EL DISCURSO AUTORITARIO NO BAJA LA CRIMINALIDAD,
 PERO ESTIMULA LAS AVENTURAS NEOFASCISTAS
La descomposici�n

 El asesinato del m�sico y profesor Mariano Witis, que hab�a sido tomado como reh�n durante el asalto a un banco de San Isidro, y el tiroteo a otro reh�n al d�a siguiente en el mismo lugar, ratifican el descontrol que ha convertido a la polic�a provincial en una de las peores amenazas para la seguridad de sus habitantes, como ya hab�a quedado en claro en Ramallo y Los Polvorines. M�s sensibles a la agudizaci�n de la crisis econ�micosocial que a los discursos de mano dura y tolerancia cero con el delito del gobernador de Buenos Aires, Carlos R�ckauf, los �ndices de criminalidad contin�an en ascenso. El fracaso de su estrategia de seguridad, que se mide en el simult�neo incremento del n�mero de delitos cometidos y de los casos de gatillo f�cil y de torturas a los sospechosos detenidos, ha abierto un peligroso espacio para aventuras neofascistas. R�ckauf ha decidido seguir adelante con su pedagog�a del plomo. Pero luego de casi un a�o de gobierno, la persistencia en esa doctrina brutal desborda los l�mites de la seguridad y se proyecta como una amenaza pol�tica, sobre la provincia y m�s all� de ella. En tal clima de descomposici�n, el ministro de Seguridad encabeza puebladas en contra de aquellos pol�ticos y medios de prensa que intentan ejercer alguna suerte de control sobre el desempe�o de la mayor organizaci�n armada del pa�s y en respaldo de polic�as acusados por graves delitos. Su colega de Justicia azuza el repudio social contra los jueces que se atienen a los derechos y garant�as que la Constituci�n y las leyes establecen para los sospechosos o culpables de violarlas, y el Procurador General de la provincia busca neutralizar a los funcionarios judiciales que no transigen con la brutalidad policial contra las personas detenidas. La desaz�n general por la falta de horizontes, que se coagula en el f�cil latiguillo de la inseguridad, unida al mensaje autoritario del gobierno bonaerense, brinda alg�n sustento social al discurso y la pr�ctica de la prepotencia armada y arrastra incluso a algunos intendentes radicales y justicialistas. Al mismo tiempo que el esc�ndalo de la venta de leyes en el Congreso Nacional profundiza el descr�dito del sistema representativo, una senadora radical bonaerense lleg� a elaborar un proyecto que contempla funciones de seguridad para las Fuerzas Armadas, que la ley proh�be. Ellas deber�an encargarse de salvar a la juventud de la droga y la delincuencia, de educarla, atender su salud e inculcarle valores patri�ticos. Para ese rol comenzaron a prepararse las tropas en C�rdoba durante dos semanas, junto con militares de Estados Unidos y de otros seis pa�ses, que ingresaron a la Argentina sin la autorizaci�n constitucional del Congreso. La simultaneidad de estos fen�menos revela la extrema tensi�n a que est� sometida la democracia en la Argentina y la clase de riesgos que ensombrecen su futuro.

La Tierra Prometida

La semana pasada la polic�a instig� un acto en el teatro municipal de San Nicol�s en apoyo del jefe de la Departamental Paran�, comisario inspector Jos� Aurelio Ferrari. El diputado radical Tom�s Zuelgaray y un grupo de colegas de la Alianza hab�an solicitado al Poder Ejecutivo que pasara a disponibilidad y sometiera a sumario a Ferrari, por haber agasajado como un h�roe al cabo Alberto Castillo, procesado como encubridor de la masacre de Ramallo, en la que fueron abatidos dos rehenes y ahorcado en su celda uno de los ladrones para impedir que hablara. Aunque la responsabilidad por los actos de la polic�a es provincial, el ministro Ram�n Ver�n impuls� a un grupo de intendentes y fuerzas vecinales a municipalizar el respaldo, con el asombroso pretexto de �fortalecer la democracia�. Con un lenguaje indisimuladamente mesi�nico, un supuesto �allegado al ministro� dijo al diario El Norte que �para Ver�n, San Nicol�s es la Tierra Prometida. El sue�a con que en todas las ciudades de la provincia la gente se interese tanto por la seguridad y vigile los pasos de la polic�a�. Durante una conferencia de prensa, Ver�n expuso su proyecto: �Que en toda la provincia se d� la misma respuesta que se le ha dado a Ferrari�. Dice un abogado nicole�o que asisti� al acto: �Ojal� detr�s de Ferrari se estuviera incubando un nuevo Patti. En realidad, es expresi�n de un proyecto mucho m�s vasto y ambicioso, que de la provincia se proyecta a la Naci�n y traspasa las fronteras partidarias�. 
��Podr�a haber alguna connotaci�n pol�tica en esta actitud de los comisarios? �pregunt� el diario El Norte.
�Me preocupa que desde una instituci�n que debe dedicarse a combatir el delito se est� haciendo proselitismo pol�tico. Y no s� d�nde va a desembocar. Temo por esta democracia que tanto ha costado al conjunto de la ciudadan�a �respondi� el diputado Zuelgaray.

La pueblada

Junto a Ver�n estuvieron los intendentes de Capit�n Sarmiento (el justicialista Oscar Ostoich), y de San Pedro (el radical Mario Barbieri), y los secretarios de gobierno de San Nicol�s (Jos� Mar�a Bertossi, radical) y de Baradero (el justicialista Julio Bernatzky). En cambio no hubo representantes de los municipios de Arrecifes y Ramallo, gobernados por intendentes radicales. Adem�s participaron de la pueblada los senadores justicialistas Adriana Coirini y Horacio Rom�n. Presidente de la comisi�n de seguridad del Senado, Rom�n es un hombre clave de esta avanzada, como se ver� a lo largo de esta nota. �Tengan cuidado los pol�ticos, porque la gente va a perder la paciencia�, areng� Hugo Miranda, el hombre fuerte del foro de seguridad de San Nicol�s, un ex peronista devenido radical en el momento oportuno. El tr�nsfuga tambi�n dijo que algunos legisladores escuchaban las voces de los delincuentes y advirti� al diputado Zuelgaray que �la gente va perdiendo la paciencia�. Zuelgaray denunci� a Miranda por amenazas. Los foros vecinales de seguridad no se caracterizan por su coherencia. O s�, seg�n se mire: fueron ruidoso sost�n primero del ex jefe Daniel Mendiz�bal y luego de Ferrari, que denunci� a su antecesor por corrupci�n.
Al llegar, Ferrari lanz� una serie de operativos contra el juego clandestino y la prostituci�n que le granjearon el apoyo de las fuerzas vivas del lugar. Junto con los jefes de las comisar�as de San Nicol�s, comisario C�sar Gatti y subcomisarios Carlos Cacho y Alcides C�ceres, inici� una tarea de captaci�n de voluntades, que incluy� visitas a los programas de las radios locales. En una de ellas puso en evidencia su asombroso desconocimiento de las leyes.
�Pero la prostituci�n no est� prohibida �objet� el periodista de LT24 Marcelo Levatti.
�La prostituci�n s� est� prohibida. Est� prohibido cobrar por tener sexo �replic� Ferrari. 
Ning�n art�culo del C�digo Penal dice tal cosa. Para Ferrari, en cambio, son leg�timos los encuentros �en un boliche�. Al menos en el reportaje emitido en abril ni siquiera consider� la posibilidad de que tales encuentros pudieran promover o favorecer la prostituci�n, esos s� delitos tipificados en los art�culos 125 y 126 del C�digo Penal. La acci�n que reivindic� se concentra en las putas pobres callejeras. �Si no llegamos a una condena de la prostituta en la calle por los juzgados correccionales, que significa arresto de 30 o 60 d�as, no vamos a lograr combatirla nunca. Porque usted la tiene presa y al d�a siguiente sale en libertad. En el Gran Buenos Aires la tienen cuatro d�as, eso le duele m�s� �explic�. Gatti, quien ha sido denunciado en varias causas, se especializa en detener a j�venes que andan de noche por las calles. �Dice que quiere que le tengan miedo�, afirma otro ciudadano nicole�o. 

La paradoja

Seg�n datos oficiales del Ministerio P�blico Fiscal, los hechos delictivos lejos de disminuir se incrementaron desde la asunci�n de Ferrari: de 1.493 durante el �ltimo semestre de la gesti�n de su predecesor a 1.657 en el primer semestre del comisario designado por Aldo Rico y confirmado por Ver�n. Los robos y hurtos saltaron de 945 a 988 y los diversos tipos de apremios y abusos policiales de 15 a 28, con una marcada tendencia en ascenso. En todo 1999 hubo 22 denuncias de apremios, contra 35 en los primeros ocho meses de 2000. Esto implica que el promedio pas� de 1,8 a 4,3 casos mensuales. El secretario de gobierno Bertossi no pudo ignorar estos duros datos, pero durante el acto los interpret� a su manera: �Puede ocurrir la paradoja de que no hayan disminuido los �ndices y que todos estemos conformes. Es que desde el ministerio se ordenan las cosas y en San Nicol�s la gente va a una comisar�a y la atienden como corresponde�.
El canal local de televisi�n entrevist� al comisario Ferrari, que aguardaba en su despacho el desarrollo del acto en el teatro. Un grupo de personas se acerc� hasta la jefatura para saludarlo. Mientras el polic�a era abrazado por las se�oras, un hombre grit�: �Pol�ticos corruptos, ladrones, queremos los nombres de los que hicieron la nota�. Se refer�a al art�culo publicado en este diario, que dio origen al pedido de pase a disponibilidad de Ferrari. Un cartel proclamaba: �Ferrari y Castillo. San Nicol�s los apoya. Abajo diputados. Abajo P�gina/12. Basura�. Ferrari dijo: �Soy un bien nacido y no los voy a abandonar�. Lagrime� y el movilero del canal inform� que se hab�a quebrado. Se repuso e insisti� en su defensa del cabo que escondi� en un patrullero el bolso en el que los ladrones del Banco Naci�n de Ramallo llevaban las armas y el equipo de comunicaci�n que hab�an usado para mantener un contacto clandestino con los polic�as que los cercaban: �A aquellos de mi gente que son inocentes no los voy a entregar aunque me maten, porque son mis hijos�, agreg�. En la conferencia de prensa, Ver�n valor� su actitud en defensa de Castillo: �Est� contemplada en los reglamentos. El jefe departamental tiene derecho a defender a un hombre si cree que es inocente�. Con tan expl�cito respaldo institucional, Ferrari levant� la apuesta. Al d�a siguiente, durante una movilizaci�n de taxistas y colectiveros que hicieron explotar bombas de estruendo frente a la Municipalidad y arrojaron huevos sobre el Concejo Deliberante, el jefe policial se acerc� a saludarlos. �Quiero que se comporten bien y s� que no me van a fallar�, dijo entre v�tores de los manifestantes. �Somos el ejemplo de nuestros hijos. Y yo creo que los argentinos no queremos m�s tener hijos desaparecidos�, a�adi�.

Los salvadores de la Patria

Con pocas horas de diferencia, se present� en el Senado bonaerense un proyecto de ley que atribuye a las Fuerzas Armadas el cuidado de la educaci�n y la salud de los adolescentes, su alimentaci�n, capacitaci�n deportiva y laboral y su formaci�n nacional y patri�tica. El impactante texto firmado por la senadora radical Cristina Azcueta crear�a un denominado Servicio C�vico Militar Voluntario (SCMV), financiado con una partida especial del presupuesto bonaerense e implicar�a un convenio entre la Naci�n y la Provincia. Su objeto son los j�venes de 15 a�os que no estudien ni tengan empleo permanente y su altruista motivaci�n es �evitar que ingresen al delito� ya que �es m�s �til, barato y eficiente para el desarrollo humano�, poner en marcha pol�ticas preventivas que represivas. De este modo ser�a posible �sacar a los j�venes de la calle, prevenir el flagelo de la droga, erradicar la de-
lincuencia infanto-juvenil�. Tambi�n llevar�a �disciplina a la vida del alumno/postulante, brind�ndole normas b�sicas en cuanto al ordenamiento personal, aseo, presentaci�n, respeto a las normas de convivencia, respeto por el pr�jimo y por su propia persona�. A los candidatos, �de sectores sociales en riesgo�, se les aplicar�n vacunas, se les revisar� la dentadura y se les dar� de comer. La curr�cula del Servicio C�vico Militar Voluntario �se orientar� a internalizar los conceptos de Patria y Naci�n� y al mismo tiempo se ense�ar�n computaci�n e idiomas y se practicar�n deportes. Como conclusi�n propone �crear una nueva fuerza mixta, de formaci�n militar con tareas policiales, para la prevenci�n y represi�n del delito�.
Colegas de la senadora Azcueta en la Legislatura dijeron que el proyecto hab�a surgido de un di�logo de su autora con el ministro de Defensa, Ricardo L�pez Murphy, pero ella lo neg�: �Se lo hice llegar una vez presentado y hasta ahora no he recibido ninguna respuesta�, dijo a este diario. Autora de diversos proyectos sobre minoridad, explic� que su prop�sito era dar contenci�n social a los chicos y aprovechar capacidades ociosas del Estado. �Tambi�n pens� en dar una funci�n social a las Fuerzas Armadas, para que no se sientan in�tiles�, agreg�. El candor de su explicaci�n es lo m�s inquietante. Basta escucharla por unos minutos para advertir su completa buena fe, s�lo comparable con su desconocimiento de las cuestiones b�sicas de la seguridad y la defensa y del propio ordenamiento legal argentino, que separa de modo tajante una de otra. Si las Fuerzas Armadas se dedicaran a estas tareas, que corresponden a otros organismos del Estado como los ministerios de Salud, Acci�n Social, Educaci�n y Seguridad, ser�a necesario crear otro cuerpo armado para proveer la defensa com�n del Pre�mbulo constitucional. En cambio, es dif�cil atribuir la misma ingenuidad al senador justicialista Horacio Rom�n, la figura m�s destacada del lobby que resisti� la reforma policial y ahora sostiene la contrarreforma, quien se apresur� a suscribir el proyecto de Azcueta. 
Este diario consult� la opini�n del presidente del Comit� provincia de la UCR, el senador nacional Leopoldo Moreau, quien no conoc�a el proyecto. Al escuchar sus caracter�sticas solicit� una copia, coincidi� en la cr�tica y cit� a su autora. Luego de una reuni�n mantenida el martes en el Senado, la senadora Azcueta anunci� que retirar�a el proyecto, tr�mite que inform� a este diario haber puesto en ejecuci�n ese mismo d�a. La r�pida y precisa respuesta de Moreau y la disposici�n de Azcueta de volver sobre sus pasos son los elementos m�s confortantes del ingrato episodio, revelador de tendencias subyacentes en la sociedad, cuyo est�mulo procuran l�deres autoritarios e irresponsables como el gobernador R�ckauf. 

Democracia o totalitarismo

El senador Rom�n es tambi�n el autor de una solicitud de juicio pol�tico contra los jueces Cecilia V�zquez y Ra�l Borrino, de la C�mara de Apelaci�n y Garant�a de San Isidro, por haber autorizado las salidas laborales del condenado Alejandro Puccio. Tanto la jueza Andrea Pagliani como la C�mara le negaron el r�gimen abierto de cumplimiento de pena. Pero la C�mara aprob� las salidas laborales transitorias contempladas en el art�culo 146 del C�digo de Ejecuci�n Penal, en cuyo r�gimen semiabierto ya estaba encuadrado Puccio. La autorizaci�n fue firmada en julio, pero el Procurador General Mat�as De la Cruz y el ministro de Justicia Jorge Osvaldo Casanovas resolvieron servirse de ella cuando el caso lleg� a la prensa, dos meses m�s tarde. El ministro recurri� a Rom�n, su viejo conocido de los tiempos de Mor�n, quien present� el alevoso pedido de enjuiciamiento contra los camaristas, un atropello a normas elementales del estado de derecho. �Lo que m�s me preocupa es el mensaje de impunidad que se est� dando�, dijo Casanovas luego de recibir a los familiares de las v�ctimas de los secuestros extorsivos y homicidios cometidos por Puccio y los suyos, y los instig� a llevar su reclamo al despacho presidencial. De este modo reforz� su presi�n sobre la Legislatura para que aprobara su enmienda a la ley de ejecuci�n penal, de modo que los autores de ciertos delitos especialmente odiosos, como los cometidos por Puccio, no pudieran gozar de salidas transitorias.
��C�mo va a ser un mensaje de impunidad el cumplimiento de una pena? Puccio no sale libre, contin�a pagando por el crimen que se le prob�, en una de las tantas etapas previstas para la ejecuci�n penal, la de una salida temporal para que trabaje. Mensaje de impunidad es el que tienen los polic�as de la provincia�, refut� Ra�l Zaffaroni. Adem�s, la aplicaci�n del r�gimen de ejecuci�n de la pena seg�n el delito cometido tiene alta probabilidad de atraer una declaraci�n de inconstitucionalidad. Nada de eso preocupa a quienes se proponen demoler las garant�as que distinguen la persecuci�n penal de la venganza arbitraria e ilimitada o, dicho en t�rminos pol�ticos, la democracia del totalitarismo. Las consecuencias de esa pol�tica volvieron a sentirse el jueves y el viernes, en los tiroteos de San Isidro.

Caba�as L�pez

Por H.V. 

Un pedido de informes del diputado del Frepaso Ram�n Torres Molina y una cuesti�n de privilegio del senador del PJ Jorge Yoma pusieron de manifiesto la grosera violaci�n constitucional que permiti� el ingreso al pa�s de medio millar de boinas verdes de Estados Unidos y tropas de seis pa�ses sudamericanos para un ejercicio preparatorio del Plan Colombia, sin la autorizaci�n del Congreso. El art�culo 75, inciso 28 de la Constituci�n afirma que corresponde al Congreso �permitir la introducci�n de tropas extranjeras en el territorio de la Naci�n, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de �l�. 
No es que el gobierno nacional ignorara esa facultad. Por el contrario, en abril envi� al Congreso el pedido de autorizaci�n para el ingreso de las tropas de Estados Unidos, Bolivia, Per�, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Chile que participar�an en el ejercicio Caba�as 2000, basado en lo que el mensaje del presidente Fernando de la R�a describi� como �una operaci�n de mantenimiento de la paz de la ONU�. La descripci�n oficial del ejercicio refiere un conflicto entre la hipot�tica Rep�blica isl�mica de Sudist�n y la escindida Federaci�n cristiana libre de Sudist�n, en el que tambi�n participan las guerrillas que controlan parte del territorio. Para adormecer cualquier conciencia cr�tica, el informe oficial sostiene que el objetivo es entrenar a las tropas para mediar entre las partes sin emplear la fuerza, �controlar el respeto de los derechos humanos y organizar la ayuda humanitaria�. Sin embargo, afirma Torres Molina, �del ejercicio combinado no participan tropas de Brasil ni de Venezuela, pa�ses �stos que han tenido una clara posici�n en contra de la intervenci�n norteamericana en Colombia�, donde cualquier preocupaci�n por los derechos humanos fue subordinada a las definiciones de lo que Estados Unidos denomina su seguridad nacional. 
El Senado aprob� la solicitud en julio y la remiti� a la C�mara de Diputados, donde obtuvo dictamen favorable de la Comisi�n de Relaciones Exteriores. Pero el pedido estaba a consideraci�n de la Comisi�n de Defensa antes de pasar a su tratamiento en el recinto, cuando las tropas ingresaron al pa�s y comenzaron el ejercicio, en las instalaciones del Ej�rcito en C�rdoba. Asistieron el embajador de Estados Unidos en la OEA, Luis Lauredo, el ministro de Defensa Ricardo L�pez Murphy y los jefes de Estado Mayor Conjunto y del Ej�rcito, generales Juan Carlos Mugnolo y Ricardo Brinzoni.
Al plantear su cuesti�n de privilegio, Yoma record� que la �ltima vez que ingresaron tropas extranjeras fue entre el 12 y el 19 de octubre de 1996, para el Operativo Cruz del Sur, conjunto con Brasil, que se realiz� en Monte Caseros. El Poder Ejecutivo pidi� la autorizaci�n el 2 de octubre y el mismo d�a ambas c�maras del Congreso la concedieron. Esta vez pasar� lo mismo que con el env�o de dos fragatas a la guerra del golfo, en 1990: el Congreso convalid� la salida cuando las tropas ya estaban en el teatro de operaciones. La autorizaci�n para el ingreso fue incluida en el orden del d�a de la C�mara de Diputados del pr�ximo mi�rcoles 27. El ejercicio concluy� el mi�rcoles 20.
El desprecio del Poder Ejecutivo por la legalidad agrava la insensatez de involucrar al pa�s en la escalada colombiana, con el pretexto de la persecuci�n de los vendedores de sustancias narc�ticas de uso prohibido por las autoridades sanitarias. Un pa�s que como la Argentina conoci� el horror del involucramiento castrense en tareas policiales deber�a prevenirse contra su repetici�n, cuando todav�a es tiempo.
De la R�a y Menem hablaron el viernes sobre el relevo de Pedro Pou de la presidencia del Banco Central. Su reemplazante ser�a L�-pez Murphy, que de eso entiende. Al fin una buena noticia.