Por Horacio Verbitsky
Una investigaci�n period�stica del diario El Tiempo de Azul frustr� la asunci�n
en el gabinete municipal de Azul de un comisario acusado de haber torturado a
detenidos durante el gobierno de Isabel Per�n, cargo por el que no fue juzgado.
El electo intendente de Azul, Omar Ducl�s, de la UCR, hab�a ofrecido la secretar�a
de Control Urbano al comisario mayor retirado de la polic�a bonaerense Carlos
Ernesto Barral, de 60 a�os, invocando el “reclamo de muchos azule�os de que
podamos vivir en comunidad con orden”. El diario obtuvo acceso al expediente
judicial de 1974 con auxilio de quien fue abogado de las v�ctimas, Juan Carlos
Pugliese, hijo del ex presidente hom�nimo de la C�mara de Diputados. El malestar
en el propio bloque radical, el repudio del sindicato bonaerense de docentes SUTEBA
y la intervenci�n del presidente del Comit� Provincia de la UCR, Leopoldo Moreau,
fueron decisivos para que Ducl�s diera marcha atr�s. El intendente lo atribuy�
a una decisi�n personal del ex polic�a, quien “no puede soportar que se est�
manoseando su figura permanentemente”. Ducl�s no quiso escuchar personalmente
a las v�ctimas. “Nos encontramos ante una palabra contra otra”, dijo.
El concejal justicialista Roberto Maum�s tambi�n hab�a cuestionado “la
contradicci�n” del radicalismo, que acusa al gobierno provincial por la designaci�n
de Aldo Rico mientras incorpora en sus filas a quien “figur� en las listas del
riquismo como candidato”. Ducl�s defendi� la designaci�n: Rico “se levant�
en armas contra la Constituci�n”, mientras Barral “no particip� de ning�n
levantamiento”, dijo. Agreg� que ni en los archivos de la CONADEP, la APDH ni el
CELS, encontr� el apellido Barral. En Azul no hubo alianza con el Frepaso y Ducl�s gan�
la intendencia con la boleta radical. De inmediato anunci� que disolver�a la Direcci�n
Municipal de Derechos Humanos, que hab�a creado su antecesor justicialista, Juan
Barbarena. El curriculum distribuido por Barral dice que entre 1972 y 1977 se desempe��
como secretario de Zona XI Camineros de Azul, pero no menciona su presencia en Azul. En
1997 aspir� al cargo de Defensor de la Seguridad, pero Barbarena se opuso. Barbarena
militaba en el mismo grupo de la Juventud Peronista que los torturados de 1974.
En noviembre de ese a�o varios militantes de la JP denunciaron haber sido detenidos por
la polic�a y sometidos a torturas con picana el�ctrica en una casa operativa de la
Triple A, de la cual fueron conducidos luego a la comisar�a primera. La causa fue
investigada por el juez de instrucci�n Norberto Dante Ipp�lito, quien renunci� tras un
atentado con bombas molotov en su domicilio y de una r�faga de ametralladora que pas� a
20 cent�metros del respaldo de la cama de su secretario Roberto Hansen. El 2 de diciembre
de 1974, a pedido del juez subrogante Alejandro Sastre Abella, el grupo m�dico de la
Unidad Regional XI de Azul constat� y document� la existencia de golpes y
“escoriaciones puntiformes cuya etiolog�a es dif�cil de determinar” en la zona
mamaria del cuerpo de una de las v�ctimas, Estela Cerone. Pero el procurador general
Jos� Agust�n Car�s aconsej� el sobreseimiento de los polic�as intervinientes y el
juez Sastre Abella archiv� la causa, en la cual Barral no fue identificado. Cuando Cerone
declar� a la prensa local que le preocupaba ver “personeros de la dictadura unidos a
pr�cticas tristemente c�lebres ocupando cargos”, el comisario Barral mostr� que
pese al cuarto de siglo transcurrido sus reflejos estaban intactos: “�C�mo puede
ser que haya subversivos en cargos directivos docentes en las escuelas de Azul?”,
replic�. Uno de los detenidos en 1974, que por entonces integraba un grupo musical,
habl� con este diario bajo condici�n de anonimato. Dijo que no ten�a dudas sobre la
participaci�n de Barral en los tormentos, porque cuando fue detenido el comisario le dio
la bienvenida en estos t�rminos: “�Mi vecino el cantante! Yo te voy a hacer cantar
de nuevo”. En lugar de Barral el intendente Ducl�s design� en Control Urbano al
capit�n Abel Mart�n, quien pidi� la baja del Ej�rcito para asumir. Barral dijo que se
sent�a discriminado: “La Polic�a es una fuerza civil armada, creada al solo efecto
de proteger los bienes de la sociedad y hacer cumplir las leyes. No es un cuartel”,
dijo.
Informe: Fernando Wilhelm
|