Por Horacio Verbitsky
 El presidente Fernando de la R�a inaugur� ayer la exposici�n agropecuaria de la Sociedad Rural, a pocos metros del pozo abierto que simboliza la relaci�n promiscua entre el poder econ�mico y el sistema pol�tico durante la d�cada menemista. El desaf�o que enfrenta su gobierno, y el de la Ciudad Aut�noma de Buenos Aires que An�bal Ibarra iniciar� el pr�ximo s�bado, consiste en sepultar all� el estilo de gesti�n que condujo a malvender doce hect�reas del hist�rico Parque Tres de Febrero, a un precio diez veces inferior al de mercado, en una operaci�n escandalosa que est� sometida a investigaci�n judicial.
El fiscal Jos� Mar�a Campagnoli describi� �una serie de lamentables hechos delictivos que constituyeron un vergonzoso fraude cometido en perjuicio de la Rep�blica�. En su opini�n, el ex presidente y el actual deben ser procesados y anulada la venta fraudulenta, de acuerdo con el art�culo 15 del C�digo Civil, por ser contraria a la Constituci�n y las leyes. La solicitud de procesamiento tambi�n alcanza a otras 56 personas, entre ellas los ex ministros Domingo Cavallo, Carlos Corach, Jorge Rodr�guez y Roque Fern�ndez, el actual Procurador del Tesoro de la Naci�n Ernesto Marcer, el reci�n confirmado secretario de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente de Buenos Aires, Enrique Garc�a Espil, el presidente de la Rural, Enrique Crotto, el gestor de la operaci�n, escribano Ra�l Juan Pedro Moneta, y los ex liquidadores de los bienes del Estado, Mat�as Ord��ez Jim�nez Zapiola y Gast�n Figueroa Alcorta. Al inminente jefe de gobierno de la Ciudad le reprocha encubrimiento de �acuerdos no escritos con la Rural�, que Ibarra mencion� en un reportaje publicado en esta p�gina el 12 de setiembre de 1999. �Les permitieron avanzar aunque lo que estaban haciendo era ilegal�, dijo entonces. En el caso de Ibarra el sustento de la acusaci�n es dudoso: de hecho, fue el �nico funcionario que calific� de ilegal lo actuado.
Sobre el m�rito de esas pretensiones punitivas deber� pronunciarse el juez Ricardo Far�as. En la megacausa por la usurpaci�n y las concesiones ilegales de otros espacios p�blicos en el Parque creado en 1874 por el presidente Domingo Sarmiento con las 541 hect�reas expropiadas en 1852 a Juan Manuel de Rosas, ya fue procesado el ex intendente porte�o Carlos Grosso.
El episodio ha provocado una honda crisis interna en la Sociedad Rural. Algunos de los impugnadores del negociado son los socios Juan Jos� G�iraldes, Carlos Firpo Mir� y Celedonio Pereda. Los tres, hijos de ex presidentes de la Rural.
Un Crotto con Moneta
En abril del a�o pasado, al inaugurar los primeros pabellones construidos al margen de la ley, De la R�a prometi� una r�pida soluci�n. Pero Ibarra sostuvo que no adecuar�a los procedimientos legislativos a las necesidades de un negocio privado y hasta ahora la Ciudad no ha autorizado la construcci�n del gigantesco shopping de tres pisos, con 18 cines, bares y restaurantes, jugueter�as, librer�as, negocios de m�sica, un teatro para 2500 personas, centros de entretenimientos y deportes, sal�n de baile, museo, un parque de diversiones cubierto, juegos l�ser, mec�nicos y simuladores, un estadio deportivo con capacidad para 7000 espectadores que pretend�an erigir all� Crotto y Moneta. Esta semana, fuertes versiones indicaron que se estar�a elaborando un acuerdo para eludir el mecanismo de audiencia p�blica y doble aprobaci�n en la Legislatura de la Ciudad. Pero ante una consulta de este diario, Ibarra lo desminti�. �Nada se har� al margen de la audiencia p�blica y la doble lectura�, dijo.
La ingenier�a pol�tica del emprendimiento fue concebida por Moneta, quien luego de conseguir la venta de las 12 hect�reas por apenas 30millones en largas cuotas con el argumento de que la Sociedad Rural era una asociaci�n sin fines de lucro, dise�� la creaci�n de una sociedad comercial sin otro fin que el lucro. La escritura traslativa de dominio se firm� el 27 de mayo de 1992. El mismo d�a se constituy� con el capital m�nimo permitido de 12.000 pesos �La Rural de Palermo Sociedad An�nima�, cuyo objeto social es �generar la explotaci�n� de todo tipo de negocios en el predio. El presidente de la Asociaci�n Civil, Enrique Crotto, fue designado director de la sociedad comercial y hoy la preside, con lo cual la confusi�n entre el inter�s social y el privado es completa. No es por cierto una tarea ad honorem. Crotto y los directores Juan Ravagnan y Carlos Hubert perciben una retribuci�n de 5000 pesos mensuales, m�s aguinaldo, cuando el estatuto de la Sociedad Rural asociaci�n sin fines de lucro no contempla remuneraci�n alguna para sus directivos. El fiscal Campagnoli los califica como �testaferros comerciales� y afirma que han convertido a la Sociedad Rural en una �lamentable caricatura corporativa al prostituirse para obtener a cualquier costo el terreno, el permiso y el dinero necesario para una megaexplotaci�n comercial completamente ajena a sus fines estatutarios que, parad�jicamente, fueron siempre invocados como motivo fundamental de las prebendas concedidas�.
Pliego de condiciones
Funcionarios del Ejecutivo y de la Legislatura de la Ciudad revelaron una serie de negociaciones sostenidas con los directivos de la empresa �La Rural de Palermo Sociedad An�nima�, Crotto y Hubert, con el de Ogden, Rodrigo Arboleda Halaby, y con los arquitectos del estudio S�nchez G�mez, Solsona & Matteola, que los asesoran. El dirigente pol�tico de mayor nivel que intervino dijo que Ibarra no cedi� a las presiones empresariales y pol�ticas. �Les dijo que el pozo abierto, y la degradaci�n urbana de la zona, no le sirven ni a la Ciudad ni a los empresarios y que deb�a modificarse la ecuaci�n en beneficio de la Ciudad�. Urbanistas que participaron establecieron un pliego de condiciones. Si los hombres de negocios lo aceptaran, la reformulaci�n del proyecto ser�a enviada para su discusi�n a la Legislatura:
1 S�lo se autorizar�a la construcci�n de los cines, con un �basamento comercial� (sic) como en el Village Recoleta, pero no el shopping, el hotel ni las salas de juego.
2 El pabell�n Frers deber�a cederse para uso de la Ciudad durante varios meses al a�o.
3 El espacio cerrado adyacente a los nuevos galpones que la empresa ya levant� se convertir�a en una plaza semip�blica, abierta desde la primera hora del d�a hasta las �ltimas de la noche, de unos 40 metros por 20 o 30. Tendr�a entradas por las avenidas Sarmiento y Santa Fe, por el pabell�n Frers y por la calle Darregueira, que los inversores privados se obligar�an a abrir. S�lo se cerrar�a durante las exposiciones. Esa servidumbre de uso a favor de la Ciudad se registrar�a en un documento p�blico.
4 La empresa costear�a �el tratamiento urbano de las veredas� (sic) sobre la avenida Santa Fe y construir�a un pasaje subterr�neo que unir�a la estaci�n Plaza Italia con las nuevas instalaciones.
5 Desaparecer�a el boulevard sobre Santa Fe que obstaculiza el tr�nsito y las sociedades comerciales financiar�an la relocalizaci�n sobre el Paseo Ram�rez, en la Avenida Sarmiento, frente al Zoo, de los puestos de libros que hoy ocupan el boulevard.
6 Para adjudicar esos proyectos se llamar�a a concurso, controlado por la Ciudad.
Uno de los vecinos que denunciaron la apropiaci�n privada del espacio p�blico es el ex convencional constituyente por el Frepaso Pedro Kesselman. Desde el balc�n de su casa se tom� la foto que ilustra estanota, del pozo en el que la empresa desea construir los emprendimientos comerciales. �Es mucho m�s grande que la placita que se obligar�a a abrir la Rural al uso p�blico. Adem�s ser�a convalidar una vez m�s la ilegalidad�, afirma Kesselman.
Plan B
Un memor�ndum t�cnico con la posici�n oficial, titulado �Antecedentes urban�sticos�, afirma que desde sus or�genes el predio de exposiciones de Palermo �estuvo sujeto a administraci�n privada� y �no abierto al uso p�blico como parque. Por el contrario, el Parque Tres de Febrero es p�blico de uso p�blico, con instalaciones recreativas, confiter�as, restaurantes, hip�dromo, zool�gico, bot�nico, es decir es un parque urbanizado�. El mismo documento alega que ni el mapa de la Ciudad levantado en 1879 por Pedro Uzal, ni el proyecto de remodelaci�n del Parque Tres de Febrero que firm� Carlos Thays en 1893 consideraban al terreno ahora en discusi�n como parte del Parque, �aunque administrativamente estuviera integrado�. En 1924 la Comisi�n de Est�tica Edilicia no lo incluy� en el Sistema de Parques de la Ciudad y en el C�digo de 1944 fue zonificado como R5, �cuyos usos permitidos eran locales comerciales, cines, teatros, garajes, salones de venta y exposici�n y edificios de utilidad p�blica�. El fugaz C�digo de Planeamiento Urbano que rigi� de 1977 a 1979 reconoci� al predio como E4, o Equipamiento Especial, es decir �zona de localizaci�n de usos singulares� y no preve�a un destino de espacio verde. Seg�n los t�cnicos, para modificar de nuevo la zonificaci�n del predio (de Urbanizaci�n Parque, o UP, a Equipamiento Especial, o E4), la Legislatura deber�a sancionar un proyecto, luego convocar a una audiencia p�blica a la que podr�a asistir cualquier ciudadano interesado y reci�n entonces, en una segunda lectura, convertir el proyecto en ley. Pero tambi�n hay un Plan B. Cada vez que un particular presenta un pedido de revisi�n, debe hacerse un estudio de actualizaci�n. Si la empresa pidiera que se reinterpretara el significado de la zonificaci�n UP, y la secretar�a de Planeamiento y el Consejo Asesor de Planificaci�n Urbana Ambiental controlaran que el tipo de uso no transgreda lo permitido, el Ejecutivo podr�a pedir la aprobaci�n a la Legislatura sin pasar por la audiencia p�blica y la doble lectura, afirman. Esta reinterpretaci�n (coincidente con el dictamen del ex Procurador de la Ciudad Marcer, que permiti� la iniciaci�n de las obras ilegales luego interrumpidas) se basar�a en la particular visi�n del memor�ndum t�cnico sobre el uso hist�rico del predio.
Este punto de vista choca de modo frontal con el dictamen del fiscal Campagnoli. Ignora, adem�s, la obvia dimensi�n pol�tica del caso. �El doctor Ibarra denunci� en su momento la generaci�n de renta privada a partir del patrimonio p�blico. Pero la venta que hizo la Naci�n no se puede resolver desde la Ciudad, que hered� este conflicto. Dejando de lado el traspaso del dominio, como all� hay un pozo que genera conflictos lo que se puede hacer es analizar si el cambio o reinterpretaci�n que solicitan los particulares puede generar beneficios para la ciudad. De ser as� lo vamos a analizar�, sostuvo quien firma el memor�ndum.
�Menos de lo mismo?
�Es como si le usurparan la casa y se conformara con la promesa de que van a cortar el pasto y a arreglar las ventanas� provoc� este diario a la autoridad pol�tica que intervino en las discusiones.
�El proyecto fue pensado s�lo en t�rminos de quienes ten�an inter�s comercial y no en el beneficio de la Ciudad. Si lo reformulan para que la Ciudad empiece a obtener beneficios, se podr� enviar a la Legislatura. La alternativa es un juicio que durar�a no menos de una d�cada y resignarse entretanto al deterioro del tejido urbano en la zona. El pozo tal comoest� no le conviene a nadie. Es peligroso para la salud p�blica -respondi�.
�La Ciudad puede obligarlos a tapar el pozo. La reubicaci�n de los libreros, la mejora de las veredas y el pasaje desde el subte puede realizarlos la Ciudad y cuestan man�es. El espacio semip�blico a ganar es apenas una placita.
�Tan livianito no debe ser lo que reclamamos, porque hasta ahora la Rural no lo acept�. Dicen que les expropiar�amos lo que les pertenece. �C�mo lo presentamos ante los socios de la Sociedad Rural?, dijeron.
��Qu� les contestaron ustedes?
��Y c�mo lo presentamos nosotros a la sociedad porte�a?
El compromiso de no eludir ni la doble lectura legislativa ni la audiencia p�blica permitir� la confrontaci�n de ambos enfoques. No es poco lo que se juegan Ibarra y el Frepaso. El s�bado comenzar�n aqu� su primera experiencia de gesti�n en un gran distrito. La forma en que resuelvan este conflicto emitir� una se�al de inocultable trascendencia pol�tica. Dir� si, en el ejercicio del poder, difieren de lo conocido o son menos de lo mismo.
Por la Patria
Por H.V.
El fiscal Campagnoli recuerda que Sarmiento y Carlos Pellegrini fundamentaron la cesi�n de los terrenos por veinte a�os en el �prop�sito puramente patri�tico y ajeno a toda especulaci�n� de la Rural. Pero sus sucesores �tienen horizontes mucho menos altruistas, y son ajenos a la idea de un derecho com�n a todos o a la preservaci�n de espacios p�blicos para suministrar al pueblo y a los transe�ntes, sin distinci�n de clases, un punto de reuni�n y de recreo. Sus aflicciones son otras y no dudaron en ning�n momento en violar todas las categor�as de normas posibles para prostituir nuestras instituciones con la mera y bastarda intenci�n de congraciarse con uno de los tantos grupos de presi�n del pa�s�, dice.
Una minuciosa investigaci�n hist�rica, realizada por el presidente de la Asociaci�n Amigos del Lago, Osvaldo Guerrica Echavarr�a, abre la causa judicial y el dictamen. Con planos y fotograf�as originales demuestra la pertenencia de los terrenos al Parque Tres de Febrero, su uso como Urbanizaci�n Parque y su car�cter de bienes del �dominio p�blico del Estado Nacional�. Por ser �tierras de propiedad nacional�, correspond�a s�lo al Congreso disponer de su �uso y enajenaci�n�, como ocurri� con los terrenos cedidos en 1991 y 1995 a los reinos de Espa�a y Arabia Saudita.
La �ltima pr�rroga de la cesi�n original, por apenas tres a�os, fue votada como todas las anteriores por el Congreso. Esa ley 23.333/86 dec�a que el mismo Congreso fijar�a el r�gimen definitivo del predio y contemplaba que todas las inversiones y mejoras introducidas quedar�an a beneficio del Estado, sin derecho a indemnizaci�n. Campagnoli anota que en previsi�n de la recuperaci�n estatal del predio, en una ciudad �que se aproximaba a una traza y perfil definitivo sin mayores oportunidades de generar espacios verdes abiertos�, la Rural compr� un extenso terreno en Pilar. S�mbolo de �un fraude vergonzoso�, ese terreno de Pilar hoy en d�a se ofrece en venta como parte de un Barrio Cerrado, a�ade.
En 1989 Grosso comenz� el desguace del Parque. �En pocos meses, no dej� porci�n del paseo sin concesionar, vender o dejar usurpar�, ante �un adormecido Congreso Nacional o un Concejo Deliberante herido ya de muerte por el veneno de la corrupci�n�. Campagnoli consigna que fue �la firme ysostenida acci�n de las Organizaciones no Gubernamentales la que puso fin al saqueo, permitiendo a la vez una lenta pero tambi�n constante recuperaci�n�. Alude as� a las cuatro hect�reas del Parque que en los �ltimos a�os volvieron al patrimonio p�blico.
Campagnoli se�ala un notable acto fallido en la carta del 14 de noviembre de 1991 con que la Sociedad Rural expres� al gobierno su deseo de comprar el predio: �Es pol�tica de este gobierno no conservar inmuebles que son in�tiles para su gesti�n�. Comenta el fiscal: es tal la �conciencia de impunidad, que los beneficiados ni siquiera se preocupan de adaptar gramaticalmente los textos que se les facilitan�. Y los funcionarios bastardean sus cargos y se convierten �en precursores de negocios ajenos� y �en sus gestores directos�.
Otro prodigio del expediente es la tasaci�n de un Consorcio de empresas inmobiliarias, que considerando �el uso actual del predio� lo val�a en 31 o 32 millones. Para el fiscal esa tasaci�n es una prueba �fundamental del fraude en raz�n de la fecha en la que dice ser emitido�: el 29 de octubre de 1991, es decir dos semanas antes de que la Rural hiciera saber su inter�s por la compra. �Descartada en [el liquidador de bienes estatales] Mat�as Ord��ez la posesi�n de un sexto sentido o de facultades de precognici�n, la circunstancia rese�ada no es m�s que otra evidencia, de que todos los actos que se han venido relatando constituyen un mero blanqueo de pactos cerrados tiempo antes de que sus protagonistas se pusieran a pensar c�mo hac�an para escribirlos�, a�ade el dictamen.
Al d�a siguiente de la solicitud de la Rural, Gast�n Figueroa Alcorta, que dirig�a la Comisi�n de Venta de Inmuebles Estatales pidi� al Banco Ciudad la tasaci�n oficial del terreno al que a�n mencionaba como de zonificaci�n Unidad Parque. Los tasadores respondieron que como s�lo podr�an construirse all� �obras de exclusiva utilidad p�blica�, el bien deb�a considerarse �fuera del mercado inmobiliario convencional�. Dada la zonificaci�n de los terrenos dentro del distrito Urbanizaci�n Parque, valuaron el predio en apenas 30 millones. Agregaron que �en caso de variar las restricciones de planeamiento urbano deber�a realizarse una nueva tasaci�n�. El 17 de diciembre de 1991, Ord��ez y Figueroa Alcorta dictaminaron a favor de la venta directa del predio a la Sociedad Rural. Pero entonces �por primera vez en todo el expediente y en casi 130 a�os de legislaci�n, afirman falsamente que se tratar�a de un inmueble del dominio privado del Estado�, destaca el fiscal.
Apenas tres d�as despu�s, el 20 de diciembre de 1991, Menem y Cavallo firmaron el boleto de compraventa y el decreto que lo autoriza. Pasaron por alto dos dict�menes en contra, del Subdirector General de Asuntos Legales, Alejandro Mar�a Canese, y del Contador Fiscal Francisco H. Hern�ndez, delegado del Tribunal de Cuentas de la Naci�n ante el Ministerio de Econom�a. Ambos objetaron el precio y la venta directa, ya que podr�a haber otros oferentes. Hern�ndez cit� la tasaci�n del Agrimensor Roberto Bichara del 9 de noviembre de 1990: el predio val�a 943.396.226 d�lares, es decir 30 veces m�s. �Los dict�menes que estamos rese�ando privan a los titulares de la administraci�n nacional de aquel entonces (Presidente y Ministros intervinientes) de toda justificaci�n posible de sus actos hacia abajo de la cadena de responsabilidades e intervenciones�, dice Campagnoli.
El decreto enumera todas las leyes que prorrogaron la cesi�n original de terrenos individualizados �como parte integrante del Parque Tres de Febrero�. Pero aun as� repite el argumento �inventado por Ord��ez y Figueroa Alcorta� que los califica como �inmueble del dominio privado del Estado Nacional innecesario para su gesti�n�. Esta �grosera falsedad� permiti� �evitar la intervenci�n del Congreso�. En abril del a�o pasado, al inaugurar la primera parte de las obras construidas, De la R�a dijo que la venta �fue ratificada como correspond�a por Ley del Congreso�. ParaCampagnoli este �acto fallido de una ley que nunca existi� constituye un �expreso reconocimiento que el abogado y hoy Presidente de la Naci�n, hiciera de la exigencia constitucional violada por su antecesor�. Lo mismo dijo Cavallo el 24 de abril de este a�o durante un debate electoral: �La venta se hizo con una ley del Congreso porque de otro modo no ten�a sentido�. Entre estas palabras y las de De la R�a hay una diferencia que el dictamen se�ala: Cavallo fue el firmante del boleto y del decreto fraudulentos.
En el mismo boleto �aparece la incre�ble frase que, haciendo o�dos sordos de la expresa advertencia del Banco Ciudad en cuanto a los l�mites de la validez de su tasaci�n, se�ala que la Sociedad Rural podr� solicitar ante la Municipalidad, la rezonificaci�n del predio. Aunque parezca demasiado burdo para haber sido real, el Estado Nacional vender�a vilmente el predio en 30 millones c�modamente financiados, poniendo como condici�n u obligaci�n a cargo de la compradora la obtenci�n de una rezonificaci�n que, cuanto menos quintuplicar�a el valor de los terrenos. Tal es la arbitrariedad de los par�metros fundamentales de la operaci�n, que bien puede ser calificada de cheque en blanco�, dice el dictamen.
En el expediente tambi�n figura una tasaci�n del Banco Hipotecario que el fiscal considera �burdamente falsificada�, en la que la zonificaci�n UP se convierte en E4. Sobre esa tasaci�n, posterior al boleto, Figueroa Alcorta afirma que coincide en sus fundamentos con la del Banco Ciudad, que en realidad hab�a destacado el uso exclusivo como parque. ��Desde qu� distancia hay que mirar las siglas U.P. y E4 para confundirlas como algo id�ntico?, hicimos la prueba y ello reci�n ocurre cuando a 50 metros, ambos s�mbolos se convierten en manchas de tinta que pueden pasar tambi�n por la palabra Jap�n, o bien Taipei o Miope o, ya a unos cien metros, aun por la palabra Caradura, Ladr�n o Corrupto�, concluye Campagnoli.
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