Por Horacio Verbitsky
 Un t�rmino habitual del debate acad�mico reingresa con estr�pito a la jerga pol�tica. La inquietud acerca de la gobernabilidad ya hab�a sido un ingrediente central en el primer a�o del gobierno de Ra�l Alfons�n, hasta que en el oto�o de 1985 el ministro Juan Sourrouille clausur� con su Plan Austral el confuso intento redistribucionista de Bernardo Grinspun y se declar� la econom�a de guerra contra el salario. El vocablo volvi� a resonar en el balbuceante comienzo del gobierno de Carlos Menem, hasta que Domingo Cavallo asumi� el ministerio de Econom�a y lanz� la Convertibilidad. Que vuelva a hablarse de gobernabilidad en los primeros meses del gobierno de la Alianza es cualquier cosa menos casual. Una vez m�s la instalaci�n de un nuevo elenco gobernante es el momento para que cada sector con alguna cuota de poder presione en favor de pol�ticas que convengan a sus intereses. La gobernabilidad fue introducida en el discurso acad�mico a fines de la d�cada de 1960, por el profesor de Harvard Samuel Huntington, quien se convertir�a en uno de los pensadores de cabecera de las dictaduras militares de la regi�n. Seg�n el tambi�n acad�mico norteamericano Alex Wilde el concepto tiene acentos hobbesianos: la preocupaci�n de que una sociedad no fuera pol�ticamente �gobernable,� que sus conflictos fueran inmanejables, y la respuesta de que el orden pol�tico es el valor primordial, sin el cual nada m�s es posible. Por eso, escribi� Wilde, este concepto es tan atractivo para las actuales elites pol�ticas de todo el mundo, ya que transmite �fuertes mensajes realistas, de no pedir demasiado�.
El p�nico ante el conflicto social y los dispositivos para reprimirlo, la discusi�n acerca del rol militar en el sistema pol�tico y la b�squeda de alianzas por encima de las fronteras partidarias fueron ingredientes de esos primeros meses de los anteriores gobiernos, que se reproducen ahora. Las alianzas sociales que en cada caso cerraron la discusi�n fueron de distinta consistencia y estabilidad. La que sustent� los pocos a�os de calma de Alfons�n dur� hasta que la quiebra del Estado impidi� seguir cumpliendo en forma simult�nea con los subsidios a los grupos econ�micos locales y las transferencias a los acreedores externos. La que salv� de un prematuro final al mandato de Menem se bas� en la liquidaci�n de las empresas del Estado, una fiesta a la que grupos y acreedores asistieron en pareja. Pero tal equilibrio se agot� junto con las privatizaciones. Desde 1997 las asociaciones entre grupos econ�micos, operadores internacionales y bancos acreedores se vienen deshaciendo. Unos compraron las participaciones de otros en las empresas privatizadas. Sus intereses y sus propuestas para la nueva etapa dejaron de coincidir.
Dolarizaci�n vs. devaluaci�n
El �ltimo informe de coyuntura del Instituto de Estudios sobre Estado y Participaci�n (que integran, entre otros, los economistas Eduardo Basualdo y Claudio Lozano) menciona a los nuevos propietarios de las empresas privatizadas, a los organismos financieros internacionales y a los mayores bancos que act�an en la plaza local como partidarios de la dolarizaci�n. Los primeros garantizar�an as� el valor de los activos fijos que adquirieron. �Del mismo modo, esta variante resulta atractiva para garantizar el seguro cambiario y la renta financiera de instituciones que se fondean en el exterior�, sostiene. Seguramente a eso alude el ambicioso t�tulo que la Asociaci�n de Bancos puso a su reuni�n anual que sesionar� a fines de mes: �Consolidar la globalizaci�n�, y que traducido al castellano podr�a leerse como �Toma de ganancias en d�lares con garant�a estatal por tiempo indeterminado�.
En el bando opuesto est�n quienes han vendido participaciones en las empresas privatizadas y realizado colocaciones financieras en d�lares con las ganancias obtenidas. El IDEP/CTA adscribe a este sector a Francisco Macri y su cuestionamiento a la desindustrializaci�n, y a Roberto Rocca, de Techint, cuando se pronunci� respecto al tipo de cambio. Acaso eso explique la reconciliaci�n entre dos enemigos hist�ricos como el mec�nico Jos� Rodr�guez y el metal�rgico Lorenzo Miguel, exhibida en el palco del mi�rcoles. �La oposici�n entre lo nacional y lo extranjero� que este �ltimo sector plantea es un sofisma, porque reinstala �de manera caricaturesca viejas discusiones� y oculta que a partir del golpe de 1976 se produjo una �trasnacionalizaci�n completa de la c�pula empresarial, en particular de los grupos locales�, dice el documento. El n�cleo central de la propuesta institucional de este sector es la concertaci�n, seg�n �el tradicional esquema de empresarios-sindicatos y Estado� y con participaci�n eclesi�stica. Su discurso carga contra �las imposiciones que efect�an los organismos internacionales� y se completa con �la propuesta de defender el trabajo y la industria y el reclamo de estrategias de subsidio que motoricen el crecimiento como modo de resolver el problema del desempleo�. Pero en la d�cada pasada el notable crecimiento macroecon�mico no impidi� el tambi�n sostenido avance de la pobreza, el desempleo y la exclusi�n, porque tuvo �en el predominio de la valorizaci�n financiera, la desindustrializaci�n y la fuga del excedente sus claves principales, y en los grupos econ�micos a uno de sus beneficiarios m�s importantes�.
Una hip�tesis perturbadora
Al presentar el �ltimo paquete de ajuste Jos� Luis Machinea dijo que era una alternativa tanto a la devaluaci�n como a la dolarizaci�n. El viceministro Mario Vicens y el jefe de asesores Pablo Gerchunoff reforzaron el argumento ante diputados de la Alianza: si no se rebajaran los sueldos de 130.000 empleados p�blicos, habr�a que despedir a 30.000. Como no conciben ajustar m�s que sobre los asalariados, su horizonte intelectual se limita a la opci�n binaria entre el hambre y las ganas de comer, siempre ajenos, se entiende. El an�lisis cuantitativo del IDEP/CTA demuestra que la rebaja salarial no era imprescindible ni a la luz de la ley de solvencia fiscal ni de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Constituye en cambio una decisi�n pol�tica y la ratificaci�n de una alianza social, exactamente opuesta a la que llev� a De la R�a al poder:
u Seg�n la denominada ley de convertibilidad fiscal el d�ficit m�ximo admisible en el presupuesto de 2000 era de 5.945,7 millones de pesos. Pero al reformular el Presupuesto el gobierno plante� reducirlo a 5.298 millones, lo cual implica un sobreajuste de 647 millones. Si se proyectara a todo el a�o la floja recaudaci�n del primer cuatrimestre, el d�ficit fiscal de 2000 ser�a de 5.816 millones, casi 130 millones menos de lo que autorizaba la ley.
u El resultado de caja del Sector P�blico comprometido con el Fondo Monetario Internacional para 2000 no deb�a superar los 4.500 millones. La diferencia entre esa meta y la proyecci�n a todo el a�o de los resultados hasta abril, era de 1.272 millones. Cada a�o los libramientos impagos igualan o superan ese monto, lo cual indica que esa diferencia era absolutamente manejable para asegurar el objetivo de caja. Por ejemplo, de 1998 a 1999 se pasaron gastos por 1800 millones, de 1999 a 2000 por 1.200 millones.
Surge entonces una hip�tesis perturbadora, que obliga a repensar el rol de la pol�tica: que la rebaja salarial sea un objetivo en s� misma, con el prop�sito de inducir una deflaci�n similar en el sector privado, �nico recurso para ganar competitividad internacional. El mismo prop�sito procura la reforma laboral. Por eso el gobierno acept� rediscutir todo menos la posibilidad legal de bajar los salarios. Promulgada la ley que lo permite, ahora el Estado da la se�al de largada, tal como hicieron Menem y Cavallo en marzo de 1995, cuando recortaron por decreto las remuneraciones del sector p�blico superiores a 2.000 pesos mensuales. Ese aumento de la competitividad por v�a de la deflaci�n salarial se reflejar�a en un aumento de las exportaciones, que representan apenas el 8 por ciento del Producto Interno Bruto y est�n absolutamente concentradas: apenas 300 empresas representan el 85 por ciento del total exportado. Su dinamismo no tracciona al conjunto de la econom�a ni tiene impacto alguno sobre el nivel de empleo. S�lo mejora la rentabilidad de un n�cleo privilegiado que cada d�a se concentra m�s. Las consecuencias institucionales son evidentes. Como Menem, De la R�a recurri� para forzar la baja salarial a un decreto de necesidad y urgencia. Una semana despu�s consigui� que la Corte Suprema de Justicia convalidara aquel decreto de 1995, que el propio Menem hab�a derogado en 1998. La �nica disidencia fue la de Enrique Petracchi. Dentro de la pesada herencia recibida nadie del gobierno menciona ya a la Corte, cuyo juicio pol�tico la Alianza promovi� poco antes de llegar al poder.
Altibajos
Dada la vigencia de una caja de conversi�n con tipo de cambio fijo, la opci�n por el ajuste deflacionario es como en tiempos del patr�n oro la contracara inevitable de restricciones objetivas y de decisiones pol�ticas. Algunas restricciones son externas, como los servicios de la deuda y la tasa de inter�s internacional. (Esta es una desgracia que persigue a los gobiernos radicales. Esas tasas, que fueron las m�s altas de la historia durante la presidencia de Alfons�n y las m�s bajas durante la de Menem, retomaron su impulso ascendente poco antes del cambio de gobierno, por razones propias de la econom�a estadounidense que no est� al alcance de la Argentina modificar.) Otras restricciones son internas, como la imposibilidad de reducir el gasto social. Pero s�lo a una opci�n pol�tica obedece que se haya dispuesto evitar cualquier roce con los grandes ganadores del modelo, mantener los subsidios que cobran, extender el plazo de las concesiones aunque no rebajen sus precios y tarifas, a cambio de et�reas promesas de eventuales inversiones en un futuro indeterminado. Al referirse a ellas, el Informe de Coyuntura del Banco Provincia, a cargo del economista Jorge Gaggero, se�ala que s�lo �una parte de lo anunciado terminar� siendo inversi�n adicional, vale decir atribuible a los nuevos instrumentos de pol�tica p�blica anticipados (leasing, canon garantizado u otros)�. Gaggero a�ade que en realidad no son nuevos, y que si hasta ahora no se han utilizado en forma masiva, se debe a dificultades que no desaparecer�n por decreto: �los costos financieros implicados; la necesidad de concursar de modo transparente las obras; las dificultades de asegurar un eficaz control de las contraprestaciones privadas; y la necesidad de evitar que los intereses p�blicos sean afectados al modo de la antigua patria contratista�. Todo ello implica tiempo, estudios financieros e institucionales; complejas tratativas antes de la firma de los contratos y su ejecuci�n; mecanismos de seguimiento, control y responsabilidad �que en el caso de los servicios privatizados, aseguren el efectivo cumplimiento de lo pactado, que ha sido muy bajo en el pasado inmediato�.
El informe desmenuza el anuncio de Machinea de que antes de fin de a�o se iniciar�n proyectos por un valor no inferior a los 10.000 millones:
u Esto incluye inversiones por 7.500 millones en hidrocarburos �en los pr�ximos tres a�os� a cambio de prorrogar por una d�cada concesiones que est�n a casi 20 a�os de su expiraci�n. �No resulta claro, por un lado, por qu� se suscitar�an tales inversiones y, por otro, c�mo se asegurar�an concursos transparentes que habiliten la participaci�n de terceros distintos de los actuales concesionarios, siendo que el sector petrolero est� claramente oligopolizado y los usuarios locales est�n pagando las duras consecuencias de este hecho�.
u Se aspira a lograr el adelantamiento de inversiones en telecomunicaciones por 4.000 millones, de terceras empresas que ingresar�an a competir con las dos grandes concesionarias a partir del 9 de noviembre, cuando expira el per�odo de exclusividad. Ese lapso es insuficiente para definir y aprobar los complejos marcos regulatorios necesarios �que la opini�n p�blica espera que sean esta vez mejor dise�ados que a principios de la d�cada del 90�. Es decir que �si se hacen las cosas bien� nada de lo anunciado ocurrir�a este a�o.
u No se brinda ninguna precisi�n sobre el cronograma y el car�cter de las inversiones externas por 3.000 millones esperadas en miner�a.
u Se acord� con Paraguay el aumento de la capacidad de generaci�n de Yacyret�, pero no est� resuelto su financiamiento, por 800 millones.
u Las inversiones consignadas para aeropuertos (725 millones en cinco a�os) �est�n sujetas al incierto fin del conflicto con un concesionario que no paga su canon�.
u Los 900 millones previstos en viviendas populares dependen de un acuerdo con las provincias, que deber�an asignarles recursos del FONAVI. Pero hace apenas cinco meses el �Compromiso Federal� las autoriz� a usar la mitad de esos recursos �para financiar gastos corrientes burocr�ticos�.
u La mayor parte de los 7.400 millones que invertir�an las empresas de servicios p�blicos privatizados ya estaba prevista. En algunos casos est�n sujetos a arduas negociaciones en las cuales el declarado objetivo de maximizar inversiones �puede chocar con la previa promesa de lograr reducciones tarifarias y mejoras en la prestaci�n que alienten la competitividad de la producci�n nacional y protejan el presupuesto de las familias�.
Los borbones
Machinea debi� dejar el gabinete de Alfons�n en plena hiperinflaci�n, en 1989. La carta de despedida que �l y Sourrouille le enviaron admite que subordinaron todo al objetivo pol�tico de consolidar la transici�n democr�tica, �sin fracturas ni conflictos que detuvieran su marcha. Frente a las dificultades que enfrentamos, rehuimos siempre las f�rmulas dr�sticas que, justificadas quiz�s por la envergadura de los problemas, podr�an sin embargo comprometer la convivencia social�. La obsesi�n por evitar el conflicto con los sectores dominantes, la b�squeda de rodeos y compromisos, determina la forma m�s reaccionaria de resoluci�n para las tensiones que de todos modos se producen en la sociedad, cortando el hilo siempre por lo m�s delgado. Lo mismo sucede ahora, cuando se considera privilegiado a un trabajador que gana mil pesos mensuales pero no a una empresa como Repsol-YPF que obtiene ese mismo ingreso en 26 segundos.
El vizconde de Chateaubriand escribi� que los borbones restaurados en el reino de Francia, de quienes fue ministro, no hab�an aprendido ni olvidado nada despu�s de la revoluci�n republicana. Machinea, tampoco, como dej� en claro sin propon�rselo Guillermo Calvo. Pese a la sobreactuaci�n del equipo econ�mico, el economista norteamericano de origen argentino dijo que nada que hiciera ser�a suficiente, que deb�a asumir Ricardo L�pez Murphy y disponerse la dolarizaci�n de la econom�a. �Mi impresi�n es que los que asumieron son buena gente, eso los hace poco cre�bles�, profundiz� Calvo en una impresionante declaraci�n a la revista 3puntos, en la que tambi�n dijo que �hay gente en el mundo que se muere de hambre y es terrible. Pero se muere de hambre, punto. La cuesti�n es manejar la situaci�n para no empeorar�. Tal vez Machinea y sus principales colaboradores, Vicens y Gerchunoff (que ocupan ahora los mismos lugares que con Juan Carlos Pugliese durante la primera hiperinflaci�n), no adviertan que sus �ltimas decisiones lejos de constituir una alternativa a la dolarizaci�n, son su prerrequisito: deflacionar el costo salarial antes de que sus valores sean congelados con el temible rayo verde.
Con o sin dolarizaci�n, es ostensible que el curso elegido vuelve a colocar a la gobernabilidad en un lugar central de la agenda pol�tica. Pa�s por pa�s de Sudam�rica, la reiteraci�n de las f�rmulas del pensamiento �nico deslegitima la representaci�n pol�tica y la coloca en un alarmante plano de antagonismo con la sociedad. Que dentro del �ltimo paquete y con el pretexto del d�ficit fiscal se haya incluido la apertura del mercado de la salud a las empresas transnacionales, cuyas pr�cticas abusivas son motivo de denuncias cotidianas en Estados Unidos, es una demostraci�n adicional de la orientaci�n adoptada, probable preludio de una nueva oleada represiva. Que ese coto de caza se haya abierto por decreto de necesidad y urgencia, pese a la molestia expresada ante esa posibilidad por el Congreso, que ese decreto haya sido firmado el viernes por el vicepresidente Carlos Alvarez, quien present� ese asalto a la salud popular como un triunfo de la libertad de elecci�n, indica la falta de l�mites �ticos que el sostenimiento de este modelo exige de la clase pol�tica. Una de las �ltimas escalas en ese itinerario sin regreso es el fraude electoral al que apel� Fujimori. De la R�a est� en Alemania para hablar con Bill Clinton y Gerhard
Schroeder acerca de gobernabilidad y globalizaci�n. M�s le aprovechar�a interiorizarse de los acontecimientos en Per�, Bolivia, Paraguay, Ecuador, o Venezuela, el vecindario con el que la Argentina comparte tensiones y riesgos.
Mariposas nocturnas
La exhortaci�n del licenciado Alvarez a los legisladores de la Alianza para que reduzcan sus propios salarios es una pat�tica constancia de la desorientaci�n de estas mariposas nocturnas, que chocan contra los reflectores a tontas y a locas. Su resistencia a admitir que el repudio social que padecen y que les impide caminar tranquilos por la calle es producto de las pol�ticas antipopulares que aplican en cuanto llegan al gobierno, abandonando todas las afirmaciones que les permitieron derrotar al elenco saliente, los lleva a esos gestos rid�culos, de los que la meneada venta del avi�n presidencial es otro ejemplo. Si �sta es la pol�tica, no se salvar�n de la abominaci�n p�blica, as� se reduzcan los sueldos a cero o paguen para ocupar sus cargos. A nadie le molestar�a que cobraran retribuciones que los pusieran a salvo de presiones y seducciones de los poderosos si la defensa del inter�s popular y la coherencia a lo largo del tiempo fueran la norma y no la excepci�n. Otras caras de este minu� siniestro se vieron en el palco del Cabildo, donde un buen n�mero de responsables de la crisis se treparon para despotricar por sus consecuencias, como si todo fuera reversible y nadie fuera responsable de sus actos. Al MTA y sus dirigentes se le pueden objetar muchas cosas, menos incongruencia. En diciembre de 1990 le hicieron el primer paro a Menem y, aunque gobernaba el PJ, fue el comit� Capital de la UCR, presidido por Marcelo Stubrin, el que reclam� que se reglamentara el derecho de huelga. En una desvalorizaci�n de las luchas sociales como agente de cambio, de la que su partido no se ha apartado ni en el gobierno ni en la oposici�n, a�adi� que �es en el Congreso y con los partidos pol�ticos donde se puede juntar fuerza para enfrentar a los sectores que abusaron y abusan de la crisis�. Seguramente todav�a no han juntado suficiente, y como no pueden derrotarlos, se unen a ellos.
P�blico y privado
Por H.V.
De la R�a cit� en Berl�n a su hijo Antonio, el autor de los avisos de campa�a seg�n los cuales el ahora presidente iba a
 �terminar con esta fiesta para unos pocos�,
empujar �a la c�rcel a cada delincuente, a cada corrupto�,
bajar los impuestos, y
terminar con una situaci�n en la que �nosotros no tenemos para la leche. A ellos les sobra champagne�.
Fotograf�as que le tomaron varias revistas sin su autorizaci�n, atrajeron sobre De la R�a (h) la atenci�n general y abrieron numerosos interrogantes sobre el entrecruzamiento entre lo p�blico y lo privado. Por ejemplo, tanto el presidente como su vocero Dar�o Lop�rfido explicaron sin que se lo preguntaran que Antonio De la R�a no ten�a cargo oficial ni cobraba retribuci�n del Estado. Sin embargo, el mismo gobierno hizo saber que por su desempe�o como jefe de campa�a de la Alianza en las elecciones de la Capital cobr� 2.000 pesos en enero y febrero, 3.200 en marzo y abril y le quedan por cobrar 4.000 por mayo. En total 14.4000, �en blanco, con factura y pagado con fondos partidarios�. Seg�n el art�culo 38 de la Constituci�n Nacional los partidos pol�ticos no son entes privados sino �instituciones fundamentales del sistema democr�tico� y por ello �el Estado contribuye al sostenimiento econ�mico de sus actividades�. Es decir que una porci�n de los ingresos de De la R�a (h) s� proviene de fondos p�blicos. Por ahora es imposible decir qu� proporci�n, ya que a pesar del compromiso p�blico asumido, y de que el mismo art�culo constitucional indica que �los partidos pol�ticos deber�n dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio�, la Alianza hizo saber a la ONG �Poder Ciudadano� que no le revelar�a su cuenta de ingresos y egresos por la campa�a de la Ciudad. Lop�rfido tambi�n dijo a este diario que De la R�a (h) participaba en lo que llam� �tormenta de ideas� para la comunicaci�n de los actos de gobierno de su padre pero luego no interven�a en su realizaci�n, que quedaba a cargo de agencias contratadas por la Secretar�a de Cultura y Comunicaci�n de la presidencia.
��Las mismas que hacen las campa�as proselitistas de la Alianza?
�En alg�n caso s� �dijo, sin entrar en m�s detalles sobre esta llamativa superposici�n.
Las explicaciones sobre las diferencias entre Antonio De la R�a y Zulema Menem no alcanzan a disipar la incomodidad de estas comprobaciones, que muestran una mezcla promiscua entre la actividad privada de quien con amor ayuda a su padre y la p�blica de quien interviene en reuniones con ministros y funcionarios en las que se deciden asuntos de gobierno y comanda profesionalmente las campa�as de la Alianza, por lo que percibe una remuneraci�n pagada con fondos p�blicos. Tonietto ya no debe sentirse tan solo.
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