Por Horacio Verbitsky
 La Procuraci�n del Tesoro de la Naci�n, ocupada por un hombre de confianza del ministro de Infraestructura y Vivienda Nicol�s Gallo y del presidente Fernando De la R�a, ha lanzado una ofensiva a fondo contra la Sindicatura General de la Naci�n, cuyo titular fue designado por indicaci�n del vicepresidente Carlos Alvarez. Esto no quiere decir que el conflicto refleje alg�n desentendimiento entre el presidente y el vice de la Rep�blica, ya que mientras De la R�a respalda al Procurador Ernesto Marcer, Alvarez no ha demostrado hasta ahora mayor inter�s por la suerte del S�ndico Rafael Bielsa, los dos hombres en pugna. La importancia estrat�gica de la SIGEN para el control de la corrupci�n es su poder de veto en la autorizaci�n de pagos de deudas consolidadas del PoderEjecutivo, los organismos descentralizados y las empresas y sociedades del Estado y en la legalidad de sus contrataciones, lo cual tiene que ver tanto con episodios sucedidos durante la anterior gesti�n menemista como bajo el actual gobierno. Un memorando encargado por Marcer sugiere a los funcionarios p�blicos vericuetos legales para pagar deudas eludiendo el control de la Sindicatura. La sustancia del conflicto, por el cual la Procuraci�n del Tesoro intenta vaciar las funciones de la SIGEN y sacar a Bielsa con cajas destempladas puede encontrarse en cinco expedientes en los que se discuten sumas mil millonarias: las negociaciones con empresas constructoras adjudicatarias de corredores viales, el PAMI, el canon que Aeropuertos 2000 adeuda por la concesi�n, la liquidaci�n del Instituto Nacional de Reaseguros, y los litigios del Estado con el grupo Bridas, de los hermanos Bulgheroni. El ministro Gallo es quien negocia los pagos, y el S�ndico Bielsa un obst�culo a sortear. En una decisi�n cuyo �nico precedente hay que buscarlo en la provincia de La Rioja cuando Jorge Maiorano era fiscal de Estado, Marcer dispuso firmar todos los escritos que se presenten ante la Justicia, lo cual concentrar� tambi�n en �l todos los honorarios. El malestar interno que esta decisi�n produjo en la Procuraci�n del Tesoro explica la circulaci�n del memorando, cuya confecci�n Marcer encomend� a su colaborador Jos� Manuel Ugarte, y que no deb�a trascender a la opini�n p�blica.
La m�xima
Ese texto rebaja la competencia y las atribuciones de la SIGEN, que equipara con la jerarqu�a de un secretario, y realza las de la Procuraci�n del Tesoro, equivalentes a las de un ministro. Tambi�n afirma que el control de la SIGEN es t�cnico y no jur�dico y que el �verdadero control preventivo de legalidad� lo ejerce la Procuraci�n del Tesoro�, cuya competencia �es realmente m�xima en lo jur�dico�. Como asesor del Poder Ejecutivo, la Procuraci�n del Tesoro es el �rgano al que pueden apelarse las decisiones de la Sindicatura, a�ade. Tambi�n dice que el control interno de la SIGEN debe efectuarse despu�s y no antes de la toma de decisiones (ex post facto y no ex ante, en la jerga jur�dica). �Se visualiza como correctiva de rumbos adoptados m�s que como represiva y disciplinaria de las conductas de los agentes concernidos�, afirma Ugarte. En los primeros meses del gobierno anterior, el Tribunal de Cuentas de la Naci�n, con similares funciones de control previo, trab� las renegociaciones con las empresas encaradas por el predecesor de Gallo, Roberto Dromi. Carlos Menem lo disolvi� y en su lugar cre� la Auditor�a General, que no hace biopsias sino autopsias de la corrupci�n. �Se trata de instalar un sistema de libertad y responsabilidad�, cuya finalidad se reducir�a a aprender de las desviaciones producidas �para una m�s eficaz gesti�n futura�, postula el memorando de Marcer.
Seg�n la ley 24.156 si el organismo controlado no colabora con la Sindicatura o desoye sus recomendaciones incurre en una falta grave. �La configuraci�n de la falta grave no es autom�tica� y es conveniente �consultar a la Procuraci�n del Tesoro�, relativiza el memorando. Adem�s, niega que las observaciones que formula el S�ndico obliguen a suspender las decisiones objetadas, y las reduce al mero car�cter de �recomendaciones�, que el responsable administrativo puede deso�r, bajo su responsabilidad. El memorando llega a objetar la facultad de la SIGEN para aplicar multas y apercibimientos a quienes no sigan sus recomendaciones. Como el resto de las opiniones del memorando, tambi�n esta se basa en una cita del tratadista Eduardo Mertehikian, el principal colaborador de Rodolfo Barra en la Auditor�a General de la Naci�n. La SIGEN tiene s�ndicos en cada jurisdicci�n o entidad dependiente del Poder Ejecutivo. Adem�s, en cada una de ellas hay unidades de auditor�a interna, con una doble dependencia: jer�rquica del ministro o del funcionario superior acargo, pero funcional del S�ndico. El memo minimiza el lazo funcional de estas unidades con la Sindicatura y afirma que sus opiniones no tienen mayor peso que los dict�menes del servicio jur�dico de cada �rea, que depende, precisamente, de la Procuraci�n. El punto m�s llamativo del memorando es el 2.2, en el que la Procuraci�n del Tesoro sugiere a los acreedores que reclaman pagos del Estado y a los funcionarios dispuestos a complacerlos, el mejor modo de eludir las observaciones del S�ndico. En el caso de deuda consolidada, el memorando reconoce que �la intervenci�n de la SIGEN es previa al pago. De ah� que sus observaciones tendr�n un efecto de freno o demora�. Pero de inmediato se�ala un atajo legal para eludir este veto, por medio de un recurso de alzada ante la Procuraci�n del Tesoro. El pago de deudas mal acreditadas fue una de las mayores fuentes de negocios ilegales durante la d�cada menemista. Un ejemplo notorio es el de los cr�ditos dibujados contra Entel, durante la intervenci�n de Mar�a Julia Alsogaray. Desde el cambio de gobierno, la SIGEN ahorr� al Estado unos 300 millones de d�lares en bonos rechazados, ya fuera por ausencia del t�tulo o del poder correspondientes o por una insuficiente acreditaci�n de la pertinencia de la deuda.
Este diario intent� consultar al Procurador Marcer, pero su secretaria inform� que estaba fuera de Buenos Aires. Otras fuentes del organismo dijeron que hab�a viajado a Estados Unidos para un chequeo de sus arterias coronarias. Tampoco fue posible hablar con el asesor Ugarte. Quien atendi� la consulta dijo que Ugarte no era la persona autorizada para responder. El S�ndico Bielsa contest� que no ten�a conocimiento de la existencia del memorando y que lo sorprender�a, dada su cordial relaci�n con Marcer.
Sobre ruedas
En enero, los ministros de Econom�a, Jos� Luis Machinea, y de Infraestructura y Vivienda, Nicol�s Gallo, firmaron un acuerdo con las principales empresas viales, por el cual les reconocieron deudas por casi 210 millones de d�lares, a cambio de futuras rebajas en los peajes de las rutas nacionales. Esto forma parte de un intrincado subibaja de tarifas y subsidios, en contratos elaborados por Barra, firmados por Dromi y renegociados por Domingo Cavallo. En 1990 se adjudicaron 19 corredores viales a 46 empresas agrupadas en 13 consorcios, que se compromet�an a pagar un canon al Estado, que les permit�a cobrar peaje en las rutas concedidas. M�s de la mitad de los oferentes resultaron adjudicatarios, en un concurso poco competitivo. La licitaci�n simult�nea de todas las obras, con una reducida cantidad de empresas, elimin� la competencia abierta de precios, substituida por la concertaci�n, el m�todo preferido de la Patria Contratista. En 1991, para desindexar el flete como paso previo a la ley de convertibilidad, ya que esos costos por el transporte de mercader�as har�an imposible clavar el d�lar en 10.000 australes, Cavallo resign� el canon que deb�an pagar los concesionarios y en su lugar les ofreci� un subsidio. Tanto las motivaciones como los argumentos de Gallo al firmar la nueva renegociaci�n fueron similares a los de Cavallo: �Contribuye al esfuerzo que se est� haciendo para que la econom�a sea m�s competitiva�, dijo. El principal beneficiario es la transnacional italiana Techint, cuyo vicepresidente Eduardo Baglieto expres� su �confianza en la ejecuci�n de un plan de infraestructura que ayude al desarrollo�. El 16 de marzo, la secretar�a de Obras P�blicas solicit� a la Sindicatura una auditor�a por cada corredor vial y su opini�n sobre la deuda, calculada por el ministerio en 209.887.268 pesos. Antes de autorizar el pago, la SIGEN debe verificar esas deudas, para lo cual est� controlando todos los datos utilizados sobre recaudaci�n, las notas de reclamos intercambiadas, las tarifas cobradas y los pagos ya efectuados. Luego revisar� la normativa aplicable y cuales fueron las penalidades aplicadas a cada corredor. Reci�n entonces podr� determinar la deuda real del Estado.
Chapa de diputado
A una semana de asumir la presidencia, De la R�a firm� el decreto 45/99 por el cual dispuso que las acciones de la intervenci�n en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (cuyo presupuesto anual es de 2.400 millones de d�lares) ser�an controladas por la SIGEN y la Fiscal�a de Control Administrativo de la Corrupci�n. La Sindicatura est� verificando ahora unos ochenta concursos abiertos para prestaciones m�dicas, odontol�gicas y de aud�fonos. Tambi�n est� preparando una auditor�a integral en la Unidad de Policl�nicos de Rosario, que incluir� compras y contrataciones, contabilidad, legales y prestaciones m�dicas. Un antecedente que inquiet� a la Procuraci�n del Tesoro se produjo en San Juan. El 18 de abril la delegaci�n local del PAMI adjudic� un contrato de prestaciones m�dicas a la Asociaci�n de Obras Sociales de esa provincia (ADOS), como resultado de un concurso abierto. La ganadora est� intervenida por el Estado. La otra oferta, de la Agrupaci�n de Colaboraci�n Empresaria (ACE), fue desestimada aduciendo una presentaci�n fuera de t�rmino. Al impugnar la resoluci�n, los vencidos afirmaron que el adjudicatario ten�a un pedido de quiebra y deudas fiscales y elevaron opiniones negativas sobre los servicios que presta, firmadas por noventa centros y federaciones de jubilados. Adem�s denunciaron que el delegado normalizador designado por el gobierno en ADOS, Roberto Lloveras, se hizo acompa�ar como elemento de presi�n por los legisladores Delia Pappano de Camargo y Eduardo Capello, radicales como �l. Tambi�n denunciaron lo sucedido a la SIGEN, que luego de auditar el concurso present� un informe de diez fojas, que torn� imposible la adjudicaci�n.
El consejero jur�dico del PAMI es el propio Marcer, una irregularidad no contemplada en la ley 12.954, que cre� el cuerpo de abogados del Estado, ni en su decreto reglamentario 34.952, ya que el Procurador del Tesoro es el asesor legal del Poder Ejecutivo y cada ministerio, ente aut�rquico u organismo nacional debe tener su propio servicio jur�dico. Como consecuencia de esta irregularidad, el Procurador es juez y parte, ya que le corresponder�a intervenir como instancia de apelaci�n a las observaciones del S�ndico. Ante el creciente esc�ndalo, los interventores Cecilia Felgueras y Horacio Rodr�guez Larreta anularon el concurso y decidieron formular una nueva convocatoria. Un conflicto similar puede producirse ante decisiones del ministerio de Infraestructura y Vivienda, que carece de servicio jur�dico propio y lo suple con el asesoramiento de Marcer. Hay un dato que tal vez ayude a entender la �ndole de la confrontaci�n: el autor del memorando de la Procuraci�n que menoscaba a la Sindicatura, Jos� Manuel Ugarte, es al mismo tiempo uno de los colaboradores de Rodr�guez Larreta en el PAMI.
De vuelo corto
Otro cap�tulo r�spido entre el S�ndico y el Procurador se desarrolla en torno del contrato de concesi�n de los aeropuertos nacionales. El ente auditado por la Sindicatura General es el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). Hasta ahora la empresa adjudicataria s�lo pag� la mitad del canon de este a�o, debe m�s de 50 millones de d�lares del a�o anterior, pretende conciliar su saldo con presuntas deudas del Estado y tiene serios atrasos en sus planes de obras e inversiones. En la �ltima reuni�n de directorio de Aeropuertos 2000 Eduardo Eurnekian dijo que hab�a acordado con Gallo el reconocimiento de cien millones de d�lares de deudas, algo que no suscribe el Organismo Regulador, dirigido por Eduardo Sg�iglia. El control de la SIGEN se ejerce sobre los 120 millones de d�lares de presupuesto del Organismo Regulador, los 565 millones de inversiones que el concesionario est� obligado a realizar en los primeros tres a�os y los 171 millones anuales del canon, que se deben pagar en doscuotas semestrales. La pr�xima vence el �ltimo d�a de este mes y es otra de las causas de la embestida de Marcer sobre Bielsa.
Entre A. Capone y Marx
La liquidaci�n del Instituto Nacional de Reaseguros (INDER), al que las compa��as aseguradoras le reclaman una suma pr�xima a los 400 millones de d�lares tambi�n forma parte de la disputa entre ambos organismos. Ya durante el gobierno anterior, el INDER fue escenario de denuncias de corrupci�n. Cavallo design� all� a Roberto Guzm�n. Roque Fern�ndez lo relev�, cuestionando que se hubiera dedicado a investigar la corrupci�n existente. Pero su sucesor V�ctor Hugo Naymark ni siquiera lleg� a asumir, porque se descubri� que hab�a quebrado y estaba inhabilitado para operar en el sistema financiero. En su lugar Fern�ndez design� a Daniel Carlos Di Nucci, vinculado a la Banca Nazionale del Lavoro, due�a del Grupo Juncal, una aseguradora que reclamaba deudas por 94 millones, mientras el INDER afirmaba que era el Juncal el que le adeudaba m�s de 7 millones. Dos ex funcionarios del INDER fueron procesados y detenidos por el juez Jorge Urso a ra�z de coimas recibidas para autorizar los pagos. En la causa hay comprometedoras escuchas telef�nicas entre los procesados y un alto ejecutivo del grupo Juncal. El procedimiento habitual, que el defenestrado Guzm�n denunci� en un libro, consiste en la fabricaci�n de miles de siniestros inexistentes que el INDER pagaba sin verificar. Machinea design� como liquidador a Adri�n Capone, pero quien sostiene la necesidad de conciliar con las compa��as �para crear un nuevo mercado asegurador� es el secretario de Financiamiento Daniel Marx. La SIGEN comenz� auditando los reclamos de dos compa��as, Lua Seguros y Rivadavia. El INDER reconoc�a el 30 por ciento de lo que solicitaban pero la Sindicatura s�lo el 15 por ciento. El INDER no acat� el esquema de trabajo dispuesto por la SIGEN y en su lugar contrat� a una consultora externa. Bielsa dispuso entonces el retiro de los auditores de la SIGEN. Pero Machinea y Gallo saben que los bonos con que dispongan pagar la deuda consolidada caer�n bajo la lupa del S�ndico.
Menem vive
En 1995 Menem firm� el decreto 1021 que envi� a un tribunal arbitral
todas las causas pendientes entre el Estado y el grupo Bridas, y design�
como �rbitros a Rodolfo Barra y Eduardo Bauz�. Un grupo fundamental lo
constituyen los juicios del Estado contra Papel del Tucum�n, por diferimiento
de impuestos, que el ex ministro Domingo Cavallo pretend�a mostrar como
caso testigo de evasi�n impositiva. Por eso Cavallo se neg� a firmar el
decreto, que s�lo fue refrendado por Jorge Rodr�guez y El�as Jassan. Los
entonces diputados del Frepaso, Carlos Alvarez y Horacio Viqueira tambi�n
denunciaron que era ilegal someter a arbitraje todo lo que se relacionara
con rentas p�blicas. Detectaron que Menem hab�a firmado el decreto sin
el obligatorio dictamen previo de la Secretar�a Legal y T�cnica y afirmaron
que de ese modo el gobierno buscaba licuar una deuda exigible de 1.241
millones de d�lares. Pese a la existencia del decreto presidencial, un
funcionario de la l�nea del ministerio de Justicia, Gustavo Tiscornia
dictamin� en contra del arbitraje, igual que el asesor del ministerio
de Econom�a Roberto Luqui. El lapidario dictamen de Luqui sosten�a que
�tenemos por un lado muchas demandas de las empresas de Bulgheroni contra
el Estado por monto indeterminado y s�lo unas pocas en las cuales la suma
reclamada no alcanza los 13 millones de pesos. Por otro lado, est�n los
cr�ditos del Estado, verificados en las quiebras y las deudas impositivas
que resultan de los registros de la DGI, todo lo cual alcanza una cifra
casi cien veces superior a la reclamada�. Por ello no hay ninguna conveniencia
para el Estado en el propuesto arbitraje. Este dictamen menciona la misma
cifra de 1.241 millones de d�lares incluida enla denuncia de Viqueira
y Alvarez. Pero Ra�l Granillo Ocampo consigui� que otro asesor dictaminara
en sentido contrario y con ese motivo elev� el tema a la Procuraci�n del
Tesoro. En vez de instar la prosecuci�n de los juicios, un predictamen
de Marcer que circul� en las �ltimas semanas vuelve a pronunciarse en
favor del arbitraje.
Bulgheroni es uno de los m�ximos paradigmas del empresariado aborigen
cuya fortuna se hizo cerca del poder pol�tico, ya fuera ocupado por militares,
radicales o peronistas, y lejos de la ley. Luis Remaggi fue delegado de
Enrique Nosiglia en el Banco Ciudad durante el gobierno de Ra�l Alfons�n,
de all� salt� al banco de la familia Bulgheroni y prosigui� su carrera
como operador de negocios de Eduardo Bauz�. Carlos Bulgheroni acompa��
a Carlos Menem (h) a operarse la rodilla en Estados Unidos luego de un
accidente motocicl�stico. Pero tambi�n tuvo como socio en el diario �Tiempo
Argentino� al dirigente radical de la circunscripci�n 20� Luis Mar�a Cetr�,
sucesivamente delarruista y alfonsinista y siempre nosiglista. Desde sus
p�ginas impresas en el papel gratis que Bulgheroni produc�a con subsidios
del Estado, se cantaba la victoria de la modernidad democr�tica sobre
la barbarie de la Argentina arcaica, aferrada al enfermizo recuerdo del
primer peronismo, que destinaba m�s del 50 por ciento de los ingresos
al pago de salarios y recordaba tanto al fascismo europeo. Las cuentas
siguen impagas y todo se est� disponiendo para conciliar 13 millones con
1.241. El problema es que Marcer, Gallo, Nosiglia y De la R�a saben que
en la �ltima estaci�n del camino, cuando llegue la hora de los bonos,
volver�n a cruzarse con el S�ndico.
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