Por Horacio Verbitsky
 Las fotos del sonriente ex dictador Jorge Videla fueron secuestradas esta semana por la C�mara Federal de Bah�a Blanca en una casa adquirida por Jorge Acosta, alias El Tigre, a nombre de su esposa. Antes hab�a funcionado all� una f�brica de ata�des, aunque no se sabe si eso fue lo que le atrajo del lugar. Una dedicatoria sindica al jefe del grupo de tareas de la ESMA como �ap�stol incondicional� de lo que Videla se anima a llamar �mis ideas�. La otra revela que, por encima de la animosidad que lo enfrent� con Emilio Massera, el l�der de la Junta Militar profesaba una gran amistad y hasta cari�o por el marino Acosta, uno de los psic�patas ejecutores de su pol�tica de exterminio. La postal con el felino fue enviada al represor desde Londres por tres amigos, de Acosta pero no de la lengua: su reverso dice que la imagen les record� la �reci�sima� personalidad del verdugo.
Pacificada y reconciliada
Horas despu�s del procedimiento de la C�mara Federal de Bah�a Blanca, que tambi�n encontr� all� libros y objetos robados a personas detenidas desaparecidas, el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza A�rea, brigadier Walter Barbero, dirigi� un intencionado mensaje. En presencia del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Fernando De la R�a, Barbero exalt� �los ideales de amor a la patria, adhesi�n absoluta a la Constituci�n Nacional y respeto irrestricto a las garant�as y derechos individuales.� Como se ve, ya no hay lugar para ap�stoles, cruzadas o incondicionalidades, sino apenas para ciudadanos de uniforme que se sujeten a los valores de una organizaci�n democr�tica de la sociedad, reflejados en la ley de leyes y en los derechos fundamentales que ella consagra. Es decir, aquellos que la dictadura militar atropell� desde el primero hasta el �ltimo d�a de su infausta existencia, como los derechos a la vida y a la libertad. Barbero fue m�s all�: dijo que su fuerza cumpl�a la misi�n asignada por las autoridades �con la convicci�n de que las decisiones que se adoptan son las que m�s se adecuan a la Naci�n y a la instituci�n, en una Argentina plenamente pacificada y reconciliada�. Ese es el �nico lenguaje admisible en una Rep�blica. Por primera vez en a�os, la Fuerza A�rea no hizo formar ni desfilar junto a sus efectivos a los perros que olfatean valijas en los aeropuertos para buscar drogas, lo cual debe leerse tambi�n como una toma de distancia con el rol policial que vuelve a ofrecerse a las Fuerzas Armadas, ahora con un pretexto distinto.
De este modo, el vac�o de conducci�n que dej� el ministro ausentista de Defensa, Ricardo L�pez Murphy, mal o bien lo llenan sus subordinados. Es dif�cil imaginar mejor respuesta conceptual que la de Barbero a los desbordes pol�ticos de su colega del Ej�rcito, Ricardo Brinzoni, empe�ado en una quim�rica �mesa de di�logo para la reconciliaci�n� y en la solidaridad con los oficiales y suboficiales se�alados por su intervenci�n en delitos aberrantes y atroces, como secuestros, violaciones, torturas y asesinatos. El �nico fundamento firme para construir un futuro diferente es el compromiso de todos los ciudadanos a respetar la ley, de cuya aplicaci�n se encargan los jueces, y a renunciar a cualquier clase de trucos y atajos.
La mochila de Brinzoni
El fastidio de las otras armas con Brinzoni por el salto atr�s que propone en la relaci�n castrense con la sociedad tambi�n podr�a expresarse dentro del Ej�rcito. En 1983, al concluir la dictadura, segu�an en actividad nueve de cada diez oficiales que hab�an participado de la guerra sucia militar contra la sociedad argentina. Hoy la proporci�n es la inversa. Los generales que conduc�an el Ej�rcito de Alfons�n eran los ex jefes de Subzonas y Areas de Seguridad, quienes tuvieron el manejo directo de los campos clandestinos de concentraci�n donde se martirizaba y asesinaba a los prisioneros. Es asombroso que Brinzoni haya encomiado como modelo a uno de ellos, el ex Jefe de Estado Mayor H�ctor R�os Ere��.
Los tenientes coroneles y mayores que se alzaron contra �l en la Semana Santa de 1987, cuando la Justicia comenz� a citar a oficiales en actividad, hab�an sido oficiales subalternos en el momento de los cr�menes, como el teniente 1� Ernesto Barreiro, a) Nabo, o el capit�n H�ctor Pedro Vergez. El reproche que le dirigi� Aldo Rico fue por haber sido jefe de regimiento en el �76 y desentenderse de la suerte de sus subordinados de entonces. La situaci�n ha cambiado por completo en los quince a�os transcurridos desde la condena de la C�mara Federal a Videla, Massera & Cia. De los 5.000 oficiales que tiene el Ej�rcito, no m�s de 350 han participado en operaciones en aquellos a�os: unos cuarenta generales, dos centenares de coroneles y un centenar de tenientes coroneles, aquellos de los dos �ltimos a�os, que eran tenientes entonces. Si se considera que, salvo contadas excepciones, los subtenientes s�lo intervinieron en controles de rutas, casi ning�n egresado del Colegio Militar despu�s de 1972 (Promoci�n 103, que hoy se aproximan a los 50 a�os de edad) puede ser objeto de reproche por actos cometidos en aquel conflicto interno.
Brinzoni, que es el oficial de mayor antig�edad del Ej�rcito, era capit�n en 1976. Pero no fue un oficial cualquiera: ese a�o se desempe�� en un cargo pol�tico, como secretario general de la intervenci�n militar en El Chaco. Durante la presidencia de Ra�l Alfons�n, cuando se hablaba de malestar en los cuadros por los juicios, eso significaba oficiales medios al mando de tropa y con poder de fuego. Hoy, esa misma frase s�lo alude a jefes de cuerpo, oficiales de Estado Mayor y una porci�n menor de jefes de unidades. La pretensi�n de Brinzoni de que esa abrumadora mayor�a de oficiales j�venes cargue con la mochila repleta de los cr�menes repugnantes que otros cometieron, es irracional y mezquina. El emblocamiento corporativo intergeneracional al que Brinzoni los constri�e, amenaza contaminarlos con aquel pasado tenebroso del que hay un solo modo de librar al Ej�rcito: permitir, sin presiones ni interferencias, que los jueces determinen la situaci�n individual de cada quien.
El Laucha
El n�mero de involucrados en la guerra sucia que siguen en actividad es desde�able. En los cinco a�os transcurridos desde que Emilio Mignone present� los primeros casos invocando el derecho a la verdad y al duelo, apenas uno ha sido identificado por la Justicia, el teniente coronel Juli�n Corres. La C�mara Federal de Bah�a Blanca lo cit� a declarar junto con otros oficiales de la �poca, elegidos entre los listados del personal que prest� servicios en el Cuerpo V. Corres se neg�, invocando la protecci�n constitucional contra la autoincriminaci�n. La C�mara le respondi� que s�lo era citado como testigo. Corres admiti� bajo juramento que hab�a dado seguridad exterior al campo clandestino de concentraci�n La Escuelita, se identific� con el alias de Laucha y fue reconocido por varias de sus v�ctimas como uno de sus torturadores. Cuando neg� hechos narrados por otros testigos, abogados de las v�ctimas pidieron que fuera procesado por falso testimonio.
Tal vez ese haya sido un error, ya que, en l�neas generales, el testimonio de Corres fue �til a los efectos de determinar la verdad de lo ocurrido, aunque �l velara su propia participaci�n, como tiene derecho a hacer cualquier delincuente. Pero un error menor al de Brinzoni, cuya actitud desat� una reacci�n en cadena de la que tendr� tiempo de arrepentirse. Luego de ver los videos de las audiencias y leer las piezas procesales, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra, recomend� que el Laucha fuera pasado a retiro. Pero L�pez Murphy s�lo dispuso que fuera trasladado de un destacamento de inteligencia de combate en la Patagonia, a oficinas en el Comando de Institutos Militares, con el falaz argumento, expuesto por Brinzoni, de que la justicia no se hab�a pronunciado. Luego envi� su solidaridad a los oficiales y suboficiales detenidos por negarse a declarar, en C�rdoba y Bah�a Blanca. Corres recurri� a la C�mara de Casaci�n Penal, que con el pretexto de esa denuncia por falso testimonio se apoder� de todo el expediente y paraliz� el juicio bahiense.
Los otros
Los dem�s represores en actividad no fueron puestos en evidencia por los jueces sino por el propio Brinzoni, de dos maneras: al presionar a L�pez Murphy y al Senado por sus ascensos y al servirse del mayor/abogado Jorge Olivera en el intento de deslegitimar los juicios por la verdad y recrear la curiosa doctrina de los dos demonios. Ahora Brinzoni murmura que adem�s de sus aberraciones Olivera habr�a tenido problemas de plata con el Ej�rcito. Pero antes lo alent� a impulsar falsos juicios por la verdad que ensuciaran a los verdaderos, con el sofisma del recuerdo completo. El propio Olivera lo confes� a este diario y fuentes del Estado Mayor lo confirmaron, con j�bilo, cuando uno de esos expedientes no fue rechazado in limine por una jueza distra�da.
Los se�alados a la opini�n p�blica por el estratega Brinzoni son:
u Eduardo Daniel Cardozo. Particip�, junto con Olivera, con los tambi�n oficiales Carlos Luis Malatto y Eduardo Daniel Vic y con el suboficial Osvaldo Benito Martel, en el secuestro, violaci�n y tortura de la militante montonera Marie Anne Erize. La C�mara Federal de Mendoza los proces� por esos delitos, pero los rescat� la ley de obediencia debida, con el voto en contra del camarista Juan Gonz�lez Mac�as. La ex modelo, de nacionalidad francesa, era prima pol�tica de Mar�a Julia Alsogaray, y algunas de las comunicaciones de la Comisi�n Nacional sobre la Desaparici�n de Personas con la familia fueron firmadas por Graciela Fern�ndez Meijide, quien ante la detenci�n de Olivera en Roma no se sinti� impulsada a opinar m�s que obviedades, como si el poder la hubiera convertido en otra persona. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunci� sus antecedentes al Senado, pero la presi�n del Ej�rcito y del gobierno pudo m�s que esa objeci�n, y obtuvo el acuerdo. L�pez Murphy presion� a los senadores radicales y De la R�a a los justicialistas, seg�n revel� durante el debate sobre tablas del 15 de marzo el presidente de aquel bloque, Augusto Alasino. Una vez votados los ascensos, Brinzoni agasaj� con una comida a los senadores peronistas, que acudieron en bochornosa peregrinaci�n al Regimiento de Granaderos. Nadie podr� decir que Brinzoni no se gan� el problema que ahora lo desvela. Para las misiones internacionales de mantenimiento de la paz, al flamante coronel Cardozo no se lo podr� tener en cuenta, ya que en cuanto salga del pa�s lo agarrar� la polic�a, a pedido de las justicias de Francia y Espa�a, alertadas por el rimbombante tour de Olivera.
u Carlos Luis Malatto, ya mencionado por su intervenci�n en el caso de la montonera Erize. Tambi�n fue procesado por su actuaci�n junto con Olivera en los secuestros y torturas de Oscar Alfredo Acosta y su mujer Virginia, de la se�ora Saroff de Lerou, de Margarita Rosa Camus, Alberto Carvajal, Guillermo Jorge Guilbert, Fernando Mot y el ex miembro de la Suprema Corte de Justicia de San Juan Adolfo Andino y por la desaparici�n de Vicente Jorge Masitelli. Teniente coronel en actividad, Malatto est� a cargo del �rea de relaciones humanas de la Brigada de Infanter�a de Mendoza. Como Cardozo y Olivera, recuper� su libertad gracias a la ley de obediencia debida. Debe su reci�n recuperada notoriedad a las jugadas de Brinzoni en los casos Olivera y Cardozo.
u Alejandro Guillermo Duret, MI. 10.525.335. Con el alias de Porra es mencionado en los legajos 0676, 2297 de la Conadep. Brinzoni solicit� su ascenso y el Senado lo consinti�.
u Rodolfo Sergio Mujica, MI 10.963.753. En el legajo 5144 de la Conadep se denuncia su actuaci�n durante la guerra sucia en Catamarca. Los denunciantes afirman que luego de un secuestro por personal sin uniforme lleg� la tropa legal al mando de Mujica y saque� la vivienda. �A las m�quinas fotogr�ficas y la filmadora las llevan con el objeto de ser estudiadas, seg�n consta en el acta que me dejan, para ser devueltas una vez realizada la investigaci�n, las cuales nunca me fueron entregadas hasta la fecha�, declar� la t�a del secuestrado. Igual que Duret, obtuvo el acuerdo del Senado que pidieron Brinzoni y su amanuense ministerial.
u Rafael Mariano Braga, MI 8.447.824, Legajo 1106 de la Conadep. Seg�n el legislador radical Normando Alvarez Garc�a, Braga encabez� el pelot�n que irrumpi� en su casa el 21 de agosto de 1976 y secuestr� a su hermano Julio Rolando. Integr� tambi�n las patotas que secuestraron en su domicilio, el 24 de noviembre de 1976, al dirigente gremial Carlos Eulogio Villada y el 20 de junio de 1976 del Ingenio Ledesma a la se�ora Eulogia Cordero de Garnica y a sus hijos Domingo Horacio Garnica y Miguel Angel Garnica; ella fue liberada, sus hijos permanecen desaparecidos (Expedientes 11a, 21G y 1V, todos de 1984, de la Legislatura juje�a).
u Aldo H�ctor Mart�nez Seg�n, alias Chancaca. El caso m�s notorio que lo involucra es la masacre de Margarita Bel�n, del 13 de diciembre de 1976, cometida en El Chaco por orden del jefe de la Brigada de Infanter�a 7 y la Subzona 23, el entonces coronel Cristino Nicolaides, cuando el capit�n Brinzoni era secretario general de la intervenci�n militar.
Ni Braga ni Mart�nez Seg�n consiguieron el acuerdo del Senado. Pero dos meses despu�s del rechazo, el 10 de mayo, Brinzoni los envi� a rediscutir sus casos con los Senadores de la Comisi�n de Acuerdos, en procura de forzarles la mano. Brinzoni no parece haber entendido el mensaje del Congreso al rechazar el pliego de Domingo Bussi, por unanimidad que s�lo rompi� el hijo del ex dictador. El Chancaca admiti� que ten�a a su cargo el registro de los detenidos en la c�rcel de Resistencia y que dialogaba con ellos y con sus familiares, pero hasta puso en duda la existencia de la masacre. Dijo que �ese hecho fue para nosotros una acci�n militar�, que �en esa �poca ten�a el convencimiento de que aquello que hab�a informado el Comando de Brigada era as� y que aun �en el a�o 2000 me cuesta creer que lo que dice aqu� haya sucedido�.
Braga sostuvo que estaba de licencia en Buenos Aires cuando fue secuestrado el hermano de Alvarez Garc�a, e invoc� como prueba su legajo. En su opini�n innominados �amigos que iban a los cuarteles� se burlaron del diputado radical y le dieron una informaci�n falsa, por �odio o venganza�. Tambi�n neg� haber participado en los otros secuestros, pero no ofreci� ning�n elemento de juicio m�s all� de su palabra. Durante el interrogato-
rio, el senador radical Leopoldo Moreau le pregunt� si ten�a una herida de arma de fuego. Braga lo neg�. Reci�n luego de un minucioso interrogatorio admiti� que hab�a sido herido, en combate familiar con su suegro. Los senadores decidieron dirigirse a Brinzoni para recriminarle �por la imprecisi�n� de los informes remitidos, que presentaban el episodio como un accidente.
La jurisdicci�n
Hace diez d�as, el gobierno respondi� al nuevo reclamo del juez espa�ol Baltasar Garz�n para la detenci�n de 48 militares y civiles acusados por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas. Gil Lavedra declara inaplicable el decreto 111/98, por el cual el ex presidente Carlos Menem rechaz� el pedido de Garz�n, afirma que no ser�a razonable �denegar prima facie un pedido de asistencia judicial formulado por otro Estado�, reitera la voluntad de la Rep�blica Argentina de honrar sus compromisos y como �cortes�a� accede a enviar parte de lo solicitado: todos los datos conocidos sobre la identidad, nacionalidad y residencia de los sujetos reclamados y, �si fuere posible�, sus fotograf�as y huellas dactilares. Seg�n el ministerio, la semana pr�xima se podr�an enviar a Espa�a los datos de identidad de los 48 requeridos. Pero la resoluci�n reitera los argumentos centrales del inaplicable decreto de Menem. Para el ex presidente acceder a la solicitud de Garz�n �ir�a en desmedro de la soberan�a�, porque los hechos ocurrieron en territorio argentino y ya fueron juzgados por los tribunales nacionales. Gil Lavedra afirma que la extradici�n y la detenci�n preventiva �constituyen cuestiones de neto car�cter pol�tico en tanto se encuentra involucrada la soberan�a nacional� y destaca que la Argentina �ha aplicado sus leyes y su jurisdicci�n�.
Con ese motivo, y en contra de lo que hab�a anunciado De la R�a, su ministro dispuso no dar intervenci�n a la justicia, pese al reclamo del juez federal Gustavo Literas. Seg�n la nota, del 3 de agosto, la decisi�n soberana �es funci�n propia y excluyente del Poder Ejecutivo� y no de la justicia. Al referirse a la causa que instruye Garz�n, Gil Lavedra dice que se refiere a �grav�simos hechos ocurridos en territorio argentino durante la dictadura militar� como parte de un �plan criminal para luchar contra la subversi�n�. A�ade que los hechos han dado lugar a juicios y condenas, que el Congreso defini� �el alcance de la persecuci�n penal� (elegante eufemismo por las leyes de impunidad), que el Poder Ejecutivo ha dictado indultos y que esas medidas �cualquiera haya sido su acierto o conveniencia emanaron de leg�timos representantes del pueblo y han sido convalidadas por la Corte Suprema de Justicia. Adem�s se han sancionado leyes que otorgaron indemnizaciones a las v�ctimas y familiares� y �se encuentran en pleno tr�mite en distintos tribunales del pa�s procesos en los que se busca reparar a las v�ctimas a trav�s del derecho a establecer lo sucedido durante la represi�n ilegal, y se encuentra tambi�n vigente la acci�n penal respecto de ciertos delitos que, por su naturaleza, quedaron excluidos de las leyes que limitaron la persecuci�n penal� como la �sustracci�n de menores�.
Gil Lavedra anuncia que no proceder� a la detenci�n de los requeridos y desaf�a a Garz�n a solicitar al gobierno espa�ol que inicie el proceso de extradici�n �si entiende cumplidas las condiciones de su derecho interno para proceder al juzgamiento�. El gobierno argentino parecer�a creer que Garz�n intenta aplicar el derecho interno espa�ol, cuando el procesamiento de los genocidas argentinos se basa en las modernas Convenciones Internacionales que, retomando los principios bimilenarios del derecho de gentes, establecen el principio aut dedere aut judicare, que obliga a juzgar en el pa�s a los autores de cr�menes de lesa humanidad o a extraditarlos para que otro pa�s lo haga.
Las condiciones
La insistencia oficial en la jurisdicci�n argentina posee inter�s, si
no jur�dico al menos pol�tico. En marzo se cumplir� un cuarto de siglo
del �ltimo golpe militar, cuyo repudio por la sociedad no requiere de
nuevas demostraciones. La actividad de Garz�n en Espa�a, el desafuero
de Augusto Pinochet por la Corte Suprema de Chile, la detenci�n del mayor
Olivera en Italia a pedido de Francia, el juicio en Roma a Su�rez Mason,
la Constituci�n reformada en 1994 de modo de incluir los tratados internacionales
de derechos humanos, la derogaci�n de la ley de obediencia debida por
voto un�nime del Congreso, las resoluciones de las dos salas de la C�mara
Federal de la Capital y de la Corte Suprema sobre la primac�a del derecho
de gentes sobre la ley positiva, los avances producidos en las causas
por la verdad y por el robo de beb�s, indican que est�n dadas las condiciones
jur�dicas, sociales, �ticas y pol�ticas para un salto cualitativo en el
retorno a la juridicidad, luego del desv�o ocurrido bajo la presi�n de
las bayonetas en 1987. S�lo es cuesti�n de ver qu� tribunal se atreve
primero y qu� dir�n ese d�a Brinzoni y el gobierno.
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