El Poder Ejecutivo Nacional elabor� una sofisticada estrategia tendiente a impedir la extradici�n a Espa�a del marino Ricardo Miguel Cavallo, detenido en M�xico. Para ello procura activar una causa en la Argentina por apropiaci�n de bienes de personas detenidas-desaparecidas durante la dictadura militar, que permitir�a oponer otro pedido de extradici�n al que ya formul� por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo el juez espa�ol Baltasar Garz�n. Una vez en la Argentina, Cavallo ser�a puesto en libertad por insuficiencia de pruebas. Los delegados oficiales son dos hombres de extrema confianza personal, en un caso del renunciado Secretario de Inteligencia Fernando de Santiba�es, y en otro del propio presidente Fernando De la R�a. Ambos discutieron los detalles del plan con la camarista federal Luisa Riva Aramayo, quien a su vez identific� al juez que considera m�s apropiado para llevarlo a cabo. Lo �nico que este diario a�n no est� en condiciones de informar es la respuesta de Literas. 

Del dicho

Cavallo fue detenido cuando intentaba abandonar M�xico, luego de que el diario Reforma lo identificara como uno de los integrantes del grupo de tareas que actu� en la Escuela de Mec�nica de la Armada durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina. Recogi� para ello testimonios de varias de sus v�ctimas y obtuvo copia de la documentaci�n que en la ESMA falsific� para Cavallo el ex detenido-desaparecido V�ctor Basterra. Garz�n solicit� su extradici�n, que el gobierno del presidente Jos� Mar�a Aznar tramit� ante M�xico. Se estima que el proceso de extradici�n puede durar hasta un a�o.
El gobierno argentino declar� que s�lo prestar�a asistencia consular al detenido, sin politizar el caso, a diferencia de lo que hizo Chile cuando a pedido de Garz�n el Reino Unido detuvo al ex dictador Augusto Pinochet. Esa posici�n fue sostenida sin matices diferenciales por el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, por el Canciller Adalberto Rodr�guez Giavarini y, durante una conferencia de prensa ofrecida durante su visita a M�xico, por el propio presidente Fernando De la R�a. Mientras el Ej�rcito presionaba al gobierno por la simult�nea detenci�n en Roma del mayor-abogado-torturador Jorge Olivera, la Armada no formul� comentario alguno sobre el caso Cavallo, ni oficial ni oficioso. Continu� de este modo la l�nea de sigilo adoptada a ra�z de los juicios de la d�cada del 80. Esa decisi�n le permiti� mantener sus cuadros intactos, mientras el Ej�rcito se desangr� en las luchas internas desatadas a partir de la rebeliones carapintadas.

Al hecho

Sin estridencia, el Poder Ejecutivo organiz� entonces la movida secreta para rescatar a Cavallo bajo la apariencia de legalidad de la que tanto se precia la Uni�n C�vica Radical, aunque para ello debiera calcar la maniobra que en la d�cada pasada salv� a la ex secretaria y cu�ada presidencial Amira Yoma y servirse para ello de la denostada servilleta menemista.
La relaci�n con los jueces federales fue una de las l�neas de desgaste que erosionaron a Gil Lavedra. El ex camarista federal, que hab�a sido uno de los m�s obstinados denunciantes de la manipulaci�n judicial durante el anterior gobierno, objet� las pretensi�n de funcionarios y asesores personales de la Presidencia, que reclamaban proseguir con las antiguas pr�cticas. El primer roce se produjo cuando Gil Lavedra advirti� que renunciar�a al ministerio si la nueva administraci�n no interrump�a el pago de sobresueldos a jueces federales. De la R�a pareci� respetar la actitud de Gil Lavedra, pero esto puso al ministro en otro brete.Suspendida la cadena de la felicidad, deb�a obtener resultados por otros medios. Gil Lavedra tampoco recibi� con entusiasmo el desaprensivo reclamo de la Juventud Antoniana de presionar sobre los jueces por un pronto enjuiciamiento y detenci�n de notorios miembros del anterior gobierno. El segundo choque se produjo por su reticencia o ineficacia para hacerlo, seg�n a quien se escuche. 
El asesor presidencial Arnoldo Klainer se revel� como un operador con menos remilgos. En el caso de la investigaci�n por los supuestos sobornos en el Senado, junto a Klainer el gobierno recurri� a los servicios del senador Carlos Corach, uno de los principales operadores judiciales del anterior gobierno. Se comprende, dado que las sospechas abarcan al Senado peronista y al Ejecutivo radical. Esto no quiere decir que Gil Lavedra haya sido prescindente en todas las cuestiones que interesaban al gobierno. La resoluci�n de la Sala Militar de la C�mara de Casaci�n Penal, disponiendo que en los juicios de la verdad los testigos militares no declaren bajo juramento ni sean detenidos por negarse a hacerlo, es de su inspiraci�n. Sus huellas se advierten en la erudici�n sobre derechos y garant�as individuales y tratados y convenciones de derechos humanos que s�bitamente aquej� a sus firmantes, Ana Mar�a Capolupo, Amelia Berraz y Gustavo Hornos.

La doctrina Yoma

El grupo de tareas dispuesto para rescatar a Cavallo se integr� de otra manera y Gil Lavedra jura ni siquiera haber sido informado, con un �nfasis que no pone en desmentir la elaboraci�n del libreto para la C�mara de Casaci�n. El tr�fico de sobres, tan emblem�ticos como la servilleta, estaba a cargo de la Secretar�a de Inteligencia, cuyo jefe durante casi toda la d�cada menemista fue otro gran articulador judicial, Hugo Anzorreguy, hijo y hermano de jueces. Para operar sobre los magistrados la SIDE form� un n�cleo de ex colegas que pudiera desplazarse por Tribunales sin llamar la atenci�n. Entre ellos, Fernando Archimbal y Jos� Alevato, cuyos servicios quedaron en evidencia cuando fueron empleados para impedir la extradici�n a Espa�a de Amira Yoma. Archimbal fue designado juez federal por el ex presidente Ra�l Alfons�n y reciclado como operador de la SIDE por su sucesor, Carlos Menem.
El mismo juez Garz�n se propon�a indagar a Amira Yoma por lavado de dinero proveniente de la comercializaci�n de sustancias narc�ticas prohibidas por las autoridades sanitarias. Este diario hasta describi� la capa que Archimbal le trajo de regalo a su esposa de uno de sus viajes a Madrid por esta causa. Archimbal y Riva Aramayo procuran aplicar ahora el know how que desarrollaron entonces: la apertura de una causa en el pa�s, que pueda oponerse a la espa�ola, y que garantice la impunidad, ya que el tratado de extradici�n entre ambas naciones especifica que no ser� concedida cuando el hecho sea juzgado en el pa�s de origen del delincuente. La cu�ada presidencial fue procesada aqu� por los mismos delitos que le reprochaba Garz�n, desprocesada por la sala de la C�mara Federal integrada ad hoc por Riva Aramayo y Horacio Vigliani y sobrese�da definitivamente por el amistoso ex juez Nerio Bonifatti. Para ello fue ascendido a un tribunal oral el camarista Mario Gustavo Costa, quien ya hab�a redactado el voto confirmatorio del procesamiento y en su lugar asumi� Riva Aramayo. Pocos casos hicieron m�s que �ste por aniquilar la confianza p�blica en la justicia. Desde entonces qued� claro que en la Argentina, ni una absoluci�n implica que el acusado sea inocente, ni una condena debe tomarse como prueba de su culpabilidad. Una dificultad no menor es que en este caso se trata de la misma persona pero de diferentes cr�menes y ser�a escandaloso que M�xico diera prioridad a los de menor entidad, s�lo en atenci�n al origen nacional del reclamo.

El holding de la SIDE

Archimbal no extra�� el cambio de gobierno y pas� a ser muy pronto persona de confianza de Fernando de Santiba�es. Tanto que el ex bancario le confi� una de las tareas m�s delicadas de su gesti�n: el manejo de los recursos clandestinos de la SIDE. El jueves 19, en una entrevista sobre el informe de la SIGEN y la crisis del Senado, Santiba�es dijo a este diario que la SIDE s�lo se financiaba con los fondos girados por la Tesorer�a. No es as�. 
Anzorreguy hab�a creado la sociedad an�nima Osgra, como un holding que administraba no menos de 25 edificios de propiedad de la SIDE, con cuyo producido se financiaban operaciones diversas. Su titular era el funcionario Jos� Daniel Salinardi. A ra�z de un juicio privado de la ex esposa de Salinardi, se hizo notoria la existencia de esos bienes. Ante una pregunta de P�gina/12 por el holding que administra las inversiones clandestinas del organismo, Santiba�es respondi� que hab�a terminado con esa irregularidad y revertido al Estado la propiedad de esos bienes, por razones de transparencia y porque era absurdo que la SIDE se dedicara al negocio inmobiliario. La resoluci�n que firm� el 9 de marzo dice otra cosa: que al haber perdido esa sociedad su car�cter secreto estaba en peligro la seguridad nacional, por lo cual deb�a reconstruirse la cobertura perdida, traspas�ndolos a otra sociedad que se crear�a para tal fin. Pero Salinardi se neg� a devolverlos, por lo cual la SIDE lo denunci� ante la Justicia por extorsi�n. Al mismo tiempo, la SIDE recurri� a un camino m�s expeditivo: la presentaci�n de un poder firmado por el ex agente que intent� privatizar por su cuenta los bienes de la SIDE. Salinardi sostiene que su firma en ese poder fue falsificada por especialistas del organismo. Pero en vez de inscribir los t�tulos de propiedad en el protocolo secreto de la Escriban�a General de Gobierno, el mismo 9 de marzo Santiba�es dispuso la creaci�n de una nueva Sociedad An�nima, de objeto tan amplio que incluye actividades inmobiliarias, financieras y econ�micas, en el pa�s y en el exterior. 
El responsable de la administraci�n de las finanzas de la SIDE, contador Juan Jos� Galea, y Gabriel Presa, otro funcionario pol�tico de la SIDE designado por Santiba�es, son los titulares de esta compa��a, Tiumayum SA. Su acta de constituci�n indica como domicilio el del estudio Bissoni, Carcavallo, Archimbal, Vila y Asociados, en Reconquista 672 de la Capital Federal. Mario Bissoni fue consultor laboral de Santiba�es en el Banco de Cr�dito Argentino. Santiba�es le encomend� la defensa de la SIDE en los juicios laborales que le siguen los 1.200 agentes cesanteados por el organismo. En los albores del anterior gobierno, Bissoni particip� junto con Ricardo Zinn y Daniel Funes de Rioja en un seminario convocado bajo el inequ�voco r�tulo �La responsabilidad sindical en la decadencia argentina�. Cuando P�gina/12 refut� la afirmaci�n de que los bienes hab�an vuelto a propiedad de la SIDE, Santiba�es adujo que Tiumayum SA era �un paso intermedio�, pero no supo explicar su necesidad. �Es cosa de los abogados�, dijo. La SIDE se comprometi� a sufragar todos los gastos que demandara el pase de los bienes de una sociedad an�nima a otra.

El cu�ad�simo

Adem�s de Archimbal, en la SIDE hay otros interesados en la suerte de Cavallo. Uno de ellos es el cu�ad�simo almirante Basilio Pertin�, que se mueve sin designaci�n formal, y su delegado en la Secretar�a, el almirante Stanley Fisher. Archimbal cont� con la colaboraci�n de otro viejo conocido de Fernando De La R�a, tanto que fue durante a�os uno de los adjuntos del ahora presidente en la c�tedra de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Otro de los adjuntos de esa c�tedra, Virgilio Loi�cono, asumi� como secretario legal y t�cnico de la presidencia en la �ltima reestructuraci�n ministerial. Doce horas m�s tarde anunci� surenuncia el vicepresidente Carlos Alvarez. El abrazo a Loi�cono fue su �ltimo acto de gobierno. No obstante, varios diputados del Frepaso, encabezados por el socialista democr�tico Alfredo Bravo reclamaron a De la R�a su remoci�n, alegando que form� parte de la Secretar�a General de la Presidencia del ex dictador Jorge Videla, cuando la desempe�aba el general Jos� Rogelio Villarreal. El acompa�ante de Archimbal en la gesti�n ante Riva Aramayo revista como asesor del ministerio de Justicia. Consultado para esta nota, Gil Lavedra declar� que �l nunca le encarg� semejante gesti�n y se remiti� a sus declaraciones sobre la mera asistencia consular a Cavallo. 

Desv�o de poder

Los emisarios analizaron con Riva Aramayo la posibilidad de abrir una causa contra Cavallo en Buenos Aires, aprovechando la decisi�n que la otra Sala de la C�mara Federal (integrada por Mart�n Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani) adopt� en el expediente por la desaparici�n del contador Conrado G�mez y el saqueo de sus bienes iniciado por su hijo Federico contra Alfredo Ignacio Astiz y los dem�s miembros del Grupo de Tareas de la ESMA. La C�mara rechaz� la aplicaci�n autom�tica de la ley de obediencia debida y dijo que el despojo de bienes inmuebles, cuentas bancarias y hasta caballos de carrera pod�a constituir un desv�o de poder imposible de encubrir tras el �alegado prop�sito de combatir al terrorismo subversivo�, como especific� el C�digo de Justicia Militar reformado al iniciarse el gobierno de Alfons�n. 
En un significativo obiter dictum, el tribunal tambi�n puso en duda la aplicaci�n de las leyes de impunidad a delitos que pudieran calificarse como de lesa humanidad, por aplicaci�n del ius cogens (derecho de gentes en la tradici�n cultural reflejada desde 1853 en la Constituci�n Nacional o derecho internacional p�blico, en t�rminos contempor�neos). Desde hace un siglo y medio, la Constituci�n prioriza el derecho de gentes sobre la legislaci�n positiva interna y a partir de la reforma de 1994 asigna la misma prioridad a los tratados internacionales de derechos humanos. Entre otros, aquellos que consideran imprescriptibles y no sujetos a amnist�a los cr�menes contra la humanidad. La jugada del gobierno no se basa en esta afirmaci�n (que tambi�n hizo la sala de Riva Aramayo en la causa por el robo de beb�s y las C�maras Federales de Bah�a Blanca y La Plata en los juicios por la verdad), sino en la posibilidad de persecuci�n penal por la apropiaci�n de bienes de los secuestrados, que qued� legalmente abierta en las leyes y decretos de impunidad.
Otras causas que involucran a los compa�eros de Cavallo en la ESMA se siguen en los juzgados federales a cargo de Adolfo Bagnasco, Gabriel Cavallo y Mar�a Servini, en la Capital, y Luis Leiva, en Mendoza. Pero Riva Aramayo prefiri� el expediente de Conrado G�mez contra Astiz, que instruye Literas, porque est� mucho m�s cerca de ella que el de Leiva, cuenta con un fallo de la otra sala de la C�mara habilitando la investigaci�n y, adem�s, puede incorporar el testimonio del ex financista montonero Juan Gasparini, quien implic� a Cavallo entre los responsables del destino de Conrado G�mez.
S�lo resta por saber qu� poderoso beneficio podr�a derivar de tama�o golpe bajo el juez Literas, sobrino pol�tico del ex presidente H�ctor J. C�mpora y militante hace un cuarto de siglo en la �Gloriosa Jotap�.