LA PRIMERA SEMANA DEL PRESIDENTE ELECTO
Shock de confianza

Cuando el gobernador de La Rioja Carlos Menem se pase� con el flamante presidente Raul Alfons�n por los jardines de Olivos, voces de su partido Justicialista lo acusaron de traici�n, igual que cuando apoy� el acuerdo con Chile por el Beagle. Incluso llegaron a golpearlo durante un congreso partidario. Las costumbres pol�ticas locales son m�s saludables, ahora que Menem es casi tan ex presidente como Alfons�n y sus respectivos partidos no saben bien qu� hacer con ellos. El tercer presidente postdictatorial consecutivo ha sido electo en comicios libres y los l�deres del partido derrotado compiten por el acercamiento a su futuro gobierno. Nadie critica a Eduardo Duhalde por haber prometido todo el apoyo necesario a Fernando De la R�a, apenas si Menem lamenta no haber sido el preferido, pese a los mensajes que envi� ofreci�ndose como el primer interlocutor del poder entrante. El amistoso encuentro de los dos candidatos sugiere que desde el punto de vista de las relaciones pol�ticas, las cosas ser�n menos complicadas para De la R�a de lo que podr�a sugerir la relaci�n de fuerza en cuerpos ejecutivos y legislativos.Es cierto que la mayor�a de las provincias, y entre ellas las m�s importantes, tendr�n un color pol�tico distinto al del gobierno nacional. Pero es probable que esta diferencia crom�tica sea m�s preocupante para los gobernadores que para el presidente, en un sistema que pese al federalismo declarado en la Constituci�n hist�rica y a la atenuaci�n del presidencialismo proclamada por la reforma reciente, sigue girando en forma absorbente en torno de quien el art�culo 99 a�n denomina como “jefe supremo de la Naci�n, jefe del gobierno y responsable pol�tico de la administraci�n general del pa�s”. El resultado de los comicios de la semana pasada obliga a las principales fuerzas a buscar formas de cooperaci�n y no de confrontaci�n. En ning�n lado esa necesidad es m�s n�tida que en la provincia de Buenos Aires, donde se cierne sobre el gobernador justicialista la pinza formada por un presidente y una legislatura de la Alianza y con las intendencias provinciales repartidas por mitades. Por eso hay quienes sospechan que el flirteo de Carlos Ruckauf con Aldo Rico no es m�s que una maniobra de distracci�n, para que cualquier decisi�n distinta sea recibida como un mal menor e interpretada como un gesto hacia la Alianza, que reaccion� como era de esperar ante el provocativo anuncio. Tambi�n el nombramiento de responsables de �reas para negociar la transici�n con el gobierno saliente ser�a “una cortina de humo para descomprimir la ansiedad de la prensa y de las propias filas, mientras va conformando su verdadero gabinete”, seg�n colaboradores del presidente electo. La organizaci�n de su nuevo gobierno, las cuestiones econ�micas, sociales, de combate a la corrupci�n y de estilo de gesti�n con las que espera provocar un shock de confianza en cuanto asuma la presidencia, ocupan por ahora los d�as del nuevo presidente.

Terreno minado

Aunque la cuesti�n de la Justicia es menos notoria tiene un valor estrat�gico indudable, y el menemismo dej� all� un terreno minado. Mientras De la R�a insiste en que el respeto por la institucionalidad ser� su �nica norma, uno de sus expertos describe la combinaci�n de estrategias que piensan usar con la Corte Suprema. “En los casos m�s escandalosos, de jueces que almuerzan todos los d�as con Dom Perignon o contratan cruceros enteros al Caribe, desde el Estado reuniremos elementos contundentes para promoverles juicios pol�ticos. Tambi�n tenderemos puentes de plata para el retiro decoroso de otros. Y un tercer grupo ya abri� l�neas de negociaci�n con el nuevo gobierno”. En definitiva, basta con reemplazar a uno de los nueve para que se altere la regla de la mayor�a autom�tica. No parece una tarea de H�rcules, sobre todo dadas las caracter�sticas del personal involucrado, donde no hay santos ni militantes. Ya hay un planteo denulidad de la designaci�n de Adolfo V�zquez, presentado por el abogado Carlos Garber porque no se cumpli� el plazo de siete d�as que debi� esperar el Senado antes de confirmarlo.La situaci�n no parece tan clara en el decisivo fuero federal de la Capital. En 1989 hab�a seis jueces y seis fiscales federales de primera instancia y seis camaristas de apelaciones. El n�mero de juzgados se duplic�, los seis jueces preexistentes renunciaron, fueron ascendidos o trasladados en forma horizontal a otros fueros, y Menem nombr� a los doce titulares. El n�mero de fiscal�as tambi�n se duplic� y adem�s se designaron un titular y un adjunto por fiscal�a, es decir 24 en lugar de los seis anteriores. La C�mara Federal tiene cinco miembros, s�lo uno de los cuales no fue designado all� por el gobierno saliente. Adem�s se cre� una nueva C�mara Nacional de Casaci�n Penal, de 13 jueces y con cuatro fiscales. Es decir que Menem design� al 99 por ciento de los miembros del fuero en el que se procesan las responsabilidades penales de funcionarios del gobierno nacional en casos de corrupci�n, si bien la mayor�a de los camaristas ya ocupaban cargos judiciales en otros fueros o instancias.

La doctrina Del Castillo

“Confiamos en la posibilidad de trasladar a otros fueros a varios de los jueces federales de la Capital, con el consentimiento de los interesados y del Consejo de la Magistratura”, aduce un asesor personal del presidente electo. Es lo que hizo Menem con el entonces juez federal Miguel Del Castillo, quien acept� el pase al fuero ordinario, cuando a�n no exist�a el Consejo de la Magistratura. En febrero de este a�o, Menem dispuso trasladar del Tribunal Oral de Ushuauaia al de San Mart�n a la camarista Marta Isabel Milloc. Pero el Consejo de la Magistratura invoc� una cl�usula de su reglamento, inst� al Poder Ejecutivo a abstenerse y llam� a concurso para cubrir el cargo. La votaci�n del plenario fue un�nime, salvo por el voto del representante del Poder Ejecutivo, Julio Comadira. Es cierto que a partir de diciembre la composici�n del Consejo se modificar� de modo favorable al nuevo presidente. La Alianza pasar� a tener dos de los tres representantes de la C�mara de Diputados, y el justicialismo s�lo uno, y adem�s ser� reemplazado el representante del gobierno nacional. Tampoco es imposible que el pr�ximo presidente de la Corte Suprema y al mismo tiempo del Consejo sea m�s af�n con el nuevo gobierno. Pero aun as� ser�a necesaria una improbable reforma del reglamento para que los traslados horizontales fueran practicables.Uno de los candidatos a ocupar funciones en el �rea de Justicia del nuevo gobierno, el constitucionalista Rafael Bielsa se inclina por una soluci�n distinta. En un art�culo sobre el prometido combate contra la corrupci�n, firmado durante el �ltimo mes de la campa�a electoral para una publicaci�n del Frepaso, Bielsa se pregunta si “pueden quienes son objeto de sospecha juzgar a los sospechosos”. Su respuesta es afirmativa, aunque es dif�cil que sus razonamientos halaguen a los magistrados concernidos. “La Alemania posterior al nazismo”, dice, “mantuvo en sus cargos a numerosos jueces que hab�an colaborado con mayor o menor latitud con el r�gimen aniquilado. Y esos mismos jueces juzgaron y condenaron, con distinta y variable severidad, a personas que hab�an cometido cr�menes que ellos mismos hubieran cometido”. Esos “jueces desprestigiados” pueden juzgar los casos de corrupci�n del gobierno saliente s�lo si media “el conocimiento de su proceder por parte de la prensa y de la opini�n p�blica” ya que “la funci�n judicial s�lo por excepci�n es secreta”. S�lo as� ser� posible que el Poder Judicial “recupere su rol social y si no lo hace se someta a las consecuencias”. El propio Bielsa destaca la importancia del complementario rol del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuciamiento para la selecci�n y remoci�n de magistrados pero advierte que el proceso ser� lento. Un pa�s con tan “larga historia deapartamiento de lo establecido legalmente” sabe “que se tardan d�cadas para ir desde la barbarie a la civilizaci�n, pero s�lo un instante para regresar a la barbarie”.

Lento pero seguro

La lentitud de este proceso es mensurable: 62 d�as desde la convocatoria a concurso hasta el an�lisis de los antecedentes si no hay impugnaciones y 113 si las hay, m�s un lapso cuya extensi�n depende de la cantidad de inscriptos hasta la elevaci�n de la terna al gobierno. Si hay impugnaciones, ese lapso se duplica. El Consejo de la Magistratura debe cubrir 63 vacantes entre las distintas instancias en todo el pa�s. Ya est�n en marcha los procesos de selecci�n de tres jueces federales de primera instancia para Concepci�n del Uruguay, Comodoro Rivadavia y Ushuauaia, de dos camaristas para los Tribunales Orales Federales de Tierra del Fuego y de tres para el Tribunal Oral Federal de La Plata. Tambi�n se cerr� la inscripci�n para seleccionar un juez federal para Jun�n y otro para Santa F� y cuatro jueces comerciales para la Capital Federal. En noviembre se cerrar� la inscripci�n para elegir tres jueces de instrucci�n en lo criminal de la Capital, el juez federal que substituir� en Campana a Osvaldo Lorenzo y en diciembre para la elecci�n de seis jueces civiles de la Capital Federal y sendos vocales en la C�mara Nacional Electoral y la C�mara Federal de Tucum�n. Seg�n el reglamento del Consejo:El postulante debe presentar un certificado de reincidencia sin condenas penales. Si se ha desempe�ado en la Justicia, la Corte Suprema certificar� las sanciones que se le impusieron. El Consejo de la Magistratura solicitar� a la Facultad correspondiente la certificaci�n del t�tulo de abogado. No son recaudos comparables a los de Estados Unidos, donde se asigna un abogado por cada candidato para que estudie a fondo sus antecedentes, lo cual incluye un informe del FBI y otro de la American Bar Association (equivalente de la Federaci�n de Colegios de Abogados), pero hubieran bastado para que quedaran en el camino varios de los designados por Menem, entre los que hubo hasta presuntos abogados sin t�tulo. Para cada cargo se forma un jurado que integran un acad�mico, un juez y un abogado; estos son sorteados entre las listas sometidas al Consejo por las universidades, la Asociaci�n de Magistrados y los colegios de abogados. Los nombres de los jurados se publican junto con la convocatoria, de modo que los candidatos puedan impugnarlos. Si las impugnaciones se refieren a cuestiones b�sicas, como la falta de t�tulo o de antig�edad, se resuelven de inmediato. De lo contrario se elevan al plenario del Consejo una vez concluido el concurso. En la breve historia del Consejo ya hubo dos impugnaciones: una de un postulante y otra del Centro de Estudios Legales y Sociales.Los antecedentes presentados por cada postulante se califican en una escala de 0 a 100 puntos. Quienes obtuvieron un puntaje superior a 50 pasan a la etapa siguiente, la prueba de oposici�n.El d�a anterior a la prueba los jurados presentan tres sobres, que se lacran y firman. Se sortea uno, se abre y se entrega su contenido a los postulantes: uno o dos casos, reales o ficticios, a resolver en un lapso de 8 horas. Cada postulante recibe una clave num�rica que lo identifica ante los jurados. La Comisi�n de Selecci�n de Magistrados cita a los 15 postulantes que obtuvieron mejores puntajes a una audiencia p�blica, sobre sus condiciones morales, su conocimiento de la Constituci�n Nacional, su valoraci�n del estado de derecho y de los derechos humanos. La Comisi�n puede decidir que los cinco primeros calificados pasen por un examen psicol�gico. El plenario del Consejo convoca a una nueva audiencia p�blica en la que interroga a los mejor calificados, y eleva una terna al Poder Ejecutivo,que elige a uno de sus integrantes y lo propone al Senado para que le de acuerdo.Por cierto es mucho m�s expeditivo el m�todo anterior, por el cual el gobierno saliente design� nada menos que seis de los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia en un d�a: el 18 de abril de 1990 Menem envi� los pliegos de los nuevos miembros de la Corte, que el Senado aprob� el 19 en una sesi�n secreta de apenas siete minutos, a la que no asistieron los legisladores de la oposici�n. Tal vez el nuevo m�todo extienda el periodo de selecci�n pero suprima el de lamentaciones.

El general que venci� a Freud

Por HV

El responsable de uno de los peores atropellos contra la libertad de expresi�n de la historia argentina es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Se trata del general del Ej�rcito Jos� Te�filo Goyret, quien fue interventor en el diario “La Opini�n” una vez que la dictadura militar secuestr� a su director-propietario, Jacobo Timerman, lo tortur� y se incaut� de sus bienes, en 1977. Uno de los cargos que Goyret le formul� entonces fue la defensa del psicoan�lisis. El caso fue hecho p�blico por el hijo de Timerman, H�ctor, luego de mantener una infructuosa entrevista con el decano de la Facultad, Andr�s D’Alessio, uno de los camaristas que condenaron por asesinatos, secuestros y torturas al jefe de Goyret en aquel entonces, el ex dictador Jorge Videla. Timerman (h) consider� contradictoria la designaci�n del militar con las ense�anzas sobre derechos humanos que reciben los alumnos de la Facultad. D’Alessio dijo a este diario que no tomar�a ninguna medida en contra de Goyret y que no era partidario de la cacer�a de brujas. Agreg� que Goyret dictaba la materia “Estrategia” en la Maestr�a de Relaciones Internacionales, donde no cursan alumnos sino graduados. A�adi� que fue elegido por un comit� de profesores de la Maestr�a y que es traductor de especialistas en estrategia como Beaufre y Clausewitz. Beaufre es un general franc�s cuya obra fue invocada por la dictadura militar para justificar la guerra sucia como parte de una supuesta tercera guerra mundial contra el comunismo que, debido al equilibrio nuclear, se libraba por medios indirectos y en escenarios distantes de Estados Unidos y la URSS. Clausewitz es el te�rico prusiano cuya obra maestra “Sobre la guerra” fue tergiversada de modo de fundamentar la aplicaci�n de una violencia absoluta, sin l�mites morales, sobre oponentes previamente reducidos a cautiverio. El decano concluy� que le encantar�a contar con Jacobo Timerman como profesor de opini�n p�blica, por m�s que protestaran los partidarios del ex presidente Arturo Illia. Esto implica comparar las notas adversas al gobierno de Illia que Timerman public� como periodista, con la supresi�n de la libertad de informar por la dictadura militar. Timerman ejerci� su derecho a expresar incluso opiniones repugnantes, seg�n la terminolog�a de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Goyret se vali� de la violencia del Estado terrorista para suprimir toda opini�n. Adem�s administr� bienes confiscados, sin intervenci�n judicial ni compensaci�n, a una persona que hab�a sido privada en forma ilegal de su libertad y sometida a tormentos. Tambi�n Human Rights Watch, la organizaci�n de derechos humanos privada y apartidaria m�s importante del mundo, impugn� la designaci�n de Goyret. El director ejecutivo de su divisi�n Am�rica, el jurista chileno Jos� Miguel Vivanco, recuerda la intervenci�n militar de “La Opini�n” y el “papel de censor oficial” que Goyret “cumpli� con el celo propio de quienes detentaron el poder absoluto en aquella �poca en la Argentina”. La carta de Vivanco reconoce el compromiso con los derechos humanos de D’Alessio, a quien respetuosamente le solicita “que personalmente examine el caso, con el prop�sito de reconsiderar la participaci�n en el cuerpo docente de la facultad que usted dirige, de este profesor que ciertamente no est� calificado para formar parte del plantel acad�mico de uno de los centros de estudios m�s prestigiosos de la regi�n”.Reci�n despu�s de su entrevista con D’Alessio, en la que el decano defendi� la designaci�n de Goyret, H�ctor Timerman hizo p�blica una declaraci�n en la que calific� al ex interventor en “La Opini�n” como “represor intelectual”. Record� que el 25 de mayo de 1977, cuando s�lo ten�a 24 a�os y su padre estaba secuestrado, el Ej�rcito lo cit� y lo oblig� “a reunirme con Goyret y a presenciar la asunci�n del general. Primero se me orden� escuchar de pie el acta de las autoridades militares ordenando la confiscaci�n de ‘La Opini�n’, y luego el serm�n del hoy profesor Goyret”, quien le inform� que la suya “era una misi�n militar encuadrada en la lucha antisubversiva”. Al fundamentar el presunto apoyo de Timerman a la guerrilla, Goyret “asegur� que ‘La Opini�n’ hac�a la apolog�a del psicoan�lisis. Ante tama�a afirmaci�n, con gran alivio de mi parte, le dije que coincid�a con su apreciaci�n. Mi padre apoyaba el psicoan�lisis. El general, satisfecho por su triunfo intelectual, dio por terminado el acto y finalmente pude irme”.“�C�mo se les explica a los alumnos de la Facultad los acuerdos internacionales sobre el derecho a la libertad de expresi�n, la convenci�n contra la tortura y la desaparici�n de personas, teniendo en su claustro a quien estuvo encargado de ejecutar una acci�n de represi�n a la libertad de expresi�n”, pregunta H�ctor Timerman. Tambi�n cita el libro de Sim�n Wiesenthal “Los asesinos est�n entre nosotros”, que muestra “la necesidad de denunciar, no importa el tiempo transcurrido, a quienes teniendo un pasado siniestro logran insertarse clandestinamente en sociedades democr�ticas. Un represor intelectual no puede, a mi entender, educar en una sociedad democr�tica sin que al menos sus alumnos sepan de qui�n se trata. Ellos tienen el derecho a saber. Ser�a un buen desaf�o democr�tico ver la mejor forma de resolver esta situaci�n sin vulnerar los derechos de nadie, incluidos los del profesor Goyret. Se me ocurre una alternativa: invitar a un debate abierto organizado por la misma Universidad, con la participaci�n de expertos en diversas disciplinas, sobre c�mo lograr la inserci�n de represores que actuaron bajo la dictadura militar en una sociedad democr�tica.”En una carta de respuesta a Human Rights Watch, D’Alessio sostiene que tiene “horror por cualquier cosa que pueda oler a intolerancia sobre la base de datos escasos”. Los que �l consigna no parecen modificar en nada la situaci�n. El desempe�o de Goyret como administrador del diario, dice, tuvo lugar “un lapso significativo despu�s del secuestro del propietario y la apropiaci�n por el Estado de esa empresa”, pero no explica qu� diferencia habr�a entre uno o cuarenta d�as, siempre despu�s del secuestro y la confiscaci�n. “No creo que estas circunstancias pudieran surtir una inhabilidad para designarlo, en una materia en la que se cuenta entre los pocos especialistas reconocidos que la Argentina tiene, profesor de un curso destinado al perfeccionamiento de profesionales graduados”, agrega, sugiriendo que la alegada solvencia t�cnica releva del an�lisis de la idoneidad moral del profesor. Seg�n D’Alessio, H�ctor Timerman “no afirm� esa descalificaci�n del modo categ�rico” en que Vivanco lo hizo. Antes deprometer que someter� al Consejo Directivo la impugnaci�n de Human Rights Watch, el decano dice que “con la misma firmeza con que particip� del �nico tribunal que logr� establecer la verdad de los hechos de aquel periodo repudiable y dict� sobre esa determinaci�n una condena judicial, defiendo la necesidad de que la Universidad acoja en su seno a todos los que puedan contribuir a su misi�n sin consideraci�n a su ideolog�a, ya sea la que pueda atribuirse a este militar o la de otros que puedan haber integrado sectores de pensamiento diverso”. De este modo, el decano reduce los grav�simos hechos protagonizados por Goyret a una cuesti�n ideol�gica y equipara la participaci�n en delitos contra la libertad y la propiedad con las ideas que pudieran profesar “sectores de pensamiento”. Como si escribir libros fuera lo mismo que quemarlos.