El gobierno nacional est� poniendo a punto dispositivos para la represi�n de lo que denomina �indisciplina social�. Esto incluye la sanci�n de nuevas leyes, la coordinaci�n de esfuerzos entre la Naci�n y las provincias, los intercambios de inteligencia y la actuaci�n de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, con el pretexto de combatir el contrabando, el narcotr�fico y el terrorismo. Los ide�logos del Estado Penitencia que se edifica sobre las ruinas del Estado Providencia son Fernando de Santiba�es y el general Juan Ernesto Bossi, jefe y subjefe de la Secretar�a de Inteligencia del Poder Ejecutivo. 
A tono con los planes que ambos est�n urdiendo, Bossi desarrolla sus tareas en forma clandestina, en lo que es especialista. Hace dos d�cadas estuvo destacado en misi�n a Bolivia, al tiempo del golpe de los narcoroneles que derrocaron al gobierno constitucional e instauraron una dictadura represiva, responsable de secuestros y asesinatos. Del arma de Artiller�a, igual que los jefes del Estado Mayor Conjunto y del Ej�rcito, generales Juan Carlos Mugnolo y Ricardo Brinzoni, Bossi es la avanzada de las Fuerzas Armadas en su intr�pido desembarco en las playas pol�ticas de las que se hab�an replegado luego del aplastamiento de la �ltima rebeli�n carapintada, hace diez a�os. Esto ha motivado la protesta de la Gendarmer�a, que se siente desplazada por el Ej�rcito en campos de su competencia. Tambi�n hay sectores del Frepaso, de la UCR y del PJ inquietos por esta situaci�n, que cuenta con el aval del presidente de la Rep�blica, asesorado por su hermano pol�tico, el almirante Basilio Pertin�. 

�Indisciplina social�

Aparte de la ofensiva castrense, los preparativos para la represi�n tienen otros dos niveles: la criminalizaci�n de los reclamos colectivos por la pol�tica econ�mica vigente y el reforzamiento de las medidas penales contra cada uno de los individuos miembros de esas poblaciones. Algunas de las poleas de transmisi�n de esta raz�n represiva son el Secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, partidario de la ampliaci�n de facultades policiales y del endurecimiento de las leyes procesales y penales, el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena, quien ahora preside la Comisi�n de Seguridad de la C�mara de Diputados, y el actual titular de Defensa, Ricardo L�pez Murphy. Jaunarena incluy� en la agenda de la Comisi�n de Seguridad de Diputados, el an�lisis de los planes de contingencia en materia de seguridad y defensa civil. El primer rubro lo ejemplific� con los cortes de rutas y lo que llam� �indisciplina social�. En el segundo, mencion� interrupci�n de servicios p�blicos, cat�strofes naturales y atentados terroristas. Esta es una de las puertas legales de acceso para el retorno militar a la seguridad interior.

Pobreza y migraciones como amenazas

El mes pasado, al inaugurar el Curso Superior de las Fuerzas Armadas, L�pez Murphy enumer� las �nuevas amenazas� que se cernir�an sobre la sociedad. Entre ellas �la pobreza extrema, la superpoblaci�n y migraciones masivas�, el terrorismo internacional, el narcotr�fico, �el fundamentalismo religioso y las luchas �tnicas y raciales�. Esto ha �revalorizado el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos roles y compromisos en el orden nacional�. A�adi� que los militares deb�an �comprender los cambios de la naturaleza del conflicto� y �la forma integral en que el instrumento militar contribuir� a apoyar la decisi�n pol�tica�. El ministerio de Defensa tambi�n elimin� de su p�gina en Internet el �Libro Blanco de la Defensa�,donde se expon�a una serie de definiciones coherentes con las leyes de Defensa y de Seguridad Interior, y est� trabajando ahora en una nueva versi�n de colmillos afilados. L�pez Murphy, economista jefe de FIEL, aplica como ministro algunas de las recomendaciones sobre la reforma militar que formul� ese grupo de presi�n ultra neoliberal. All� se planteaba que el ministro de Defensa deb�a ser el representante de los militares en el gabinete, para lo cual le bastaba con cinco asesores. Las decisiones que se tomaban en las subsecretar�as deb�an delegarse en el Estado Mayor Conjunto, a�ad�a. Esta planificada renuncia a la conducci�n civil del instrumento militar fue el tema de un cruce de opiniones entre L�pez Murphy y los miembros de la Comisi�n de Defensa del Senado, quienes le recriminaron el desmantelamiento del ministerio, que imped�a gestionar la postergada reestructuraci�n castrense. Tambi�n le pidieron cuentas por el anunciado establecimiento de un Estado Mayor del Mercosur para el combate contra narcotr�fico, terrorismo y contrabando. Respondi� que s�lo se pensaba a largo plazo en la creaci�n de organismos de evaluaci�n estrat�gica. Se produjo entonces un tenso di�logo.
�Le preguntamos esto porque tenemos perfecta conciencia de la presi�n de Estados Unidos para involucrar a nuestros militares en la lucha contra el narcotr�fico. Como bien sabr� todos nosotros nos oponemos, y estamos seguros de que usted comparte esa idea �le dijo, mir�ndolo fijo, el capit�n de nav�o Roberto Ulloa, senador nacional por Salta.
�La ley me limita. No voy a avanzar m�s all� de lo que dice la ley �se defendi� el ministro. El objetivo de m�xima es modificarla, pero entretanto ya se ha comenzado a forzar su interpretaci�n.

Santieng��ez

El viernes, De la R�a coincidi� con Brinzoni y declar� que la investigaci�n judicial por la venta clandestina de armas compromet�a a individuos pero no afectaba �el prestigio de la instituci�n ni el honor de sus integrantes�. Lo notable es que uno de los principales individuos comprometidos es quien organiza las reuniones semanales de la Central Nacional de Inteligencia, CNI. Dos d�as antes el fiscal Carlos Stornelli dictamin� el procesamiento de Bossi por tentativa de estafa procesal reiterada en tres oportunidades, falsedad ideol�gica y encubrimiento de los delitos cometidos por una asociaci�n il�cita. Como secretario general del Ej�rcito, cargo que ocup� hasta el 10 de diciembre pasado, Bossi demor� la remisi�n de documentos pedidos por el juzgado que investiga la venta clandestina de armas a Ecuador y Croacia y ante la insistencia del juez federal Jorge Urso entreg� documentos que se presumen falsos, con el objeto de ocultar la entrega de material del Ej�rcito a Fabricaciones Militares, que luego los reexpidi� a los Balcanes. Esa es la raz�n de la clandestinidad del jefe de la CNI. Santiba�es y Bossi contin�an as� la tradici�n iniciada hace casi medio siglo por el primer jefe de la SIDE, coronel Juan Constantino Cuaranta. Rodolfo J. Walsh cont� en su libro Caso Satanowsky que Cuaranta trajo de C�rdoba a su guardaespaldas, el Mono Luciano Antequeda, quien �no se animaba a salir de la Casa Rosada porque ten�a captura�. Ante una consulta de este diario, Santiba�es neg� que Bossi hubiera sido designado en la Central Nacional de Inteligencia, que forma parte de la SIDE. Este es un enga�o a la sociedad: la designaci�n no se ha protocolizado debido a la situaci�n de Bossi en el proceso criminal, pero el militar cumple las funciones de titular de la CNI y responsable de Inteligencia Exterior de la SIDE, con despacho en el edificio de la calle 25 de mayo. M�s a�n, dado el ostensible desinter�s del financista Santienga�es por las tareas de inteligencia, que hacen que pase semanas sin recibir a los subsecretarios que le solicitan audiencia y prefiera dedicarse a sus caballos �rabes, Bossi es el hombre fuerte de la secretar�a.

The American Leadership

En cuanto aterriz� en la CNI, Bossi distribuy� un documento titulado con castrenses may�sculas �LA LUCHA CONTRA LAS NARCOACCIONES�, en el que delinea el prop�sito de reinterpretar las leyes de modo m�s permisivo para la actuaci�n militar. Como el narcotr�fico trasciende lo policial �para ser considerado una amenaza a la seguridad de los estados� es �necesaria una respuesta a nivel de Defensa, tanto en el marco nacional, como regional y hemisf�rico�. Sin el m�nimo pudor a�ade que �la soluci�n de este conflicto en el continente exige el liderazgo de Estados Unidos�, que decidir� el �modo de acci�n, con esfuerzos principales y secundarios�. Un p�rrafo que tal vez cause escozor en Brasil afirma que gran parte de su territorio consiste en �espacios vac�os con casi nulo control del Estado�, lo cual lo hace �vulnerable para constituirse en alternativa de refugio para los carteles�. El control territorial de semejante pa�s �justifica el empleo de las Fuerzas Armadas. La situaci�n de la Argentina no es igual. Su territorio tambi�n es extenso, pero la masa de las �reas despobladas son m�s f�ciles de controlar por lo accesible, las necesidades b�sicas de la poblaci�n est�n mejor satisfechas (sic), la pobreza es menos generalizada�. 

Hecha la ley

Al analizar el marco institucional que acota a las Fuerzas Armadas, Bossi se detiene en el art�culo 2� de la ley de Defensa Nacional, que s�lo prev� el empleo de las Fuerzas Armadas para enfrentar agresiones de origen externo. A su juicio es dif�cil �determinar el verdadero origen de acciones tales como el narcoterrorismo, narcotr�fico, terrorismo y tantas otras nuevas amenazas de la �poca, que pueden o no estar dentro del contexto de lo que se define como agresi�n externa�. Esta interpretaci�n desvirt�a la ley. En el debate parlamentario, el miembro informante por la Comisi�n de Defensa del Senado, Tom�s Antonio Berhongaray cit� la Resoluci�n 3.314 de las Naciones Unidas. Seg�n ese documento vigente s�lo �es agresi�n la invasi�n, el ataque de las fuerzas armadas de un Estado contra el territorio de otro Estado�. Acerca de la ley de Seguridad Interior, Bossi sostiene que el art�culo 27 (sobre apoyo militar a operaciones de seguridad con servicios de Arsenales, Intendencia, Sanidad, Veterinaria, Construcciones y Transporte y elementos de Ingenieros y Comunicaciones) incluye �elementos t�cnicos de inteligencia�. Por el contrario, el texto de la ley no alude a inteligencia y el debate parlamentario fue tajante en excluirla.

La naturaleza del Ej�rcito

Las conclusiones del sibilino documento consideran �inexacto� que la ley impida la participaci�n de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotr�fico. �El Ej�rcito tiene claro que su propia naturaleza le exige participar en todo aquello que constituya un desaf�o o amenaza a los intereses vitales de la Naci�n� a�ade. Esta definici�n pertenece al arsenal de la nefasta Doctrina de la Seguridad Nacional y no tiene punto alguno de contacto con las definiciones de la ley de Defensa, cuyo art�culo 2 afirma que la finalidad de la defensa nacional es �garantizar de modo permanente la soberan�a e independencia de la Naci�n Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminaci�n; proteger la vida y la libertad de sus habitantes�, y cuyo art�culo 4 se�ala �la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior�. Impenetrable, Bossi insiste en el empleo de las Fuerzas Armadas, ante �las amenazas a la seguridad nacional�. La propia expresi�n �seguridad nacional� esconde el contrabando represivo, al unir lo que las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior separaron en forma tan clara. Bossi se opone a que �el Estado se autolimite en el uso leg�timo delmonopolio de la fuerza�. De all� pasa sin transici�n a afirmar que la lucha contra el narcotr�fico �no constituye un problema policial� ya que la supuesta �agresi�n al pa�s se origina, desarrolla y lleva a cabo desde el exterior�. La participaci�n del Ej�rcito, �adecuando la legislaci�n actual en algunos casos�, incluir�a �el control del espacio terrestre�, �el an�lisis de blancos�, el �apoyo de inteligencia exterior�, el suministro de �recursos materiales y humanos� para planificar y conducir �las acciones necesarias� y el �apoyo de guerra electr�nica (escucha, radiolocalizaci�n) y enlace en todo el territorio nacional�. Una vez establecido este programa de violaci�n sistem�tica de la ley y ocupaci�n del territorio, el �ltimo p�rrafo escrito por Bossi pretende que el Ej�rcito, �como no podr�a ser de otra manera�, actuar� �en el marco estricto de la legislaci�n vigente�.

�Factores internos�

Como no podr�a ser de otra manera, la misma meliflua hipocres�a se advierte en los documentos de la CNI, sobre la producci�n de Inteligencia Estrat�gica Nacional (IEN). Por ejemplo, el texto que convoc� a la primera reuni�n del a�o, a la que asistieron el presidente Fernando De la R�a, varios de sus ministros y los jefes militares, culmina con una ret�rica declaraci�n de principios: la inteligencia debe ser compatible con el sistema democr�tico, los derechos y garant�as y la libertad, dentro del marco de la ley. Sin embargo, el temario que se trat� all� transgrede el marco legal al considerar que en el mundo global no es posible separar los asuntos de inteligencia en funci�n de �mbitos geogr�ficos, por lo cual se formar�n equipos de analistas. Esto implica, una vez m�s, borrar la frontera entre Defensa Nacional y Seguridad Interior. Los nuevos desaf�os a los que la CNI se propone responder incluyen las consecuencias del crimen organizado, el terrorismo, el aumento de la poblaci�n mundial y el de los denominados �factores internos�, otra categor�a cl�sica de la doctrina de la Seguridad Nacional. De acuerdo con la divisi�n de tareas que se acord�, la SIDE dejar� de ocuparse de la inteligencia sobre conflictos gremiales, que quedar� en manos de la Polic�a Federal y las dem�s fuerzas de seguridad. Esto implica a su vez asignar a la polic�a funciones de control pol�tico e ideol�gico propias de la organizaci�n totalitaria que rigi� durante las dictaduras militares. Tambi�n bajo la conducci�n personal de De la R�a se cre� un comit� de lucha contra el contrabando, que incluye a delegados de los ministerios de Defensa, Interior y Econom�a, la Aduana, Migraciones, Ingresos P�blicos y las fuerzas de seguridad. Como resultado se realiz� un operativo de prueba en Misiones en el que se instalaron radares en la frontera, y la Fuerza A�rea realiz� la inteligencia sobre sus resultados, cosa que las leyes le proh�ben.

La ley del secreto

Seg�n la minuta que Santiba�es entreg� a algunos medios de difusi�n los servicios de inteligencia no deben ser organizaciones secretas sino organizaciones con secretos. Sin embargo, hasta el marco jur�dico que regula el funcionamiento de la CNI es secreto y, con alta probabilidad, ilegal. En 1966 el gobierno de facto enrolado con entusiasmo en los conceptos de la guerra fr�a y las fronteras ideol�gicas, decret� que el prop�sito de la Defensa era lograr la seguridad nacional que, a su vez, consist�a en proteger �los intereses vitales de la Naci�n�. Como se ve, Bossi y Santiba�es no han inventado nada. Ese decreto de facto, orientado a la inserci�n argentina en el conflicto Este-Oeste y el control pol�tico interno, cre� la Central Nacional de Inteligencia (CNI), cuya integraci�n fue regulada por otros decretos de facto secretos que Alejandro Lanusse promulg� en las dos semanas previas a las elecciones de marzo de 1973, conel prop�sito de minar el terreno al inminente gobierno constitucional que suceder�a a la dictadura. Formar�an parte de ella la SIDE, y los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Polic�a Federal, bajo la presidencia de un general, que el presidente designar�a a propuesta de la Junta de Comandantes en Jefe y su funci�n ser�a producir Inteligencia Estrat�gica Nacional (IEN), �en el marco interno y externo�. Si se compara este enfoque con el de Bossi y Santiba�ez, tres d�cadas parecen haber pasado en vano. 
Ir�nicamente, el discurso de L�pez Murphy sobre las nuevas amenazas que deben enfrentar las Fuerzas Armadas, culmina con un p�rrafo mal aplicado pero altamente recomendable: �Tal como lo expresara Clausewitz �el mayor esfuerzo imaginable tanto para el hombre de Estado como el comandante de armas es establecer la clase de conflicto en donde la Naci�n se debe embarcar. Su falta de comprensi�n o el esfuerzo por cambiar su naturaleza traer�an catastr�ficas consecuencias�. La Argentina ya hizo esa experiencia, con las definiciones estrat�gicas adoptadas por las dictaduras de Pedro Aramburu, Juan Ongan�a y Jorge Videla, que convirtieron a las Fuerzas Armadas en una degradada polic�a ideol�gica y condujeron a los desastres de la guerra sucia militar y de las Malvinas. El gobierno de la Alianza tropieza ahora por segunda vez con la misma piedra.

Las c�rceles de la miseria

Por H.V.

La SIDE maneja la misma hip�tesis de conflicto que el semanario racista La Primera. Los antecedentes del editor y el director de la revista sugieren qui�n inspir� a qui�n. Fernando de Santib��ez blande un informe del Servicio Penitenciario Federal y se�ala que el 21 por ciento de los delincuentes son extranjeros. Ese informe es tan falso como la foto de la tapa del pasqu�n, que fue trucada para que su involuntario protagonista pareciera desdentado, con el prop�sito de asociar miseria, inmigraci�n y delito. Hasta la Fundaci�n Mediterr�nea reconoci� en un estudio que no hay diferencias �entre la tasa de criminalidad de la poblaci�n migrante y la de la nativa�. S� es cierto que uno de cada cinco detenidos sin condena en las c�rceles federales de la Capital son extranjeros, pero eso s�lo mide la arbitrariedad policial que se encarniza con ellos.
El martes 25 llegar� a la Argentina el soci�logo franc�s residente en Estados Unidos Lo�c Wacquant para presentar su libro Las c�rceles de la miseria, en el que refuta la doctrina de la Tolerancia Cero, importada aqu� por Domingo Cavallo y Gustavo B�liz, quienes contrataron al ex jefe de polic�a de Nueva York, William Bratton. Los mismos que ayer �militaban en favor del Estado m�nimo en lo que se refiere a las prerrogativas del capital y la utilizaci�n de la mano de obra, exigen hoy con igual fervor m�s Estado para enmascarar y contener las consecuencias sociales delet�reas de la desregulaci�n del trabajo asalariado y del deterioro de la protecci�n social�, dice Wacquant. �A la atrofia deliberada del Estado social corresponde la hipertrofia del Estado penal�. El objetivo de esa pol�tica es �calmar el temor de las clases medias y altas mediante el hostigamiento permanente a los pobres en los espacios p�blicos�, como ocurre aqu� con la satanizaci�n del C�digo de Convivencia Urbana al que se atribuyen todos los males. A�ade que con la doctrina de la tolerancia cero tambi�n se propag� �la ret�rica militar de la �guerra� al crimen y de la�reconquista� del espacio p�blico, que asimila a los delincuentes (reales o imaginarios), los sin techo, los mendigos y otros marginales a invasores extranjeros, lo cual facilita la amalgama con la inmigraci�n, que siempre da r�ditos electorales�. En cambio, �dif�cilmente se trate de aplicar la tolerancia cero a las violaciones patronales del derecho laboral o del derecho social�.
Las c�rceles norteamericanas y europeas �no est�n llenas de criminales peligrosos y endurecidos, sino de condenados por casos de estupefacientes, robos, hurtos o simples perturbaciones del orden p�blico, salidos en esencia de los sectores precarizados de la clase obrera�. El irresistible ascenso del Estado penal �traduce la puesta en vigencia de una pol�tica de criminalizaci�n de la miseria que es el complemento indispensable de la imposici�n del trabajo asalariado precario y mal pago�. Ese proyecto exige �el reemplazo del Estado Providencia �maternal� por un Estado Penitencia �paternalista��. La desinversi�n social �entra�a y requiere la sobreinversi�n carcelaria�. Desde 1975 en los barrios obreros del Gran Par�s �la curva de la desocupaci�n y la de la poblaci�n penitenciaria siguen una evoluci�n rigurosamente paralela�. La alternativa a la c�rcel que se les ofrece a �los elementos marginados del mercado laboral (en particular los j�venes y los extranjeros)� es resignarse a los empleos inseguros. En 1999 el ministro del Interior de Francia dirigi� un telegrama a sus subordinados: �La polic�a fue creada para combatir a la delincuencia�, dec�a. Pero �hoy se le pide mucho m�s: combatir el mal de la exclusi�n social y sus efectos tan destructivos, responder a los padecimientos engendrados por la inactividad, la precariedad social y el sentimiento de abandono, poner freno a la voluntad de destruir como demostraci�n de que uno existe�. La mano invisible del mercado de Adam Smith est� de vuelta, �pero ahora calza un guante de acero�. Como alternativa, Wacquant propone �la creaci�n de nuevos derechos del ciudadano, tales como el ingreso de existencia, independiente de la realizaci�n o no de un trabajo, la educaci�n y la formaci�n de por vida, el acceso efectivo a la vivienda para todos y la cobertura m�dica universal, acompa�ada por una reconstrucci�n agresiva de las capacidades sociales del Estado�. De esa elecci�n, dice �depende el tipo de civilizaci�n que Europa pretenda ofrecer a sus ciudadanos�. Parece pensado para la Argentina.