Por Horacio Verbitsky
 En pocos d�as se sucedieron una ceremonia eclesi�stica en la que un enviado del Vaticano proclam� que la justicia no deb�a ser una venganza disfrazada, un discurso del jefe del Ej�rcito que insisti� en plantear una indefinida reconciliaci�n, y la resoluci�n de la C�mara Nacional de Casaci�n Penal que prohibi� tomar juramento a los militares que sean convocados en los juicios de la verdad, de modo que �cuanto tenga[n] que manifestar emane de su libre voluntad, guiado[s] por los dictados de su conciencia y el respeto por las obligaciones que a la sociedad toda adeuda[n]�. Demasiada coincidencia para atribuirla al azar.
Junto con los jueces Gustavo Hornos, Ana Mar�a Capolupo y Amelia Berraz de Vidal firm� la resoluci�n el secretario de la C�mara de Casaci�n Daniel Enrique Madrid. Seg�n los familiares de las v�ctimas del terrorismo de Estado que reclamaron a la C�mara Federal de Bah�a Blanca la continuaci�n de los juicios, Madrid es un mayor del Ej�rcito. De ser as� se entender�a por qu� la resoluci�n que proscribe cualquier medida coercitiva sobre los oficiales o suboficiales que se nieguen a declarar, se conoci� a trav�s de los euf�ricos voceros castrenses antes que en Tribunales, tal como hab�a ocurrido cuando el expediente fue sustra�do de sus jueces bahienses. Esto no equivale a decir que la letra de la resoluci�n se haya originado en el edificio Libertador, aunque coincida con reclamos del Jefe de Estado Mayor del Ej�rcito Ricardo Brinzoni. En su formulaci�n se reconocen declaraciones previas de los ministros del Interior, Federico Storani, de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, y del interventor en el PAMI Federico Polak, tres hombres de hist�rica lealtad al ex presidente Ra�l Alfons�n. El fiscal general de Bah�a Blanca, Hugo Ca��n, ya hab�a se�alado que exist�an �gestiones oficiales al m�s alto nivel, para �unificar criterios�, para evitar que cada fiscal o cada c�mara o juzgado act�e independientemente. Se pretend�a �uniformarnos�, si era necesario �incluso� con intervenci�n de la C�mara de Casaci�n o de la Corte Suprema�. Tal exhibici�n de alfonsinismo expl�cito se rastrea en muchos detalles del texto firmado por los jueces de la sala militar de la C�mara de Casaci�n. Para sorpresa de quienes conocen su formaci�n, Hornos, Capolupo y Berraz han devenido profundos conocedores de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, de las decisiones de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, de las soluciones amistosas alcanzadas ante ella como en el caso Lapac� y de los tratados procesales de Julio Maier y Alberto Binder. Tambi�n demuestran asombrosa familiaridad con causas en las que no intervinieron, como los juicios de la verdad de la Capital, La Plata y C�rdoba. No se discute la necesidad de descubrir la verdad y el �sistema de justicia debe colaborar en la reelaboraci�n social de un conflicto de enorme trascendencia�, aparecen diciendo Hornos, Capolupo y Berraz. La resoluci�n que impide interrogar como testigo a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas equivale a poner una vez m�s bajo sospecha a todos los militares.
Purificaci�n de la memoria
La jugada del Episcopado argentino no puede entenderse fuera del contexto de la �purificaci�n de la memoria� que el Vaticano comenz� a impulsar en 1994 con la carta pastoral sobre la inminencia del tercer milenio y que incluy� pedidos de perd�n a los protestantes, a los jud�os, a los herejes y los infieles, para concluir el 12 de marzo de este a�o con la ceremonia lit�rgica en la que Juan Pablo II extendi� las disculpas a las mujeres, los pueblos ind�genas, los inmigrantes, los pobres y los nonatos. Una comisi�n internacional de te�logos estableci� los l�mites de la autocr�tica, para que no fuera malinterpretada por personas �hostiles a la iglesia.� Afirmaron que la iglesia era santa e inmaculada pero sus hijos pecadores, por lo cual era necesaria una �constante purificaci�n�. La cr�tica que en febrero difundi� el reverendo Thomas Reeves, director de la revista jesuita Am�rica vale tambi�n para el acto de contrici�n del Episcopado argentino: �El documento deber�a haber puesto en letra de imprenta que entre esos hijos de la iglesia hay papas, cardenales y sacerdotes, y no s�lo los fieles que se sientan en los bancos de la iglesia�.
En todos los casos el mecanismo discursivo fue similar. En agosto de 1997 en Par�s, Karol Wojtyla admiti� que hubo �cristianos que cumplieron actos que el Evangelio condena�, pero no mencion� las Cruzadas ni la masacre de los protestantes hugonotes en la noche de San Bartolom� de 1572. En octubre del mismo a�o, conden� el antisemitismo como injustificable y absolutamente condenable, pero dijo que no fue �la iglesia como tal� sino �el mundo cristiano� el que permiti� la larga circulaci�n de �interpretaciones err�neas e injustas del Nuevo Testamento� referentes al pueblo jud�o y a sus presuntas culpas por la muerte de Cristo. Eso �contribuy� al sentimiento de hostilidad hacia ese pueblo� y adormeci� las conciencias, de modo que cuando las persecuciones asolaron Europa �la resistencia espiritual de muchos no fue la que la humanidad esperaba de los disc�pulos de Cristo�. Aclar� adem�s que esas persecuciones fueron desatadas por el �antisemitismo pagano�, que compar� �en su esencia� con el anticristianismo, como si pudieran equipararse los padecimientos que cada uno produjo. Pero ni entonces ni en la plegaria del 12 de marzo de este a�o dedicada a la �confesi�n de los pecados contra el pueblo de Israel� mencion� el comportamiento de la iglesia durante el Holocausto y el del Papa P�o XII, bautizado en el t�tulo de un libro reciente del investigador norteamericano John Cornwell como �El Papa de Hitler�.
Nuevos rostros
Un cap�tulo del documento �La reconciliaci�n de los bautizados� se titula �Confesi�n de los pecados contra los derechos humanos�, lo cual ya implica un cambio de actitud. La dictadura militar ridiculiz� este concepto con la soez campa�a �Los argentinos somos derechos y humanos� y la iglesia se abstuvo de usarlo. Prefer�a referirse a la �dignidad de la persona humana�, locuci�n que sent�a menos contaminada del liberalismo de la revoluci�n francesa. La lectura de ese tramo por el presidente y el vice de la Conferencia Episcopal, Estanislao Karlic y Emilio Bianchi di Carcano, sin responsabilidades de conducci�n en aquellos a�os sombr�os, mostr� un nuevo rostro de la iglesia argentina. Pero ese apreciable mensaje no es menor al de la presencia en el estrado del cardenal Juan Carlos Aramburu, el mayor s�mbolo viviente de aquel episcopado c�mplice de la tragedia.
Al colocar en un mismo plano �la violencia guerrillera y la represi�n ileg�tima�, la iglesia sigue a la derecha de la posici�n fijada en 1995 por el ex jefe del Ej�rcito Mart�n Balza, cuyo reconocimiento de la barbarie dej� de escudarse en la doctrina de los dos demonios. M�s pleno es el reconocimiento cuando los obispos admiten, esta vez s� en primera persona, que �hemos sido indulgentes con posturas totalitarias, lesionando libertades democr�ticas que brotan de la dignidad humana�, por lo cual suplicaron a Dios �que acepte nuestro arrepentimiento y sane las heridas de nuestro Pueblo�.
Tambi�n es destacable el reconocimiento del deber de la memoria, cuando hasta ahora el mensaje eclesial hab�a sido el del manto de olvido. No obstante, fue relativizado por la expresi�n �Padre, tenemos el deber de acordarnos ante Ti de aquellos hechos dram�ticos y crueles�, f�rmula restrictiva que no se usa en otro p�rrafo del documento, pero que fue retomada al d�a sigui-
ente en forma textual por Brinzoni. Los obispos piden perd�n a Dios, no a las v�ctimas, por los actos de otros, no los propios (�por los silencios responsables y por la participaci�n efectiva de muchos de tus hijos�) en una variedad de hechos como el atropello a las libertades, la tortura, la delaci�n, la persecuci�n pol�tica y la intransigencia ideol�gica, �en las luchas y las guerras y la muerte absurda que ensangrentaron nuestro pa�s�. Este deslizamiento sem�ntico no fue casual. Tambi�n se reflej� en el s�bito democratismo del episcopado, que a la hora del perd�n confiri� a los laicos un grado de protagonismo sin precedentes. Adem�s, entre los invitados estaba el jefe del Ej�rcito pero ning�n representante de las v�ctimas del terrorismo de Estado, lo cual se�ala la incapacidad eclesi�stica para terminar de asumir la magnitud y la �ndole de la tragedia. Ni siquiera hubo una referencia el�ptica a los m�rtires de la propia iglesia, como el obispo Enrique Angelelli, a los detenidos-desaparecidos y al robo de sus hijos, que curiosamente s� figuraba en el an�lisis del documento final de la Junta Militar emitido por la comisi�n permanente del episcopado en 1982. La mayor diluci�n del mensaje de penitencia se produjo con el tramo en que los obispos pidieron perd�n por el lavado de dinero y el narcotr�fico, �como si hubiera un mismo grado de participaci�n en la complicidad con la dictadura y el narcotr�fico, a menos que los redactores del documento sepan que hay tambi�n miembros de la jerarqu�a comprometidos con ese comercio aberrante�, seg�n la repuesta entre ir�nica e iracunda del sacerdote del obispado de Quilmes, Eduardo De la Serna.
Al margen del documento, pero no de la celebraci�n lit�rgica, el enviado papal Rosal�o Castillo Lara ley� un texto complementario sobre la d�cada del 70 y su secuela �de resentimiento, de rencor y hasta de odio�. Para �alcanzar la gracia de la reconciliaci�n� consider� �urgente acogerse al perd�n de Dios y saberse perdonar mutuamente� y explic� que �el perd�n no elude la justicia pero s� hace que la exigencia de justicia no sea una venganza disfrazada�. Un int�rprete autorizado del pensamiento de Karlic, el periodista Jos� Ignacio L�pez, interpret� en �La Naci�n� que ello alud�a a los juicios que llevan adelante jueces europeos, por los que el Ej�rcito ha presionado al gobierno, hasta ahora sin efectos.
De S�focles a Napole�n
Tal asociaci�n de justicia con venganza aparece como el punto m�s infortunado de la movida eclesi�stica, aquel que explica por qu� fracas� el Servicio de Reconciliaci�n promovido en 1982, para santificar el canje entre cronograma electoral e impunidad que la declinante dictadura militar trat� de arrancar de los pol�ticos antes de retirarse. Ni en la historia de la humanidad, ni en la m�s restringida de la Argentina, ni en el derecho internacional p�blico puede sostenerse tal equiparaci�n. En la Grecia arcaica descrita por Homero no hay juez ni verdad ni sentencia, s�lo lucha. La �nica forma de determinar qui�n ha violado el derecho del otro es el combate entre dos guerreros. En cambio, en el Edipo Rey de S�focles aparece el pastor que desde su caba�a observa los hechos y luego los narra. Seg�n Michel Foucault �el humilde testigo puede por s� s�lo, por medio del juego de la verdad que vio y enuncia, derrotar a los m�s poderosos�. El proceso por el cual �el pueblo se apoder� del derecho de juzgar, de decir la verdad� es para el fil�sofo franc�s una de las grandes conquistas del derecho ateniense, que impuso una verdad sin poder sobre un poder sin verdad.
Cinco siglos antes de Cristo, Esquilo present� en La Orest�ada el momento del tr�nsito de una forma a la otra. Orestes venga la muerte de su padre Agamen�n, matando a su madre, Clitemnestra, quien a su vez hab�a vengado en su esposo el sacrificio de su hija Ifigenia. El atroz ciclo de represalias sangrientas reci�n llega a su fin cuando se imponen el imperio de la ley y la justicia impartida por el Estado. El Or�culo de Delfos convence a Orestes de que se presente en Atenas para responder por su crimen, y un jurado de ciudadanos lo absuelve, con el voto decisivo de la diosa Atenea. En misma �poca, las multas comenzaron a sustituir en Roma las mutilaciones de la ley de tali�n, el ojo por ojo y el diente por diente de los c�digos mosaicos, babil�nicos y germ�nicos. Pero la ca�da del imperio romano retrotrajo las cosas a su estado anterior, de modo que este tr�nsito de la venganza a la justicia deber� repetirse en la Edad Media.
En el derecho germ�nico no exist�a ning�n representante de la sociedad que ejerciera la acci�n p�blica. El proceso era una continuaci�n de la lucha entre dos contendientes, apenas una manera reglamentada de la guerra. �Entrar en el dominio del derecho significa matar al asesino, pero matarlo de acuerdo con ciertas reglas� que �ritualizan el gesto de la venganza� y son indiferentes a la verdad, dijo Foucault en una de las conferencias que pronunci� en 1973 en la Universidad Cat�lica de R�o de Janeiro. Mientras ese derecho germ�nico prevaleci� en Europa, la prueba judicial no guard� relaci�n con la verdad, sino con la fuerza de cada contendiente. Reci�n en el siglo XII aparece la sentencia, que Foucault describe como �la enunciaci�n por un tercero de lo siguiente: cierta persona que ha dicho la verdad, tiene raz�n; otra, que ha dicho una mentira, no tiene raz�n�. Con la monarqu�a medieval la justicia deja de ser un pleito entre individuos y se convierte en la imposici�n de un poder superior, un tercero imparcial que no puede ser a su vez v�ctima de la venganza en raz�n de su sentencia. Con el prop�sito de hacer respetar el orden, el Estado que ya hab�a monopolizado la justicia, hasta lleg� a suprimir en el primer c�digo penal franc�s de 1791 la prerrogativa real de la gracia a los condenados.
Se cierra un ciclo
Sin necesidad de remontarse tan lejos, la mera observaci�n contempor�nea afirma la enorme trascendencia que tuvo en la Argentina el restablecimiento de las normas jur�dicas para dirimir las contiendas entre bandos pol�ticos. La condena a las Juntas Militares en diciembre de 1985 fue el cierre civilizado de un ciclo de tres d�cadas de violencia y represalias, que se hab�a abierto con el bombardeo a la Plaza de Mayo en junio de 1955 y que incluy� el secuestro y asesinato de Aramburu en 1970, la masacre de Trelew en 1972, los atentados personales de la guerrilla, los cr�menes de la Triple A y la gigantesca f�brica represiva montada por las Fuerzas Armadas a partir del golpe de 1976. Que no haya habido un solo acto de venganza por parte de los familiares de las v�ctimas, habla de la capacidad regeneradora de la convivencia que tuvo aun la escasa medida de justicia que el pa�s conoci� entonces. Las leyes y decretos de impunidad del quinquenio 1986-1990 anularon las condenas pronunciadas e interrumpieron los procesos posteriores que estaban en curso, con lo cual se inici� la crisis de credibilidad que hoy afecta a la Justicia. Pero tanto Ra�l Alfons�n como Carlos Menem tuvieron la sensatez de dejar abiertas al menos un par de puertas, por las que se canalizaron los reclamos en contra de quienes usurparon el poder y convirtieron al Estado en agente del terror. La posibilidad de reclamar legalmente por la ocultaci�n y sustituci�n de identidad de los hijos de personas detenidas-desaparecidas y por las desviaciones de poder cometidas con el saqueo de sus bienes, ha mantenido en tensi�n el hilo de la Justicia. La sociedad ha llegado a identificar la impunidad como uno de sus peores males y ha aprendido a organizarse para contrarrestarla. Lo muestran casos tan diversos como los de Mar�a Soledad Morales, el soldado Omar Carrasco, Jos� Luis Cabezas, las v�ctimas del gatillo f�cil o de los accidentes de tr�nsito, las chicas de Cipolletti, el estudiante Bord�n o los novios adolescentes de Bah�a Blanca.
�No existe reconciliaci�n justa y durable sin que sea aportada una respuesta efectiva a los deseos de justicia� dicen los �Principios para la protecci�n y la promoci�n de los Derechos Humanos y la lucha contra la impunidad�, elaborados en 1996 por el relator especial de las Naciones Unidas Louis Joinet. El derecho a la justicia �implica que toda v�ctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos benefici�ndose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su opresor sea juzgado, obteniendo su reparaci�n�. Entre las obligaciones del Estado se cuentan la de �investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si su culpabilidad es establecida, asegurar su sanci�n�. El perd�n es un �acto privado� y supone, �en tanto factor de reconciliaci�n, que la v�ctima conozca al autor de las violaciones cometidas contra ella y el opresor est� en condiciones de manifestar su arrepentimiento; en efecto, para que el perd�n sea concedido es necesario que sea solicitado�. Nadie ha codificado mejor que la iglesia las condiciones de ese perd�n, que deben incluir el reconocimiento de los yerros, su detestaci�n y la b�squeda de posibles caminos de reparaci�n.
La mesa de dos patas
Los obispos se presentan como intermediarios amorosos ante Dios para que perdone a quienes pecaron. Brinzoni, en cambio, pidi� perd�n �por nuestras responsabilidades�. Salvo que se refiera a su desempe�o como secretario general de la intervenci�n militar en el Chaco, Brinzoni no tuvo responsabilidades en �aquellos hechos dram�ticos y crueles del pasado� por los que se excusa. Debe entenderse entonces que el pedido de disculpas no es personal sino institucional. Esto implica asumir una continuidad del Ej�rcito a trav�s de los tiempos que, si no sirve para limpiar de sus cr�menes a Videla y los suyos, s� es eficaz para ensuciar con los actos atroces que ellos perpetraron a los cuadros m�s j�venes que ingresaron luego de la guerra sucia.
Exactamente lo contrario hizo el ex coronel Juan Jaime Cesio, cuando sostuvo en plena dictadura que �bandas integradas por militares� hab�an usurpado el gobierno y cometido �delitos aberrantes, como el secuestro, la tortura y el asesinato de miles de personas�. El 7 de noviembre de 1983, el Superior Tribunal de Honor del Ej�rcito le impuso la �descalificaci�n por falta grav�sima� y le quit� grado, t�tulo y uniforme. El tribunal le reproch� privilegiar �su condici�n de ciudadano sobre la de militar� y �pretender establecer una separaci�n entre las Fuerzas Armadas y el gobierno de las Fuerzas Armadas�. En su descargo, Cesio insisti� en destacar que no hab�a agraviado a las Fuerzas Armadas, ya que el terrorismo de Estado hab�a sido llevado a la pr�ctica por �bandas militares que usurparon el poder p�blico�. Convalidaron el castigo una resoluci�n del �ltimo comandante en jefe del Ej�rcito, Cristino Nicolaides y un decreto del �ltimo presidente de facto Benito Bignone, que se dio a conocer el 10 de diciembre, el �ltimo d�a de la �ltima dictadura. Aunque Nicolaides y Bignone est�n detenidos por el robo de beb�s y Brinzoni pida perd�n, ese �ltimo d�a dura hasta hoy para Juan Cesio. As� seguir� siendo mientras un Jefe de Estado Mayor no advierta que por los delitos de esas �bandas integradas por militares� (hoy casi todos retirados, pero algunos a�n en actividad, como Juli�n Corres, Eduardo Daniel Cardozo y Carlos Luis Malatto) no le corresponde pedir perd�n sino justicia, y que reparar la arbitrariedad cometida con uno de los oficiales que conservaron su dignidad en aquellos a�os en que tantos la perdieron ser�a un modo pr�ctico y sencillo de demostrar el repudio a aquella floraci�n monstruosa.
Aparte de sus actuaciones p�blicas, Brinzoni ha movido otras piezas en procura de sumar al menos una tercera pata, que no vista de verde ni de p�rpura, a la mesa de di�logo que plante� en cuanto se hizo cargo del Ej�rcito. El gobierno no ha mostrado mayor entusiasmo por esa alternativa, que implicar�a legitimar el reingreso de un actor militar a la escena pol�tica, algo que dej� de ocurrir cuando Menem asumi� la presidencia. Pero Brinzoni y el secretario general del Ej�rcito, Eduardo Alfonso miran hacia el peronismo, donde ya han entablado contacto con legisladores, de la Naci�n y de la Ciudad Aut�noma de Buenos Aires y, por esa v�a, con remanentes de la vieja conducci�n montonera. Al rid�culo, siempre se vuelve.
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