Por Horacio Verbitsky
 Gracias a las medidas adoptadas por el gobierno de la Alianza, el 10 por ciento m�s rico de la poblaci�n aument� su participaci�n en el ingreso en un 0,9 por ciento, esto es un ritmo de crecimiento de la concentraci�n 12,5 veces mayor que el promedio de la d�cada menemista, que fue del 0,088 por ciento anual. Como quien dice, a 180 por hora en 4 x 4. Estos datos oficiales de mayo de 2000 (*) desmienten la idea generalizada de que el presidente Fernando De la R�a, el vicepresidente Carlos Alvarez y el ministro Jos� Machinea s�lo contin�an la obra del ex presidente Carlos Menem y su superministro Domingo Cavallo. El progresismo que Alvarez y el ex presidente Ra�l Alfons�n atribuyen a Machinea y su jefe de gabinete Pablo Gerchunoff tampoco resiste el cotejo con sus actos en la renegociaci�n de los contratos con las empresas transportistas y distribuidoras de gas. Adem�s de aceptar la ilegal indexaci�n de acuerdo con el �ndice de precios mayoristas de los Estados Unidos, el decreto 669 firmado por De la R�a, Machinea y el jefe de gabinete Rodolfo Terragno, implica una nueva estatizaci�n de deuda dolarizada por 300 millones de d�lares en dos a�os, similar a la que hace dos d�cadas produjo Cavallo desde el Banco Central de la dictadura militar. Al margen de la caracterizaci�n ideol�gica y �tica que merecen, estas bochornosas decisiones tornan ilusorio el mantenimiento a largo plazo de la convertibilidad, porque deterioran a�n m�s la competitividad de la econom�a argentina. S�lo el Defensor del Pueblo de la Naci�n, Eduardo Mondino, quien denunci� este ajuste ilegal, y la jueza federal en lo contencioso administrativo Clara Do Pico, que lo dej� cautelarmente en suspenso, impidieron por ahora la consumaci�n de esta nueva escalada en la marcha forzosa hacia Guatepeor.
La peor de todas
En el mismo lapso (mayo 1999/mayo 2000, a caballo de los dos gobiernos) cay� la participaci�n en el ingreso de los sectores medios en general y de los medios/bajos en particular, es decir la propia base electoral de la Alianza. S�lo quedaron a salvo los �ltimos orejones del tarro. Gracias a los programas nacionales y provinciales de empleo precario, becas y ayuda alimentaria, la poblaci�n con ingresos menores a 150 pesos mensuales mantuvo su desmedrada situaci�n anterior: 1,5 por ciento del ingreso, la peor desde que se mide. Como resultado, la brecha de ingresos entre la base y la c�pula de la estructura social es hoy la mayor del �ltimo cuarto de siglo: 24,8 veces, a�n peor que la del hiperinflacionario 1989, cuando fue de 23,1 veces, y m�s del doble que en 1974, el �ltimo a�o de gobierno y de vida de Juan D. Per�n, cuando fue de 12,3 veces. Los datos mencionados del INDEC se refieren a los 12 millones de personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Ese universo abarca un tercio de la poblaci�n y la mitad del ingreso del pa�s, lo cual le confiere una abrumadora representatividad nacional.
El �nico logro que el gobierno de la Alianza puede mostrar es una ligera disminuci�n de la cantidad de hogares y de personas que quedan por debajo de la l�nea de pobreza. Eran el 25,1 por ciento de los hogares en mayo de 1999 y descendieron al 24,4 por ciento en mayo de este a�o. O dicho en porcentajes de poblaci�n, disminuy� del 33 al 32,2 por ciento. �Esta situaci�n no debe llamar a equ�vocos. La ca�da leve en la pobreza que se proyecta no es producto de una redistribuci�n progresiva del ingreso�, se�ala Artemio L�pez, quien ha sido consultado sobre estos temas tanto por De la R�a como por Alvarez y por Graciela Fern�ndez Meijide. Como se ve, las cifras son menos severas con la ministra de Desarrollo Social que sus compa�eros en el gobierno y que el humor social, donde su imagen se ha ido a pique de un modo que torna improbable cualquier regreso, no por su gesti�n sino merced al indefendible caso Tonietto.
Santos abstenerse
Es cualquier cosa menos casual que el vicepresidente Alvarez, que apoy� sin dudas ni murmuraciones las medidas econ�mico-sociales, haya elegido el momento en que sus efectos se reflejaban por primera vez en estad�sticas oficiales para desencadenar su ofensiva sobre la clase pol�tica. La corrupci�n de los representantes es un dato estructural del sistema. Lo que la ha tornado intolerable es la extensi�n y profundidad de la crisis. No es un hecho menor que la ley cuya aprobaci�n se sospecha obtenida mediante el pago de favores personales haya sido la reforma laboral. Su aspecto positivo era la simplificaci�n de tr�mites para el registro de cada trabajador nuevo por parte de las empresas, lo cual tend�a a reducir el negreo, pero a�n no ha sido reglamentado. La cuesti�n fue puesta por el gobierno en manos de Osvaldo Giordano, el candidato al sill�n de Alberto Flamarique si Domingo Cavallo hubiera sido electo presidente. Tampoco se reglament� la convocatoria a paritarias, por temor al conflicto social. Lo que s� se reglament� y est� funcionando a pleno es la extensi�n del per�odo de prueba dentro del que puede despedirse a un trabajador sin costos, a doce meses en las empresas peque�as y a seis en las restantes. Cuando el gobierno se anime a someter a discusi�n los convenios colectivos vigentes se habilitar� adem�s la baja de los salarios nominales.
El trabajo en negro en el promedio del conurbano bonaerense lleg� en mayo �ltimo al 40,6 por ciento y se acerca al 45 por ciento en los partidos m�s castigados. La cifra exacta del INDEC para Florencio Varela, Esteban Echeverr�a, Ezeiza, Merlo, Moreno, Malvinas Argentinas, Jos� C. Paz, San Miguel, Matanza (2� cord�n), San Fernando y Tigre, donde habitan 3,3 millones de personas, es de 43,7 por ciento de trabajadores con empleos en negro.
Las pr�cticas corruptas aparecen entonces como un componente necesario para la aprobaci�n de pol�ticas que contradicen las posiciones hist�ricas de los partidos de lejano origen popular que hoy se reparten el gobierno y la oposici�n. Aunque en p�blico mantiene un aire circunspecto, en la intimidad el licenciado Alvarez est� exultante. Ha vuelto a caminar por la calle y tomar caf� en los bares sin temor a confrontaciones con ciudadanos iracundos. Siente que ha recuperado las viejas banderas con las que el Frepaso lleg� hasta donde est�. La diferencia es que desde el llano no impugnaba s�lo la corrupci�n, sino la pol�tica econ�mica a la que aquella es funcional. Este modelo no necesita ni admite santos. Cualquier denuncia de sus bordes corruptos que no ponga al mismo tiempo en cuesti�n el n�cleo duro regresivo y concentrador es fr�vola y marketinera. La renuncia de Alvarez a la vicepresidencia que ya insin�an sus allegados, explicitar�a el oportunismo electoralista de su estrepitoso despegue respecto de lo que hab�a descripto como �el sistema de corrupci�n delarruista�. Ello ocurri� en 1998, en v�speras de otra elecci�n, por la candidatura presidencial de la Alianza. S�lo que ahora se trata de un �rea cuya responsabilidad corresponde a un ministro del Frepaso, el segundo (sobre un total de dos) cuyos actos no acreditan la tan pregonada transparencia. �En aquel momento denunciamos el Plan Canje: a cambio de la sanci�n de la ley laboral, se aprob� en el Senado una partida de m�s de cien millones de d�lares de Planes Trabajar para las provincias. Despu�s, la C�mara de Diputados cajone� ese proyecto y nadie protest�. Ahora entendemos por qu�, afirma el abogado laboralista H�ctor Pedro Recalde.
La presencia de Alvarez junto a Flamarique en una reuni�n de la mesa de conducci�n del Frepaso ilustra el inconsistente chisporroteo de la jugada vicepresidencial: si existieron las pr�cticas turbias que Alvarez denuncia para la sanci�n de aquella ley, es impensable que el ministro de Trabajo no haya sido uno de sus protagonistas. De all� el improbable di�logo entre c�mplices que propuso en el Congreso, al pedir que le dijeran en la cara�si hay alg�n senador de este cuerpo que haya hablado conmigo o con alg�n funcionario de este gobierno de alguna transacci�n horrorosa para aprobar una ley�. La carrera de Flamarique ha sido fulminante. Principal colaborador de Jos� Luis Manzano, se arroj� en brazos de Jos� Octavio Bord�n cuando �ste enfrent� a su jefe. T�ctico insustituible de Bord�n, lo abandon� por Alvarez cuando ambos se separaron. Mano derecha del vicepresidente, que lo promovi� al gabinete nacional, se convirti� en consejero privilegiado de De la R�a. El drama del Operador es que lleg� al �ltimo casillero y, sin vida pol�tica propia, no le queda adonde saltar. Game over.
Los progresistas
La defensa de las medidas econ�micas adoptadas por la Alianza se bas� en el car�cter supuestamente progresista del esquema impositivo, que no grav� a los sectores de menores ingresos. Un semestre m�s tarde es posible medir el impacto real de esas decisiones pol�ticas sobre los ingresos de la poblaci�n, tal como se aprecia en el cuadro 1. La poblaci�n que percibe ingresos se ordena en diez casilleros, seg�n el nivel de esos ingresos. En el primer casillero est�n todos los que ganan hasta 149 pesos mensuales, y as� sucesivamente hasta el d�cimo casillero, donde se ubican todas las personas f�sicas que perciben ingresos superiores a 1300 pesos mensuales. El cuadro incluye el ingreso mensual m�ximo, m�nimo y promedio de cada decil. A su vez, los deciles est�n agrupados seg�n estratos sociales: bajo, medio bajo, medio pleno, alto, lo que brinda una radiograf�a detallada de la situaci�n social respecto de ingresos.
Los dos deciles inferiores, aquellos cuyos integrantes perciben menos de 200 pesos mensuales, no han variado su participaci�n en el ingreso total. Carne de planes Trabajar, constituyen el estrato social bajo, en el que se han concentrado todos los programas de asistencia del Estado, tanto de la Naci�n cuanto de la provincia de Buenos Aires. La p�rdida de ingresos comienza en el estrato medio bajo, formado por el tercero y el cuarto decil, es decir personas que perciben entre 200 y 349 pesos mensuales. Cada uno de esos deciles perdi� 0,1 por ciento de su participaci�n en el ingreso total, o un 0,2 por ciento para el estrato. La ca�da fue del doble (0,4 por ciento) en el estrato medio pleno, correspondiente a los deciles 5, 6, 7 y 8, integrados por personas cuyos ingresos van de 350 a 839 pesos mensuales. En cambio en el estrato social alto la participaci�n en el ingreso total se increment� en un 0,7 por ciento. El efecto concentrador es a�n m�s acentuado si se discrimina por deciles dentro del estrato alto: los que perciben de 840 a 1299 pesos mensuales retrocedieron en su participaci�n del ingreso total, del 16 al 15,8 por ciento. En cambio, aquellos del �ltimo decil, cuyos ingresos van de 1.300 a 14.000 pesos mensuales incrementaron su participaci�n en el ingreso total en el 0,9 por ciento, del 36,3 al 37,2 por ciento.
El cuadro 2 compara este incremento del decil m�s alto, con el desempe�o durante la d�cada menemista. Sus conclusiones son desoladoras. En el primer semestre de gobierno de la Alianza el v�rtice de la pir�mide mejor� su participaci�n en el ingreso casi tanto como en toda la denostada d�cada menemista.
Por �ltimo, el cuadro 3 muestra c�mo evolucion� la brecha entre el 10 por ciento m�s rico y el 10 por ciento m�s pobre desde 1974. En el largo plazo, la ca�da del primer decil es tan constante como el ascenso del d�cimo. En el corto, la brecha entre ambos ha pegado un nuevo salto en el primer a�o de gobierno de la Alianza.
Dicho en otros t�rminos, el proceso de concentraci�n se aceler� en forma espectacular desde que los oropeles fueron reemplazados por sobrios ocres y tonos pastel en el ex Polideportivo de Olivos. La diferencia es que, antes, ello ocurr�a a expensas de la participaci�n en el ingreso del estrato m�s bajo, y ahora a costillas de los sectores medios. Que cada gobierno golpee sobre su propia base social es un buen tema de reflexi�n para polit�logos interesados en la correlaci�n entre el consenso deWashington y el descr�dito del sistema pol�tico. Este es el �nico contexto pol�tica, social, econ�mica y �ticamente aceptable para considerar los episodios de corrupci�n. Las mismas pol�ticas reaccionarias que en un pasado tr�gico se impon�an a punta de bayoneta, hoy requieren de los untos apropiados en las partes convenientes.
(*) Todos los datos sobre distribuci�n de ingreso provienen de la onda de mayo de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. La elaboraci�n de esos datos seg�n deciles de ingresos pertenece al soci�logo Artemio L�pez, de la consultora Equis. Las conclusiones son del autor de la nota.
Abrir el gas y cerrar la ventana
Por H.V.
El ajuste de las tarifas del gas por la inflaci�n importada de los Estados Unidos condena a muerte por asfixia a la convertibilidad. Aprobado por el decreto 669/00, el incremento fue suspendido por la jueza Clara Do Pico a solicitud del Defensor del Pueblo de la Naci�n, Eduardo Mondino. La ley de Convertibilidad proh�be toda actualizaci�n monetaria, indexaci�n de precios, variaci�n de costos o repotenciaci�n de deudas. Al violar ese mandato el gobierno privilegia las ganancias extraordinarias de los consorcios prestadores por sobre la competitividad de la econom�a, torna insostenible la paridad cambiaria y se obliga a seguir ajustando sobre el empleo y el salario. Tambi�n reanuda la perversa pr�ctica iniciada por Domingo Cavallo hace dos d�cadas, de ofrecer seguros de cambio gratuitos y endosar deuda privada al conjunto de la sociedad.
La desprolija publicaci�n en el Bolet�n Oficial del martes 8 supera hasta las marcas de la d�cada menemista. Junto con el decreto se publican:
* como Anexo I, el Acta de la negociaci�n.
* como Anexo II, el borrador del mismo decreto.
* como Anexo II (sic, el decreto incluye dos Anexos II), la estatizaci�n de deuda privada por unos 300 millones de d�lares en dos a�os.
No se priva ni siquiera de un lapsus antol�gico, cuando menciona al instrumento que otorg� la indexaci�n por el Indice de Precios Mayoristas estadounidense (PPI) como �reverenciado�. El fundamento de este acuerdo se encuentra en un art�culo de Pablo Gerchunoff, que absuelve como positivas las privatizaciones del menemismo y compara cualquier opci�n distinta con una �vendetta�. El jefe de asesores condujo las negociaciones con las compa��as, de lo cual qued� huella en el proyecto de decreto, pero tuvo la astucia de borrarla en el texto final. Quien figura es el ex Secretario de Energ�a Daniel Montamat: hace 48 horas fue eyaculado del gabinete a solicitud de legisladores de la Alianza.
El decreto, suscripto por De la R�a, Rodolfo Terragno y Machinea, fue una exigencia de las licenciatarias para robustecer su endeble posici�n. Sus considerandos pretenden que el ajuste por el PPI �importa un derecho leg�timamente adquirido� por las concesionarias; el Acta a�ade que no constituye la indexaci�n prohibida por la ley de Convertibilidad. Se previene as� contra la eventual sanci�n de alguno de los proyectos de ley que ratifican la prohibici�n indexatoria o reemplazan el PPI por un mix de indicadores locales. Tambi�n alega que el ajuste y su diferimiento parcial que aceptan las licenciatarias, no modifica las reglas previstas en el �marco legal�. Si ello fuera as�, hubiera bastado con una resoluci�n ministerial.
El decreto describe un confuso �marco legal aplicable�, en el que incluye como si formaran una �integridad jur�dica� tanto la ley 24.076, que fij� el marco regulatorio para la privatizaci�n del gas, como los decretos de 1992 que dolarizaron las tarifas y autorizaron a su ajuste semestral por el Producer Price Index norteamericano. El decreto sostiene que ese mecanismo de ajuste por el PPI ya estaba previsto en el art�culo 41 de aquella ley, lo cual constituye una falsedad ideol�gica que podr�a llevar a sus firmantes ante la justicia. El ajuste previsto por ese art�culo se basaba en �una metodolog�a elaborada en base a indicadores de mercado internacional, que reflejen los cambios de valor de bienes y servicios representativos de las actividades de los prestadores�. A su vez, tales indicadores �ser�n ajustados en m�s o en menos, por un factor destinado a estimular la eficiencia y, al mismo tiempo, las inversiones�. Seg�n el diputado nacional del Frepaso Alejandro Peyrou, algo tan espec�fico �como los precios de los bienes y servicios del transporte o distribuci�n de gas� fue sustituido por los precios mayoristas estadounidenses por �arte de prestidigitaci�n�. De este modo se verifica la perfecta complementaci�n entre el anterior gobierno, que firm� eldecreto autorizando ese disparatado mecanismo pero que luego no permiti� su aplicaci�n, y el actual, que lo lleva a la pr�ctica envuelto en sofocante ret�rica sobre la pretendidamente unidireccional seguridad jur�dica. S�lo para el a�o 1998, el impacto de la dolarizaci�n e indexaci�n de las tarifas del gas sobre los usuarios es de 140 millones de d�lares, seg�n c�lculos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
El art�culo 6 del Acta obliga al Estado a garantizar que el diferimiento �no altere ni se constituya en una contingencia en los estados contables de las licenciatarias�, lo cual las protege contra eventuales condenas en causas judiciales iniciadas por los usuarios. El art�culo 7 afirma que los montos diferidos y devengados �constituyen una deuda leg�tima� que �deben recuperar�. El art�culo 9 del Fondo de Estabilizaci�n del PPI afirma que podr�n hacer figurar esos montos en sus balances �como compromiso de pago y cobro avalado por el Poder Ejecutivo�, lo cual encubre el seguro de cambio y la nueva estatizaci�n de deuda privada. El 10 deja en manos de las propias empresas el c�lculo de esos montos. El 3 garantiza que el dinero depositado en el Fondo les rendir� un inter�s anual del 8,2 por ciento. Aunque los ajustes tarifarios son semestrales, estos intereses se computar�n en forma mensual, con lo cual la tasa efectiva ser� del 9 por ciento anual, cuando Repsol consigui� financiamiento internacional para comprar YPF a poco m�s del 3 por ciento. Por �ltimo, el art�culo 3 del Fondo asegura a las empresas �el efecto financiero� de los impuestos exigibles, es decir una utilidad sobre ganancias no efectivizadas. Suerte que el gobierno y las licenciatarias declaran en los fundamentos su preocupaci�n por la �delicada crisis� que atraviesa el pa�s�.
Un estudio aprobado por el Consejo Acad�mico de la Uni�n Industrial, sobre la base de un informe del economista Jorge A. Gaggero, asesorado por el investigador Daniel Azpiazu, se�ala que en el �ltimo lustro la deflaci�n de los precios minoristas fue del 0,2 por ciento acumulado y el crecimiento de los mayoristas de apenas el 1,6 por ciento, mientras los indicadores equivalentes en los Estados Unidos se incrementaron un 13,9 y un 8,2 por ciento. Estas cl�usulas indexatorias (en algunos servicios incluyen adem�s un seguro de cambio, por la previa dolarizaci�n de las tarifas) contradicen los fines de la Ley de Convertibilidad al trasladar �la inflaci�n externa a los precios locales y tienden a desincentivar, mediante la concesi�n de indebidos ingresos rent�sticos, la b�squeda de mayor eficiencia a trav�s de la inversi�n�. La Junta Directiva de la UIA todav�a no asumi� el estudio, que reclama la suspensi�n de �los ajustes ileg�timos�, la revisi�n de la legalidad de lo actuado por el anterior Poder Ejecutivo, y la sanci�n de leyes que compensen �la asim�trica distribuci�n de costos y beneficios, privados y sociales, en el marco de una equilibrada y sustentable seguridad jur�dica�. Este ser�a �un modo practicable de lograr la deflaci�n de precios de los bienes y servicios no transables�. Se opusieron a su aprobaci�n los representantes de la trasnacional italiana Techint, la misma que acaba de ubicar a Javier Tizado en la secretar�a de Industria.
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