El aborto procurado siempre es un fracaso: para la mujer, es la resultante de circunstancias indeseadas que la sobrepasan; para la sociedad, es una consecuencia de su falta de compromiso y solidaridad; para el Estado, es una muestra de su ineficiencia e insensibilidad frente al desprotegido.

Hoy se pretende despenalizar el aborto poniendo el acento en supuestos derechos de la madre, pero callando lo que significa aceptar que se elimine a un ser humano que no tuvo la suerte de ser engendrado en otras circunstancias o que padece alguna enfermedad.

Podría llegar a aceptarse que la mujer tiene derecho a disponer de su cuerpo, lo que no significa aceptar que disponga de la vida o muerte de su hijo.

Se hace hincapié en las circunstancias adversas que pueden llevar a la madre a decidir el aborto de su hijo, pero, ¿no sería más razonable actuar sobre las mismas, antes que proponer la despenalización de un delito? ¿Se cree, acaso, que la pobreza o la enfermedad se combaten eliminando a los pobres y a los enfermos?

Obligaciones

Quienes promueven este tipo de leyes apelando a la defensa de los derechos de la mujer, ¿no advierten que, en realidad, están propiciando que la sociedad toda se desentienda de su obligación ante los problemas de fondo de la embarazada (ignorancia, pobreza, violencia, soledad) y de su hijo?  ¿Tienen en cuenta la trampa que significa para la mujer hacerle creer que un aborto es un hecho más en su vida?

Las situaciones, siempre dolorosas, que llevan a la mujer a abortar, requieren de la acción concreta del Estado y del compromiso de la sociedad para subsanarlas.

Pero sin olvidar que la adversidad es parte de la vida; que en la genealogía de todos figura, con seguridad, alguna mujer que le hizo frente; que el valor, el altruismo y el amor son virtudes humanas a partir de las cuales se puede construir, aún en las peores circunstancias.

Hacerse cargo de los débiles

 La solución al problema de la pobreza, de la morbimortalidad materna, de la violencia, de las adolescentes embarazadas no pasa por despenalizar el aborto, ya que no es razonable dejar de considerar delito la muerte intencional de un inocente. Pasa, más bien, por que el Estado se haga cargo de los débiles, los necesitados, de controlar la violencia y el hambre y, por otro lado, por la educación.
Es preciso desarrollar programas educativos que promocionen la salud integral. Estos programas no pueden tener como objetivo intentar eliminar las consecuencias de conductas de riesgo, sino que deben buscar potenciar el desarrollo integral de las personas, lo que significa desarrollo pleno: físico, psicoafectivo, espiritual y social.

Existen programas concretos, sencillos, dirigidos a mujeres en edad reproductiva, con beneficios probados, que sería interesante fomentar. Hoy, que con tanto énfasis se proclaman los derechos humanos más variados, resulta sorprendente que no se considere con mayor seriedad el que hace posible todos los demás: el derecho a la vida.

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    Desde hace algún tiempo se discute en nuestro país, en diferentes foros, si la práctica del aborto debe ser socialmente tolerada o aceptada, o si debe seguir estando penalizada por la ley. El debate es abordado desde perspectivas diferentes: en apoyo de una u otra postura, se invocan argumentos de orden filosófico o moral, se reivindican principios de carácter religioso, se analizan factores vinculados con la preservación de la higiene social o de la salud pública, se reclama el derecho de las mujeres a la libre disposición de su cuerpo, se examinan y se proyectan en el tiempo las actuales tendencias demográficas, y se difunden estadísticas demostrativas de que la propensión a interrumpir embarazos no deseados está considerablemente arraigada en nuestra sociedad.

Por encima de todas las consideraciones sectoriales o parciales que se suelen formular, existe un argumento primordial y superior que de ninguna manera puede ser obviado y es el que convoca a privilegiar, en todos los casos, el valor supremo y fundante de la vida humana. ¿Cómo encontrar una razón más convincente que aquella que invoca la necesidad de defender la vida?

El derecho a la vida se impone, en efecto, como el primero y el más esencial de los derechos humanos. Si a una persona ya conformada genéticamente se le niega ese derecho sustancial, se la está condenando a la más oscura y total de las muertes: la que no dejará rastro alguno en el tiempo ni en el espacio.

El aborto implica la destrucción absoluta de una vida humana actual y de su proyección hacia el futuro. Esta verdad terrible y desnuda es más que suficiente para que pierdan validez, en el estricto plano de los principios éticos, todas las posturas de signo contrario.

En la tradición del pensamiento humanista que preside desde hace siglos el desarrollo de los pueblos civilizados no hay nada más digno de ser defendido que el derecho de vivir. Toda nuestra cultura clásica, toda nuestra evolución histórica, marcharon con firmeza en esa dirección. El principal legado del humanismo contemporáneo es, en efecto, el que conduce al reconocimiento de la suprema dignidad de la persona humana. Desde el siglo XVIII en adelante, todas las declaraciones universales de derechos situaron al hombre, al ser humano, en el centro del sistema general de valores que preside la marcha de las civilizaciones.

Por supuesto, el reconocimiento del derecho a la vida como un principio universal e inalienable no implica desconocer las otras complejidades sustanciales que asoman detrás del drama doloroso del aborto. Por lo pronto, no se puede ignorar, a esta altura de la evolución del pensamiento, que el derecho de todo ser humano a participar de la vida, tal como lo concebimos y lo definimos hoy, está íntimamente asociado a otro derecho no menos esencial: el de aquella persona en cuyo cuerpo está llamada a instalarse o a germinar la vida de toda persona futura. Esa asociación prácticamente indisoluble entre dos derechos generalmente unidos y en ocasiones contrapuestos, como son el de la madre y el del hijo en gestación, ligados por un vínculo natural en el que reposan las claves últimas del misterio de la vida, obliga a examinar el problema en su más honda complejidad existencial.

Nadie podría ignorar, por ejemplo, que en determinadas situaciones extremas la interrelación de esas dos vidas puede llegar a conducir a una trágica contradicción de intereses vitales. Cuando eso ocurre, la pérdida de una vida puede llegar a ser el precio necesario para la preservación de la otra vida. Y ahí no es admisible una escala valorativa o discriminatoria: todas las vidas tienen la misma dignidad. Pero fuera de esos casos extremos, mantiene su vigencia el principio moral antes señalado que obliga a respetar la vida en toda circunstancia, con rigor y determinación.

No hay duda tampoco de que ese principio rector que consagra el valor supremo de la vida humana debe estar necesariamente reflejado en la estructura de valores que el orden jurídico de una nación expresa y presupone. No debe olvidarse que el derecho positivo, hijo directo o indirecto del derecho natural, cumple una función de ejemplaridad moral al establecer y enunciar cuáles son los valores éticos y humanos que merecen gozar de una plena tutela jurídica.

En cumplimiento de esa misión testimonial y ejemplarizadora que las leyes están obligadas a cumplir, muchos países incluyeron tradicionalmente en sus ordenamientos legales, de manera expresa, el principio que garantiza la protección de la vida humana desde el momento mismo de la concepción.

En el caso argentino, esa actitud es coincidente, por lo demás, con el criterio de valoración que aparece consagrado en los principales tratados y convenciones internacionales suscriptos y refrendados por el país. Es importante recordar que, desde la reforma constitucional de 1994, las cláusulas de esos acuerdos internacionales tienen, en la Argentina, rango constitucional.

Cuando se reclama que la práctica del aborto sea despenalizada, no se toma en cuenta la gravedad del mensaje moral y cultural que la sociedad estaría emitiendo si adoptara esa decisión: la Nación estaría declarando institucionalmente que determinadas vidas humanas no merecen gozar de la debida protección jurídica.

Y estaríamos reconociendo, como sociedad, que frente a la destrucción violenta de una persona genéticamente conformada, la estructura del Estado nacional no tiene ningún reproche que formular, ninguna objeción que oponer. Adoptar una decisión legislativa de ese tipo significaría asestarle un golpe tal vez mortal al sistema de valores que la Nación ha defendido tradicionalmente desde las trincheras del orden jurídico y del derecho positivo.

Nadie está negando la necesidad de que las estrategias sociales tendientes a velar por la seguridad pública y por la salud de las mujeres argentinas responda cada vez más a criterios modernos, realistas y efectivos. Pero no es posible renunciar con ligereza a una concepción jurídica que apunta a la protección del más fundamental de los derechos humanos: el que garantiza y protege la vida.

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Las posiciones sobre el aborto se pueden resumir en las que dieron origen a los dos movimientos más importantes en los Estados Unidos: los que sostienen el derecho del niño por nacer a la vida (pro life) y los que defienden el derecho de la mujer a la libertad de elección (pro choice). Las argumentaciones son muchas, así como sus puntos de referencia: la religión, la moral, la falta de recursos, la conciencia, el feminismo, la jurisprudencia, la demografía, la salud pública, el pragmatismo...

Tienen como punto de partida los valores que les dan origen, es decir, el valor vida y el valor libertad. Esta argumentación, en rigor, es falsa, ya que se trata de dos valores de distinta jerarquía y que no son comparables en un plano de igualdad. Está claro que el valor vida está en un plano superior con respecto al valor libertad, dado que puede haber vida sin libertad, pero no puede haber libertad sin vida.

La cualidad “humano”

La vida es una precondición para la libertad, viene antes. En términos pragmáticos, cualquier condenado a muerte (y cualquiera de nosotros en esa situación) lucha denodadamente por cambiar la sentencia de pena capital por la de prisión perpetua: subordina el valor libertad al valor vida.
Se argumenta, entonces, que no se trata realmente de un ser humano, sino de otra cosa tipo coágulo extirpable, por ejemplo. Pretender ponerse de acuerdo sobre qué características debe tener un ser para ser considerado “humano” o, más aún, decidir en qué momento –misteriosamente– se adquiere esa cualidad puede ser tan difícil como arbitrarias las respuestas.

Una sola cosa es verdaderamente clara e innegable: que el embrión, aun en su más temprano estadío, es un embrión humano y no se conoce el caso de ninguno que a partir de un determinado momento de la gestación se haya transformado en sapo u otra criatura del reino animal. La vida intrauterina es vida humana. El estadío del desarrollo no puede modificar su esencia.

¿Por qué, entonces, si los derechos parecen estar tan a favor de la vida del niño por nacer y no de la libertad de la madre, la polémica se mantiene y, más aún, por qué en tantos países se ha legalizado el aborto, hasta el punto que se interrumpe la vida como se extrae una muela?

La respuesta es simple: porque todo derecho se sostiene con fuerza, se respalda con poder. Cualquier ley sin el poder del Estado que obligue a su cumplimiento es letra muerta. Y en este caso existe una abrumadora diferencia de poder. El niño por nacer, aun cuando tiene un derecho superior, carece absolutamente de cualquier forma de poder sobre su madre para hacerle respetar ese derecho suyo a la vida.

Los “fetos” no votan

La madre no sólo tiene el poder necesario para hacer prevalecer su voluntad, sino que adicionalmente tiene el poder del voto para presionar sobre los legisladores. Obviamente los “fetos” no votan, no son mercado electoral.

Reconocer a la mujer el derecho de abortar significa aceptar y consagrar una aberración jurídica: que el poder otorga derechos. Es admitir la ley del más fuerte, la ley del gallinero. El que está más arriba en la escala de poder hace lo que quiere con el que está más abajo por una razón simple: porque quiere y puede. Y punto.

El desafío frente a los embarazos no deseados requiere mucho más que la fuerza bruta. Empezando por la prevención. Educar en el control de la natalidad; instrumentar programas de planificación familiar en hospitales; distribuir gratuitamente medios anticonceptivos; fomentar las responsabilidades del padre, de los abuelos y de la comunidad para ayudar a esa madre desesperada y generalmente sola; asistirla psicológicamente; informarla sobre la alternativa de la adopción, desarrollar programas específicos y proveer subsidios económicos.

Todos estos caminos son mucho más lentos y complejos, probablemente más caros, seguramente más exigentes y conflictivos, porque apelan a la responsabilidad y a la solidaridad de toda la comunidad en defensa de la vida del más pequeño, débil y vulnerable de nuestros compatriotas. Pero no están en la discusión. Han quedado relegados a un segundo plano, por ineficientes, frente a la eficacia contundente de la fuerza bruta. El autoritarismo no es otra cosa.

Doce años después

El texto precedente, que parece actual, fue escrito por mí hace ya doce años y publicado en el diario La Nación (15 de julio de 1994) en el ámbito de la reforma de la Constitución Nacional. En dicha reforma, felizmente, quedó consagrado el derecho a la vida desde la concepción (art. 75, inc. 23), lo que nos coloca a los argentinos en una situación casi única. Somos uno de los muy pocos países en todo el mundo que le otorgan rango constitucional al derecho a la vida del niño por nacer.

Recientemente las Cortes Supremas de las provincias de Buenos Aires y de Mendoza autorizaron los abortos en dos casos de mujeres discapacitadas mentales presumiblemente violadas que ya fueron ejecutados. Resulta inadmisible e inexcusable que la Corte Suprema de la Nación que ustedes integran tolere pasiva y silenciosamente una flagrante violación no sólo de nuestra Carta Magna sino además tratados internacionales, como el punto 1 del art. nº4 (El derecho a la vida) del Pacto de San José de Costa Rica (“...Este derecho estará protegido por la ley y, en general a partir del momento de la concepción”).

Las razones que se esgrimen ahora desde el poder político para defender este crimen no sólo son falsas, son lastimosamente primarias. Legalizar el aborto basándose en la elevada cantidad de casos clandestinos nos llevaría al absurdo de legalizar, por ejemplo, los secuestros extorsivos y los robos, delitos que se han incrementado exponencialmente en los últimos años. Brillante conclusión.

O también, el argumento de asegurar el acceso de las mujeres más carenciadas al mismo nivel de calidad de aborto que las mujeres ricas nos llevaría entonces a proponer darles a los delincuentes de las villas igualdad de acceso a los medios para delinquir que a los delincuentes “ricos”, como los de las mafias internacionales, proveyéndolos de equipamiento y tecnologías modernos. Parece un chiste.

Aun cuando estos argumentos no resisten el menor análisis lógico, logran sin embargo crear confusión y ocultar lo que verdaderamente se está impulsando: la consagración del autoritarismo cobarde, el atropello prepotente y criminal de una madre contra su hijo, acto que en esta misma columna en abril de 2004 denominé “Terrorismo femenino”, ahora con el agravante de la utilización del aparato del Estado para perpetrarlo. Siniestro.

Me atrevo a decir que en los defensores del aborto asoman los resabios de autoritarismo que las décadas de gobiernos de facto han dejado sobre nuestra sociedad. El actual gobierno que ha hecho de los derechos humanos una bandera y que ha reabierto las causas sobre la violación de éstos, paradójicamente promueve este nuevo modelo, sutil y oculto, pero no menos sanguinario, de terrorismo de Estado. Caso típico de “identificación con el enemigo”.

Señoras y Señores Jueces: como ciudadana, como mujer y como madre, recurro a la Corte Suprema para que detengan esta masacre silenciosa. Pido que se resguarden mis derechos: no lo hagan en mi nombre o con mis recursos. La foto del bebé abortado que acompaña esta columna me produjo horror y lágrimas, angustia e impotencia. Asumo como editora el riesgo de ser juzgada por la brutalidad del impacto visual de la imagen, pero es necesaria. Sirve para recordarles a los legisladores y jueces las consecuencias que tienen en la vida real las palabras –leyes, sentencias y dictámenes– que desde un escritorio ellos escriben. El niño por nacer de la foto tenía el mismo tiempo de gestación que aquel cuyo aborto fue autorizado por la Corte de la Provincia de Buenos Aires. No me tiembla el pulso. Millones de niños asesinados en todo el mundo piden su lugar en los medios, salir a la luz, aunque sea muertos, aunque sea descuartizados…

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