Por Horacio Verbitsky
 La diputada nacional por el Frepaso Alicia Castro, quien al mismo tiempo es secretaria general de la Asociaci�n de Aeronavegantes, presentar� ma�ana al Fiscal de Control Administrativo de la Corrupci�n Jos� Massoni una denuncia contra los funcionarios que intervinieron en el vaciamiento de Aerol�neas Argentinas y Austral, desde los ex ministros Roberto Dromi y Domingo Cavallo hasta los oscuros ejecutores que a lo largo de una d�cada fueron cediendo derechos y recursos nacionales en las sucesivas renegociaciones del contrato inicial. El expediente podr� ser la cabeza del mayor proceso contra la corrupci�n de la d�cada menemista. Obrar� al mismo tiempo como una advertencia para las actuales autoridades, que deben responder al ultim�tum de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el ente aut�rquico del Estado espa�ol que controla ambas l�neas a�reas.
Quiebra fraudulenta
Para el 24 de julio est� convocada la asamblea de accionistas de Aerol�neas y el segundo punto del Orden del D�a contempla la quiebra por insuficiencia del capital social. Situaciones equivalentes de quiebra se produjeron en 1992, 1994 y 1997 y cada una fue aprovechada por los accionistas espa�oles para obtener nuevas concesiones del gobierno nacional, mediante ampliaciones o reducciones de capital y reconocimiento de deudas inexistentes. En febrero de este a�o, la SEPI anunci� un denominado Plan de Rescate para capitalizar en unos 600 millones de d�lares a Aerol�neas y en mayo present� un denominado �Plan Director� que no pasa de ser una apurada colecci�n de diapositivas con generalidades del tipo �sanear las compa��as haci�ndolas rentables�, a menudo incongruentes entre s� y sin la informaci�n b�sica que permita analizar su viabilidad. Esas hojitas carecen de cualquier detalle sobre la flota que se emplear�, las operaciones que se planean, la recuperaci�n de destinos rentables que se abandonaron en la �ltima d�cada, el marketing a aplicar o los aspectos financieros. Sobre bases tan endebles, los espa�oles emplazan la aprobaci�n del gobierno nacional y de los gremios aeron�uticos, que deber�an consentir anulaci�n de convenios, despidos, retiros voluntarios y reducciones salariales. Tanto el presidente Fernando de la R�a como el vicepresidente Carlos Alvarez y el ministro de Infraestructura Nicol�s Gallo adelantaron que es inaceptable la propuesta de la SEPI. El gobierno no aprobar� despidos, pero nada dijo sobre los retiros voluntarios. En cuanto a las rebajas salariales, no formaban parte de la propuesta inicial de los espa�oles. Al justificar su posterior inclusi�n en el plan, el nuevo presidente de Aerol�neas, Patricio Zaval�a Lagos, dijo: �Esa es la pol�tica del gobierno argentino�. La denuncia de la diputada Castro levanta la apuesta: si los espa�oles llevan la empresa de bandera argentina a la quiebra, la Justicia podr� declarar que se trata de una quiebra fraudulenta, que involucrar�a tanto a funcionarios argentinos como espa�oles.
El lastre de la deuda
A siete meses de iniciada su gesti�n, el gobierno de la Alianza enfrenta una disyuntiva similar a la que debi� decidir Cavallo en 1992: denunciar o convalidar lo actuado por su antecesor, con las consecuencias imaginables en cada caso. Incluso la clave econ�mica es la misma: ahora, como entonces, el lastre que impide despegar a Aerol�neas es su pasivo financiero, vicio de origen que la torn� inviable desde el primer d�a. �El a�o pasado, Aerol�neas Argentinas perdi� 240 millones de d�lares. De ellos, 77 millones fueron por intereses de la deuda, lo cual equivale a un 8 por ciento de su facturaci�n total. Con una carga financiera superior al 6 por ciento no hay l�nea a�rea que pueda subsistir. Los est�ndares internacionales oscilan alrededor del 2 por ciento�, dice el secretario adjunto de Castro en Aeronavegantes, Gabriel Mocho.
La decisi�n no es sencilla. La exigencia de la SEPI es tan burda que hay motivos para preguntarse si no fue concebida en forma intencional, de modo que su rechazo por el gobierno y los gremios sirva de pretexto para el abandono de la empresa creada hace medio siglo durante el primer gobierno peronista. Afirma un abogado que asesor� al Estado en algunas de las negociaciones pasadas y que pidi� no ser identificado: �El gobierno espa�ol dej� en la SEPI a las empresas inviables. Todas las exitosas las privatizaron los respectivos ministerios. El problema actual en Espa�a es que la Uni�n Europea le prest� 1.200 millones de d�lares para salvar a Iberia, con la condici�n de abandonar la aventura sudamericana�. Gabriel Mocho compil� un dossier con las informaciones de la prensa caraque�a que precedieron a la liquidaci�n de Viasa, la l�nea de bandera venezolana que, como Aerol�neas, fue vendida a Iberia. El paralelismo entre lo que ocurri� en el Caribe y lo que est� pasando ahora en el R�o de la Plata es llamativo, y avala la hip�tesis de que sea deliberada la falta de un plan y la presentaci�n del ultim�tum sin una fundamentaci�n econ�mica que permita una decisi�n racional. Viasa y Aerol�neas fueron las primeras empresas privatizadas en los respectivos pa�ses y ello se us� como elemento de presi�n, advirtiendo sobre las consecuencias que un mal final de la relaci�n pudiera tener sobre los programas nacionales de reformas econ�micas. Las dos l�neas a�reas estaban t�cnicamente quebradas, es decir con menos activos que pasivos. En ambos casos se plante� una negociaci�n entre los accionistas espa�oles y los gobiernos nacionales sobre la base de un plan de emergencia que contemplara reestructuraci�n de rutas y revisi�n de contratos colectivos de trabajo. �No vamos a poner una peseta m�s. O negociamos un plan de reestructuraci�n serio o la compa��a cierra�, advirti� a los venezolanos el presidente de la SEPI, Pedro Ferreras, el 24 de diciembre de 1996. �Si hay un rechazo por parte de los trabajadores no hay plan y quiebra la compa��a� repiti� el mismo Ferreras en Buenos Aires el 15 de junio de este a�o. Al agitar el fantasma de Viasa, Ferreras dijo que la empresa venezolana hab�a quebrado porque el plan de Iberia no logr� el acuerdo oficial y sindical. Una causa judicial iniciada el a�o pasado en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral sugiere una interpretaci�n para el inter�s del anterior gobierno espa�ol en Aerol�neas Argentinas. En la Asamblea General de Aerol�neas Argentinas del 28 de mayo de 1997 el mandatario de uno de los accionistas minoritarios dijo que los directivos Manuel Mor�n y Eduardo Mateos �eran los encargados del manejo de fondos pol�ticos� de las empresas que ahora administra la SEPI, �lo que motivaba aportes o accionamientos a favor del Partido Socialista Obrero Espa�ol (PSOE)�. Cit� como fuente al propio Mateos y a no identificados auditores de Aerol�neas que luego de descubrir estas transferencias habr�an sido despedidos. A�adi� que �esos giros habr�an sido efectuados a cuentas personales en el exterior a nombre de varios miembros del directorio, entre ellos el representante del Estado nacional que es primo del presidente de la Naci�n [se refiere a Abdo Menehem] y fue colocado all� por �ste�. Luego eran �trianguladas a cuentas en Espa�a para el manejo de voluntades pol�ticas�. Agreg� que �la impunidad era tal que los giros electr�nicos constan en los libros de Aerol�neas Argentinas, como si estas cuentas fueran un proveedor m�s de la compa��a�. La denuncia tambi�n afirma que a ra�z de presiones ejercidas por el propio Manuel Mor�n, el accionista Bernardo Galante le escribi� una carta �dejando sin efecto� las afirmaciones de su mandatario en la asamblea. La ci�naga del juzgado federal 10 se trag� el expediente.
Una alternativa notable
La Comisi�n de Transportes de la C�mara de Diputados convoc�
a una comisi�n asesora de nota-bles, presidida por el ex presidente de Aerol�neas, comodoro Juan Jos� G�iraldes, retirado de la Fuerza A�rea en 1950 y hoy de 84 a�os. En una nota dirigida el jueves a la Comisi�n, G�iraldes sostuvo que se avizora �un inevitable y triste desenlace que ha de avergonzarnos. Aerol�neas Argentinas de tal s�lo tiene el nombre, pues es hoy una empresa espa�ola, que abusa de nuestro nombre y de nuestra bandera y explota nuestras rutas, incluso las de cabotaje�. A�adi� que una vez que los espa�oles lleven a Aerol�neas y Austral a la quiebra, �de ellos ser� el quebranto, que deber�n afrontar por su sola cuenta y devolver al mismo tiempo las rutas recibidas, de propiedad inalienable del Estado argentino�. G�iraldes afirma que hay empresarios interesados en ellas y sugiere explorar la posibilidad de fusiones o alianzas que confluyan en una megatransportadora del Mercosur.
Un memor�ndum reservado que circula entre los miembros de la Comisi�n de Transportes, redactado por otro de los miembros de la comisi�n asesora, el ex comandante de Aerol�neas Julio Semer�a, establece los requisitos m�nimos para que ello sea posible. El primero es que Aerol�neas Argentinas quede libre de pasivos, tal como fue entregada en 1990, lo cual supone que deber�a absorberlos el Estado espa�ol. Este es el nudo del actual debate. En Madrid y en Buenos Aires, los respectivos gobiernos mencionan la magnitud de los intereses espa�oles en la Argentina como argumento en favor de su posici�n. La frase del flamante embajador en Espa�a, Ricardo Lafferri�re (�Un �rbol de 250 millones de d�lares no puede tapar un bosque de 30.000 millones�) es perfectamente reversible. �Propiciamos una negociaci�n inteligente, un acuerdo en el que Espa�a se retire con altura, sin dejar un problema insalvable a la Argentina�, dijo bajo condici�n de anonimato otro de los notables asesores.
Seg�n el memor�ndum de Semer�a la empresa resultante luego de la absorci�n del pasivo �debe tener participaci�n mayoritaria de capitales privados, el control efectivo debe ser ejercido por un grupo nacional y la gesti�n debe ser independiente de cualquier l�nea a�rea extranjera�. Una expresi�n de deseos similar alent� Cavallo, cuyas gestiones ante Francisco Macri, Santiago Soldati y Gregorio P�rez Companc no dieron resultado. Otro punto clave en el memor�ndum es la recuperaci�n por el Estado del poder de veto �en aquellas decisiones que afecten el cumplimiento de los servicios concesionados y/o la pol�tica a�rea�, que Cavallo y Menem cedieron en 1994. Esa capacidad de veto no tiene s�lo valor econ�mico, sino tambi�n jur�dico: la invoc� en 1990 la Corte Suprema en su per saltum, al autorizar al gobierno nacional a seguir adelante con la privatizaci�n pese a las objeciones del entonces Grupo de los Ocho diputados peronistas, que integraba el actual vicepresidente Alvarez.
Antes de llegar a esas conclusiones, Semer�a analiza el fracaso de tres planes operativos anteriores y sostiene que �Aerol�neas Argentinas se convirti� en una empresa inviable desde el mismo momento en que el Estado permiti� que el precio ofrecido y las inversiones comprometidas se pagaran endeudando a la empresa�. Esa �deuda financiera original se fue agravando con las p�rdidas que produjo la administraci�n del grupo espa�ol. La gesti�n de American Airlines en el �ltimo ejercicio profundiz� a�n m�s la crisis, con medidas tan perjudiciales para los intereses de Aerol�neas, que cuesta creer que hayan sido involuntarias�. El supuesto impl�cito en esta frase es que la desaparici�n de Aerol�neas permitir�a a las compa��as norteamericanas apoderarse de su mercado, como ya ocurri� en Venezuela luego del eclipse de Viasa. El an�lisis detecta contradicciones que comprometen la factibilidad del plan de negocios presentado, de modo que �no pasar� m�s de un a�o antes de que la empresa vuelva a encontrarse en una situaci�n tan comprometida como la actual� y concluye que �en caso de ser aprobado por el actual gobierno lo har�a part�cipe necesario de la futura quiebra de la empresa y de las consecuencias que surjan de la evaluaci�n de sus causas�.
Por ahora no
Por H.V.
�En esto quiero ser claro. El Gobierno no pens�, ni consider�, ni resolvi� ni est� considerando que las Fuerzas Armadas participen de la lucha contra el narcotr�fico de otra manera que no sea la de brindar apoyo log�stico.� Esta vez la definici�n del presidente Fernando de la R�a no se escuch� a puertas cerradas y entre pol�ticos. La pronunci� de viva voz en el mensaje que dirigi� a las Fuerzas Armadas en su comida anual de camarader�a. La m�xima autoridad consagr� de este modo la marcha atr�s que ya hab�a emprendido el ministro de Defensa, Ricardo L�pez Murphy, en respuesta a un cuestionario que le hizo llegar el Defensor del Pueblo de la Naci�n, Eduardo Mondino. Antes de ser designado Defensor del Pueblo, Mondino fue diputado justicialista por C�rdoba y su escrito reflej� el malestar que provocaron en el Congreso las afirmaciones del ministro.
El 16 de marzo, al inaugurar el Curso Superior de las Fuerzas Armadas, L�pez Murphy enumer� las �nuevas amenazas� que se cernir�an sobre la sociedad. Entre ellas �la pobreza extrema, la superpoblaci�n y migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotr�fico, el fundamentalismo religioso y las luchas �tnicas y raciales�. Esto ha �revalorizado el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos roles y compromisos en el orden nacional�. A�adi� que los militares deb�an �comprender los cambios de la naturaleza del conflicto� y �la forma integral en que el instrumento militar contribuir� a apoyar la decisi�n pol�tica�. El Defensor del Pueblo inquiri� a L�pez Murphy si realmente hab�a pronunciado tan inquietantes palabras, si se hab�an modificado los roles de las Fuerzas Armadas y si ello no entraba en contradicci�n con normas legales y constitucionales vigentes, como las leyes de Defensa y de Seguridad Interior.
L�pez Murphy reconoci� �que los conceptos contenidos en la pregunta, han sido efectivamente utilizados en el discurso en cuesti�n�, pero �en un �mbito acad�mico, como reflexi�n y con el fin de invitar al debate�. Apenas se tratar�a de un �descripci�n de las probables fuentes de violencia a las que los estados modernos podr�n verse expuestos en la actualidad y en el futuro�. Ser�an meros �ejemplos�, como �producto de las preguntas que el mundo acad�mico se debi� hacer ante la sorpresa del fin de la guerra fr�a. La enunciaci�n no es completa ni exhaustiva sino que es un listado sobre el cual, en general, existe consenso�. Para terminar de diluir el impacto, dijo que el anterior gobierno ya hab�a considerado esa hip�tesis, para lo que envi� como prueba El Libro Blanco de la Defensa Nacional. Su conclusi�n fue que no se estudiaban modificaciones a la ley y que la �prioridad fundamental� de su ministerio era �el irrestricto cumplimiento de la legislaci�n vigente, en especial la espec�fica, como lo es la Ley de Defensa, la Ley de Reestructuraci�n Militar y la Ley de Seguridad Interior�. Aun as�, no cerr� por completo la puerta, ya que, a�adi� que en forma permanente se estudiaban �las posibles respuestas que el Estado debe dar a las nuevas maneras en que se manifiestan las amenazas y cu�les de ellas, de acuerdo a la racionalidad del Estado y la legislaci�n vigente, requieren la intervenci�n militar�. Es decir, por ahora no, aunque el general clandestino de la SIDE, Ernesto Bossi, interpreta caprichosamente que la referencia al apoyo log�stico cubrir�a tambi�n algunas actividades de inteligencia.
Mientras L�pez Murphy y De la R�a analizan cu�l debe ser el rol de los militares en el futuro, los generales Ram�n Genaro D�az Bessone y Ricardo Brinzoni escenifican cu�l fue en el pasado. Como presidente del C�rculo Militar, el procesado por secuestros, torturas y asesinatos D�az Bessone, quien qued� en libertad por las leyes de impunidad del ex presidente Ra�l Alfons�n, promovi� la expulsi�n de Antonio Balza. La decisi�n fue en represalia por el reconocimiento que el ex Jefe de Estado Mayor hizo a partir de 1995 sobre las atrocidades cometidas durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina. La cuesti�n figuraba en el orden del d�a del C�rculo con el eufemismo castrense �exclusi�n por tiempo definitivo�, y en raz�n de un problema mutual: Balza era al mismo tiempo socio del C�rculo y presidente de una fundaci�n competidora. El Jefe de Estado Mayor Brinzoni (ex secretario general de la intervenci�n militar en el Chaco en 1976) envi� un mensaje a los socios del C�rculo. En una vibrante apelaci�n corporativa al �esp�ritu de cuerpo� les advert�a en contra de �la discusi�n p�blica� de lo que �l considera �temas internos�. Como demostraci�n de aprecio por el debate de ideas, D�az Bessone se neg� a la lectura del mensaje �para evitar que influya en la decisi�n�. Brinzoni respondi� en el mismo lenguaje gutural: le impuso cinco d�as de arresto, suficientes para que el ex ministro de la dictadura no pudiera asistir a la comida militar con el presidente De la R�a. Un di�logo ejemplar entre dos dem�cratas.
Salud y pesetas
Por H.V.
Los despidos de personal, las reducciones salariales de un 6 a un 20 por ciento y la degradaci�n de las condiciones laborales son los puntos m�s concretos de la propuesta presentada por el holding estatal espa�ol. Ampl�a las horas de vuelo mensuales, de 75 a 85 horas en los aviones de fuselaje angosto y de 80 a 90 en los de fuselaje ancho; permite programar vuelos en cualquier d�a del mes; flexibiliza el tipo de tareas obligatorias a realizar; carga a los tripulantes el costo de la habilitaci�n psicofisiol�gica; suprime d�as libres; limita los reintegros de gastos; fracciona las vacaciones, etc. Tanta estrictez contrasta con las generosas remuneraciones que durante una d�cada se pagaron a los gerentes espa�oles, de m�s de 15 mil d�lares mensuales. Sumando los costos adicionales esto pod�a llegar a m�s de 20.000 d�lares por gerente y por mes.
El cuadro que acompa�a estas l�neas refleja tal situaci�n al 31 de marzo de 1995. Luego del interregno de American Airlines, la armada espa�ola se volvi� a sus casas, y desde la asunci�n de Zaval�a Lagos esas mismas posiciones son ocupadas por abor�genes. Pero lo que se mantiene es el n�mero global: la gerencia sigue costando 2,6 millones de d�lares mensuales:
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