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¿Activistas
o terroristas?
NAOMI KLEIN
Desde que Vancouver fue anfitrión de la conferencia
del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) en 1997, los
políticos canadienses se enfrentan a un dilema. ¿Cómo
reprimir las molestas protestas callejeras sin violar las leyes fundamentales
que garantizan la libertad de reunión y que prohíben la
interferencia política con la labor policiaca?
Después del 11 de septiembre, la respuesta se revela, tan elegante
como brutal: deja a un lado estas leyes.
Desde hace un mes, libertarios civiles y políticos discuten si
el proyecto de ley C-36 puede ser usado contra los manifestantes políticos.
La ministra de Justicia, Anne McLellan, dice que el proyecto está
diseñado para que "los terroristas y los grupos terroristas
sean el blanco", e insiste en que no es un intento por reprimir "el
activismo político y las protestas legítimas", tales
como las manifestaciones durante la Cumbre de las Américas en la
ciudad de Quebec.
Ante tales aseveraciones, así como por los cambios menores al proyecto
de ley, muchos se han relajado, convencidos de que el derecho a disentir
aún está protegido en Canadá. Eso es porque no le
han echado un vistazo a la otra ley antiterrorista, el proyecto de ley
C-35.
El proyecto de ley C-35 se abre camino de manera silenciosa en el Parlamento,
reducido a una medida para "el funcionamiento del hogar". En
lo superficial, todo lo que hace el proyecto de ley es ampliar la definición
de "persona protegida internacionalmente", aquellos dignatarios
extranjeros que reciben inmunidad diplomática cuando están
en el país.
Algunos miembros opositores del Parlamento rechazan este incremento y
dicen que Canadá no debería ser un lugar seguro para criminales
extranjeros, aunque sean políticos.
Estas preocupaciones acerca de "las personas protegidas" sólo
muestran parte de la historia. El resto se revela cuando el C-35 se compara
con varias cláusulas del proyecto de ley C-36 que clasifica muchas
acciones llevadas a cabo en contra de aquellas "personas protegidas"
como actos terroristas. El doctor Michael Clinchy, de la Universidad de
Ontario Occidental, argumenta que tomadas por separado, ambas secciones
parecen benignas. Pero juntas forman un puñetazo doble que noquea
el derecho de protesta fuera de las reuniones internacionales.
Llámalo la cláusula Kananaskis, ya que la combinación
legal está diseñada para hacer su acto de entrada en la
próxima cumbre del G-8 en junio, que se llevará a cabo en
Kananaskis, Alberta.
Funciona así. Primero, el proyecto de ley C-35 define como "personas
internacionalmente protegidas" a los "representantes de un Estado
extranjero que sean miembros de o participen en una organización
internacional". La idea fue tomada de la convención de la
ONU que da inmunidad diplomática a los políticos que atienden
las conferencias de la ONU.
Pero el proyecto de ley C-35 amplía la definición de la
ONU para que incluya a las visitas extranjeras que atienden reuniones
bilaterales o multilaterales de cualquier tipo. Eso incluye delegados
a una cumbre comercial con China, una cumbre del APEC, y sí, una
reunión del G-8. De un plumazo, estos eventos serán puestos
detrás de un escudo de inmunidad diplomática.
El siguiente paso: el C-36 entra en acción y define a la interferencia
con "personas protegidas", incluyendo a dictadores que están
de visita, no sólo como actos criminales, sino también terroristas.
El proyecto de ley C-36 declara que cualquiera que cometa "un ataque
violento a establecimientos oficiales, a lugares de alojamiento privados
o a medios de transporte de una persona internacionalmente protegida que
pueda poner en peligro la vida o la libertad (de esa persona)" ha
cometido un acto terrorista. De hecho, cualquiera que "amenace"
con cometer cualquiera de estos actos es culpable de terrorismo, y perderá
muchos de sus derechos constitucionales, tal como lo establece el resto
del proyecto de ley.
Estas vagas definiciones hacen que surjan muchas preguntas: ¿bloquear
una calle que lleva a una cumbre representa un ataque al "medio de
transporte" de "personas internacionalmente protegidas"
que restringe su "libertad"? ¿Empujar la cerca que rodeaba
gran parte de la ciudad de Quebec durante la Cumbre de las Américas
en abril significó "un ataque violento a establecimientos
oficiales" de una conferencia protegida?
Si el C-35 y el C-36 se convierten en ley (lo cual parece muy probable)
y un grupo emite un volante que anuncie su intención de bloquear
una calle que lleva a Kananaskis (una promesa que algunos ya hicieron),
sus miembros podrían ser acusados de cometer un acto terrorista,
un crimen que se castiga con hasta cinco años de cárcel.
Cualquiera que siga con la amenaza y bloquee la calle ?una táctica
común durante huelgas, cumbres y bloqueos nativos? podría
enfrentar hasta 14 años en prisión.
Seamos claros, el asunto no es si los activistas tienen el derecho a causar
inconveniencias a los delegados de las conferencias o a empujar cercas.
Bajo las leyes actuales muchos manifestantes ya enfrentan cargos criminales
precisamente como resultado de estas actividades. La pregunta es si estos
son actos terroristas legalmente a la par del secuestro de aviones y de
sembrar bombas.
Si se le ha de creer a la ministra McLellan cuando dice que su gobierno
no está tratando de usar la campaña antiterrorista para
prohibir la protesta política tiene que hacer más cambios.
Debe quitar la cláusula Kananaskis.
Traducción: Tania Molina Ramírez
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