Corrientes de presagios
LAS LECCIONES DE LA CRISIS CORRENTINA, AL INICIARSE LA TERCERA SEMANA DEL NUEVO GOBIERNO

  Seg�n la lectura oficial en Corrientes se habr�a producido la nacionalizaci�n de a�ejos conflictos provinciales, atizados con las peores intenciones por corruptos pol�ticos locales y agitadores penetrados por los servicios de informaciones. El mismo esquema, aunque con resultados distintos, se habr�a reproducido en Salta. En ambos casos, la responsabilidad recaer�a en el esquema de poder instaurado en la d�cada menemista. Bandos opuestos por razones pol�ticas pero tambi�n por cuotapartes en el saqueo del tesoro p�blico habr�an fomentado el embrollo y, cuando su complejidad y la actuaci�n de activistas los desbord�, lo habr�an nacionalizado por medio de los respectivos d�ciles jueces federales, que fueron quienes ordenaron la intervenci�n de la Gendarmer�a. No se trata de minimizar la complejidad de la situaci�n, ni de cargar las tintas sobre un gobierno que no acababa de ocupar sus despachos cuando, el mismo viernes 10, le requirieron el env�o de tropas federales; tampoco de ignorar las m�ltiples fuerzas con intereses propios que act�an en este tipo de crisis, cuya responsabilidad recae sobre los gobiernos anteriores, nacional y provinciales. Pero aunque el relato oficial sea veraz, omite cualquier reflexi�n autocr�tica: el gobierno nacional no ejerci� el imprescindible control pol�tico sobre las tropas federales remitidas a Corrientes e incluso consider� la posibilidad de decretar el estado de sitio y convocar al Ej�rcito, para apagar la hoguera con nafta. Como presagio, lo sucedido en Corrientes no podr�a haber sido m�s ominoso. S�lo el tiempo dir� si el nuevo gobierno aprovechar� este alerta temprano sobre los riesgos que lo acechan, o proseguir� con el paso vacilante que tambi�n se expresa en la demora en nombrar las nuevas c�pulas de la Polic�a Federal, la Gendarmer�a Nacional, la Prefectura Naval y la secretar�a de Prevenci�n de la Drogadicci�n y Lucha contra el Narcotr�fico y en la improvisaci�n de Fernando de Santiba�es como jefe de la SIDE, que implica priorizar la confianza personal por encima de la idoneidad para un cargo cr�tico. La acefal�a en la central de inteligencia se pag� cara: los partes que envi� a la Casa de Gobierno la noche previa al desalojo del puente dec�an que s�lo quedaban all� 200 personas y que su moral era baja, dos pretensiones que la realidad desminti�.

Hoy por ti

En Corrientes el Partido Nuevo del detenido ex gobernador Ra�l Tato Romero Feris est� enfrentado con el Justicialismo del internado senador provincial Rodolfo Mart�nez Llano, con una odiosidad que se remonta a 1994 y cuya expresi�n m�s perversa fue el estallido de la carta bomba que lacer� las manos del legislador. En aquel a�o Romero Feris denunci� ante la justicia penal que Mart�nez Llano y Hugo Peri� hab�an solicitado 600 mil pesos a cambio de aprobar en la legislatura una solicitud de cr�dito de 100 millones al Banco Mundial. Durante una primera reuni�n en el despacho del secretario privado del gobernador, V�ctor Manuel Rico Bobbio, Mart�nez Llano habr�a puesto las cifras por escrito. La segunda, en casa de Mart�nez Llano, fue certificada mediante un acta notarial y grabada por Rico Bobbio. Se escucha a quien ser�a Mart�nez Llano decir que .hoy ustedes tienen el agujero del cr�dito, pero nosotros venimos sin cobrar desde el comienzo, entonces les venimos haciendo un plan de lucha que no es conveniente para ustedes. Nosotros para la pol�tica necesitamos plata, nos sale todo muy caro y la plata tiene que salir de un solo lado. Hoy est�n ustedes y ma�ana podemos estar nosotros y la cosa tiene que quedar ah�.. Un di�logo similar, aunque menos expl�cito y sin grabadores se produjo en el Senado antes de que se votara la ley que dispuso la intervenci�n federal a la provincia, cuando se reunieron los tres senadores correntinos, (Angel Pardo y Rub�n Pruyas, del justicialismo, y Jos� Antonio Romero Feris, del Pacto provincial) con el vicepresidenteCarlos Alvarez y el ministro del Interior, Federico Storani. No se habl� de plata, sino de posiciones en el gobierno que surgir�a de la intervenci�n, y se mencionaron porcentajes: 70 y 30 por ciento. En otra reuni�n Mart�nez Llano hab�a explicado que pese a la designaci�n como gobernador interino del autonomista liberal Carlos Tomasella el poder lo ten�a el justicialismo, porque le respond�a la polic�a. Esta realpolitik del Litoral enfureci� al secretario de Interior Carlos Becerra y fue otro de los elementos que persuadieron al Ejecutivo Nacional de que no quedaban alternativas al denominado remedio federal. Entre las tareas urgentes del interventor figura la investigaci�n de un dato que uno de los bandos correntinos acerc� a la Casa Rosada: en el �ltimo semestre los fondos nacionales se habr�an manejado correctamente, pero los tres o cuatro millones de recaudaci�n provincial habr�an dado lugar a un reparto non sancto.

En deuda

En Salta, la chispa se encendi� entre el gobernador Juan Carlos Romero y el intendente de Tartagal, Mario Oscar Angel, ambos justicialistas. Enfrentado con Romero, Angel despidi� a 162 empleados municipales, en una regi�n que la privatizaci�n de YPF plag� de desempleo. El gobernador prometi� conchabarlos en el estado provincial, pero no lo hizo. Los despedidos tambi�n cortaron la ruta nacional, si bien permitieron el tr�nsito durante dos horas al d�a, una por la ma�ana y otra por la tarde. Adem�s tomaron como rehenes a polic�as provinciales y los colocaron junto a un cami�n tanque repleto de nafta y rodeado por neum�ticos en llamas. En lugar de hacerse cargo del conflicto pol�tico con su intendente, tambi�n Romero lo nacionaliz�, con la orden del juez federal a la Gendarmer�a. El gobierno nacional envi� pasajes para que los dirigentes de la protesta viajaran a Buenos Aires para discutir el conflicto. Tambi�n envi� una delegaci�n conjunta de los ministerios de Trabajo, Interior y Acci�n Social, con propuestas de soluci�n. La lecci�n de Corrientes parec�a haberse aprendido, aunque los m�rgenes de acci�n son estrechos.Es dif�cil imaginar una combinaci�n m�s inflamable que la de una provincia endeudada muy por encima de sus posibilidades, con una recaudaci�n propia que cubre s�lo una peque�a porci�n de sus gastos, en medio de una crisis generalizada de las econom�as regionales por la apertura econ�mica, con una clase pol�tica corrupta y en el comienzo de una fase del ajuste que los organismos internacionales de cr�dito apuntan ahora hacia las administraciones provinciales. Esta descripci�n se aplica a Corrientes, que durante la d�cada menemista s�lo fue superada por La Rioja como recipiente de Aportes del Tesoro Nacional, y cuya deuda representa el 104 por ciento de sus ingresos fiscales anuales. Pero tambi�n R�o Negro, Formosa, Jujuy y Tucum�n tienen deudas que superan los ingresos fiscales de un a�o, mientras Chaco y Mendoza est�n apenas por debajo de esa l�nea simb�lica.

Amigo del juez

Durante el per�odo presidencial 1983/89 alguna forma de equilibrio se estableci� en la justicia federal del interior, dado que el Ejecutivo radical deb�a negociar cada pliego con el Senado de mayor�a justicialista. Pero en la �ltima d�cada, el control justicialista del Ejecutivo y el Senado ti�� el mapa judicial de un solo color pol�tico. El pliego del juez federal de Salta Miguel Antonio Medina fue aprobado por la Comisi�n de Acuerdos del Senado el 16 de agosto de 1995, con dictamen para ser tratado sobre tablas, una semana antes de que el Consejo de la Magistratura asumiera la facultad constitucional de seleccionar a los nuevos jueces. Antes de vestir la toga, este juez de apuro era el apoderado del justicialismo de Salta. No es menos disciplinada laobediencia pol�tica del de Corrientes, Carlos Soto D�vila. El fue quien convalid� la designaci�n de Rub�n Pruyas como senador nacional por la mayor�a, pese a que el Pacto Autonomista Liberal era el partido con mayor n�mero de legisladores en esa provincia. Es posible que, como pretende la Casa Rosada, ambos hayan actuado como piezas del dispositivo pol�tico justicialista, que no perdi� un minuto en ejercitar su m�sculo opositor. El mismo ministro de gobierno correntino responsable de la designaci�n de Soto D�vila, Jorge P�rez Rueda declar� por radio que hab�a visto morir a un ni�o de tres a�os durante el desalojo del puente, y las emisoras que le respond�an informaron sobre la tambi�n imaginaria muerte de una mujer embarazada. El justicialismo quer�a forzar la intervenci�n y obligar al gobierno de Fernando De la R�a a negociar en sus propios t�rminos, y por ello adem�s del compa�ero juez ten�a a sus cuadros pol�ticos en la ocupaci�n del puente.

Por izquierda

Cont� adem�s con el involuntario aporte de la Central de Trabajadores Argentinos. Reconocida por el gobierno nacional como interlocutora, luego de largos a�os de ninguneo menemista, la CTA cometi� en Corrientes m�s errores de los que puede permitirse una organizaci�n que aspira a la conducci�n pol�tica del conflicto social dentro de un contexto democr�tico. Lo m�s grave es que fue deso�da por los ocupantes del puente que pertenec�an a los gremios que la integran. En vez de responder a la Central de la calle Independencia, se identificaron como autoconvocados y entraron en la l�gica inflexible en la que el m�s duro prevalece. El paro general, al que la CTA convoc� luego en repudio a la represi�n, s�lo sirvi� para medir su menguada representatividad. Apenas se sinti� parcialmente en un par de provincias. El sendero del basismo y la radicalizaci�n s�lo podr�a conducirla al aislamiento y la insignificancia, siempre corrida por izquierda por quienes nada representan ni tienen para perder. Dos semanas de gobierno de la Alianza, que la invit� a integrar un comit� de an�lisis y seguimiento de los conflictos sociales, la enfrentaron con el espectro de la marginalidad, como no le hab�a ocurrido en todo el gobierno del PJ. Pero ni siquiera as� es posible soslayar la conducta del gobierno nacional, que contribuy� al desenlace tr�gico. Cuando uno de los autoconvocados le recrimin� la represi�n, Storani dijo que para responder “me despojo de mi cargo”, e hizo flamear en la casa de Gobierno de Corrientes sus viejos pergaminos, ganados, como dijo, “del otro lado de la barricada”. Esto sugiere que �l, no menos que V�ctor De Genaro, tambi�n fue arrastrado por la efusi�n emocional que rode� todo el episodio correntino. Lejos de despojarse de su cargo, lo que se espera de Storani es que asuma con toda la firmeza necesaria la conducci�n de las fuerzas del Estado, del que ahora es responsable, para asegurar su empleo dentro de la ley.

Hab�a una vez una ley

La ley de seguridad interior fue sancionada en 1991, dos a�os despu�s de la de defensa nacional, con la que forman un coherente conjunto normativo. Ambas fueron consecuencia del entendimiento suprapartidario y expresan el grado de reflexi�n al que los partidos democr�ticos llegaron luego de los a�os tenebrosos de la dictadura militar. El art�culo 13 de la ley de seguridad interior prev� el establecimiento para casos como el de Corrientes de un Comit� de Crisis. Copresidido por el ministro del Interior y por el gobernador de la provincia afectada, e integrado por los titulares de la Polic�a Federal, la Prefectura y la Gendarmer�a, ese comit� debe funcionar dentro del Consejo de Seguridad Interior, y ejercer la conducci�n pol�tica y la supervisi�n operacional de las fuerzas federales empe�adas en el restablecimiento de la seguridad interior. Elart�culo 25 a�ade que, adem�s de las disposiciones que adopten los jueces, esas fuerzas se emplean cuando est�n en peligro la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos o gravemente amenazados los derechos y garant�as constitucionales y la plena vigencia de las instituciones. El mismo art�culo a�ade que el Comit� de Crisis podr� delegar en un funcionario nacional o provincial de jerarqu�a no inferior a subsecretario nacional o ministro provincial la conducci�n pol�tica y la supervisi�n operacional de las tropas federales, con facultades para ordenar la iniciaci�n, suspensi�n y conclusi�n de la aplicaci�n de la fuerza y graduar la intensidad de su uso. Ese funcionario puede designar un jefe operacional, al que se subordinar�n los restantes cuerpos nacionales y provinciales.Nada de eso ocurri� en Corrientes. Apenas si el Ejecutivo demor� 48 horas la respuesta al pedido de tropas del juez Soto D�vila, porque las fuerzas de Gendarmer�a con asiento en Corrientes ten�an fusiles Fal, �tiles para guardar la frontera, y s�lo en C�rdoba y Rosario estaban los grupos m�viles que durante el menemismo se especializaron en la represi�n de disturbios. Pero nunca se constituy� el Comit� de Crisis ni se deleg� la conducci�n pol�tica. Por eso, luego de la represi�n, quien asumi� toda la responsabilidad fue el comandante mayor Ricardo Alberto Chiappe, en uno de los actos m�s grotescos. El gobierno nacional temi� ser tomado como reh�n por los ocupantes del puente y por eso reci�n despu�s de su desalojo remiti� a Corrientes al subsecretario de provincias Walter Ceballos, y no quiso que el interventor Ram�n Mestre asumiera antes de tener garantizados los fondos para comenzar a pagar sueldos atrasados. En defensa de su actuaci�n el gobierno destaca que el desalojo del puente no dur� m�s de 20 minutos, y que las dos muertes se produjeron cuatro horas despu�s, a 300 metros de all�. “La polic�a local no colaboraba y la Gendarmer�a no ten�a fuerza ni jurisdicci�n. S�lo ocupaba las adyacencias del puente”, explica una fuente oficial. Fue en ese momento que el gobierno pens� en la posibilidad de declarar Corrientes en estado de sitio y remitir tropas del Ej�rcito para restablecer el monopolio de la fuerza estatal. Es imposible exagerar la gravedad de esta hip�tesis que lleg� a considerarse como una opci�n posible.

Qui�n es qui�n

El Ejecutivo tambi�n aduce que seis de los siete gendarmes heridos lo fueron por balas de calibre 22 y uno por una de 11.25 mil�metros. Ser�a perverso pensar que dispararon sobre sus propios hombres, sigue el razonamiento. Tambi�n afirma que las dos v�ctimas civiles cayeron por disparos certeros y que eran marginales sin actividad pol�tica, al punto que sus familiares no permitieron que los f�retros fueran paseados por Corrientes en cortejo f�nebre. Cuando Walter Ceballos visit� a las familias, la madre de uno de los muertos le pidi� una bicicleta usada. Todo ello es posible, pero esta construcci�n intelectual no alcanza para desechar los testimonios que indican que al menos parte de los disparos contra manifestantes provinieron de la tropa federal, que pose�an fusiles adaptados para bajos calibres, y que incluso hubo gendarmes apostados como francotiradores en los techos de viviendas vecinas. Chiappe estuvo asignado a dos de los principales campos de concentraci�n que funcionaron en unidades del Ej�rcito durante la guerra sucia de la d�cada del 70: los de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, y La Perla, en C�rdoba, donde sobrevivientes lo recuerdan con su apodo de El Franc�s. Chiappe estuvo destinado en Francia durante tres a�os (de 1994 a 1996), antes de asumir como jefe de la Regi�n II con sede en Rosario, y es cu�ado del director general de Gendarmer�a, comandante Timar Musumeci. Se repite de este modo el mismo esquema de 1997, cuando la dotaci�n de Gendarmer�a enviada para reprimir a los docentes y petroleros neuquinos,fue puesta al mando del comandante mayor Eduardo Jorge, ex responsable del principal centro de exterminio de prisioneros de la provincia de Tucum�n, que asisti� personalmente al general Domingo Antonio Bussi en la ejecuci�n mediante disparos a la cabeza de personas cuyos cuerpos ca�an en pozos donde eran quemados con neum�ticos y una mezcla de nafta y aceite. Por lo menos una de las v�ctimas fue quemada viva, seg�n narraron los ex gendarmes Omar Torres y Antonio Cruz. La actuaci�n de Jorge fue descripta en el legajo 6667 de la Conadep. Cruz narr� haber pedido al entonces primer alf�rez Celso Alberto Barraza que matara a uno de los detenidos que se estaba quemando vivo, “pero �ste no le hizo caso y lo dej� morir quemado”. El ahora Comandante principal Barraza es uno de los hombres de confianza del Director General Musumeci. En los �ltimos a�os fue segundo jefe de la Agrupaci�n Misiones, Director de Operaciones y jefe del decisivo Escuadr�n Iguaz�, sobre el lado argentino de la Triple Frontera, donde prestaba seguridad a una instalaci�n estrat�gica: el casino de Iguaz�. El a�n subdirector general de Gendarmer�a, Comandante general Paulo Enrique Garro, fue compa�ero de ambos en Tucum�n y hace dos a�os elev� al gobierno nacional un informe sobre un supuesto “rebrote subversivo” y “reacciones populares, pudiendo ir acompa�adas en algunos casos de actos terroristas concretos (se han detectado pintadas y obtenido un importante volumen panfletario)”. En la Direcci�n de Inteligencia que elabor� tales documentos se desempe�aron hasta hace pocos meses el comandante Benito Palomo (Legajo 4636 de la Conadep, que describe su actuaci�n en el campo clandestino El Reformatorio, de Tucum�n) y Eugenio Pereyra, a) Quintana, mencionado como miembro de la Secci�n o grupo Olimpo, Buenos Aires, en el legajo 7077 de la Conadep. Junto con otros caballeros que respond�an a los apelativos de Ciri, Centeno, El Alem�n, Odera, Nelson, Miguel, Guerra, La Foca, y El Sapo, march� a un procedimiento en el que esperaban encontrar mucho dinero. Los primeros tres miembros del grupo arrojaron una granada antes de entrar aunque “los moradores de la vivienda no hab�an ofrecido ninguna resistencia”. El resto de los incursores “arroja otra granada con la intenci�n de eliminar a los tres oficiales que hab�an entrado”. De la casa sacaron el cuerpo de un hombre y de una mujer, ambos malheridos, y una nena de tres a�os. Murieron all�. “La mujer estaba embarazada”, la criatura “estuvo pocas horas dentro del Olimpo y despu�s no la vio m�s”, dijo Torres. Por “el reparto del bot�n y el episodio de la granada”, un capit�n del Ej�rcito golpe� con su arma en la cabeza a otro de los gendarmes del grupo operativo hasta hacerlo sangrar. Tambi�n siguen en actividad en cargos de primera importancia de la Gendarmer�a Marcial P�rez Carvallo, otro que estuvo destinado en el campo de concentraci�n que funcion� en el Arsenal Miguel de Azcu�naga de Tucum�n. Como segundo jefe de la Agrupaci�n Seguridad, interviene en el operativo sobre edificios de la colectividad jud�a. Fue denunciado ante el juez Baltasar Garz�n. En su tercer semana de gobierno, De la R�a deber� decidir si confirma a estos hombres o hace saber a la Gendarmer�a que la dictadura termin�.