Por Horacio Verbitsky
La consagraci�n que realiz� Carlos Ruckauf de la provincia de Buenos
Aires a una Virgen; el nombramiento en el ministerio de Justicia del ex juez Jorge
Casanovas (quien como fiscal de Lomas de Zamora fundament� con una cita de la
Suma Teol�gica de Santo Tom�s de Aquino su solicitud de aplicaci�n de la pena
de muerte a un secuestrador y homicida); las citas religiosas del Eclesiast�s
en el primer mensaje de Aldo Rico; las �ltimas designaciones en el ministerio
de Seguridad, confirman la alianza entre la ultraderecha peronista de raigambre
clerical y los ex militares alzados en armas para imponer condiciones a un gobierno
legal. Es el renacer del mito de la Naci�n Cat�lica, que fue la justificaci�n
subyacente de los golpes militares de 1930, 1943, 1966 y 1976. El nacionalcatolicismo
siempre necesita de la efusi�n de sangre, como fundament� el 23 de setiembre de
1975 el provicario castrense Victorio Bonam�n, dos semanas antes de que el entonces
ministro Ruckauf refrendara el decreto presidencial que orden� “aniquilar
el accionar de los elementos subversivos”. Pero el muy liberal y laico gobierno
nacional demostr� en Corrientes qu� relativas son algunas categorizaciones en
la Argentina. Mientras Ruckauf, Rico y Casanovas elevan su vista a las alturas,
otros hunden sus pies en el barro del garito, el prost�bulo y el comercio de sustancias
estupefacientes de venta prohibida. El poderoso senador Horacio Rom�n, se�alado
por funcionarios de las gestiones anteriores como emblem�tico del sistema de recaudaci�n
pol�tica que pervirti� a la polic�a y llev� a su disoluci�n, preside la comisi�n
bicameral legislativa encargada del seguimiento de la reforma policial. Rom�n
tiene en su poder una primera lista de 40 comisarios a reincorporar a las filas.
Entre ellos est�n los jefes del movimiento denominado “Los sin gorra”
y varios oficiales que fueron jefes de comisar�as de la ex Unidad Regional de
Lan�s a �rdenes del comisario mayor Mario “Chorizo” Rodr�guez, durante
la gesti�n del ex jefe de la mejor maldita polic�a del mundo, Pedro Klodczyk,
y que participaron en la masacre de Andreani. Su reincorporaci�n explicar�a la
conversi�n policial en una “milicia de hombres alegres” anunciada con
una cita teol�gica por el humorista involuntario Rico.
Sistema recaudatorio
El Operativo Retorno se anunci� durante la gesti�n de Osvaldo Lorenzo pero se frustr�
por dos imprevistos: el descubrimiento de que su secretario de Seguridad, H�ctor Lufrano,
aportaba su valor agregado como defensor a poderosas bandas de ladrones, y el asesinato a
mansalva de los rehenes de Ramallo. La coherencia de este proceso es indudable: Lorenzo
lleg� con aquel plan una vez que el entonces candidato Ruckauf forz� el alejamiento del
ex ministro Arslanian arguyendo que las restricciones al viejo sistema de recaudaci�n
eran intolerables para los intendentes justicialistas. Durante un seminario organizado en
la Facultad de Derecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diciembre
del a�o pasado, dos ex funcionarios de la intervenci�n que encabez� Luis Lugones, ambos
del Frepaso, dijeron que la reforma policial se detuvo a nivel de los municipios. Ignacio
V�lez refiri� que en un solo d�a se recibieron 74 llamados de jueces e intendentes que
ped�an que no se expulsara a determinados polic�as. Uno de ellos ten�a dieciocho causas
por homicidio en ri�a, que es el nombre judicial del gatillo f�cil, siete por apremios
ilegales y dos por comercio de narc�ticos. Marcelo Fabi�n Sa�n a�adi� que los
punteros del Partido Justicialista en el conurbano financian sus actividades pol�ticas
con el tr�fico de productos estupefacientes, en complicidad con la polic�a.
El secretario de seguridad de Arslanian, Alberto Beraldi, que estaba presente, no refut�
este tremendo punto. En di�logo con este diario,tampoco Arslanian lo neg�.
“Relevamos a jefes departamentales en zonas muy pesadas, como Mor�n y la
Matanza”, dijo Beraldi en el seminario. “Me tuve que bancar presiones de
intendentes, que las hubo cuando les tocamos su sistema recaudatorio “, agreg� luego
Arslanian. Mor�n es el territorio de Rom�n y la Matanza el de quien lo secunda en la
Comisi�n de Seguimiento de la Reestructuraci�n de la Polic�a Bonaerense, Andr�s
Bevilacqua.
Memorias de la Jotaperra
Completan la comisi�n bicameral los tambi�n justicialistas Juan Antonio Garivoto y Juan
Ernesto Estanciero y los aliancistas Eduardo Sigal y Alejandro Mosquera (Frepaso) y Daniel
Salvador (UCR). Al terminar su mandato dej� su lugar en la comisi�n el diputado radical
Eduardo Florio, quien coincid�a con las cr�ticas de Ruckauf a la divisi�n policial en
18 jefaturas y al C�digo de Procedimientos en lo penal, al que atribu�a haber provocado
una crisis de inseguridad. Lo mismo piensan los dos ex secretarios de Seguridad durante el
anterior gobierno radical bonaerense, Marcos Di Caprio y H�ctor Bertoncello, lo cual
facilita la tarea del nuevo gobierno y complica la de la Alianza, cuya mayor�a clara en
ambas c�maras de la Legislatura la habilitar�a a reclamar la presidencia de la
Comisi�n. Rom�n, Bevilacqua y Garivoto militaron en la Jotaperra de Jos� L�pez Rega.
En 1973, Bevilacqua era el segundo de Alberto Brito Lima en el grupo de choque
ultraderechista Comando de Organizaci�n que abri� fuego sobre los manifestantes que se
acercaban al palco de Ezeiza. Luego se convirti� en el hombre de confianza del ex
presidente de la C�mara de Diputados, Alberto Pierri. Tal vez esto explique que en la
lista de comisarios a reincorporar figuren desde ap�stoles del gatillo f�cil y
participantes en la denominada masacre de Andreani, de 1996, hasta los responsables del
espionaje ideol�gico en las escuelas primarias bonaerenses en 1994.
El Pacto
Hace diez a�os, cuando Rico no pensaba en otra cosa que maquillaje facial, Rom�n
cabalg� sobre el autoacuartelamiento policial para desestabilizar al ministro de Gobierno
de Antonio Cafiero, Luis Brunati, cuya pol�tica de reforma ya era resistida por los
uniformados. En tiempos m�s recientes se opuso a la intervenci�n de la organizaci�n
armada por un civil y estuvo entre quienes se confabularon para liquidar a Arslanian.
Ahora que esa pesadilla termin�, Rom�n ubic� a uno de sus colaboradores en la
comisi�n, Jos� Ermindo Mar�a, en la Secretar�a de Relaciones Institucionales del
Ministerio de Seguridad, donde cada d�a se desanda alg�n paso de la reforma y cada
funcionario civil padece el control de un uniformado. Para comprender los alineamientos de
estos d�as es preciso internarse en los laberintos del hoy difunto partido creado por
Rico, el Mod�n. Mar�a fue uno de los negociadores por el Mod�n del acuerdo que se
celebr� en 1994 para que Rico apoyara la cl�usula constitucional que habilit� la
candidatura de Duhalde para un nuevo mandato provincial y que preludi� el ingreso del ex
militar al PJ. En la Secretar�a de Relaciones con la Comunidad, Rico design� a otro de
los negociadores de aquel pacto, pero por el Partido Justicialista, Washington Cruz. Dos
amigos y colaboradores de Rico, el ex ministro de la dictadura Guillermo Fern�ndez Gill y
el mayor (R) Juan Enrique Guglialmelli dijeron que aquel pacto incluy� un pago millonario
de Duhalde a Rico. Fern�ndez Gill fue filmado con una c�mara oculta, su testimonio forma
parte de una causa que no instruye el juez federal Juan Jos� Galeano y fue difundido por
el periodista Andr�s Klipphan en el programa de televisi�n “D�a D”.
Guglialmelli, en cambio, concedi� un reportaje al mismo Klipphan para la revista XXII.
Dijo que el valor global del pacto, en el que afirm� haber participado, fue de 30
millones de d�lares, de los cuales 12 en efectivo y el resto en “cargos pol�ticos,
acuerdos y concesiones”.
Me olvid� la gorra
Seg�n el ex secretario de Seguridad Lufrano los casos a reconsiderar ser�an los de
“algunos polic�as que tuvieron que abandonar el servicio por olvidarse la gorra,
llegar tarde o por cuestiones administrativas”. Los antecedentes de varios de los
integrantes de la primera lista de reincorporaciones de Rico y Rom�n no parecen ajustarse
a esa descripci�n. Por ejemplo:
Adonajlo
Rimaulo, Rub�n Miguel. DNI 5.071.263, Legajo 11755. Fue puesto en disponibilidad
el 18 de febrero de 1998. Es investigado en la causa Andreani. El asalto al minibanco que
funcionaba en el local de la empresa Andreani en Avellaneda, hace tres a�os, que el
comisario Mario Rodr�guez describi� como el episodio m�s sangriento de la historia
policial argentina, en el que murieron nueve personas, entre ellos dos polic�as, fue
tambi�n una emboscada. Seg�n el testimonio judicial del sargento Domingo Schiliase, la
polic�a conoc�a por un confidente la preparaci�n del asalto, suministr� armas a los
ladrones y los esper� en el lugar para fusilarlos. El legajo de Adonajlo indica que
particip� a bordo de un auto Peugeot 504 patente B 2322618 junto con el oficial ayudante
H�ctor Villalba. Su nombre tambi�n apareci� cuando el juez federal Galeano tir� del
hilo de la explosi�n de la AMIA y se encontr� con otros delitos cometidos por efectivos
policiales. En un momento de irritaci�n por su prescindibilidad declar� que
“llegamos a esta situaci�n porque la polic�a se politiz� y se lleg� al extremo de
que los intendentes pon�an a los comisarios en las dependencias que eran cabecera de
partido”.
Abraham, Luis
Salvador. Tambi�n figura en la lista de investigados por Galeano que circul� en
el Congreso. Adem�s, los jueces de Lomas de Zamora Silvia Gonz�lez, Emilio Villamayor,
Hugo Van Schilt y Marcelo Soukop y el juez federal de La Plata Arnaldo Coraza se
interesaron por �l y por otros 32 comisarios cuando intentaban descubrir la red de apoyo
policial al ex comisario Juan Ribelli, detenido por el atentado a la AMIA. Seg�n la causa
judicial por enriquecimiento il�cito, es due�o de tres casas y cuatro autos. Vive en un
lujoso chalet edificado sobre un terreno de 1200 metros cuadrados, parque al frente y
arboleda al fondo, en el barrio residencial La Colorada, de Monte Grande. Valuaci�n:
300.000 pesos. Abraham fue uno de los comisarios prescindidos que dej� su gorra frente a
la jefatura en el primer acto de protesta contra la reestructuraci�n.
Segura,
Domingo Orlando. DNI 10.230.961. Su legajo, 11.502, incluye sucesivas
felicitaciones durante la dictadura militar por eliminar a dos asaltantes de colectivos, a
tres personas que llevaban bultos en actitud sospechosa y a un “sospechoso”. En
noviembre de 1982 fue condenado a un a�o de prisi�n con inhabilitaci�n absoluta y
reincorporado al a�o siguiente. Result� exento en dos sumarios que se le abrieron, en
1984, por atentado y abuso de armas, y en 1991 por apremios ilegales. Cuando era jefe de
la comisar�a 4� de San Francisco Solano fue imputado por extorsi�n y en 1997 fue puesto
en disponibilidad preventiva por exacciones ilegales. Como subjefe de la brigada de
investigaciones de Quilmes intervino en la escandalosa causa de la denominada “Aduana
Paralela”, un bluff pol�tico organizado desde el Poder Ejecutivo contra el ex
ministro Domingo Cavallo, que termin� con el sobreseimiento judicial de todos los
acusados. El interventor en la Aduana, Juan Carlos Tomasetti, se neg� a seguir recibiendo
la mercader�a secuestrada en los allanamientos porque el contenido de los camiones no
coincid�a con la descripci�n de los recibos y comerciantes de Quilmes denunciaron que la
mercader�a estaba reingresando ilegalmente al mercado. El dirigente de Acci�n por la
Rep�blica Franco Caviglia sostuvo que, en 1996, Segura actu� en lo que denomin� una
“guerra de mafias” contra personal de inteligencia de la Polic�a Federal, al
que le requis� dos camiones con containers cargados con mercader�a sin documentaci�n.
Bogado,
Pedro. En agosto de 1996 la jueza de Lomas de Zamora Marta Carranza lo proces�
por falsificaci�n ideol�gica de instrumento p�blico. Seg�n la descripci�n del legajo,
Bogado actu� como instructor y secretario de investigaci�n contravencional para proteger
a un ladr�n apresado durante un robo. En la causa por robo hizo figurar “autor
ignorado” y al detenido Fernando Osvaldo Rau le hizo constar una causa por una
contravenci�n menor. Fue sancionado con tres d�as de arresto por “vejar a un
subalterno”, el sargento H�ctor R�os, aunque el legajo no consigna en que
consisti� la vejaci�n, y con dos d�as de arresto por esconder una carabina que
presuntamente hab�a sido usada en un hecho delictivo.
Lucero, Pablo.
DNI 8.383.938, Legajo 11742. Acumula 34 d�as de arresto por 16 causas o faltas. En 1977
fue eximido de sanci�n en un sumario por cuatro “homicidios en ri�a”
(Expediente 264832/76) y en 1997 fue felicitado por el Departamento Judicial de Mor�n por
su “profesionalismo” en el control de la toma de la Ruta Nacional 3, en Rafael
Castillo y Gregorio de Laferrere.
Franzoia,
Daniel. En 1996 fue denunciado por el remisero Sergio Mercado, quien sostuvo que
fue detenido en forma arbitraria y maltratado.
Cornejo,
Osvaldo Ram�n. DNI 6.188.023, Legajo 11788. Fue titular de la Comisar�a de
Almirante Brown, en diciembre de 1993, donde se amparaba el juego clandestino.
Bardone, Hugo
Santiago. DNI 11.494.058. Fue declarado prescindible en junio de 1998. En 1993 le
decretaron la disponibilidad preventiva por infracci�n al art�culo 58 inciso 15 de la
ley 9550/80, que castiga todo acto que “afecte gravemente la disciplina o la
responsabilidad de la Instituci�n” y el 17 de agosto del 94 le aplicaron 20 d�as de
arresto. Como Jefe de la Delegaci�n de inteligencia de Quilmes remiti� a los colegios
primarios de la zona un cuestionario que requer�a”los antecedentes ideol�gicos de
los alumnos”.
Raviscione,
Miguel Angel; Ju�rez, Daniel Alberto y Rivolta, Carlos Alberto. Directivos,
junto con Adonajlo y Abraham, del movimiento “Los sin gorra”, creado en
respuesta a las prescindibilidades decretadas por Arslanian. Los tres trabajaron en
comisar�as de la ex Unidad Regional de Lan�s cuando su jefe era Mario Rodr�guez, uno de
los hombres de confianza de Klodczyk. Luego de la protesta callejera, en la que afirmaron
que “nosotros tambi�n somos un caso Cabezas” (sic), atribuyeron su
prescindibilidad al hecho de pertenecer a las promociones 52 y 53, que recibieron sus
diplomas del ex interventor militar, general Ram�n Camps. La cr�nica con que el diario
La Naci�n inform� de la creaci�n del movimiento sostuvo que entre sus compa�eros en
actividad “de ellos siempre se dijo que estaban cercanos a los mecanismos de
recaudaci�n clandestina procedente del juego y de la prostituci�n”. Negaron que
hubiera existido la maldita polic�a y buscaron apoyos pol�ticos, que encontraron en el
entonces secretario de Relaciones con la Comunidad de Arslanian, Juan Jos� Alvarez, en el
senador Rom�n y en el ex ministro del Interior, Carlos Corach. Uno de los argumentos que
repet�an era que sus legajos estaban limpios. “Ning�n legajo es confiable, a muchos
les han arrancado hojas”, respondi� Arslanian. Basta verlos para comprobar que es
as�.
Jofre, Jos�
Alberto; P�rez, M�ximo Angel; Llorens, Juan Domingo; De Fiore, Alberto; Azarchuck,
N�stor y Bardone, Hugo Santiago. Los seis apellidos (pero no los nombres, lo
cual implica cierto margen de error) aparecen en un informe interno elaborado en el
entorno del ex secretario de Seguridad Eduardo De L�zzari, que alud�a a una “red de
protecci�n institucional que realimenta el c�rculo vicioso de la corrupci�n”.
Seg�n las investigaciones que el periodista Carlos Dutil, coautor del libro La Bonaerense
estaba realizando antes de morir, Jofre, quien fue jefe de Sustracci�n de Automotores se
habr�a reunido con el hombre de negocios dudosos Alfredo Yabr�n. El texto del informe de
De L�zzari indicaba que “dentro de laorganizaci�n policial existen l�neas que
mantienen una relaci�n funcional y privada que impone lealtad a un jefe superior
encumbrado en la c�pula de conducci�n, a cambio de privilegios funcionales, destinos
destacados, etc, que permite recaudar fondos il�citamente para ese jefe superior. El
liderazgo de estas l�neas, a veces est� ejercido en forma org�nica por un funcionario
que a su vez responde a otro polic�a en situaci�n de retiro o bien civil con cargo
pol�tico destacado”. Esa lista de 77 nombres fue reflejo de una batalla interna en
la polic�a, de resultados oscilantes seg�n el momento: De L�zzari impuls� la
separaci�n de los 77, su sucesor Carlos Brown la frustr�; el interventor Luis Lugones y
el ministro Arslanian la usaron como referencia; Lorenzo propici� y Rico concreta la
rehabilitaci�n de muchos de sus integrantes. En su elaboraci�n intervino el comisario
Luis Vicat, asesor de De L�zzari que dirigi� las pesquisas contra Klodczyk antes de caer
�l mismo, purgado por Arslanian y acusado de grabar conversaciones de cuatro jueces
federales.
Carcano, Juan
Miguel. Ese apellido fue mencionado ante la Comisi�n Nacional sobre la
Desaparici�n de Personas por dos ex detenidos, y consta en la lista compilada por esa
comisi�n y cuya difusi�n fue vetada por el ex presidente Ra�l Alfons�n. La
informaci�n al respecto consta en el legajo 7169 de la Conadep y consigna que el grado
del polic�a identificado como Carcano era entonces el de oficial inspector, y que
prestaba servicios en el Departamento Central de la Polic�a de la provincia de Buenos
Aires.
Ricos tipos
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