Acatando órdenes  del imperialismo norteamericano, el gobierno aprista amenaza con aprobar una ley siniestra que permitiría  la privatización de todas las empresas estatales, con grave perjuicios para los intereses nacionales  y populares.

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Alan García ha presentado al Congreso, para su aprobación, el proyecto de Ley 1217 que tiene como fundamento el Art.60 de la Constitución fujimorista de 1993, de orientación definidamente neoliberal, especialmente  hecha para servir los intereses del imperialismo y sus intermediarios en  el país.

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En su campaña electoral, Alan García, prometió  demagógicamente que el APRA  en el poder, restauraría la Constitución de 1979, o “Constitución de Haya de la Torre”. Esa promesa fue rápidamente olvidada  porque las presiones del imperialismo y la burguesía intermediaria  exigieron que  nuestra economía se sometiera  incondicionalmente al neoliberalismo, cuya oposición radical  a las empresas estatales es bien conocida.

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No es casual que en el  P.L. 1217, se mencione 11 veces a la Constitución  de 1993, hoy vigente, y se haga  especial referencia  a que  en esta “ley de leyes” de Fujimori, se estable que el “desarrollo empresarial del Estado debe darse EN FORMA SUBSIDIARIA A LA ACTIVIDAD PRIVADA, ÚNICAMENTE AUTORIZADA POR LEY EXPRESA Y POR RAZÓN DE ALTO INTERÉS PUBLICO O DE MANIFIESTA  CONVENIENCIA NACIONAL”.

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Alan ha traicionado abiertamente a la Constitución de Haya de la Torre, convirtiéndose  en un defensor empecinado de la Constitución  de Fujimori por su contenido neoliberal  y proimperialista. Ha llegado al extremo de exigir que el Congreso apruebe una Ley  que, en la práctica,  promueve la privatización de todas las empresas estatales para entregarlas al gran capital extranjero. En efecto en el proyecto de marras se dice textualmente que “en ningún caso las Empresas Públicas pueden ser propietarias de bienes  de dominio o uso público”.

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Se ha denunciado, con justa y sobrada razón,  que el gobierno aprista se prepara para  despojar a ENAPU  de sus áreas e infraestructura portuaria, a SEDAPAL su infraestructura y los servicios públicos que presta, a CORPAC  los aeropuertos, a PETROPERU, su infraestructura, áreas y servicios públicos. Estamos frente a un proyecto canalla  de privatización  propio del capitalismo salvaje  que el APRA  se ha propuesto  implantar en el Perú,  para servir a sus amos  extranjeros.

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A esta política proimperialista de privatización integral de la Empresas Públicas, la burguesía intermediaria y el imperialismo  le denominan” reforma del Estado”. Estas fuerzas reaccionarias  se oponen a la presencia de un Estado  con fuerza capaz para defender  la soberanía nacional y los intereses nacionales. El APRA se ha convertido  en el partido de vanguardia de estas fuerzas  que representan la antipatria.

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Para nadie es un secreto que tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial (BM) son simples instrumentos  del imperialismo norteamericano.  Son estas instituciones financieras del imperialismo las que presionan a los países del “tercer mundo”, para que sus empresas públicas sean privatizadas, recomendando que se siga “el ejemplo chileno”. Pero callan que  CODELCO; LA EMPRESA ESTATAL CHILENA DEL COBRE, es la que permite el actual armamentismo chileno  que es una verdadera amenaza para el Perú.

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El entreguismo del APRA, su capitulación incondicional ante el imperialismo norteamericana  y las fuerzas más reaccionarias del país, ya tienen su respuesta en las grandes movilizaciones de masas que sacuden al país. Pero el Partido de gobierno se prepara para responder  con drásticas medidas represivas. Para eso ha exigido que el Congreso le otorgue facultades extraordinarias  a efecto de  dar leyes  que le permitirán poner en práctica sus propósitos  de responder con la violencia y el terrorismo de Estado a todo movimiento reivindicativo.