BERAJA ENTREGO PRUEBAS QUE PODRIAN LLEVAR A POU A LA CARCEL
Devoto, lindo barrio

La �ltima semana de la d�cada menemista ser� escenario de un nuevo tira y afloje por el destino del presidente del Banco Central. El ex presidente del liquidado Banco Mayo, Rub�n Beraja, present� pruebas que podr�an llevar a Pedro Pou a la c�rcel. Pero el Poder Ejecutivo replic� enviando al Congreso un proyecto de ley que le garantizar�a impunidad. La Ley Pou podr�a pasar por el Senado, donde el PJ conserva la mayor�a, pero no por Diputados, salvo que el presidente De la R�a lo dispusiera. Novedades del proyecto de dolarizaci�n.

En cualquier caso quedar�a configurado el mal desempe�o, por el cual la comisi�n bicameral que supervisa la tarea del Banco Central estudia pedir al Poder Ejecutivo la remoci�n de Pou. Pero si los peritajes ordenados por el juez Cavallo confirmaran lo que Beraja declar� al entregar la documentaci�n, Pou podr�a terminar destituido y en la c�rcel. En un tard�o intento por impedirlo, esta semana termin� junto con funcionarios de la secretar�a de bancos y finanzas del ministerio de Econom�a la redacci�n de un proyecto de ley que el presidente Carlos Menem envi� al Senado por el cual la "oportunidad, m�rito o conveniencia" de las decisiones de la autoridad monetaria quedar�an a salvo de cualquier revisi�n judicial. Ese fue tambi�n el n�cleo de la defensa de Pou ante Cavallo. El juez y la C�mara Federal refutaron esa pretensi�n.

Beraja fue citado por Cavallo para ejercer su defensa en la causa iniciada a ra�z del cierre del Banco Mayo, que presid�a. Penden sobre �l tres cargos, escalonados en orden de gravedad:

1 Pr�stamos del Banco Mayo a empresas vinculadas.

2 Funcionamiento paralelo al banco de una mesa de dinero cuyos fondos se canalizaban hacia para�sos fiscales del Caribe a trav�s de las financieras Mayflower (nombre que alude a la relaci�n con el Mayo) e Investment Trust.

3 Aplicaci�n a esas actividades de redescuentos recibidos del Banco Central por 300 millones de pesos.

Con lo avanzado hasta ahora en la causa los pr�stamos a empresas vinculadas parecen suficientemente probados. Pero con atenuantes. En el Banco Patricios los fondos se canalizaban hacia empresas vinculadas pero virtuales, como Nuevos Clubes Argentinos, que s�lo exist�an en la imaginaci�n de quienes las crearon. En cambio, la mayor�a de las empresas de accionistas o directores del Mayo tienen existencia real, los fondos se aplicaron a los fines declarados, las cuotas se han ido pagando a su vencimiento y poseen bienes suficientes para garantizar que eso siga siendo as�. Aunque Beraja sigue negando cualquier relaci�n con las mesas de dinero que transfer�an dep�sitos a las islas Bahamas, otros directivos admitieron que funcionaban en el Mayo, a lo que se suman las pruebas documentales en el mismo sentido. Pero el cargo m�s grave, que adem�s modifica el sentido de los otros dos, es el tercero sobre los redescuentos del Banco Central. La defensa de Beraja consisti� en afirmar que los hab�a pagado con bienes y cartera de cr�ditos transferidos antes de la ca�da del Mayo. Como soporte de esa afirmaci�n, Beraja present� al juez un pacto de retroventa de activos privilegiados firmado con el Banco Central. En ninguna de las presentaciones de la autoridad monetaria se hizo nunca referencia a ese pacto de retroventa, un mecanismo que no est� contemplado por el art�culo 35 bis de la ley de entidades financieras.

Ese art�culo establece la formaci�n de entidades residuales con los activos privilegiados de los bancos que dejan de funcionar. Los activos privilegiados son aquellos bienes y cartera de cr�dito en situaci�n normal o de f�cil conversi�n en dinero. En el caso de los ya liquidados bancos Medef�n, Patricios y Mayo, ese fideicomiso es administrado por el Banco Comafi. Pero en este caso, los activos privilegiados habr�an sido apartados por el Banco Central antes de la liquidaci�n, en una forma de cogesti�n con la administraci�n del Mayo que no cuenta con sustento legal. Seg�n Beraja, cada vez que el Banco Central lo asist�a con redescuentos, el Mayo deb�a cederle activos privilegiados a elecci�n del Central y se firmaba un pacto de retroventa, por el cual en plazos de dos o tres meses el Mayo pod�a recomprar sus bienes y cartera. Si no lo hac�a, el Banco Central pod�a disponer de esos activos. Si los peritajes que comenzar�n a realizarse esta semana confirmaran lo que sostiene Beraja, la situaci�n del banquero mejorar�a y, en forma sim�trica, empeorar�a la de Pou. Aunque no hay indicios que permitan inferir cu�l ser� la decisi�n del juez, los pactos de retroventa podr�an constituir una defraudaci�n especial del tipo de las que describe el art�culo 173, inciso 7 del C�digo Penal. Su texto castiga a la autoridad encargada del cuidado de intereses ajenos que para procurar un lucro indebido a un tercero o para causar da�o "perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de estos".

En una semana de intensa actividad, Cavallo tambi�n allan� el Banco Central. En la oficina de asuntos legales secuestr� el expediente de autorizaci�n al funcionamiento de una sucursal operativa del Banco Mayo en Georgetown, Grand Cayman, islas Caim�n. Cavallo supo de la existencia de esa sucursal por el art�culo publicado en estas p�ginas hace dos domingos. Pou amenaz� al diario con una querella por calumnias e injurias, sin advertir que era �l quien estaba en problemas con la Justicia. Cavallo cit� al autor de aquella y de esta nota y le solicit� que aportara la documentaci�n respaldatoria. Luego de estudiar esos documentos y de confirmar su importancia para la causa orden� el allanamiento, que le permiti� conocer el expediente completo. La solicitud fue aprobada en 1995. Pero el Banco Mayo no pudo cumplir con los requisitos para abrir esa sucursal en el Caribe, que nunca lleg� a funcionar. Eso demuestra la falta de control en las autorizaciones emitidas por el Banco Central. Pese a ello, permiti� que el Mayo siguiera funcionando, con graves consecuencias para los ahorristas.

Seg�n Beraja, las dificultades de su banco fueron creadas por decisiones de Pou. Durante la crisis desatada por el default mexicano en 1994 y 1995 el entonces presidente del Banco Central, Roque Fern�ndez, convoc� a las entidades bancarias, con cuyos directivos se acordaron "fusiones, compras y transferencias de entidades, tendientes a evitar p�nico en el mercado, por lo que cada operaci�n deb�a realizarse contra reloj, sin poder valorarla con detenimiento ni realizar las prolijas auditor�as que las operaciones de este tipo requieren". De ese modo el Mayo resolvi� absorber el Banco Cooperativo de La Plata. Su balance indicaba un patrimonio positivo de 10 millones de pesos, mientras la primera auditor�a del Mayo arrojaba un saldo negativo de 30 millones. Fern�ndez les dijo que dada la urgencia "lo tom�ramos conforme a los valores de libro y que, si nuestros auditores ten�an raz�n, se nos compensar�a la diferencia permiti�ndonos pagar los redescuentos que tom�ramos con t�tulos p�blicos a valor nominal". Pou estuvo presente en esa reuni�n, pero cuando Fern�ndez asumi� el ministerio de Econom�a, desconoci� el compromiso.

--�Lo tiene por escrito? --pregunt�. Cuando Beraja le record� que �l mismo hab�a participado de la reuni�n, el nuevo presidente del Banco Central replic�:

--Con la experiencia que usted tiene no puede ignorar que la palabra de funcionario no vale nada.

Cuando Beraja reclam� ante Fern�ndez por el quebranto que esa decisi�n le creaba y que afectaba al 25 por ciento de su capital social, el ministro le dijo que no pod�a modificar la decisi�n de su sucesor: "Como usted bien sabe, el Banco Mayo es un proyecto querido para m�, pero no lo es para Pou", dice que le dijo.

La denuncia de los diputados socialistas Jorge Rivas y Alfredo Bravo y H�ctor Polino, y de la radical Elisa Carri� atribuy� a "las falencias en los controles del Banco Central" las "fraudulentas ca�das" de los Bancos Integrado Departamental (BID), Austral, Feig�n, Basel, Multicr�dito, Platense, de Cr�dito Provincial de La Plata, Medefin, UNB, Medefin-UNB, Mayorista del Plata, Patricios y Mayo, que arrojaron quebrantos por $ 414 millones, perjuicios a ahorristas por m�s de $ 327 millones; redescuentos transitorios por iliquidez que el Banco Central no ha podido recuperar por $ 384 millones; y p�rdida del empleo para aproximadamente 1600 trabajadores. Los denunciantes solicitaron el procesamiento por asociaci�n il�cita de Roque Fern�ndez, Pou, los directores y funcionarios del Central Marcos Sa�l, Manuel Domper, Eugenio Pend�s, Miguel A. Ortiz, Javier Bolzico y Juan Carlos Nougu�s y el de los integrantes de los directorios de cada uno de esos bancos. En todos los casos se habr�a reproducido la misma operatoria. La autoridad monetaria habr�a permitido y alentado con redescuentos el funcionamiento de entidades que no cumpl�an con los requisitos y disposiciones legales y que prestaban a empresas vinculadas o sellos de goma que sacaban del bolsillo el dinero recibido del p�blico.

Probar esto en semejante escala hubiera sido para la delincuencia financiera lo que el informe de la Conadep fue a la barbarie castrense de la guerra sucia. Pero para ello, deber�an haberse acumulado los expedientes judiciales que, en distintos juzgados, se abrieron para investigar cada caso. Todas las evidencias hubieran terminado devoradas por el pozo sin fondo de la causa del BID que con parsimonia administra el juez Rodolfo Canicoba Corral. Cavallo opt� por investigar s�lo los hechos nuevos, que conciernen a los bancos Patricios y Mayo, aunque podr�a solicitar copia de algunos tramos de especial inter�s de los otros expedientes. Por ahora proces� al directorio completo del Central y a los directivos del Banco Patricios y ahora debe decidir la situaci�n procesal de Beraja y los dem�s directivos del Banco Mayo. A falta de una visi�n global de los manejos de la autoridad monetaria, la misma operatoria se repite una y otra vez. La �ltima conocida, en el Nuevo Banco de La Rioja. Durante los cinco a�os que estuvo en manos del amigo presidencial El�as Sahad no mereci� objeciones del Central, que reci�n en el �ltimo mes del mandato de Menem descubri� los pr�stamos a empresas vinculadas. Justo a tiempo para que el gobernador Angel Maza lo reestatizara y arreglara las cuentas antes de que asuma el nuevo Ejecutivo Nacional.

Cuando Cavallo lo cit�, Pou se neg� a declarar argumentando que "no entend�a la imputaci�n", pero entreg� un escrito que demuestra que la entendi� muy bien. Su defensa consisti� en alegar que las decisiones pol�ticas adoptadas como presidente del Banco Central no pod�an ser revisadas por la Justicia. S�, siempre que no se viole ninguna ley replic� Cavallo al procesarlo. El juez rechaz� la pretensi�n de que en el sistema republicano basado en frenos y contrapesos entre distintos poderes, las decisiones de un ente como el Banco Central pudieran estar libres de cualquier control. Agreg� que no pod�a aplicarse la doctrina de los "actos pol�ticos no judiciables" a un caso en el que no se discute el acierto o la conveniencia de una decisi�n "sino si fue dictada o no respetando a la Ley". Pou pidi� la nulidad de la actuaci�n pero la C�mara Federal confirm� la decisi�n del juez, y ahora debe responder a la apelaci�n de Pou a su procesamiento.

En este punto los cambios pol�ticos producidos el 24 de octubre se cruzan con las decisiones judiciales. Tanto el presidente electo Fernando De la R�a como el futuro ministro de Econom�a Jos� Machinea anunciaron su decisi�n de respetar el mandato de Pou al frente del Banco Central. Pero por lo bajo, miembros del equipo econ�mico dejaron saber que s�lo esperaban la confirmaci�n del procesamiento de Pou por la C�mara Federal para promover su remoci�n que, por otro lado, ya iniciaron los senadores de la Alianza. Sin embargo, en las antesalas de la C�mara Federal se afirma que el mensajero judicial del radicalismo, Arnaldo Kleiner, transmiti� a los jueces Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani un supuesto inter�s del futuro gobierno en la estabilidad de Pou.

Las mismas dudas suscita el proyecto de ley que Menem envi� al Senado con el alegado prop�sito de fortalecer "las funciones de supervisi�n de servicios financieros, de seguros y mercado de capitales". Seg�n su art�culo primero ser�n nulas todas las actuaciones penales contra los funcionarios del Banco Central, la Comisi�n Nacional de Valores, las Superintendencias de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, de Riesgos del Trabajo y de Seguros. Todos ellos "ser�n mantenidos indemnes por los actos realizados de buena fe en el ejercicio de sus atribuciones y por las decisiones de oportunidad, m�rito o conveniencia adoptadas dentro de los l�mites de sus obligaciones y facultades, las cuales no ser�n judiciables". Esos funcionarios "s�lo ser�n personalmente responsables cuando se acredite en forma fehaciente, mediante decisi�n judicial firme, que han procedido con intenci�n dolosa". El Estado Nacional pagar� "los costos y gastos razonables, incluidos los legales, que requiera el proceso de defensa del funcionario". La semana anterior, Menem hab�a modificado dos art�culos de la Carta Org�nica del Banco Central, de modo de poder designar miembros del directorio y s�ndicos sin acuerdo del Senado. M�s all� de la ins�lita modificaci�n por un decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo de una ley especial sobre una materia que la Constituci�n reserva al Congreso, la ambig�edad campea en su articulado y en sus considerandos. El Poder Ejecutivo, dice, podr� realizar nombramientos en comisi�n "durante el tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo del Senado". �Cu�nto tiempo, dos d�as, seis meses, tres a�os? Como si se tratara de una disposici�n acordada entre la administraci�n entrante y la saliente, los considerandos invocan "el momento pol�tico que atraviesa el pa�s, como consecuencia del cambio de autoridades" lo cual hace aconsejable adoptar "medidas que contribuyan a una ordenada transici�n". Entre los objetivos de la transici�n cita "el mantenimiento de las condiciones de estabilidad del mercado financiero", aunque se cuida de explicar en qu� se ver�an afectadas por el mecanismo actual de designaci�n con acuerdo del Senado, que hace pocos d�as rechaz� dos designaciones propuestas por Pou. Sin distinci�n de bloques, el Senado derog� el decreto en la primera sesi�n posterior a su firma.

Esto puede brindar un indicio sobre el destino del proyecto de ley de impunidad para los funcionarios reguladores de servicios financieros, de seguros y mercado de capitales. Presentado a una semana del cambio de gobierno, el proyecto no requerir�a el acuerdo de las nuevas autoridades para sortear indemne los vericuetos del Senado, donde el PJ conserva una c�moda mayor�a, pero morir�a en la C�mara de Diputados, cuya relaci�n de fuerzas es distinta. Salvo que De la R�a dispusiera lo contrario. Pou no ha perdido la confianza. Como si la d�cada menemista no estuviera a punto de acabar, envi� a las entidades financieras que integraron el comit� formado a sugerencia del Banco Mundial para discutir la reestructuraci�n bancaria, una propuesta de modificaci�n a la Carta Org�nica, a la ley de Entidades Financieras y al Sedesa que, seg�n el propio Pou, "va m�s all� de lo solicitado" por el prestamista universal como condici�n para el otorgamiento de un pr�stamo a la Argentina. Para que nos entendamos mejor, el documento, fechado en octubre de 1999, se titula "Interagency Committee: Final Remarks and Plan of Action" y pretende que "the legal reforms proposed imply a significant improvement in the capabilities of the Central Bank to prevent bank failures. The proposal includes preventive mechanisms that preclude bank failures or reduce the cost if failure do occur by allowing the Central Bank to take early intervention actions".

Tambi�n esta propuesta reforma podr�a interesarle al juez Cavallo. Bien le�da, equivale a una confesi�n de que el tipo de conducta que Pou realiz� con el Banco Mayo no est� permitida. El texto distribuido a las entidades financieras lo dice con todas las letras. En traducci�n libre: "Debe advertirse que el actual marco legal no permite expl�citamente la exclusi�n parcial de activos privilegiados". El subrayado del adverbio expl�citamente es de Pou.

La dolarizaci�n

El mes pasado, Pou particip� en Montevideo en las Jornadas de Econom�a del Banco Central del Uruguay. El tono acad�mico de las discusiones se quebr� cuando Pou realiz� lo que el semanario "Brecha" llam� "una impactante explicaci�n del plan para adoptar el d�lar estadounidense como sustituto del peso argentino". Ah� Pou anunci� que el gobierno estaba trabajando con las comisiones del Congreso y de la Tesorer�a de los Estados Unidos y revel� que los norteamericanos estaban considerando crear un fondo de asistencia a las necesidades de caja del gobierno argentino. Ese fondo ser�a manejado en com�n por las autoridades monetarias de ambos pa�ses, que tambi�n compartir�an el rol de prestamista de �ltima instancia y el se�oraje por las divisas que respaldan la convertibilidad.

Eso dar�a lugar a un tratado de asociaci�n monetaria entre ambos pa�ses. Pou deleg� el estudio de todas sus variables en la Fundaci�n Gobierno y Sociedad, de Miguel Angel Broda, incluyendo la realizaci�n de un seminario con participaci�n de las personalidades extranjeras y argentinas que participen en la investigaci�n y la edici�n de un libro. El proyecto es coordinado por Alfredo Canavese, Eduardo Levy Yeyati y Federico Sturzenegger. Su costo es de 80.000 pesos, de los cuales 30.000 aportados por la Fundaci�n Konrad Adenauer, del partido cristiano dem�crata de Alemania. Los otros 50.000 ser�n aportados por el Banco Central.