Por Horacio Verbitsky
 La investigaci�n del descomunal tiroteo de la semana pasada en Los Polvorines (en el que murieron tres asaltantes y un polic�a, y otros nueve funcionarios de seguridad fueron heridos) sugiere perturbadoras similitudes con lo sucedido en la masacre de Andreani de 1996 y la de Ramallo de 1999, dos casos en los cuales la mejor maldita polic�a del mundo, con respaldo del poder pol�tico, planific� espectaculares enfrentamientos para transmitir una imagen de eficiencia que mejorara la situaci�n de algunos de sus m�ximos jerarcas, acosados por denuncias p�blicas de corrupci�n, brutalidad e inoperancia. En este caso, el inusual operativo, encabezado por el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Ram�n Oreste Ver�n, y por el virtual jefe de la polic�a de la provincia, comisario mayor Ra�l Eduardo Mart�nez, se produjo en cuanto el periodismo revel� los antecedentes de Mart�nez como torturador durante la gesti�n del general Ram�n Camps y la justicia comenz� a investigar el impactante aumento de la cantidad de denuncias de torturas a detenidos en las comisar�as de la provincia desde la asunci�n de la f�rmula Carlos R�ckauf-Felipe Sol�. La mayor organizaci�n armada del pa�s vuelve a constituirse as� en un may�sculo problema pol�tico, cuyo control escapa a la capacidad o al inter�s del gobierno provincial.
Andreani 96
La denominada masacre de Andreani tuvo un largo per�odo de incubaci�n, que se remonta al 29 de septiembre de 1994, cuando el programa �Edici�n Plus�, dirigido por Luc�a Su�rez, mostr� por primera vez la participaci�n org�nica de las brigadas policiales en el comercio de sustancias psicotr�picas de consumo prohibido por las autoridades sanitarias y formul� preguntas pertinentes sobre los bienes del comisario Mario Rodr�guez, el hombre fuerte de la zona. El gobierno provincial consigui� que el amistoso canal Telef� levantara el programa. Pero el 13 de julio de 1996 el juez federal Juan Jos� Galeano detuvo al comisario Juan Jos� Ribelli y a otra docena de polic�as, acusados de haber recibido de manos de Carlos Telleld�n la camioneta con la cual se habr�a volado la mutual jud�a de Buenos Aires. Ribelli era un protegido del jefe de la polic�a Pedro Klodczyk. Tres d�as despu�s fueron arrestados seis polic�as de la divisi�n narcotr�fico de Quilmes, descubiertos por �Telenoche Investiga� cuando cumpl�an la misi�n espec�fica que su denominaci�n indica. El 10 de agosto, el periodista Carlos Dutil public� en el semanario Noticias su investigaci�n sobre la �Maldita polic�a�, en la que afirm� que era una mafia organizada para delinquir, en complicidad con el poder pol�tico. Dutil describi� la relaci�n especial del comisario Mario Rodr�guez con el entonces presidente de la C�mara de Diputados, Alberto Pierri, y con el propio gobernador. En setiembre, Eduardo Duhalde pas� a retiro a Klodczyk y comenz� un tard�o intento de reforma policial. Junto con el jefe fueron jubilados los nueve comisarios generales y comenzaron las investigaciones sobre los comisarios mayores, Rodr�guez el primero de ellos. No hab�a tiempo que perder.
El 6 de noviembre de 1996, m�s de una docena de delincuentes penetraron en la sucursal del servicio postal Andreani en Avellaneda, donde funcionaba un banco. En su interior los esperaban cuatro decenas de polic�as que desencadenaron lo que el comisario Rodr�guez describi� como �el hecho m�s sangriento de la historia policial argentina�, gracias al cual esperaba salvar su carrera. Esa jactancia es similar a la del actual ministro Ver�n, orgulloso por ser el oficial que m�s personas mat� en enfrentamientos. En el tiroteo de Andreani hubo nueve muertos, dos de ellos polic�as. Dos testigos, uno de ellos de identidad reservada, dijeron que se trat� de una emboscada: la polic�a conoc�a por un confidente la preparaci�n del asalto y mont� una ratonera en el lugar. El sargento Domingo Schiliase declar� a la justicia que las armas y los uniformes de Andreani que se usaron en el asalto hab�an sido enviados a los delincuentes por el comisario Rodr�guez, por entonces en la Unidad Regional de Lan�s.
Ramallo 99
Los tiempos se acortaron y para encontrar los antecedentes de la masacre de Ramallo s�lo es preciso retroceder un a�o. En enero de 1998 Duhalde disolvi� la polic�a bonaerense y design� como ministro de Justicia y Seguridad a Carlos Arslanian, quien comenz� una profunda depuraci�n. El ministro y sus colaboradores pronto descubrieron que las mayores resistencias se produc�an en los municipios. En un solo d�a se recibieron 74 llamados de jueces e intendentes que ped�an que no se expulsara a determinados polic�as. Uno de ellos ten�a dieciocho causas por homicidio en ri�a, que es el nombre judicial del gatillo f�cil, siete por apremios ilegales y dos por comercio de narc�ticos. Comprobaron que los punteros del Partido Justicialista en el conurbano financiaban sus actividades pol�ticas con el tr�fico de productos estupefacientes, en complicidad con la polic�a. �Me tuve que bancar presiones de intendentes, cuando les tocamos su sistema recaudatorio, pero no nos torcieron la mano�, dijo Arslanian a este diario, d�as antes de que se la torcieran. Los enfrentamientos con los aparatos pol�ticos del justicialismo de Lan�s, Mor�n y La Matanza lo desgastaron. Como vocero de ese descontento se destac� R�ckauf, quien en agosto de 1999 precipit� el alejamiento de Arslanian, al cuestionar su gesti�n y postular que deb�a meterse bala a los ladrones. �Arslanian nos cuesta cada d�a m�s caro. Tiene prejuicios contra la clase pol�tica y se niega a recibir a los intendentes, que se quejan de �l. Releva a comisarios de confianza de los intendentes y designa a otros que no dialogan con los intendentes�, explic� R�ckauf ante el malhumor de Duhalde.
Para suceder a Arslanian y a su secretario de seguridad, Alberto Beraldi, Duhalde recurri� a una pareja de vidriosos antecedentes: el juez federal de Campana Osvaldo Lorenzo y el abogado H�ctor Lufrano, con quienes se reinstal� la confusi�n entre polic�as y ladrones. Hasta dos d�as antes de asumir su cargo, Lufrano era el defensor de Luis Valor en una causa por robo y homicidio, a ra�z del cruento asalto a un blindado en La Reja. El entonces candidato a la vicegobernaci�n, Felipe Sol�, defini� a Lorenzo como un abogado de provincia, sin compromisos con la polic�a y honesto. No pensaban lo mismo los jueces de la Sala II de la C�mara Federal de San Mart�n Alberto Mansur, Horacio Prack y Daniel Rudi, quienes lo hab�an denunciado ante el Consejo de la Magistratura por su desempe�o en una causa por contrabando y evasi�n fiscal, en la que adopt� decisiones en contra de la presunci�n de inocencia de detenidos y la garant�a de defensa en juicio. Los denunciantes describieron �el despliegue encarado por el juez al disponer la afectaci�n de no pocos integrantes de la polic�a de la provincia de Buenos Aires para realizar innumerables seguimientos, filmaciones y tomas fotogr�ficas, que implicaron el traslado de varias comisiones por diferentes localidades bonaerenses�. Pero se declararon asombrados de que esa �significativa labor desarrollada durante m�s de dos a�os�, no sirviera para corroborar �alguna de las actividades il�citas investigadas�. Para quienes est�n habituados a leer las entrel�neas de los expedientes judiciales, de este modo insinuaron que el juez podr�a haber procedido a detenciones arbitrarias en una causa inventada para luego modificar la situaci�n de los procesados a cambio de alg�n beneficio.
Al asumir Lorenzo se lanzaron dos avisos televisivos sobre la seguridad. En el primero Duhalde sobrevolaba nuevas c�rceles en helic�ptero. El texto del segundo adujo que Duhalde hab�a terminado con la maldita polic�a y �est� trabajando mucho para que un d�a, qui�n sabe, pueda ser llamada bendita�. El tercer corto de la serie comenz� a filmarse ��oh casualidad!� en Villa Ramallo, donde la polic�a mont� un cerco sobre la sucursal del Banco Naci�n, ocupada por tres delincuentes que entraron a robar y al verse descubiertos se atrincheraron con empleados y clientes como rehenes. Pero nunca lleg� a emitirse, porque lo que deb�a ser el acta de bautismo de la bendita polic�a se convirti� en una carnicer�a desaforada, en la que los efectivos policiales acribillaron a los rehenes. Entre los polic�as que Duhalde relev� en las horas posteriores a lo que llam� �una masacre injustificable�, estaba el comisario mayor Mart�nez, por entonces director de inteligencia de la polic�a. La investigaci�n del juez Carlos Villafuerte Ruzo ya estableci� que la polic�a instig� el asalto y borr� las pruebas, para lo cual lleg� a ahorcar en su celda a uno de los ladrones, que sali� ileso del tiroteo tras el cuerpo de uno de los rehenes. Entre los procesados hay un suboficial que particip� en la planificaci�n del robo y al que le secuestraron un plano del banco, otro que luego del tiroteo escondi� en el ba�l de un patrullero el bolso en el que los delincuentes llevaban una escopeta y un equipo port�til de comunicaciones que usaron para coordinar con la polic�a, y un oficial que, alejado del resto, abri� el fuego sobre los rehenes.
Polvorines 2000
La ratonera de Polvorines fue de gestaci�n mucho m�s corta que las de Andreani y Ramallo. En abril de este a�o, el comisario mayor Mart�nez asumi� como Superintendente de Coordinaci�n de Seguridad, cuando Ver�n dej� ese cargo para reemplazar en el ministerio al deslenguado Aldo Rico. Por primera vez en un lustro, la polic�a sali� del foco de la atenci�n p�blica y R�ckauf goz� de un cierto desahogo. Pero en agosto, la justicia y el periodismo volvieron a revisar el pasado y el presente de la polic�a.
La Suprema Corte de Justicia provincial comenz� a investigar una denuncia del asesor de menores de San Isidro Carlos Eduardo Bigalli, quien document� que entre enero y julio de 2000 se hab�an triplicado los casos de torturas policiales a ni�os y que las condiciones de su alojamiento en comisar�as eran intolerables. El lunes 14 de agosto Bigalli present� una denuncia por la inhabitabilidad de los calabozos en que se depositaban chicos en la comisar�a de Victoria. �Resulta inconstitucional, ilegal e ileg�timo que los ni�os vulnerables paguen con sus cuerpos y almas el palmario incumplimiento del Estado provincial, recluidos en jaulas�, escribi�. El viernes 18, elev� a la Corte su t�trica estad�stica de maltratos a los pibes detenidos en su jurisdicci�n: pu�etazos, patadas, rodillazos, cabezazos, culatazos, simulacros de fusilamiento, disparos de armas de fuego, amenazas de muerte, y vejaciones sexuales. Seg�n el informe de Bigalli, en los dieciocho meses transcurridos entre julio de 1998 y diciembre de 1999 comunic� a la Corte provincial 129 denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes a menores. Esto es, un promedio de 7,16 casos por mes. A�adi� que en los siete primeros meses de 2000, hasta el 31 de julio, las denuncias treparon a 159, es decir una media de 22,71 casos por mes, o un caso por d�a h�bil. Es decir que las denuncias se triplicaron desde el cambio de gobierno en la provincia. El domingo 20, este diario revel� que en 1978 Mart�nez hab�a sido procesado por torturar a palos y con corriente el�ctrica a un ciudadano alem�n detenido por un delito privado. Entrevistado antes de la publicaci�n del art�culo, Ver�n hab�a respondido que antes de designar a Mart�nez consult� su legajo y no encontr� nada preocupante.
El martes 22, la Alianza solicit� la renuncia de Mart�nez y la Suprema Corte orden� a Ver�n que hiciera cesar las torturas y las condiciones degradantes de alojamiento. El mi�rcoles 23 las dos c�maras de la Legislatura aprobaron por unanimidad sendos pedidos de informes sobre el episodio de la d�cada del �70, acerca de los procedimientos para designar a las m�ximas jerarqu�as policiales y por el incremento de torturas en las comisar�as. R�ckauf dej� entender que a�n no hab�a resuelto la confirmaci�n o el relevo de Mart�nez. El jueves 24, Mart�nez dijo que estaba desanimado y con deseos de renunciar. R�ckauf recibi� a Ver�n y anunci� que hab�a dejado la decisi�n en manos del ministro. El viernes 25, una estruendosa lluvia de plomo ahog� esos ecos: tres hombres que hab�an robado un banco en Talar de Pacheco huyeron en moto y se refugiaron en una casa de Polvorines. Aunque estaban cercados, la polic�a desencaden� un descontrolado tiroteo, en el que adem�s de los tres ladrones muri� un suboficial de la polic�a y otros nueve resultaron heridos.
La investigaci�n del fiscal de San Mart�n Mario Marini cuestion� la historia oficial tal como la hab�an divulgado Ver�n y Mart�nez, en demostraci�n de los buenos reflejos y la aptitud operativa policial para brindar seguridad a la poblaci�n. Poco antes del mediod�a tres hombres robaron algo m�s de 25.000 pesos en un banco de Talar de Pacheco. Seg�n la polic�a, se fugaron los tres en una sola moto en la que, adem�s de un bolso con el bot�n, llevaban otro con un arsenal de armas largas. La famosa intuici�n policial permiti� localizarlos m�s de una hora m�s tarde, no en la calle y en la indefinible actitud sospechosa del l�xico, sino ya instalados en una casa de Polvorines, donde nadie denunci� haber visto nada extra�o. Se suscitaron varios tiroteos, entre los habitantes de la casa y los tripulantes del patrullero que los detect� y entre el �nico asaltante que quedaba y casi un centenar de polic�as que arribaron en docenas de patrulleros desde distintos puntos del Gran Buenos Aires, mientras el lugar era sobrevolado por cuatro helic�pteros y llegaban Ver�n y Mart�nez. Entre los tres asaltantes recibieron un centenar y medio de impactos de bala a muy corta distancia, la mayor parte en sus cabezas. Tambi�n hubo un polic�a muerto y nueve heridos. Los primeros peritajes parecen indicar que el polic�a abatido y al menos uno de los heridos lo fueron por proyectiles de armas distintas a las que portaban los asaltantes. Tambi�n desaparecieron 10.000 de los 25.000 pesos robados. Como quien une lo �til a lo agradable.
�El desprecio a la ley�
Por H. V.
Otra causa judicial,
�sta de hace apenas dos a�os, cuestiona el apego del virtual jefe de polic�a
Mart�nez a la legalidad de los procedimientos y el respeto por los derechos
y garant�as constitucionales. Como resultado, los jueces del Tribunal
Oral Federal N� 2 de San Mart�n, Daniel Cisnero, Luis Nieves y V�ctor
Blanco anularon las actuaciones por comercio y/o tenencia de estupefacientes
contra diez personas, que fueron absueltas.
La causa se inici� con una denuncia presentada al oficial H�ctor Vidart,
de la divisi�n Narcotr�fico Norte de la polic�a por un desconocido, quien
describi� la llegada de coca�na desde el Paraguay y su canje por autom�viles.
Aunque el desconocido se neg� a identificarse y a dejar ning�n dato personal,
Vidart estim� que dec�a la verdad, pero cuando el tribunal le pidi� que
explicara por qu� s�lo obtuvo como respuesta el silencio. Su jefe, Ra�l
Eduardo Mart�nez, consider� que la informaci�n recogida era cre�ble como
para iniciar una investigaci�n preliminar, pero �realizada �sta no se
pudo obtener prueba alguna que corroborara el dato original�. Para �no
descartarlo totalmente� le pidi� al juez federal Mart�n Su�rez Araujo
la intervenci�n telef�nica. Vidart y Mart�nez explicaron en el juicio
oral que no pudieron encontrar ning�n dato que vinculara �a las personas
o domicilios investigados con alg�n delito�. Vidart declar� que aunque
tampoco surgi� nada il�cito de las escuchas telef�nicas, se solicitaron
intervenciones adicionales �de tel�fonos que se comunicaban con los anteriores�.
Mart�nez explic� que s�lo �al tejer para arriba en las escuchas� se obtuvo
alg�n dato de inter�s y vinculado al tr�fico ilegal. Para el tribunal,
la intervenci�n que a solicitud de Mart�nez firm� Su�rez Araujo �carec�a
de causa y motivo. Por el contrario, la alent� la b�squeda de esos motivos,
procedimiento espurio que invirti� los t�rminos de la exigencia legal�.
Por falta de la fundamentaci�n que requiere el c�digo procesal esa orden
fue anulada, igual que todos los pasos procesales posteriores. �De la
denuncia original, �nico elemento distinto a las escuchas obrante en la
instrucci�n, nada se prob�, pues tanto las personas all� citadas, como
la maniobra de canje de autos robados por coca�na se desvanecieron al
correr de las fojas�, dijeron los camaristas del juicio oral. �No puede
convalidarse, cualquiera haya sido el resultado final, tama�a violaci�n
constitucional. Si el encargado de cumplir y hacer cumplir la ley se aparta
de ella para asumir un papel de cruzado contra el delito, flaco es el
favor que se le hace a la sociedad, por m�s que se pretenda escudar en
ella. Nada es peor para el cuerpo social que el desprecio a la ley, y
si viene de la mano del encargado de aplicarla, tanto peor�, agregaron.
El tribunal tambi�n objet� �la irregular incautaci�n de m�s de diez rodados
de alto valor� dispuesta por Su�rez Araujo, sin explicar antes ni investigar
despu�s �de qu� manera los vinculaba con el tr�fico ilegal�. En cambio,
�se desat� un reparto de los bienes entre funcionarios policiales, judiciales
y hasta penitenciarios que resulta, cuanto menos, de una ligereza y apresuramiento
llamativos�. Respecto de Su�rez Araujo, el Tribunal Oral remiti� fotocopias
a la C�mara, que tiene la funci�n de superintendencia del juez.
Durante el juicio oral Mart�nez reconoci� que hab�a pedido las �rdenes
aunque �no hab�a motivos para intervenir� esos tel�fonos, pero que �si
el juez lo ordenaba, a lo mejor se pod�a descubrir algo�. Para los camaristas,
de este modo Mart�nez intent� trasladarle su responsabilidad al juez.
�Esta excusa son� harto infundada, pues por su cargo y jerarqu�a debe
conocer y hacer cumplir las leyes. No es excusa que la mayor responsabilidad
recaiga sobre el magistrado, cuando ante su simple pedido se otorgan indiscriminadamente
�rdenes de escucha. Por ello se consider� adecuado poner en conocimiento
del se�or ministro la actuaci�n del comisario inspector Eduardo Ra�l Mart�nez�.
�Esta sentencia tampoco figura en el legajo que Ver�n consult� antes de
proponerle a R�ckauf la designaci�n de Mart�nez como reconstructor de
la mejor maldita polic�a del mundo o, por el contrario, es el fundamento
oculto de la decisi�n?
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