EL SAINETE DE CONCORDIA RADIOGRAFIA LA PROFUNDIDAD DE LA CRISIS SOCIAL
La paja y el trigo

El ministro del Interior Federico Storani no entendi� por qu� los representantes de Cr�nica Televisi�n lo eligieron para reclamar el pago de una presunta deuda contra�da por la agencia estatal T�lam durante el gobierno anterior. La agencia no depende de su ministerio y el tema no era pol�tico ni comercial. No estaba al tanto y prometi� estudiarlo. Una semana despu�s, cuando el Capit�n Piluso apareci� en la pantalla de Cr�nica, record� aquel di�logo. �Me est�n apretando�, interpret�. Esa es la paja del episodio. El trigo debe buscarse en la profundidad de la crisis social, ante la que contin�an los preparativos de represi�n. Aun en la proyecci�n m�s optimista, el desempleo ser�a del 12 por ciento al concluir el mandato de De la R�a.

Cortes: No bastar� la prudencia para sortear los desaf�os pr�ximos, que pueden tener un pico el 1� de mayo, cuando los cortes de rutas podr�an multiplicarse en todo el pa�s generando un cuadro ca�tico.

 �Hay que separar la paja del trigo�, dijo el ministro del Interior, Federico Storani, mientras el Capit�n Piluso asent�a. Tal m�todo hermen�utico puede aplicarse al debate b�blico que ellos sostuvieron, difundido el mi�rcoles 5 dentro del horario de protecci�n al menor por el canal cultural Cr�nica Televisi�n. Comencemos por la paja. En la semana anterior al episodio, Storani recibi� en audiencia a representantes empresarios de Cr�nica, que le reclamaron el pago de una presunta deuda de la agencia oficial T�lam, previa al cambio de gobierno en diciembre pasado, aunque sus anteriores autoridades afirman que dejaron todas las cuentas saldadas. T�lam no depende de Interior sino de la Secretar�a de Cultura y Comunicaci�n de la Presidencia y el tema no parec�a ser pol�tico sino comercial. Storani respondi� que no estaba al tanto y que estudiar�a la cuesti�n. Record� el di�logo cuando la pantalla de Cr�nica encuadr� un rostro enmascarado que instaba a matar o morir. �Me est�n apretando�, interpret�.
Lo que sigue es una reconstrucci�n de lo sucedido entre ambos momentos:
  Los m�viles de Cr�nica y Radio Diez llegaron a Concordia a las tres de la ma�ana, para cubrir un nuevo corte de la ruta, m�s numeroso y combativo que los anteriores, prometido por el Capit�n Piluso y su a latere Coquito. Al reunirse en la madrugada con sus contactos locales, los porte�os supieron que no habr�a tal corte.
  Jos� Lima lleg� a vincularse como adolescente a la JP de la d�cada del 70; Carlos S�nchez, en cambio, proviene de la derecha peronista. Ambos hab�an sido echados de la ruta cortada la semana anterior. Luego convocaron a una movilizaci�n sobre un hipermercado, a la que no acudi� nadie m�s que ellos. 
  La degradada actividad pol�tica de las �ltimas d�cadas se basa en la explotaci�n asistencialista de las privaciones sociales. Carlos Reutemann revel� que el presidente Fernando de la R�a les dijo a los gobernadores que �si les aprobamos la reforma laboral van a llegar los planes sociales�. El gobierno nacional entiende que son los gobernadores justicialistas quienes condicionan la aprobaci�n de las leyes al env�o de la ayuda, sin controles sobre su distribuci�n. De arriba abajo el poder se expresa hoy en cajas o bolsones de comida.
  A la min�scula escala de los p�caros de Concordia este s�rdido mecanismo, basado en la explotaci�n de la necesidad extrema, resulta m�s evidente. Ante cada corte de ruta y elecci�n, interna o general, amenazaban a los candidatos y al gobierno provincial con movilizaciones y pintadas agraviantes. As� llegaron a administrar entre 80 y 100 planes de empleo temporario, de 189 pesos mensuales cada uno. Los distribu�an entre los beneficiarios, a quienes les reten�an 100 de los 189 pesos: entre 8000 y 10000 pesos mensuales.
  Al fracasar el corte de la ruta y la movilizaci�n sobre el hipermercado, tanto los l�mpenes cuanto el pool noticioso, que el domingo 2 de abril hab�a promovido un show patriotero y militarista, necesitaban alg�n suced�neo efectivo. 
  No es a�n claro qui�n tom� la iniciativa del disfraz. Pero ambos medios trataron a Piluso como si fuera el jefe de un ej�rcito irregular en operaciones. Ni chequearon las afirmaciones alarmistas de los renacuajos ni cuidaron las formas de la neutralidad informativa. Cr�nica transmiti� la conferencia de prensa de Storani desde la casa de Lima, quien comentaba cada afirmaci�n ministerial con gestos despectivos. Diez dijo transmitir desde una �selva�, cuando se trataba de un bald�o a pocas cuadras del centro de Concordia, y convirti� a un par de chuchumecos en �70 guerrilleros armados�. 
Los prop�sitos tremendistas de la radio que dirige Daniel Hadad son ostensibles en la portada de su revista La primera, donde se alerta sobre�la invasi�n silenciosa� de inmigrantes, culpabilizados del desempleo y de la inseguridad con datos falsos (ver p�gina ). Al concluir una de las transmisiones desde Concordia, el columnista Eduardo Feinman formul� una dram�tica advertencia sobre lo que estaba ocurriendo �al jefe de la SIDE y compa��a, y al presidente de la Rep�blica�. Como se sabe, Hadad y Feinman provienen de familias patricias, arraigadas desde hace siglos en el pa�s y naturalmente molestas por la llegada a esta bendita tierra criolla de advenedizos for�neos, de tez oscura y apellidos extra�os. Durante la �ltima entrevista antes de ser detenido, Lima hizo una menci�n seguramente apasionante para los desocupados de Concordia. �Quiero que Storani me explique lo de la Tablada�, dijo, como quien repite un libreto que acaba de aprender y que el destinatario entender�. Hadad debut� en televisi�n en el Canal 2 (que hasta fines de 1988 condujo el actual propietario de Cr�nica, H�ctor Ricardo Garc�a) con un programa que integraba el dispositivo golpista encabezado por Aldo Rico. Una de las acusaciones con que los carapintada y el menemismo acorralaron al declinante alfonsinismo fue una nunca probada conexi�n con el grupo armado Movimiento Todos por la Patria. 
  En la columna �La pavada pol�tica� del 29 de marzo, bajo el t�tulo �Que Dios se lo pague�, el diario Cr�nica public� este texto: �Once millones de d�lares en publicidad debe la agencia oficial a los medios period�sticos. Un canal de TV le cort� la cuenta. Ofrecen cancelar en cuotas a largo plazo y las cifras son para re�rse. La verg�enza ajena la perdieron hace tiempo�. Una semana despu�s se lanz� la Operaci�n Concordia. Ante una consulta de este diario, H�ctor Ricardo Garc�a hizo saber que T�lam adeudaba a Cr�nica Televisi�n 140.000 pesos y que ante la falta de respuesta e incluso de interlocutor, se hab�an iniciado acciones legales para su cobro. No recordaba en qu� juzgado.

Ahora, al trigo

La fiebre represiva que comenz� a levantarse en la provincia de Buenos Aires tambi�n sube en el term�metro del gobierno nacional. El 8 de febrero, el Consejo de Seguridad Interior aprob� un plan de acci�n de 14 puntos cuya redacci�n fue encomendada al Secretario de Seguridad Enrique Mathov. El 11 dice: �Fomentar la firma de acuerdos para la evaluaci�n del accionar de los jueces de distinta jurisdicci�n en referencia a delitos como el narcotr�fico, piratas del asfalto, cortes de ruta y el contrabando, as� como otras figuras penales�. 
La evaluaci�n de la actividad de los jueces no es una atribuci�n del Ejecutivo Nacional ni de los provinciales y no es razonable colocar los cortes de ruta, originados en el malestar por las dif�ciles condiciones econ�micas, en un pie de igualdad con el delito organizado, salvo que se procure criminalizar la protesta social, como hizo durante la d�cada pasada el gobierno menemista. Es lo mismo que intenta ahora en C�rdoba el gobernador Jos� De la Sota contra los dirigentes del Sindicato de Luz y Fuerza que, ya procesados por las movilizaciones en contra de la privatizaci�n de la empresa de energ�a provincial, enfrentan adem�s la amenaza del desafuero gremial; o el de Entre R�os, Sergio Montiel, quien promovi� el procesamiento del Secretario General de ATE Edgardo Masarotti, en represalia por la marcha de los despedidos a la Casa de Gobierno; pero tambi�n el gobierno nacional, como se vio en el caso del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa). En una asamblea a la que las autoridades acudieron luego de pedir y recibir garant�as de ATE, el subdirector del Senasa y primo del ministro de Econom�a Jos� Luis Machinea, escuch� los reclamos del personal. �Nosotros los votamos a ustedes, votamos nuestro despido�, le dijeron. Luego de una dif�cil negociaci�n el conflicto concluy� con reincorporaciones. Pero de inmediato los trabajadores fueron denunciados por usurpaci�n del edificio. La judicializaci�n de la acci�nsindical de sectores organizados y con propuestas, como esos gremios integrantes de la CTA, es una torpeza que abre espacio a personajes como el Capit�n Piluso y sus serviciales amigos.
En niveles del gobierno m�s dados a la reflexi�n pol�tica que a los reflejos represivos, los cortes de ruta son un motivo no menor de inquietud. Escamado por el desastre de Corrientes, varias veces el Ejecutivo Nacional intervino para conciliar posiciones entre manifestantes, intendencias y gobernaciones e impedir choques sangrientos. Seg�n la lectura oficial, la responsabilidad recaer�a en el esquema de poder instaurado en la d�cada menemista. Bandos peronistas opuestos fomentar�an los embrollos, para nacionalizarlos por medio de los respectivos d�ciles jueces federales cuando su complejidad y la actuaci�n de activistas los desborda. Eso habr�a ocurrido en Corrientes y tambi�n en Salta, luego del despido de 162 empleados municipales de Tartagal, que cortaron la ruta. Cuando el juez federal y ex apoderado del partido justicialista solicit� la intervenci�n de la Gendarmer�a, el gobierno nacional envi� pasajes para que los dirigentes de la protesta viajaran a Buenos Aires a discutir el conflicto, donde se alcanz� un acuerdo. M�s dif�cil es atribuir a cuestiones internas del justicialismo los cortes de rutas en Chaco y Entre R�os, gobernadas por radicales. La �ltima vez que desocupados de la represa de Salto Grande tomaron la ruta 14 en Concordia, el gobernador Sergio Montiel, un militar retirado que actu� en la denominada �Revoluci�n Libertadora� de 1955, se neg� a todo di�logo sobre la paralizaci�n de obras p�blicas y la simult�nea supresi�n de planes de asistencia, nacionales y provinciales. Cuando ya hab�a 20 kil�metros de camiones detenidos el juez federal pidi� que la Gendarmer�a librara el paso. De acuerdo con la instrucci�n general de no reprimir, el jefe local de Gendamer�a inform� al juez que s�lo pose�an armas largas, inadecuadas para tratar con protestas c�vicas. Mientras, el gobierno nacional se comunic� con el juez y le pidi� que recibiera a una comisi�n de los manifestantes, lo que impidi� que se llegara a un enfrentamiento.
El pase a retiro del comandante Ricardo Alberto Chiappe, jefe de las tropas que abrieron fuego sobre civiles desarmados en Corrientes, y la conducta aplicada en los conflictos posteriores sugieren una actitud prudente del gobierno. Pero es ostensible que no bastar� con eso para sortear los desaf�os pr�ximos, que pueden tener un pico el 1� de mayo, cuando los cortes de rutas podr�an multiplicarse en todo el pa�s generando un cuadro ca�tico. Tambi�n, que la l�gica represiva impl�cita en el punto 11 del Consejo de Seguridad Interior terminar� por imponerse en tanto la pol�tica no pueda dar a los m�nimos reclamos sociales otra respuesta que el ajuste. El corte de rutas o calles es el reflejo inmediato de quienes quieren hacerse o�r, como las vecinas de Bernal que el viernes reclamaban al municipio nada m�s que una bomba para desagotar las casas inundadas. Los reclamos de R�ckauf por la presunta reducci�n del n�mero de planes de empleo transitorio, que el ministerio de Trabajo niega, anticipa que los gobernadores justicialistas tratar�n de que esas aguas turbias bajen sobre la Casa Rosada.

Porcentajes y personas

La centralidad del empleo como primer problema nacional no parece destinada a desaparecer ni en el corto ni en el mediano plazo, con las medidas econ�micas que tienden a contraer la demanda agregada. El informe de coyuntura del mes de abril del Instituto de Estudios sobre Estado y Participaci�n (IDEP) ayuda a entender el porqu� de los preparativos represivos que tambi�n fueron visibles en la primera reuni�n de la Central Nacional de Inteligencia, de la que participaron incluso los Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Para 2000, el IDEP calcula hip�tesis m�nima y m�xima de crecimiento macroecon�mico y el impacto que cada una tendr�a sobre la evoluci�n de la tasa de desempleo. Sus resultados redimensionan la discusi�n interna del equipo econ�mico sobre los efectos de la reducci�n de planes Trabajar. Con un crecimiento del 1,6 por ciento, el desempleo se elevar�a del 13,8 por ciento de 1999 al 14,2 en 2000; con 3,72 por ciento, disminuir�a a 13,6 por ciento. En una tercera hip�tesis, m�s optimista que las propias previsiones oficiales, con un crecimiento del 5 por ciento, apenas se reducir�a al 13 por ciento. No es m�s alentadora la perspectiva para el resto de la d�cada. Si la hip�tesis m�s optimista se mantuviera en forma sostenida y la econom�a creciera un 5 por ciento anual acumulativo, sin tropezones como el tequila o la actual recesi�n extraordinaria de un a�o y medio de duraci�n, el desempleo no se reducir�a m�s que en la tercera parte de un uno por ciento cada a�o, y ser�a del 12 por ciento al concluir el mandato presidencial de De la R�a en 2003, como se observa en el cuadro que sigue:
Todas estas proyecciones suponen una elasticidad empleo/producto de 0,44 (es decir que por cada punto de crecimiento del Producto Interno Bruto crezca el empleo en 0,44 por ciento) y un incremento anual del n�mero de quienes entran al mercado laboral, la Poblaci�n Econ�micamente Activa (PEA), del 1,8 por ciento. Si el coeficiente de elasticidad no superara el promedio de la d�cada del 90 (0,37 empleos nuevos por cada punto de incremento del Producto, lo cual es m�s probable), aun con una tasa de crecimiento del 5 por ciento acumulativo anual, el desempleo no bajar�a del 13 por ciento en toda la d�cada. Esto implicar�a una min�scula disminuci�n porcentual (de 13,8 por ciento en 1999 a 13 por ciento en 2008), pero un aumento de 258.687 personas en n�meros absolutos, de1.833.000 a 2.091.687. Y como bien saben Cr�nica Televisi�n y el Consejo de Seguridad Interior, las rutas no las cortan los porcentajes sino las personas.
Los economistas del IDEP insisten en que el suyo es un c�lculo muy optimista, ya que un crecimiento ininterrumpido del 5 por ciento anual durante nada menos que una d�cada es una situaci�n excepcional que la Argentina conoci� por �ltima vez en el per�odo 1965-1975. Aun as� los niveles de desempleo resultantes duplican los de la d�cada del 80 y triplican los de la d�cada del 70, lo cual tambi�n mide la degradaci�n previsible del proceso democr�tico, concluye el informe. 

Sumergidos

Los �ltimos datos oficiales indican que 14 millones de habitantes, es decir el 37 por ciento de la poblaci�n viven sumergidos por debajo de la L�nea de Pobreza. Un estudio que difundir� esta semana la Consultora Equis sostiene que ese deterioro no obedece s�lo a la desocupaci�n abierta sino tambi�n, y en proporci�n creciente a partir de 1996, a la ca�da de ingresos de quienes s� tienen empleo, en particular los trabajadores y empleados en relaci�n de dependencia. En 1994, con una desocupaci�n abierta del 13,1 por ciento, estaba por debajo de la l�nea de pobreza el 19 por ciento de la poblaci�n del Gran Buenos Aires. Un lustro despu�s la desocupaci�n hab�a crecido al 14,4 por ciento de desempleo, pero la poblaci�n sumergida ya alcanzaba al 26,7 por ciento de la poblaci�n del Gran Buenos Aires. El mapa salarial del pa�s indica que en octubre de 1999 el 15,8 por ciento de los asalariados (es decir 1.393.525 personas) percib�an ingresos mensuales de hasta 200 pesos y el 35,2 por ciento (o3.104.562 personas) ganaban hasta 400 pesos mensuales. Entre ambos segmentos superan la mitad del total de 8.819.781 de asalariados. Esa poblaci�n asalariada pero en condiciones de extremo rigor creci� un 11 por ciento de 1998 a 1999. De ese universo de 4,5 millones de personas, 2,4 millones trabajan en negro. 
El crecimiento de esta poblaci�n de alta carencia, explica el soci�logo Artemio L�pez, se debe en parte a la incorporaci�n de nuevos trabajadores a empleos precarios de baja remuneraci�n, como aquellos sobre los cuales ejerce su usura el Capit�n Piluso. Pero tambi�n al �estrechamiento de la franja salarial de $ 401 a $ 600 mensuales que expuls� en el per�odo 1998 y 1999 a 300.000 trabajadores que se deslizaron hacia abajo en la escala salarial, incorpor�ndose al tramo salarial inmediatamente inferior de $ 201 a $ 400 mensuales, en tanto otros 150.000 trabajadores cayeron al segmento de $ 200 o menos por mes de trabajo�. Su conclusi�n es que estos datos cuestionan los discursos y pr�cticas institucionales que suponen que la pobreza es un fen�meno de �las orillas de la sociedad, objeto eterno de pol�ticas sociales de asistencia�. Por el contrario, la pobreza en la Argentina �antes que un dilema de pol�tica social resulta un problema de pol�tica econ�mica y expresa m�s que los efectos de la marginaci�n social y productiva, una modalidad de integraci�n desigual y empobrecida al mercado de trabajo�. No es seguro que el gobernador R�ckauf haya percibido el simbolismo impl�cito en el escenario que eligi� para polemizar con el presidente De la R�a acerca de los programas de empleo temporario, que cada jurisdicci�n acusa a la otra de cercenar. La pol�tica represiva que aplica en la provincia de Buenos Aires y que Domingo Cavallo propone en la Ciudad Aut�noma, es el complemento necesario de ese modelo impuesto durante la d�cada en que ambos compartieron el gobierno nacional, que obliga a la mitad de los asalariados a trabajar por menos de 400 pesos mensuales. En Estados Unidos, donde ambos acudieron en busca de inspiraci�n y cuya poblaci�n penal ya llega a los dos millones de personas, ha comenzado a debatirse si el empleo de los presos, en condiciones laborales y por salarios que no aceptar�an hombres y mujeres libres, no equivale a una forma de esclavitud que mantiene bajos los salarios tambi�n afuera. Las condiciones argentinas son distintas, ya que Estados Unidos est� cerca del pleno empleo mientras la Argentina toca cumbres de desocupaci�n, pero la tendencia al dr�stico disciplinamiento de la fuerza laboral, al mismo tiempo que se reducen todos los programas sociales, es la misma. Este tr�nsito del Estado Providencia al Estado Penitencia, como lo caracteriza el soci�logo Loc Wacquant, franc�s pero especializado en los ghettos de Estados Unidos, ser� el tema del pr�ximo domingo.