Por Horacio Verbitsky
La alegada b�squeda de documentaci�n sobre la guerra sucia durante
las horas h�biles de un d�a de la semana pasada constituye una befa a la sociedad,
que fue v�ctima de aquella barbarie. El Ej�rcito vuelve a contar para ello con
la pasiva aquiescencia del sistema pol�tico, como ya ocurri� en el momento en
que los hechos m�s aberrantes de la historia argentina moderna. Si tuviera intenci�n
de cooperar, el general Ricardo Brinzoni podr�a proveer a la Justicia los c�digos
de seguridad necesarios para acceder a los archivos digitalizados que se encontraron
hace catorce meses. Por el contrario, ha obstaculizado esa tarea, sin que el juez
federal Adolfo Bagnasco diera pasos efectivos para superar esa ostensible reticencia.
El a�o pasado, mientras los ex jefes del Ej�rcito Cristino Nicolaides y
Mart�n Balza debat�an acerca de la existencia o no de documentaci�n
sobre los detenidos desaparecidos y los ni�os nacidos en cautiverio entre
1976 y 1983, el autor de esta nota present� una denuncia ante Bagnasco,
en la que identific� la dependencia del Ej�rcito donde se almacenaba la
informaci�n m�s relevante, incluso con un plano manuscrito.
Cintas y discos
Un juez que desea investigar no padece las mismas limitaciones que un
periodista. La ley le otorga el imperio del que los meros ciudadanos
carecen. Puede requerir el auxilio de la fuerza p�blica, interrogar como
testigos a quienes posean noticias del crimen, encausar a quienes las
oculten, ingresar a los lugares donde sospeche que exista documentaci�n y
requisarla si la considera �til para la causa que investiga. La pista
original fue suministrada por un pol�tico del partido entonces en el
gobierno, quien a su vez la hab�a recibido de alguien con manifiesto
conocimiento interno sobre los lugares y los mecanismos de la inteligencia
castrense. Ninguno de ellos estaba dispuesto a revelar su identidad. El 19
de enero de 1999, luego de una verificaci�n preliminar que acredit� la
calidad de la fuente y la verosimilitud de lo que afirmaba, el autor de
esta nota se present� ante el juez y puso los datos en su conocimiento.
El fiscal Miguel Angel Osorio requiri� el allanamiento y Bagnasco lo
orden�. De acuerdo con las precisas indicaciones del plano, la comisi�n
judicial lleg� sin error ni vacilaci�n a una oficina del s�ptimo piso
del bunker castrense de Paseo Col�n. Result� ser nada menos que la
cintoteca inform�tica de la Jefatura de Inteligencia del Ej�rcito. De
acuerdo con la denuncia, la informaci�n sobre la guerra sucia estaba
contenida en una serie de rollos de computadora Bull, una tecnolog�a
francesa que el Ej�rcito usaba en aquellos a�os pero que ha abandonado.
En el allanamiento fue posible establecer que los datos originados en ese
soporte magn�tico hab�an sido comprimidos, encriptados y transferidos a
discos de otras tecnolog�as m�s modernas. A pedido del Ej�rcito, que
adujo consideraciones de defensa nacional, Bagnasco no secuestr� el
material sino que lo reserv� en la misma oficina en la que hab�a sido
hallado y orden� su peritaje a la Polic�a Federal. Sin las claves, que
el Ej�rcito jam�s suministr�, no fue posible identificar los discos a
los cuales se hab�an transferido los datos originales. Tambi�n fracas�
el intento de abrir archivos para constatar su contenido. A catorce meses
de la denuncia y del hallazgo nada se ha avanzado y es probable que los
rollos significativos ya hayan sido removidos de la cintoteca por la
inteligencia militar. El juez no orden� el secuestro del material ni
solicit� la colaboraci�n de especialistas nacionales o extranjeros para
quebrar los c�digos secretos.
Funcionario pol�tico
El Director del Estado Mayor del Ej�rcito, bajo cuya dependencia
directa estaban el edificio Libertador, la jefatura de inteligencia y la
cintoteca allanados, era Brinzoni, artillero como Balza, quien lo propuso
como su sucesor al frente del Ej�rcito. El presidente Fernando de la R�a
lo design� en esas funciones, pese a que en 1976, con el grado de
capit�n, Brinzoni fue secretario general de la dictadura en la
intervenci�n militar a la provincia de El Chaco. Nunca antes de Brinzoni
un oficial que hubiera ocupado cargos pol�ticos en aquellos a�os lleg�
a la Jefatura de Estado Mayor.
Las referencias personales de Brinzoni lo presentan bajo una luz
favorable. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil
Lavedra, curs� en los mismos a�os que Brinzoni el Liceo Militar y,
aunque no fueron compa�eros de curso porque el militar es unos a�os
mayor, lo recuerda como un conductor no autoritario, que un�a a la
formalidad del mando el ascendiente que surge del ejemplo personal. El
ahora miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Juan Penchansky,
fue detenido bajo la dictadura en El Chaco y Brinzoni orden� que le
quitaran los pesados grilletes carcelarios. Diana Conti considera una
se�al de delicadeza y respeto que Brinzoni la haya visitado en la sede de
la Subsecretar�a de Derechos Humanos. Esta visi�n anecd�tica, que
deduce conclusiones pol�ticas del car�cter de las personas, no difiere
de la que hace un cuarto de siglo caracteriz� a Jorge Videla y Roberto
Viola como militares democr�ticos, o blandos, que resist�an a la l�nea
denominada pinochetista, o duros, del general Luciano Men�ndez. Tal
distinci�n hoy mueve a risa, pero gui� la conducta de la clase pol�tica
y dio tiempo y espacio a la dictadura para extender la masacre a todos los
sectores de la sociedad.
El inconveniente para quienes trivializan de este modo los acontecimientos
institucionales o pol�ticos, es que a menudo basta con los archivos
p�blicos para desvanecer aquellos artificios de la imaginaci�n o de la
voluntad. Por ejemplo, cuatro d�as despu�s de la presentaci�n de la
denuncia a Bagnasco, el entonces jefe de Estado Mayor del Ej�rcito,
Mart�n Balza respondi� a un reportaje de Clar�n:
��Seguro que no hay documentos?
�En el �94 comenc� a enviar boletines a todas las unidades para que
informen si existen. Asegur� reserva de identidad y a los comandantes les
ped� una respuesta por escrito. La negativa lo demuestra.
��Nunca se le acerc� nadie para aportar informaci�n?
�Nunca.
Estas palabras de Balza demuestran el car�cter distractivo y cosm�tico
de la b�squeda ordenada por Brinzoni: hace seis a�os que el Ej�rcito
simula buscar y responde que no encuentra. Esta semana presentar� con
alharaca alg�n papelucho y dar� una vez m�s por cerrado un cap�tulo de
la historia que la sociedad no ha mostrado el mismo apuro por dejar en el
olvido. Hace diez d�as, en presencia del presidente De la R�a, Brinzoni
dijo que el Ej�rcito �aspira a la reconciliaci�n justa y definitiva
que nuestra Patria ans�a�. Tambi�n hab�a hablado de �encontrar
juntos los mecanismos que apunten a la reconciliaci�n de la sociedad�,
durante la audiencia con la doctora Conti. Ni la Patria ni la sociedad, ni
mucho menos las v�ctimas del Estado Terrorista anhelan ni precisan nada
que pueda describirse con tal vocablo. Se aplican al caso las palabras que
Jurgen Habermas escribi� en su libro �La inclusi�n del otro� a
prop�sito de los conflictos tribales en Estados postcoloniales: �Las
naciones s�lo surgen cuando han dejado atr�s el dif�cil camino que
lleva de las comunidades �tnicamente fundadas entre individuos que se
conocen, hasta una solidaridad jur�dicamente mediada entre ciudadanos que
son extra�os entre s�. La ansiedad del Ej�rcito y ahora tambi�n del
gobierno por alcanzar la denominada reconciliaci�n no tiene sentido y, en
algunos casos, encubre bajos sentimientos. La reconciliaci�n es un
conceptoreligioso que no se puede inyectar a presi�n en la vida pol�tica
secular. Forzar a que se reconcilien los familiares de las v�ctimas con
sus asesinos que a�n siguen ocultando las circunstancias de cada caso, es
s�dico con los individuos e irrelevante para la sociedad. El �nico
fundamento firme para construir un futuro diferente es el compromiso de
todos a respetar la ley, esa �solidaridad jur�dicamente mediada entre
ciudadanos que son extra�os entre s�, sin trucos ni promiscuidad.
L�pez Mingo
Otro cap�tulo en el que el gobierno est� sobreactuando su deferencia
ante los militares es el de las propuestas de ascensos a oficiales
superiores. Contra todas las expectativas, Brinzoni y el jefe de Estado
Mayor de la Armada, almirante Joaqu�n Stella, el ministro de Defensa,
Ricardo L�pez Murphy, y el presidente De la R�a ratificaron todos los
pliegos de ascensos enviados un d�a antes de concluir sus gestiones por
Balza, el almirante Carlos Marr�n, el ex ministro Jorge Dom�nguez y el
ex presidente Carlos Menem. Varios de ellos hab�an sido impugnados por
los organismos de derechos humanos por las constancias que existen sobre
la participaci�n de esos oficiales en delitos aberrantes contra la
libertad, la vida y la dignidad humanas. L�pez Murphy, quien aterriz� en
Defensa por las mismas razones ajenas a su competencia que llevaron a
Domingo Cavallo a la Canciller�a en 1989, entiende que el sostenimiento
de esos pliegos es una forma de compensar al Ej�rcito por las apreturas
econ�micas en que lo pone el ajuste dispuesto por el gobierno. Esta
cesi�n de principios en canje por recursos presupuestarios ni siquiera
parece un buen negocio en sus propios objetables t�rminos.
Cuando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos le entreg� la
documentaci�n que respaldaba las objeciones y le solicit� que retirara
esos pliegos, L�pez Murphy respondi� que en ese caso deber�an pasar a
retiro �los Comandantes en Jefe� que los propusieron. El planteo
ministerial refleja concepciones propias del tiempo en que los reglamentos
castrenses val�an m�s que las leyes de la Naci�n. Aceptarlo implicar�a
conferir a quienes como jefes de Estado Mayor s�lo son asesores del Poder
Ejecutivo las atribuciones que ten�an los comandantes en jefe, como
err�neamente los llam� el ministro. Por otra parte, cuando el Senado
rechaz� los pliegos de oficiales del Ej�rcito y la Armada, como el
teniente coronel Carlos Enrique Villanueva o los capitanes de fragata
Antonio Pern�as y Juan Carlos Rol�n, ning�n jefe de Estado Mayor dej�
su puesto ni se afect� la estabilidad democr�tica, que no necesita otro
comandante en jefe que el presidente. En la �ltima d�cada, el pa�s ha
dado pasos muy importantes en la afirmaci�n de la primac�a de las
instituciones pol�ticas, de la soberan�a del pueblo y de sus
representantes sobre estos grupos de presi�n, intereses especiales o
poderes f�cticos que ensombrecieron el pasado del pa�s. Tal vez por el
recuerdo de los a�os de inestabilidad y sublevaciones de la anterior
gesti�n radical, aunque hoy ninguna amenaza le aguarda por esta
cuesti�n, el flamante gobierno ha iniciado un retroceso tan innecesario
cuanto peligroso en el camino arduamente recorrido de la subordinaci�n
militar al poder civil. El Senado est� todav�a a tiempo de impedirlo.
|
4 x 4
|
Una consulta
con los distintos bloques del Senado indica que cuatro de los ocho
pliegos objetados por los organismos de derechos humanos ya contar�an
con la mitad m�s uno de las firmas necesarias en la Comisi�n de
Acuerdos. Los tenientes coroneles que ser�an promovidos a oficiales
superiores son:
Alejandro
Guillermo Duret, MI. 10.525.335, alias Porra, legajos 0676, 2297 de la
Conadep. El juez federal de Azul Jorge Ferro lo hab�a procesado por
la desaparici�n de Carlos Alberto Labolita, hasta que la causa pas�
al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
De nazis y oportunistas
Por H.V.
La caracterizaci�n de Carlos Ruckauf como �nazi� no es una creaci�n original
del presidente de la C�mara de Casaci�n Penal de la provincia de Buenos Aires,
Federico Dom�nguez. Su origen se remonta a la campa�a electoral de 1999. Esta
es su historia.
En cuanto Ruckauf fue consagrado candidato, el entonces ministro de Justicia
y Seguridad, Carlos Arslanian, se ofreci� a suministrarle toda la
informaci�n necesaria sobre la reforma policial y judicial iniciada por el
gobernador Eduardo Duhalde. Ruckauf no le contest�. Luego de varias semanas
de espera, Arslanian insisti� ante el candidato a vicegobernador, Felipe
Sol�, y le explic� que la complejidad e importancia del tema demandar�a
varias horas. Sol� habl� con Ruckauf y concert� una cita en el despacho
del entonces vicepresidente en el Senado. Arslanian se present� con una
pila de carpetas. Para comenzar, Ruckauf le advirti� que ya ten�a decidida
la recreaci�n de un mando policial unificado, es decir el camino inverso al
que sigui� Arslanian, quien disolvi� la Mejor Maldita Polic�a del Mundo y
en su lugar cre� 19 polic�as departamentales. Arslanian contest� que en
cualquier caso era conveniente que el futuro gobernador conociera lo hecho
hasta el momento.
A los quince minutos de comenzada su exposici�n Ruckauf lo interrumpi�,
dijo que deb�a antender a una delegaci�n de sindicalistas y lo dej� con
Sol�. Arslanian trag� saliva y orgullo y sigui�. Media hora despu�s
Ruckauf se asom� por la puerta. �Ah, todav�a siguen ah�, dijo, y
volvi� a salir. Por eso, en cuanto Ruckauf dijo que hab�a que meterle bala
a los ladrones, Arslanian renunci� pese a los reclamos de Duhalde para que
continuara. Arslanian y Sol� conversaron �sa y otras veces, con la
confianza de quienes integraban el grupo de trabajo que elabor� unas bases
program�ticas progresistas para la campa�a de Duhalde. �Lo que pasa es
que Ruckauf es nazi�, dijo el candidato a vicegobernador, y lo repiti� a
lo largo de esos meses ante diversos interlocutores. Igual que Arslanian,
todos ellos comenzaron pregunt�ndose como pod�a Sol� estar al lado de
alguien a quien consideraba de ese modo y terminaron descubriendo su doble
discurso cuando el vicegobernador se convirti� en el m�s eficaz operador
para endurecer en el Senado la reforma votada en Diputados y que, seg�n el
juez Dom�nguez, convertir� a la provincia de Buenos Aires en un campo de
concentraci�n. Lo m�s penoso fueron las motivaciones de Sol�: la
competencia con Ra�l Otahaceh� y Osvaldo M�rcuri por la posici�n de
largada en la carrera para suceder a Ruckauf cuando el gobernador intente
volver al despacho principal de la Casa Rosada. La redada de 600 personas
detenidas en un d�a el mes pasado es la m�s grande en la historia de la
provincia y permite vaticinar que el sistema penitenciario bonaerense, que
como bien sabe Sol� ya estaba al rojo vivo al asumir Ruckauf, colapsar� en
forma estrepitosa a corto plazo. Ese ser� el momento para comprobar si las
palabras de Sol� sobre Ruckauf, que Dom�nguez lanz� al debate p�blico,
eran exageradas. El mayor problema no suelen ser los nazis, que en los
comienzos nunca abundan, sino los oportunistas y ambiciosos, que se
atropellan por allanarles el camino y colaborar con la obtenci�n de sus
metas.
Otro triste ejemplo de doble discurso lo dio el presidente del radicalismo
bonaerense, Leopoldo Moreau. El 1� de marzo, en la reuni�n de la Comisi�n
de Acuerdos del Senado, Moreau fue el m�s elocuente defensor de las
impugnaciones de los organismos de derechos humanos a los oficiales que
intervinieron en cr�menes aberrantes durante la guerra sucia militar contra
la sociedad argentina. Record� que no se trataba de un juicio penal sino de
una evaluaci�n pol�tica, explic� que si algunos de ellos fueron absueltos
por la Justicia fue porque las leyes de impunidad impidieron continuar los
procesos pero que, en caso de sospecha de inhabilidad moral o ps�quica, los
senadores ten�an la obligaci�n de rechazar los pliegos, sin que ello ponga
en cuesti�n la autoridad del Presidente de la Naci�n,ya que la
responsabilidad constitucional de los ascensos es compartida por el
Ejecutivo, que propone, y el Senado, que presta, o no, su acuerdo. Seg�n la
versi�n taquigr�fica del Senado, Moreau dijo: �Tengo la �ntima
convicci�n de que estos oficiales, en su mayor�a, no est�n en condiciones
de ejercitar cargos de responsabilidad de comando�. Sin embargo, un
senador justicialista dijo a este diario que la firma de Moreau ya fue
estampada al pie de los dict�menes prestando su acuerdo al presidente de la
Naci�n para el ascenso de cinco de los oficiales cuestionados, y s�lo
falta en tres. Como se ve, Moreau est� flojo en aritm�tica y, salvo en la
interna radical, no distingue mayor�a de minor�a.