-states and democracy. Studies in
Political Economy, 54, Fall 1997, pp. 39 - 58. Hirsch, Joachim
(1986). Der sicherheitsstaat, 2nd. Ed. Farnkfurt / Main.
Kaboolian, Linda (1998). "The New Public Management: Challengin the
boundaries of The management vr. Administration debate. Public
Administration Review, May / June 1998, vol. 58, no. 3, p:189-
Langan, M. And Ostner, I. (1991). "Gender and welfare" in Room, G.
(ed) Towards a European welfare state?, Bristol: School for Advanced
Urban Studies, SAUS, Publications. Marshall, T.H. (1992).
Citizenship and social class (published with an essay by Tom Bottomore),
London: Pluto Press. Miller, Chris and Ahmad, Yusuf. (1997).
"Community development at the crossroads: a way forward", Policy and
Politics, vol. 25, no. 3. OECD (1994). New orientations for social
policy, París: OECD. OECD (1992). Employment Outlook 1992, París:
OECD. OECD (1990ª) Employment Outlook 1990, París: OECD. Osborne
and Gaebler (1992). Reinventing government Pateman, C. (1989). "The
patriarchal welfare state" in her Disorder of Women, Cambridge: Polity.
Porter, Michael E. (1990). The competitive advantage of nations,
London / Basingstoke. Titmuss, R. (1974) in Social Policy, Abel -
Smith, B. And Titmuss, K. (eds.) London: Allen and Unwin. Savoie,
Donald (1995). "What is wrong with the new public management?", Canadian
Public Administration vol. 38, no. 1, Spring 1995, pp. 112-21.
Terry, Larry D. (1998) "Administrative leadership, Neo -
managerialism, and public Management movement", Public Administrative
Review, May/June 1998, vol. 58, No. 3, 194- Unidad de Análisis
Político y Prospectivo (1998), "La crisis de las ideologías", El
Financiero, 19 de Julio, p. 49. Walters, William (1997). "The Active
Society": new designs for social policy", Policy and Politics, vol. 25,
no. 3, pp. 221-234. Williams, Michael y Reuten, Geert. (1997)."The
contradictory imperatives of welfare and economic policy in the mixed
economy. Review of Political Economy, volume 9, number 4,
411-431.
© Copyright 1998 Universidad Francisco
Gavidia |