Por Horacio Verbitsky
 En apenas cinco meses, el gobierno nacional ha conseguido que la cuesti�n militar volviera a la escena pol�tica como nunca antes desde 1990. Como si la d�cada menemista no hubiera ocurrido, reaparecen las mismas actitudes ambivalentes que caracterizaron al anterior gobierno radical, que termin� atrapado en las consecuencias de su doble discurso. Ya se trate de juicios por los viejos cr�menes de la guerra sucia o de los nuevos roles para las Fuerzas Armadas en el futuro, los funcionarios dicen una cosa en las reuniones privadas y otra contraria en p�blico, como si esas l�neas paralelas s�lo fueran a cortarse en un infinito sin vencimiento cronol�gico. Peor a�n, el reabierto debate acerca del empleo del instrumento militar en tareas policiales con el alegado prop�sito de combatir al narcotr�fico, coloca la cuesti�n en zona roja: con los sueldos de subsistencia que percibe el personal armado, el contacto con organizaciones clandestinas que manejan centenares de miles de millones de d�lares garantiza que la corrupci�n har� estragos en sus filas y que la playa de estacionamiento del edificio Libertador deber� ser ampliada para recibir a las 4x4 de los altos mandos. Esa es la lecci�n de todos los pa�ses vecinos que cometieron el mismo error, de M�xico a Per�, de Colombia a Bolivia. La segunda desmentida del ministro de Defensa en apenas dos meses, emitida el jueves a ra�z de publicaciones del matutino La Naci�n, no alcanza para obviar la inquietud que este desatino provoca. El propio ministro Ricardo L�pez Murphy defini� ante un auditorio castrense las nuevas tareas que se propone asignar a sus �subordinados?; quien en forma p�blica se pronunci� por permitir a las Fuerzas Armadas �hacer inteligencia contra los narcotraficantes internacionales� fue el presidente Fernando de la R�a; y el responsable de las informaciones publicadas la semana pasada por La Naci�n es el Jefe de la denominada �Casa Militar� de la Presidencia, general Julio Alberto Conrado Hang.
Se�ales
El nuevo gobierno no cesa de enviar se�ales que los militares interpretan como invitaciones a un nuevo protagonismo pol�tico. Entre los pliegos de ascensos que el ex presidente Carlos Menem remiti� al Senado hab�a media docena de involucrados en grav�simos delitos: masacres de personas previamente detenidas, saqueo de bienes en ocasi�n de procedimientos de seguridad interior durante la guerra sucia, relaciones especiales con organizaciones internacionales vinculadas con el tr�fico de armas y de estupefacientes como la Logia P2. Los organismos de derechos humanos hab�an impugnado esos pliegos y ofrecido al Senado abundantes pruebas sobre las acusaciones. El bloque justicialista sugiri� que el cambio de gobierno era una inmejorable oportunidad para enmendar la cuesti�n del modo m�s natural, tal como hizo el canciller Adalberto Rodr�guez Giavarini al retirar los pliegos de ascensos diplom�ticos firmados por Guido Di Tella. En cambio el jefe del Ej�rcito, Ricardo Brinzoni, insisti� con la n�mina elevada por su antecesor, alegando que de lo contrario estar�a desautorizando a la Junta de Calificaciones que los consider� aptos para el grado superior.
Ese argumento burocr�tico hubiera requerido de un correctivo pol�tico por parte de L�pez Murphy. Pero argumentando que deb�a compensar al Ej�rcito por el incumplimiento de los compromisos presupuestarios, el ministro respald� la lista objetada. Doble error, que la actuaci�n policial contra los vendedores de estupefacientes agravar�a: el canje de penurias econ�micas por miserias morales es propio de una transacci�n entre fulleros, no de la conducci�n pol�tica de una fuerza armada bajo un r�gimen democr�tico. L�pez Murphy presion� a los senadores radicales y el propio De la R�a a los justicialistas, seg�n revel� el presidente de aquel bloque, Augusto Alasino, durante el debate sobre tablas del 15 de marzo. Una vez votados los ascensos, Brinzoni festej� con los senadores peronistas con una comida en el Regimiento de Granaderos. El ministro de Defensa observ� impasible la bochornosa peregrinaci�n. Esas mesas de confraternizaci�n son el primer paso de una escalada demasiado conocida, aquella que en el pasado culmin� con los pol�ticos golpeando a las puertas de los cuarteles. Una cosa son los encuentros formales en los que se debaten las cuestiones doctrinarias que hacen a la Defensa Nacional, otra muy distinta esa promiscuidad en la que se desdibujan los roles. En 1976, con el grado de capit�n, Brinzoni fue secretario general de la intervenci�n militar en la provincia de El Chaco, donde se produjo la masacre de Margarita Bel�n. Es el primer funcionario pol�tico de aquel Estado Terrorista que alcanza la jefatura de Estado Mayor de una de las Fuerzas Armadas.
En sus conversaciones privadas con funcionarios del gobierno, el jefe del Ej�rcito sostuvo que no le preocupaban los miembros de la vieja c�pula procesados en las causas por la sustracci�n de beb�s sino el desfile de oficiales en actividad por los tribunales que llevan los juicios por la verdad. Esa diferencia se fue perdiendo en los hechos. El intento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por paralizar los juicios por los beb�s no hubiera sido posible sin la aquiescencia del poder pol�tico. El discepoliano fil�sofo porte�o Adolfo Bagnasco resumi� la gravedad de este paso con una comparaci�n irrefutable: el Consejo Supremo se parece a un �rgano judicial tanto como el tribunal de disciplina de la AFA. La versi�n oficial acerca de un zarpazo de los dinosaurios atrincherados en esos �rganos de tan escasa actividad, no se sostiene. El propio Brinzoni, que ama el contacto con la prensa tanto como Balza pero carece del tino necesario para aventurarse en ese terreno, declar� que no cre�a en la existencia de un plan sistem�tico para la apropiaci�n de los hijos
de los detenidos-desaparecidos. Al mismo tiempo, promovi� el reencuentro con el sector de los retirados que hab�a repudiado a Balza cuando el ex jefe enton� la palinodia. Es cierto que la divulgaci�n de cartas protocolares al ex dictador Videla, con afectuosas anotaciones manuscritas, y de actas del C�rculo Militar convirtiendo a los ex dictadores en socios honorarios, desluce el valor personal de la actitud de Balza, pero no afecta la validez institucional de su autocr�tica.
Los juicios de la verdad
El Ej�rcito cruz� el Rubic�n en las causas por la averiguaci�n de la verdad. Iniciadas en 1995 por el ex presidente del CELS, Emilio Ferm�n Mignone, se basan en el primer fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 1988, el caso Vel�zquez Rodr�guez sobre desaparici�n forzada de personas. El tribunal estableci� que aun cuando leyes internas no permitieran castigar �a quienes sean individualmente responsables� el Estado deber�a satisfacer el derecho de los familiares de la v�ctima �a conocer cu�l fue el destino de �sta y, en su caso, d�nde se encuentran sus restos�. La C�mara Federal de la Capital reconoci� a pedido de Mignone el derecho a la verdad y al duelo e inici� las investigaciones sobre la desaparici�n de su hija, en la causa 450 que se hab�a cerrado a ra�z de la ley de obediencia debida. Actuaciones similares comenzaron en las C�maras Federales de Bah�a Blanca y La Plata, que las instruyeron en plenario, y de C�rdoba, que las deleg� en los juzgados de primera instancia. En 1998, la Corte Suprema de Justicia declar� en la causa iniciada por Carmen Lapac� por la desaparici�n de su hija Alejandra, que los expedientes penales no pod�an reabrirse. En la que iniciaron los familiares de Benito Urteaga agreg� que para determinar lo sucedido pod�an iniciarse acciones administrativas, recursos de h�beas data o juicios civiles. Todos los jueces supremos reconocieron que los familiares ten�an un derecho y el Estado un deber relacionado con la informaci�n objetiva. M�s que en cualquier caso anterior, la Corte decidi� en base a los tratados internacionales de derechos humanos, que son de aplicaci�n por encima de la ley o en ausencia de ella. De ese modo qued� establecida la obligaci�n de todos los que fueran citados a contribuir al conocimiento de los hechos. Pero como las decisiones de la Corte s�lo se aplican al caso en que son pronunciadas, las distintas C�maras continuaron con las investigaciones penales ya iniciadas. Adem�s, Carmen Lapac� denunci� al Estado argentino ante la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos. Para impedir que el caso fuera remitido a la Corte Interamericana, el Estado Nacional firm� en 1999 un compromiso en el cual reconoci� el derecho a la verdad y tambi�n la idoneidad de los juicios penales para establecerla.
Lauchas
Durante las audiencias impulsadas por el fiscal general Hugo Ca��n en Bah�a Blanca, una docena de sobrevivientes del campo clandestino de concentraci�n La Escuelita indicaron que hab�an sido torturados por un oficial del Ej�rcito que respond�a al alias de Laucha, a quien identificaron en un �lbum con las fotos de todo el personal militar que prest� servicios en aquella �poca en el Comando del Cuerpo V. Citado a declarar sin juramento de decir verdad, el teniente coronel Juli�n Corres dijo que era conocido como Laucha. Esos antecedentes fueron remitidos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo titular, Ricardo Gil Lavedra, dijo al fiscal Ca��n que el torturador ser�a pasado a retiro. Ese es el procedimiento que corresponde seg�n recomendaciones de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisi�n de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero Brinzoni se opuso. �No condenemos a nadie antes de tiempo. Hasta tanto no se pronuncie la Justicia no existen motivos para pasarlo a retiro�, declar� al diario La Nueva Provincia. Esa frase es una meditada falacia: en ese expediente por averiguaci�n de la verdad Corres est� a salvo de cualquier castigo judicial. La semana pasada este diario verific� que esa Laucha sigue en actividad, en el Comando de Institutos Militares del Ej�rcito.
En C�rdoba la C�mara Federal impuso a la jueza federal Cristina Garz�n que interrogara a los torturadores bajo juramento de decir verdad. Tambi�n en ese caso uno de ellos sigue en actividad. Es el teniente coronel Enrique Mones Ruiz, quien en 1987 fue beneficiado por la ley de obediencia debida. Mones Ruiz deb�a responder por el homicidio de Ra�l Augusto Bauducco, el 5 de julio de 1976. Durante una requisa en la c�rcel de C�rdoba, Bauducco fue golpeado con bastones de goma y obligado a permanecer con los brazos contra la pared. Al cabo de dos horas no pudo sostener la posici�n.
Levant�los o te mato, le grit� el cabo Miguel Angel P�rez.
No puedo se�or, respondi� Bauducco.
P�rez solicit� autorizaci�n. Mones Ruiz la concedi�. El suboficial dispar� a quemarropa a la cabeza del preso. �Quiso arrebatarle el arma�, inform� luego Mones Ruiz. Sin embargo, en el juicio por la verdad P�rez refut� esa versi�n oficial y dijo que se le hab�a escapado el tiro. Como Mones Ruiz y cinco oficiales retirados se negaron a declarar, la jueza les impuso penas de arresto por 48 horas, irrisorias en comparaci�n con la atrocidad de sus cr�menes. Brinzoni convoc� entonces a reuni�n de generales, declar� a la corporaci�n en estado de inquietud y remiti� al secretario general del Ej�rcito, Eduardo Alfonso, en visita institucional a los camaradas detenidos. Lejos de sancionar ese desacato, L�pez Murphy dijo que le parec�a comprensible y natural y la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Diana Conti que los arrestos obedec�an a �un af�n de revancha� y que la reacci�n institucional era �l�gica�. Aunque por la reacci�n de los organismos de derechos humanos Gil Lavedra dispuso que Conti se rectificara, es ostensible que la subsecretaria no hizo m�s que expresar el pensamiento de De la R�a en la materia. De hecho, voceros de la presidencia presionaron sobre diversos medios para que el comunicado rectificatorio no fuera reproducido. S�lo este diario lo public�. Dentro del propio Ministerio de Justicia, la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, Patricia Bullrich, se encarg� de difundir que la posici�n fijada por Conti coincid�a con los planteos de la Juventud Antoniana, del Secretario de Inteligencia del Estado, Fernando de Santiba�es, y de la eminencia gris oscuro Enrique Nosiglia, es decir la milicia personal del presidente De la R�a, a la que la ex menemista, ex belizista y ex cavallista Bullrich ha ingresado con el fervor habitual. De ese grupo proviene tambi�n el respaldo al prop�sito filtrado por el Ej�rcito de que la Corte Suprema ponga fin al menos a las audiencias p�blicas en las que deben declarar los oficiales. Parece una excursi�n en el t�nel del tiempo: ese es el tipo de soluci�n inviable que, hace nada menos que trece a�os, perge�� el asesor jur�dico de Alfons�n, Ricardo Entelman, ahora colaborador de Rodolfo Terragno en la jefatura del gabinete de ministros. La vocaci�n por tropezar una vez m�s con la misma piedra humaniza a este grupo.
Comprensible y natural
Comprensible y natural es que L�pez Murphy avale estas excursiones castrenses fuera de sus competencias, ya que su ignorancia en materia de Defensa ha sido suplida por el generoso asesoramiento del Ej�rcito, en sinton�a con las pretensiones del Comando Sur del Ej�rcito de los Estados Unidos. Eso explica el tremendo mensaje que el ministro dirigi� en marzo en la iniciaci�n del Curso Superior de las Fuerzas Armadas. All� defini� las �nuevas amenazas� en funci�n de las cuales deb�a redefinirse el rol de los militares argentinos. Entre ellas mencion� al narcotr�fico y el terrorismo, pero tambi�n a la pobreza extrema y las migraciones masivas. La nueva participaci�n militar en cuestiones de seguridad interior comenzar�a por el narcotr�fico pero se extender�a luego a las dem�s �reas. Por m�s desmentidas que emita el Ministerio de Defensa, esto es coherente con las definiciones de De la R�a. Como vicepresidente de la Comisi�n de Defensa del Senado, el ahora jefe del Ejecutivo dijo ante una audiencia militar que propiciaba la reforma de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior para borrar las fronteras que separan a ambos conceptos. En setiembre del a�o pasado el diario .Clar�n consult� a todos los candidatos presidenciales acerca de la posible sanci�n de una ley que permitiera a las Fuerzas Armadas hacer inteligencia contra los narcotraficantes internacionales. De la R�a respondi� que la Ley 24.059 de seguridad interior �regula la funci�n de las Fuerzas Armadas, que es la de dar apoyo log�stico y acumular datos de inteligencia�. La acci�n de inteligencia en esta materia no surge ni del texto ni del esp�ritu de la ley. Esta declaraci�n es el antecedente inmediato del actual rebrote del tema, impulsado por Santiba�es y Nosiglia, de quienes depende el clandestino general Ernesto Juan Bossi, el doctrinario de la �Lucha contra las Narcoacciones�. En el mismo sentido que De la R�a respondi� a la encuesta el hoy candidato a jefe de gobierno de la Capital y entonces aspirante presidencial Domingo Cavallo: �La lucha contra el narcoterrorismo debe constituirse en una hip�tesis de conflicto central para las Fuerzas Armadas argentinas�, dijo. Cavallo consideraba posible enmendar las leyes que se oponen a ese prop�sito. M�s sutil, De la R�a se propon�a forzar su interpretaci�n, atribuy�ndoles lo que no dicen. Esa es la clave de las contradicciones de estos d�as.
Sugerencias internacionales
Un sector mayoritario del radicalismo, que incluye al ministro del Interior Federico Storani, insiste en la preservaci�n de la diferenciaci�n n�tida entre Defensa Nacional y Seguridad Interior. El Secretario de prevenci�n de la Drogadicci�n y la Lucha contra el Narcotr�fico, Lorenzo Cortese, lo dijo hace un mes, al exponer ante la XVIII Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que sesion� en Buenos Aires: �Asoma en la superficie de la consideraci�n institucional y de la opini�n p�blica la cuesti�n de la participaci�n de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotr�fico. No pueden disimularse sugerencias internacionales al respecto�. El �rechazo a la intervenci�n de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotr�fico se sostiene en la normativa vigente y en nuestras propias convicciones pol�ticas�. La ley de Seguridad Interior, de 1991, �proh�be el desempe�o de las Fuerzas Armadas para combatir directamente en la lucha contra el narcotr�fico�. Esa ley �no fue fruto de la improvisaci�n sino de un prolongado, serio e intenso debate. Por lo tanto, el combate de esta ilicitud es responsabilidad de la Polic�a Federal, Gendarmer�a, Prefectura y de las polic�as provinciales. A�adi� que las Fuerzas Armadas s�lo podr�an ser empleadas para restablecer la seguridad interior en el caso excepcional de que las fuerzas de seguridad resultaran insuficientes�. Pero �nuestra propia realidad interna, con procedimientos exitosos, legislaci�n apta y voluntad pol�tica de confrontaci�n contra la ilicitud y el crimen organizado descarta en el �mbito interno el desborde en el accionar de las fuerzas de seguridad�. Tambi�n dijo que el gobierno �respeta y har� respetar la legislaci�n vigente� porque est� convencido de �la inconveniencia de incorporar a las Fuerzas Armadas en esta tarea�, porque deben especializarse para �enfrentar agresiones de origen externo�. Record�, adem�s, que la ley de Defensa Nacional �estipula que las cuestiones de pol�tica interna del pa�s, no podr�n constituir en ning�n caso hip�tesis de trabajo de organismos de inteligencia militares�.
Lesa humanidad
Mientras se discut�a ese eventual regreso militar a la actuaci�n policial, ahora con el pretexto del narcotr�fico, las C�maras Federales de la Capital y de La Plata tomaron decisiones de fondo sobre las consecuencias que las Fuerzas Armadas y el pa�s padecieron la �ltima vez que esto ocurri�, en las d�cadas de 1950 a 1970, cuando el enemigo a reprimir era pol�tico. Ambas C�maras habilitaron la reapertura de las causas penales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de 1976 a 1983. En setiembre del a�o pasado lo mismo hab�a dispuesto la Sala I de la C�mara Federal de la Capital, integrada por Mar�a Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani en la causa Videla por sustracci�n de beb�s. Aquella sentencia, igual que las que acaban de firmar la Sala II del mismo tribunal y el pleno de la C�mara platense, invocan el principio de justicia universal contemplado en el art�culo 118 de la Constituci�n, sobre el derecho de gentes, y la primac�a del derecho internacional p�blico sobre el derecho interno. De este modo, los delitos contra la humanidad, cualquiera sea la fecha de su comisi�n, se consideran imprescriptibles. Esto implica dejar sin efecto las leyes de punto final y de obediencia debida y rehabilitar la posibilidad del castigo en todos los casos en que los familiares de las v�ctimas lo reclamen. La impugnaci�n pol�tica y jur�dica de esas resoluciones es compleja, tanto para el gobierno ahora como para la Corte Suprema cuando alguno de esos casos llegue a su consideraci�n: las dos C�maras Federales citaron entre sus fundamentos precisamente las sentencias de la Corte Suprema de Justicia al conceder la extradici�n de los criminales de guerra nazis Franz Schwammberger, concedida durante el anterior gobierno radical, y Erich Priebke, bajo el menemismo. Esos fueron tambi�n los argumentos del proyecto de nulidad de la obediencia debida que, hace dos a�os, firm� junto a otros legisladores la actual subsecretaria de Derechos Humanos.
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