|
I.
El estado de la democracia en México
Desde antes de cristalizar la alternancia del 2000, se empezó a utilizar en
México el concepto de “normalidad democrática”, sobre todo a partir de la
reforma electoral de 1996 que ciudadanizó plenamente al Instituto Federal
Electoral IFE. Tanto en esferas gubernamentales como en espacios académicos, se
enfatizaba desde entonces en la bondad del acuerdo nacional que le abriría paso
a la democracia a partir de la certeza de que los votos se contarían y se
contarían bien, con la fundación de una institución que garantizaría la
imparcialidad en los procesos electorales y los demás principios rectores
establecidos en la Constitución General de la República. Las elecciones de 1997
que posibilitaron la creación de la primera mayoría parlamentaria de toda la
oposición al priísmo y las del 2000 que produjeron la primera alternancia
política en la Presidencia de la República, así lo corroboraban.
¿Qué ha sucedido entonces con los comicios de 2006?
¿Por qué sigue persistiendo una estela de duda y a la vez un severo
cuestionamiento al desempeño en el pasado proceso electoral tanto del IFE como
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)? ¿El reciente
conflicto postelectoral tiene su explicación en la cerrazón de uno de los
contendientes al no aceptar los resultados que arrojó la contienda electoral,
dado lo cerrado de los mismos? ¿La crispación es responsabilidad de las
decisiones del excandidato presidencial y de los dirigentes de la Coalición
Por el bien de todos que demandaron el recuento de voto por voto? ¿ O
existen una multiplicidad de factores políticos, sociales, económicos y
culturales que siguen incidiendo y alterando las condiciones para que en México
podamos contar con elecciones limpias y equitativas, condiciones que pueden
seguir produciendo nuevos conflictos postelectorales?
Desde el año 1999, en el proceso de construcción de
Democracia Social, Partido Político Nacional, se señaló que “México se halla
en una encrucijada. Los viejos esquemas de la gobernabilidad autoritaria se han
diluído, pero no hemos logrado construir el nuevo modelo de institucionalidad
democrática, que garantice el difícil equilibrio entre libertades públicas,
gobernabilidad y bienestar social.” Y se agregaba: “El cambio político y social
en México está enmarcado por una gigantesca interrogante. Nuestras instituciones
públicas se han debilitado y exhiben una relativa ineficacia. Los problemas
sociales se han agravado más en los últimos años.” (Rincón Gallardo, Gilberto.
Agenda 2000. -Introducción, 1999-). La reflexión promovida, se encontraba
en la ruta de contribuir a la construcción de una democracia de calidad.
Desde estas posiciones se estaba conciente de que
cuando menos desde la reforma electoral de 1996, precedida a su vez de un largo
proceso de luchas y conquistas democráticas, se había iniciado la transición
política, la cual a la fecha no ha concluído. Desde entonces, existe una
coincidencia central que se sintetiza en que las elecciones se convirtieron en
un canal legítimo de expresión de la pluralidad de la sociedad mexicana. Sin
embargo, quienes persistían y persisten todavía en la idea de la vigencia de la
“normalidad democrática”, poco reparan en que la gobernabilidad del pluralismo y
la diversidad requerían una nueva institucionalidad y por lo tanto una nueva
legalidad, gobernabilidad que no puede ejercerse con el viejo andamiaje
institucional del régimen político autoritario.
Esbozado ya en el reconocido Informe sobre la
Democracia en América Latina, preparado por encargo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el malestar en la democracia se hace
visible con los diagnósticos sobre déficit y carencias de las democracias de la
región, a las que no escapa México. La clásica puntualización de que en
Latinoamérica contamos con una democracia de electores pero no con una
democracia de ciudadanos, ha instalado en el debate político de la región, la
necesidad de reflexionar sobre el peso que ejercen aún las instituciones del
pasado autoritario y la lucha por reformarlas y construir otras nuevas, para
poder alcanzar la calidad de las democracias que necesitan nuestros países.
La crítica sobre el estado actual de las democracias en
América latina contenida en el documento, está lejos de subestimar y evadir los
horrores sufridos por los latinoamericanos en la larga noche del autoritarismo,
plagada de miedos, asesinatos, desapariciones, torturas y el silencio impuesto
por la falta de libertad. Al recurrir a la memoria del pasado, se pretenden
revalorar las dificultades que la construcción democrática ha sorteado en el
continente, para que las actuales y futuras generaciones puedan aquilatar la
trascendencia y el significado de la conquista de la libertad que trajo consigo
la democracia, porque el repaso de esos recuerdos, siempre obligarán a
custodiarla y perfeccionarla.
Identificada como una de las más severas limitaciones
para la democracia de los países de la región, el divorcio entre los poderes
institucionales y los poderes fácticos se ha convertido en una amenaza para el
funcionamiento del orden democrático, debido a la tensión que provoca en el seno
de las sociedades. Entre los poderes fácticos reconocidos, se encuentran los
grupos empresariales con gran poder económico por su capacidad de lobby
frente a los gobiernos, los partidos y los políticos; los medios de comunicación
que existiendo en principio como contrapeso del poder político autoritario, se
han transformado en entidades con capacidad de generar agendas propias, dado que
forman parte de grupos económicos con intereses específicos; el sindicalismo
corporativo atrapado en el proceso de oligarquización y las iglesias que cuentan
con una influencia decreciente con respecto al pasado.
Si alguna similitud existe entre estos poderes, con
entidades que participaron legal e ilegalmente en el proceso electoral de 2006
en México, para fortalecer la candidatura de Felipe Calderón, es una mera
coincidencia. Ahí están la participación del Consejo Coordinador Empresarial,
las campañas a través de la radio y la televisión antes, durante y después del
proceso electoral, la intervención de Elba Esther Gordillo y de la cúpula del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la subrepticia
ingerencia del sector más conservador de la Iglesia Católica. Sus acciones
terminaron por rebasar a las instituciones electorales y dieron origen a la
crisis política que nos develó el conflicto postelectoral.
La radicalización de las posiciones de López Obrador y
de los dirigentes de la Coalición Por el bien de todos se puede
apreciar por la orientación y el alcance de las sucesivas movilizaciones después
del 2 de Julio. Pero por sí misma, no nos puede explicar la profundidad y las
consecuencias de la crisis, sin tomar en consideración tanto la tensión que
sigue prevaleciendo entre los poderes institucionales y los poderes fácticos,
como el papel desestabilizador que ha jugado la Presidencia de la República al
actuar de manera facciosa en la sucesión presidencial.
Por si fuera poco y no obstante que el Informe
aludido valora los avances de la democracia en la región, identifica a la
pobreza y la desigualdad social prevaleciente como sus principales deficiencias,
situación de la que no es ajeno nuestro país. Su presencia abrumadora nos
confirma que no existe todavía, una ciudadanía integral la cual implica el
ejercicio de derechos cívicos, sociales, económicos y culturales que deben
conformar un conjunto indivisible y articulado. Por lo tanto, no puede
edificarse una democracia de calidad con los niveles de pobreza y desigualdad
que atestiguamos todos los días. La pobreza y la desigualdad, a la par que
problemas sociales, son déficites democráticos. Sin derechos civiles, sociales y
políticos no existe ciudadanía plena. Sin ciudadanía plena, tendremos una
democracia de electores, pero no de ciudadanos.
No es exagerado por eso afirmar, que la suerte de
nuestra joven democracia, depende de la sensibilidad de todas las fuerzas
políticas para desentrañar las causas del malestar en la democracia que padece
nuestro país y de la voluntad y el talento para encontrar los caminos para su
superación. Sin un nuevo pacto social que coloque los cimientos para la
construcción de una democracia de ciudadanos, la polarización puede conducir a
escenarios proclives a las rupturas institucionales. La izquierda democrática no
debe darle la espalda a esta reflexión. Su futuro y el futuro del país,
requieren de un compromiso con esta visión.
II. El proceso electoral de
2006
En 2006 asistimos, por vez primera después de la alternancia del 2000, a una
confrontación y disputa real por la presidencia de la república, entre la
derecha y la izquierda. El cambio, como principal divisa de la oferta electoral
del panismo, que llevó a Vicente Fox al triunfo, sintetizó en su momento la
esperanza ciudadana de lograr primero la alternancia política, desplazando al
longevo partido hegemónico. Sin embargo, el proceso electoral reciente, se ha
caracterizado por colocar en la agenda política nacional, las condiciones de
pobreza y desigualdad social en que se debaten millones de mexicanos, gracias al
lema de campaña que enarboló la Coalición de Izquierda.
La distinción política a la que hacía alusión Norberto
Bobbio, se instaló en la vida nacional, aunque de manera embrionaria, pero en
condiciones en que todavía no contamos con una democracia de calidad. Por eso,
la crispación expresada en el conflicto postelectoral, no puede ser atribuida
exclusivamente a las peculiaridades de la personalidad de los principales
candidatos presidenciales y algunos dirigentes de la Coalición, aunque su
conducta haya incidido en el desarrollo de los acontecimientos. Las razones
profundas que han contextualizado el conflicto postelectoral, hay que
encontrarlas tanto en la persistencia del autoritarismo en amplias franjas del
sistema político en el que se ha desenvuelto la contienda electoral, como en la
polarización social que es el sustrato que produce la exasperación en amplias
capas de la población dadas sus precarias condiciones de vida y las explícitas
manifestaciones discriminatorias de algunos grupos fundamentalistas de la
derecha.
La confrontación anticipada de la
que fuimos testigos antes de iniciar el proceso electoral, con el desafuero del
entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tiene su origen en el
autoritarismo de la institución presidencial y en la facultad del titular del
Ejecutivo de tener a su disposición la Procuraduría General de la República. Si
de radicalización de posiciones podemos hablar durante la contienda electoral,
es porque apoyándose en la herencia autoritaria de la “presidencia imperial”,
Fox pretendió en la carrera por la sucesión, no sólo obstaculizar a un compañero
de su propio partido, sino también eliminar a un adversario político desde el
poder presidencial.
La desorbitada acción del Presidente, polarizó a la
sociedad desde antes del inicio de la contienda electoral, pero al mismo tiempo,
sentó las bases para la emergencia en México de la distinción política entre
izquierda y derecha como fuerzas políticas aptas para la alternancia, con cierto
grado de nitidez. A medida que avanzaba la campaña, se fueron definiendo los
posicionamientos de líderes políticos y ciudadanos, hacia las dos formaciones
con posibilidades de ganar la elección presidencial, produciéndose un
debilitamiento del centro político. Es en este contexto, en donde se ubican las
fracturas del priísmo, la pérdida de la elección presidencial y la disminución
sustantiva de su presencia en la Cámara de Diputados y de Senadores.
Es muy temprano para poder hablar en México de la
cristalización de dos bloques históricos, pero en todo caso, si estamos ante la
presencia de una tendencia hacia su formación, y a la vez, de una
reconfiguración del sistema político que no puede seguir sometido a las mismas
reglas. La tendencia hacia la formación de grandes coaliciones electorales y la
naturaleza de la crisis política, obligan a replantearse no solo la normatividad
electoral y el sistema de partidos, sino la Reforma del Estado, tantas veces
discutida y tantas veces postergada. Más, si tomamos en consideración que
alrededor del PAN y del PRD no solo establecen alianzas otros partidos
políticos, sino que se aglutinan segmentos importantes de la ciudadanía.
Un paso decisivo hacia la constitución de grandes
coaliciones políticas, lo representa la formación y el registro de la
Coalición Por el bien de todos, para contender con candidatos a
legisladores federales y a la Presidencia de la República. La trascendencia de
la iniciativa que ha pautado el proceso en curso, no radica en que no hayan
existido antecedentes de alianzas electorales, pues con anterioridad ya se
habían registrado otras coaliciones en otros procesos, sino por el hecho de que
a partir de la candidatura presidencial y su impacto en la sociedad, se produjo
una definición que permitió a los electores discernir básicamente entre dos
proyectos y por lo tanto, dos opciones con posibilidades de triunfar.
El aglutinamiento alrededor de las dos candidaturas
presidenciales principales, no solo es el signo de un realineamiento electoral o
partidista, expresa algo más profundo, la desarticulación paulatina de las
fuerzas sociales y políticas agrupadas tradicionalmente alrededor del partido
hegemónico del siglo XX, proceso que de manera pronunciada venimos observando
desde la alternancia del 2000 y representa a la vez, una rearticulación en
nuevos polos de la sociedad, de la que el PAN y el PRD son sólo una expresión
política. Detrás, y junto a ellos, existe un entramado de redes entre grupos
sociales con intereses específicos, que constituyen una diversidad de fortalezas
y que nos hablan a su vez, de la diversidad de la derecha y de la izquierda.
Por eso resultó tan acertada la alianza electoral entre
los partidos políticos de izquierda, la construcción de las redes ciudadanas y
de las estructuras de promoción y defensa del voto. Sin estas iniciativas,
estaba claro que la postulación del candidato presidencial con el respaldo
exclusivo del PRD iría al fracaso anticipado. Más allá de la simulación en no
pocos espacios de estas estructuras y de la mezquindad patente entre el
patrimonialismo partidista, fue posible articular a una diversidad de grupos
sociales de distinta magnitud y condición social, que potenciaron la campaña
electoral e hicieron a esta fuerza competitiva.
Sin embargo, como toda obra política, la Coalición
Por el bien de todos y su candidato presidencial no estuvieron exentos
de cometer errores en el curso de la campaña electoral y que pesaron
posteriormente en los resultados. El diseño de la estrategia de campaña siendo
pertinente, no contempló variaciones dependiendo del curso de la misma, la cual
al parecer sólo contaba con el escenario del triunfo electoral y en
consecuencia, se encontró con momentos inesperados a los que se respondió de
manera tardía o se fue omiso.
Por eso influyeron negativamente, la selección de
candidatos a diputados federales y senadores de no muy buena reputación en
algunas entidades federativas, la falta de una coordinación eficiente entre las
redes ciudadanas, estructuras de promoción y defensa del voto con los partidos
de la Coalición, la insuficiencia en el uso de los medios de comunicación, la no
asistencia al primer debate entre candidatos presidenciales, la falta de un
deslinde claro ante los señalamientos en la campaña mediática de la derecha que
pretendían equiparar al candidato presidencial de la Coalición con rasgos de la
vilipendiada izquierda populista y autoritaria de América Latina y la
proclividad hacia un discurso beligerante, que si bien todavía tiene adeptos en
un sector considerable del electorado, no convence a la masa de votantes que
buscan a una izquierda más moderada.
En el fondo del problema del discurso, se encuentra el
inacabado proceso de la izquierda por constituirse en una fuerza plenamente
democrática. Dada la ausencia de la nueva institucionalidad y legalidad que
debería corresponder a esa democracia de calidad que queremos construir, sus
prácticas y su discurso no corresponden todavía a una cultura democrática, no
obstante los avances en esa dirección. Todavía, sigue comportándose como una
fuerza reactiva y rijosa ante la derecha intolerante y fundamentalista que hoy
domina los destinos del PAN. Los patrones culturales para la lucha política en
la democracia, requieren de moderación, capacidad de autocontención y primacía
de la racionalidad del argumento para poder hacer posible la tolerancia, aún en
el marco de la conflictividad que representan las contiendas electorales. Es
decir, todavía transitamos por una cultura democrática en proceso de formación,
que afecta al conjunto de las fuerzas políticas del país, entre ellas a la
izquierda, y que se manifiesta en su accionar político.
La beligerancia de los discursos de campaña, se puede
justificar fácilmente al describirla como la carta de naturaleza de la
democracia, sin embargo, sólo tiene signo distintivo en las democracias
inmaduras y de bajo perfil dominadas por el marketing. Por eso, el nivel de
confrontación política que alcanzó esta contienda, es el producto de la
combinación del contexto político y la propia responsabilidad de los actores
políticos. Es difícil entender que sin tomar en consideración la tensión que
también en México se vive, entre los poderes institucionales y los poderes
fácticos, la herencia autoritaria en el sistema político y en el poder
presidencial, los antecedentes del desafuero y las condiciones de pobreza y
desigualdad social, se pueda explicar el grado de polarización que alcanzó la
contienda electoral y las consecuencias de la denominada “guerra sucia” que
sembró una estela de odio y miedo.
El fortalecimiento de los grupos fundamentalistas que
hoy dominan las principales posiciones donde se adoptan las decisiones en el
PAN, y como consecuencia, el desplazamiento de su ala liberal y democrática, es
un factor poco considerado, que incidió en el curso de los acontecimientos. Este
hecho, adquirió relevancia en la contienda electoral, pues la “guerra sucia” no
puede atribuirse sólo al propósito panista de intentar retener la Presidencia o
a la decisión de contratar expertos extranjeros para posicionarse en las
preferencias electorales , sino principalmente, a la orientación que le
imprimieron el equipo de campaña y la dirección de ese instituto político a la
confrontación y de la cual son sus principales responsables.
Si bien, lo cerrado de los resultados electorales es un
hecho inédito en nuestro país para el que no estábamos preparados, fueron las
acciones y omisiones del Consejo General del IFE que constituyeron una larga
cadena de desatinos los que generaron incertidumbre. La conducta pública de este
órgano, condujo a un segmento importante de la sociedad, a percibir sus acciones
alejadas de toda imparcialidad. La manipulación de cifras y las contradictorias
explicaciones, fueron llevando a la conclusión en el sector considerable de
ciudadanos que apoyó la candidatura de López Obrador a la conclusión de una
nueva edición de la defraudación electoral.
Hoy, poco se pondera la decisión adoptada para la
integración del actual Consejo General del IFE en funciones realizada en 2003,
la cual no contó con el consenso, sino sólo con el acuerdo bilateral del PRI y
del PAN, entonces las fuerzas mayoritarias en el Congreso. Las elecciones del 2
de Julio, terminaron por demostrar lo endeble del acuerdo bilateral y la
vulnerabilidad del sistema electoral provocada por el binomio dinero y política,
más, si tomamos en consideración la inexistencia de acuerdos para la realización
de la Reforma Electoral planteada por algunos partidos y por el anterior Consejo
General del IFE, la promulgación de una nueva Ley de Partidos y la regresión
sufrida en materia de legislación de los medios electrónicos y las
telecomunicaciones.
El descrédito del Consejo General del IFE, adquirió una
nueva dimensión después de la resolución del Tribunal Electoral de realizar el
recuento parcial. Si en la promoción televisiva de organismos “ciudadanos” los
cuales al parecer cuentan con enormes recursos financieros y la del propio IFE
se insistió en su momento, en que los votos de los mexicanos fueron contados en
las casillas, ¿Por qué entonces el TRIFE resolvió que era necesario volver a
contar voto por voto en casi 12 000 paquetes, la cuarta parte de los cuales se
encontraba en Jalisco? Si en lugar de estigmatizar a la Coalición de
Izquierda por solicitar la apertura de paquetes en los cómputos distritales,
el IFE hubiera accedido a tal petición, se habría contribuido a dar certeza al
resultado electoral y nos habríamos ahorrado semanas de confrontación política
en el conflicto postelectoral.
Después del recuento parcial, quedó evidenciado que las
inconsistencias de las actas que correspondían a los 11 mil 839 paquetes
revisados, si correspondían a simples errores aritméticos, pero también, a
acciones dolosas para manipular resultados electorales en un número no menor de
casillas. Errores aritméticos e irregularidades en los cómputos, siempre han
estado presentes en todas las elecciones, pero ahora fueron mucho mayores y con
el agravante de lo cerrado de la votación entre cada uno de los dos principales
candidatos presidenciales. Baste reiterar, que con tan sólo la variación de 2
votos de diferencia en cada una de las 130 mil casillas pudo haberse alterado el
ganador de los comicios.
La pretensión de minimizar los hechos por parte de la
derecha panista, bajo el argumento de que no se modificaron sustancialmente los
resultados dados a conocer por el IFE y que por lo tanto, el triunfo de Felipe
Calderón es inobjetable, más que contribuir a esclarecer lo que verdaderamente
sucedió en las elecciones del 2 de julio, siembra más interrogantes sobre una de
las consecuencias que pueden tener en el futuro inmediato las irregularidades en
el proceso electoral: el de la legitimidad del Presidente de la República. Si el
mensaje que se quiere enviar por el panismo, es el de la pulcritud del proceso
electoral, éste resulta desmentido por la resolución del propio Tribunal
Electoral.
El problema de fondo para la estabilidad política de
México, no es cuantos votos logró rescatar López Obrador y cuantos logró retener
Felipe Calderón en el recuento parcial, sino el de la relación entre legalidad y
legitimidad. Se obtuvo la primera con el fallo definitivo del Tribunal
Electoral, pero de ella no se deriva automáticamente la segunda. Esta última
depende en lo sustancial de qué tanta certeza y credibilidad tengan nuestros
comicios. La calidad de nuestra democracia, empieza por la limpieza de nuestras
elecciones. Y eso es lo que ha sido cuestionado en este proceso. Si por algo se
considera a Costa Rica, Chile y Uruguay en América Latina, como naciones con
larga tradición democrática, es por la limpieza de sus comicios, y por algo más.
Además, no se ha tomado en cuenta hasta ahora, la
diferencia en los resultados y sus consecuencias entre las elecciones de 2000 y
2006. Mientras que de las primeras, Fox salió fortalecido con el bono
democrático al derrotar al partido que había gobernado durante siete décadas, la
diferencia con Francisco Labastida fué de 7 puntos porcentuales y los comicios
se realizaron con un menor número de irregularidades, de las segundas, Calderón
no logrará contar con el bono democrático, gana oficialmente con medio punto
porcentual y llega a través de un proceso electoral severamente cuestionado.
De este contexto político se deriva una gran
responsabilidad para la izquierda democrática. Quizá, porque uno de los rasgos
más significativos de los comicios, ha sido la concurrida participación de los
ciudadanos. 6 de cada 10 mexicanos ratificaron las elecciones como el método
para elegir a sus gobernantes y legisladores. El mandato ciudadano ratifica por
sí mismo que no existe otra ruta viable, no obstante las irregularidades, para
encauzar demandas sociales y políticas y que por lo tanto todas las expresiones
de la izquierda se verán impelidas a actuar en la lucha por transformar el país,
en el marco de la legalidad, las elecciones y el parlamento.
La contundencia del hecho, adquiere su verdadera
dimensión, si tomamos en cuenta los efectos que puede tener en el peso de la
tradición revolucionaria que todavía mantiene sus reminiscencias en un sector
considerable aunque marginal de la izquierda caracterizado por su extremismo. La
práctica disminución de la presencia en el escenario político del EZLN y de
La Otra Campaña, tiene como una probable explicación, la determinación de
más de 42 millones de mexicanos para decidir como canal legítimo para expresar
sus demandas, la vía pacífica del sufragio.
Por otra parte, la obtención del registro por parte del
Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, representa la conquista de la
legalidad por parte de una opción de la izquierda moderada, que recibió a nivel
nacional el respaldo de más de un millón de sufragios. Su inserción como fuerza
política emergente en el espectro electoral, es representativa de la pluralidad
de la propia izquierda. Pero a la vez, es un elemento indicativo de que una
franja nada despreciable del electorado, estaba desde hace tiempo en la búsqueda
de un referente con las características de la izquierda democrática que actúa en
democracias históricamente más arraigadas de Europa y América Latina.
Teniendo como antecedentes recientes otros
agrupamientos de corte socialdemócrata, la persistencia de sus dirigentes se vio
coronada con el éxito y hoy constituyen, no obstante la conflictividad interna
de sus primeros meses de vida como institución política, una alternativa que
potencialmente puede crecer. Para aquilatar la importancia de su presencia
electoral, bastaría con señalar que este partido cuenta con un caudal de votos,
casi equivalente a cinco veces la diferencia oficial obtenida entre Felipe
Calderón y Andrés Manuel López Obrador.
El registro del PASC, puede incidir en el
fortalecimiento del ala moderada del PRD y del propio Frente Amplio Progresista,
siempre y cuando se inicie en éstos un proceso de reflexión y renovación, dado
que el incremento de la participación ciudadana en las elecciones, lejos de
representar un fenómeno coyuntural con respecto a las intermedias de 2003,
ratifica que a pesar del malestar en la democracia, las elecciones siguen siendo
el espacio privilegiado para expresar las esperanzas y luchar por las propuestas
de los distintos segmentos de la sociedad, lo cual puede repercutir en la
consolidación de la perspectiva de las reformas como ruta viable para fortalecer
a la izquierda democrática, de la que forma parte la socialdemocracia.
El saldo más importante para la izquierda democrática
en los comicios, es el considerable avance electoral que le permitió concitar el
apoyo de más de 15 millones de mexicanos a su plataforma de gobierno. El acento
puesto en las propuestas de política social, hicieron posible el respaldo
ciudadano para que pudiera incrementarse de manera sustancial su presencia en el
Senado y la Cámara de Diputados. De la capacidad para promover iniciativas,
acordar y diseñar nuevas leyes, dependerá el contenido progresista de la
transformación de las instituciones que el país requiere. De eso depende
también, que la izquierda democrática salga fortalecida.
III. La
Convención Nacional Democrática (CND) y El Frente Amplio Progresista (FAP)
Reformas desde la ciudadanía y en el seno de las
instituciones de la República
El conflicto postelectoral, posibilitó la movilización social y ciudadana más
importante del país de las últimas décadas. La demanda central del recuento de
votos, logró concitar la voluntad de millones de mexicanos que expresaron su
repudio a la que consideraron una defraudación electoral. Sin embargo,
decisiones desafortunadas como la instalación del plantón en el Paseo de la
Reforma en la ciudad de México, el énfasis en un discurso beligerante y algunas
acciones de protesta, lejos de concitar un mayor respaldo al movimiento,
lograron reducir las simpatías entre los ciudadanos y afectaron la imagen de
Andrés Manuel López Obrador. En ello intervino sin duda, la campaña mediática
emprendida por grupos conservadores del poder económico y de la Iglesia
Católica, que salvo honrosas excepciones de representantes de la Iglesia
Progresista, habían venido tomando partido desde la campaña electoral.
El logro más importante de la iniciativa de convocar a
la realización de la Convención Nacional Democrática, es el haber
posibilitado una salida política y organizativa del movimiento ciudadano surgido
de la lucha postelectoral. Si bien, no como un todo orgánico de lo que se ha
denominado la resistencia civil y pacífica, cuando menos la definición en
grandes trazos de lo que se propone políticamente la Convención, puede
constituirse en un camino en proceso de construcción, que contribuya a la
transformación de las instituciones del país.
Pero para ello, será necesario tomar en cuenta cuando
menos dos prevenciones: evitar dar carta de naturaleza a las posiciones
políticas que rayan en extremismos por parte de algunos de los integrantes de
las comisiones electas en la Convención y que la decisión de nombrar un
“Presidente legítimo”, no se vaya a convertir en un obstáculo para la
vinculación entre la Convención Nacional Democrática y el
Frente Amplio Progresista que termine por bifurcar dos poderosas
estructuras. La capacidad para atraer nuevas fuerzas a la Convención y el
Frente, estriba en la emisión de mensajes claros para quienes deseen
integrarse, caracterizados por la sensatez, viabilidad y trascendencia de sus
propuestas y acciones, y no por la estridencia y el sensacionalismo de algunos
de los dirigentes de la Convención y del Frente.
Si la figura de “Presidente legítimo” se concibe como
cabeza del gabinete alterno o sombra, cuya tarea sea la de cuestionar con
racionalidad la gestión gubernamental de Felipe Calderón, sobre todo en
decisiones que pretendan atentar contra la economía de los trabajadores o el
patrimonio nacional, proponer alternativas que se conviertan en políticas
públicas y construir una plataforma política que sustente lo que podría
considerarse a futuro un programa común del movimiento ciudadano y de las
fuerzas progresistas, entonces estaríamos ante la presencia de una oposición de
izquierda democrática que coloca la corresponsabilidad como parte de su
patrimonio e identidad política, cuyo perfil compartimos y secundamos. Si por lo
contrario, se pretende imponer un modelo impregnado de radicalismos, cuyos
dividendos no serán más que la pérdida de la influencia política electoral
alcanzada, no podemos entonces compartir y secundar de ninguna manera una
aventura política.
Las primeras iniciativas del gabinete alterno o sombra,
como la propuesta para precios competitivos ante el imperio de una economía
monopolizada y la posición ante el presupuesto de ingresos y egresos para el año
2007 presentadas públicamente y canalizadas a través de los legisladores del
Frente Amplio Progresista, son acciones que compartimos plenamente y que
requieren el más amplio respaldo y difusión de la CND y del FAP. Debemos
organizarnos en Socialdemocracia APE, para que en este curso trazado, podamos
dar nuestra contribución a la promoción de las iniciativas del gabinete sombra o
alterno.
Si el conflicto postelectoral se caracterizó por la
rispidez de la confrontación política, desde la noche del 2 de julio hasta el 1º
de diciembre, nos debe quedar claro que esa etapa de la lucha política de cinco
meses ha concluído, para adentrarnos en una, donde lo principal es demostrar la
capacidad para recuperar algunas fuerzas perdidas e incorporar otras nuevas. Eso
implica, entre otras cosas, no sólo la disposición para la movilización, sino la
defensa argumentada de las propuestas que ante los ciudadanos pueden representar
algo mucho más sustancial que las decisiones del equipo de Calderón. Ahí están
por ejemplo, las repercusiones que ha tenido la pírrica reducción del salario de
los altos funcionarios del gobierno federal, con respecto a la propuesta
planteada por López Obrador durante la campaña electoral.
En esta dirección, somos partidarios de que los
esfuerzos principales de movilización ciudadana, se encaminen a la lucha por la
defensa y la conquista de nuevos derechos sociales. Ello, porque la
sustentabilidad de un nuevo pacto social, requiere de la participación de un
amplio movimiento ciudadano comprometido con la lucha por una nueva legalidad e
institucionalidad, que sea capaz de integrar una política social de Estado como
uno de sus ejes rectores. La transformación de las instituciones implica
reformas de las leyes y transformación profunda de prácticas políticas y éstas,
no pueden realizarse sin el concurso de la ciudadanía en proceso de constitución
que hoy observamos en México. Pero al mismo tiempo, estamos convencidos que
ninguna reforma será posible, si la izquierda renuncia a los espacios
institucionales que ha conquistado con tantos esfuerzos y sacrificios durante
décadas, en la lucha por construir una democracia de calidad.
El equilibrio y la coordinación entre el movimiento
ciudadano organizado en la Convención Nacional Democrática y el Frente
Amplio Progresista que agrupa a los partidos políticos que integraron la
coalición electoral, son una condición indispensable para lograr la fortaleza
necesaria que haga posible la renovación institucional del país. Pero es en los
espacios de representación pública en posiciones legislativas y en los distintos
niveles de gobierno con que cuenta la izquierda, donde podrá plasmarse un
contenido progresista de las reformas. En este sentido, el Congreso de la Unión
y las legislaturas locales, son espacios privilegiados para la confrontación de
plataformas, el diálogo y los acuerdos.
El nuevo mapa electoral después del 2 de Julio,
confirma la rearticulación del sistema de partidos y una temprana tendencia
hacia la conformación de dos grandes bloques: uno de centro derecha encabezado
por el PAN y otro de centro izquierda encabezado por el PRD, situación inédita
si la comparamos con los resultados de las elecciones del año 2000, y mucho más,
si se compara con el sistema de partido hegemónico que prevaleció durante el
siglo XX. Aunque el priísmo sigue conservando una porción considerable del
espectro electoral de manera particular en los comicios locales, la recurrencia
de sus crisis internas, los escándalos de corrupción y tráfico de influencias,
así como el proceso de democratización de la sociedad, hacen cada vez más
inviable su recuperación, salvo que ocurra una catástrofe en una de las dos
grandes formaciones políticas hoy en ascenso.
Por eso adquiere especial relevancia, la adopción de
una política de alianzas pertinente y audaz. La aprobación de la Ley de
Convivencia en el Distrito Federal, es una muestra palpable de que son
posibles no sólo los acuerdos legislativos para una coyuntura, sino avanzar
hacia la exploración de las coincidencias que permitan establecer alianzas
programáticas entre partidos, más si se encuentran en el campo de la izquierda
democrática. Este es el caso del PASC, con quien deben explorarse a nivel
nacional y en las entidades federativas, las coincidencias y las posibilidades
de acción conjunta, que hoy todavía se descartan de antemano desde la miopía y
el sectarismo de algunas corrientes del PRD.
En este contexto, las nuevas preferencias electorales
han creado las condiciones propicias para una participación mucho más
competitiva de las fuerzas políticas del Frente Amplio en las elecciones locales
durante el sexenio, a través de coaliciones, lo cual implica para sus
integrantes, la disposición a la apertura para la incorporación en las entidades
federativas de nuevas fuerzas que cuenten con un perfil de centro izquierda. Sin
esta visión, no podrán consolidarse los triunfos en los estados donde se es más
fuerte y no podrá avanzarse sustancialmente en las entidades con debilidades
ancestrales y endémicas, más si se toma en consideración, la tendencia a la
bipolaridad en los comicios locales, que no siempre corresponde al eje PAN-PRD y
que ha conducido a los gobiernos divididos.
Existe ya un proceso en curso para establecer una nueva
relación de la izquierda con la sociedad. No sólo se trata de restablecer las
relaciones con las diversas expresiones progresistas del movimiento social, sino
de estimular y promover el debate político sobre los grandes temas de la agenda
nacional para poder arribar a la construcción de un programa común. El programa
común debe ser un programa de gobierno y puede constituirse en una plataforma
para la acción política que le de coherencia al movimiento ciudadano agrupado en
la Convención Nacional y a los partidos del Frente Amplio. La
construcción de una agenda propia respaldada por el movimiento ciudadano que le
permita trazar con claridad un rumbo, es lo que posibilitará tener la iniciativa
y no convertirse en una fuerza contestataria que reacciona de manera tardía y
torpe a las acciones de la gestión gubernamental.
Si la pluralidad es una característica del movimiento
ciudadano y de los partidos del Frente Amplio, el programa común debe
convertirse en una herramienta para dotar de cohesión a esta fuerza política. Si
con posterioridad, el debate y las circunstancias de la lucha política en el
país, conducen a la conclusión de avanzar hacia la constitución de un nuevo
partido, se habrá avanzado en uno de los elementos torales de una nueva
identidad, que desde nuestras posiciones, pensamos que lo más conveniente sería
desembocar en un referente orgánico de corte socialdemócrata explícito.
Es por eso necesario, que desde ahora se asuman
definiciones precisas y no ambivalentes que permitan ir conformando los rasgos
característicos de la identidad de una fuerza de izquierda democrática:
moderación, inclusión y liderazgo democrático, en contraposición con los rasgos
de la izquierda autoritaria: extremismo, exclusión y caudillismo. La unidad de
la Convención Nacional Democrática Nacional y el Frente Amplio Progresista,
depende de la capacidad de dirigentes y militantes para alejarse de una vez y
para siempre, de la tentación que termina por confundir, unidad con unanimidad.
Sólo la preeminencia de los valores de la tolerancia y el derecho a disentir,
como ejes de su práctica y acción política, puede conducir a un liderazgo y una
cultura democrática y al éxito de su acción política.
IV. Un referente de Centro-Izquierda en Jalisco
Después de las elecciones locales del 2 de Julio y de acuerdo con los resultados
correspondientes a la elección de gobernador, se ha confirmado una clara
tendencia al fortalecimiento de los dos conservadurismos: PAN y PRI. La
bipolaridad representada por el panismo y el priísmo, concentra más del 86% de
la votación sin que se avizore una modificación sustancial del espectro
electoral en el corto plazo. Por vez primera, el panismo no sólo ha conquistado
la gubernatura de la entidad, sino la mayoría del Congreso y todos los
ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El amplio margen de maniobra que el mandato de los
electores otorga al PAN, garantiza en principio la gobernabilidad de la entidad.
Sin embargo, el avance electoral de la derecha panista, lejos de constituir una
garantía para la promoción de iniciativas de reformas que permitan avanzar hacia
una democracia de ciudadanos, pueden fortalecer las tentaciones restauradoras
del ala más conservadora del panismo local, alimentadas en la tendencia
prevaleciente durante el sexenio que concluye y expresada en la regresión en la
política de derechos humanos, el retroceso en la legislación sobre el control y
fiscalización de las finanzas y el patrimonio públicos y la tentativa de
contrarreforma en la legislación sobre transparencia.
De no encontrar oposición en la sociedad y en las
fuerzas políticas de centro izquierda, no existirán los contrapesos necesarios
ante las decisiones gubernamentales y los acuerdos en la legislatura local, que
lejos de impulsar una profunda transformación de las instituciones a nivel
local, acentuarían también las consecuencias del modelo de crecimiento económico
excluyente que ha profundizado los procesos de alta concentración del ingreso y
depauperación. Podríamos encontrarnos entonces, ante la inercia de una élite
política gobernante, que se ha acostumbrado ya a ejercer el poder, con los
instrumentos y prácticas del aparato del viejo régimen político, que resultan
anacrónicas para encarar los desafíos que demanda el desarrollo económico,
social y cultural de la entidad.
Hoy, no está por demás insistir, que Jalisco ha perdido
dinamismo económico frente a otras entidades federativas, algunas ramas
industriales se han rezagado en los niveles de productividad y competitividad
para encarar los desafíos de una economía abierta, las políticas públicas
destinadas a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas no son eficaces para
poder integrarlas a las cadenas productivas, los niveles de empleo son
insuficientes y crece la economía informal, los sueldos y salarios se rezagan
constantemente con respecto a otras zonas del país, la carencia de empleos bien
remunerados en las ciudades y el abandono del campo, siguen contribuyendo a que
la entidad continúe siendo la mayor productora de migrantes al extranjero,
aunque ésta no tenga la mayor tasa de migración.
Existe además, un severo deterioro de los servicios de
educación no admitido por las autoridades y el embrionario aparato científico
tecnológico, es incapaz de dar respuesta a las necesidades del desarrollo de la
planta productiva ante la competencia global. La segmentación de las políticas
culturales, no responden ya al nivel de exigencias que reclama el
fortalecimiento de la identidad cultural local frente a la globalidad. El
Sistema de Salud y Seguridad Social presenta signos de agotamiento y crisis
financiera, sin que existan propuestas que no necesariamente impliquen más
castigo y privaciones a los trabajadores. Tanto los programas asistenciales
federales como locales para combatir la pobreza extrema, no logran abatir las
zonas de miseria urbana y rural, por su enfoque exclusivamente asistencialista y
debido también, a la pretensión de descansar cualquier solución en mayores
recortes a los derechos ya conquistados por los trabajadores sindicalizados.
Las instituciones de control y fiscalización de los
recursos y el patrimonio públicos, son ineficientes y siguen propiciando la
corrupción, pues coexisten con una cultura de la discrecionalidad y son
instrumentalizados para el intercambio de favores entre el PAN y el PRI. La
rendición de cuentas a la sociedad y la transparencia, no son prácticas
cotidianas desde el poder, pues a estas fechas, dependencias e instituciones se
niegan a las auditorías y a proporcionar la información requerida por los
ciudadanos. La tentativa de contrarreforma a la legislación sobre transparencia,
es una muestra palpable de la visión restauradora del ala más conservadora del
panismo.
Los cuellos de botella en infraestructura urbana son
evidentes, como lo revelan las insuficiencias en vialidad, transporte público y
comunicaciones, que afectan principalmente a la metrópoli tapatía, pero que
tienen su origen en el desordenado crecimiento urbano y la ausencia de políticas
públicas que promuevan la institucionalidad de la cooperación intermunicipal. La
seguridad pública y la aplicación de la justicia, continúan siendo un reclamo
ciudadano. Las contingencias y la degradación ambientales son ya parte de la
cotidianeidad de la ciudad. La flagrante violación a la legislación ambiental,
ha llevado a Jalisco, a contribuir en la desprotección de la atmósfera, la
deforestación, la afectación de la riqueza de la diversidad biológica de nuestro
estado, la improvisada gestión de los desechos sólidos, una débil
infraestructura tanto para el abastecimiento de agua a las ciudades, como para
la gestión de las aguas residuales.
La herencia del viejo régimen priísta y la ineficiencia
de los gobiernos panistas, han colocado a la entidad en una contradicción: la
falta de correspondencia entre la democracia electoral que los jaliscienses
hemos conquistado y los restos del autoritarismo que sobrevive en las
instituciones y organizaciones de la sociedad: sindicatos, universidades,
organismos empresariales, colegios de profesionistas, medios de comunicación
electrónicos. Los poderes fácticos, se han convertido así en un obstáculo para
la construcción de una democracia de calidad. Si en alguna entidad puede
apreciarse la intromisión de los poderes fácticos en la esfera pública, es en
Jalisco.
Estas son las razones de fondo, por las que
Socialdemocracia APE, debe colocar con una visión de futuro, su política en pro
de la construcción de una alternativa que sea capaz de articular la dispersión
existente entre las distintas expresiones del movimiento social y político que
constituye la diversidad de la izquierda jalisciense, más, si tomamos en
consideración que no obstante el significativo avance electoral de la izquierda
en Jalisco en lo que se refiere a la elección presidencial que la coloca en
alrededor del 20%, sigue existiendo un serio estancamiento como opción política
electoral local, que lo ubica por debajo del 10%. Los 550 mil votos que obtuvo
López Obrador en Jalisco, contrastan con los resultados obtenidos por los
candidatos locales.
Los factores para que en el imaginario social se haya
construido un falso dilema que favorece la polarización entre PAN y PRI, no
radican solamente en el peso del tradicional conservadurismo político e
ideológico de la entidad, sino en la incapacidad de la izquierda para emprender
desde hace mucho tiempo, una profunda renovación teórica, política y
organizativa. Por eso se ha sedimentado la idea en la sociedad, de que para
enfrentar al viejo estatismo priísta, que prohijó la corrupción y las prácticas
corporativas y clientelares, impidió el ejercicio de las libertades y se opuso a
la democratización, la única ruta con viabilidad son más políticas neoliberales
con el sello panista.
La necesidad de transformaciones sustanciales en las
instituciones, requiere a su vez de una profunda transformación del sistema de
partidos en Jalisco y por lo tanto, de una nueva alternativa política. La
profundidad de los cambios que necesita la entidad, dependerá de la capacidad de
la izquierda para construir una fuerza política que a los ojos de los ciudadanos
logre constituirse en una alternativa de gobierno, para lo cual es indispensable
ir definiendo paulatinamente una identidad política que lo distinga de los dos
conservadurismos, incorporando lo mejor del pensamiento y la tradición liberal
jalisciense, un auténtico compromiso con el ideal y las prácticas democráticas y
una renovada concepción por la equidad social, que incorpore no sólo el diseño
de políticas públicas contra la pobreza, sino la lucha contra la desigualdad
social a través de la igualdad de oportunidades que sólo pueden garantizar las
políticas públicas de un Estado de Bienestar.
Pero además, elaborar y poner en práctica una política
de alianzas que contribuya a la formación y el fortalecimiento de la CND y el
FAP a nivel local, no obstante las dificultades que se interponen para su
creación dada la estrategia del grupo hegemónico del PRD, las diferencias entre
PRD y PT y la debilidad de Convergencia. Un primer paso pudiera ser, la acción
concertada para respaldar las iniciativas del gabinete alterno encabezado por
López Obrador, respetando los espacios de participación política construidos por
cada una de las fuerzas convergentes, así como la adopción de una agenda común
para el desempeño de legisladores y autoridades municipales. A partir de este
mínimo compromiso, se podría avanzar hacia otras etapas, las cuales requieren de
una mayor madurez, una visión compartida y una actitud unitaria de otra
envergadura.
V. Socialdemocracia, como fuerza
social y política
La
mejor contribución de Socialdemocracia, se encuentra en la puesta en práctica de
una política de alianzas responsable que ayude a la convergencia de la
diversidad de fuerzas en la CND y en el Frente Amplio en la entidad. Para ello,
será necesario trabajar sobre la base de tres orientaciones: la primero de
ellas, preservando nuestra agrupación como una entidad de interés público con
personalidad jurídica propia, para poder constituirse en un espacio para la
reflexión y el debate político que por desgracia se ha perdido en los partidos
de la izquierda; la segunda, transformarnos en una agrupación flexible que
posibilite el vínculo con organismos de la sociedad que se mantienen al margen
de la actividad partidista, y la tercera, considerar la conveniencia de
incorporarnos a un partido político registrado.
Mantener el registro de Socialdemocracia abona en la
primera vertiente, pues no obstante la carencia de prerrogativas legales, nos
permite actuar en el marco de la legalidad electoral vigente con posibilidades
de acuerdos electorales con los partidos registrados, a diferencia de cualquier
otro agrupamiento ciudadano u organización social. Además, el hecho de que hasta
ahora no hayamos podido utilizar, algunas ventajas que otorga la ley, como la
posibilidad de suscribir convenios de colaboración con el Instituto Electoral
del Estado, para impulsar la educación e investigación cívico electoral de los
ciudadanos, no quiere decir que no podamos plantearnos ésta y otro tipo de
iniciativas, ante el Gobierno del Estado, la legislatura local y los
ayuntamientos, gracias a la personalidad jurídica con que contamos.
Si alguna trascendencia cultural tiene el debate
político, es la construcción de ciudadanía en el marco de las libertades que
ofrece la democracia. Es un antídoto contra todo caudillismo porque se finca en
el análisis, la reflexión y la confrontación de ideas. Pero es además, un método
que propicia el acuerdo después de un trabajo colegiado, el cual debe tener como
condición indispensable la tolerancia. Si esta tradición se ha desdeñado por un
sector considerable de la izquierda y en su lugar se ha instalado el culto al
pragmatismo, no quiere decir que este último haya sido el generador directo de
una mayor influencia electoral. Es gracias a que los distintos agrupamientos de
la izquierda, fueron capaces de reflexionar y debatir en condiciones de
marginalidad y en los momentos decisivos, aún con sus visiones y prácticas
sectarias, grandes líneas de la política que aún hoy aplica.
Nada justifica entonces, darle la espalda a esa
tradición, más en las condiciones inmejorables que nos proporciona la
democracia. Si de algo carece la izquierda en Jalisco, es de la preocupación por
recuperar ese método para potenciar el espacio público, hoy que se habla
precisamente de la crisis del contenido de la política, de los políticos y de
los partidos, y cuyo origen se localiza en que éstos no nutren a la sociedad de
opciones sustantivas y por lo tanto, lo que se ofrece, resulta irrelevante para
los ciudadanos. Es en parte en estas razones, donde se encuentra el
estancamiento electoral de esta fuerza política.
Por eso, Socialdemocracia debe seguir insistiendo en la
organización de eventos de reflexión de carácter público sobre distintas
problemáticas de la agenda local. Pero el debate, debe nutrirse también de los
posicionamientos públicos propios de los que hemos estado ausentes. Esto mismo
ha impedido, que nuestras relaciones con agrupamientos ciudadanos sean escasas y
por lo tanto, nuestros vínculos con la sociedad se hayan estrechado, lo que ha
redundado en nuestro debilitamiento. En la dirección de intentar superar las
presentes condiciones, debemos emprender a la brevedad posible, una campaña de
reafiliación para poder incorporar y organizar a los actuales miembros y a
nuevos ciudadanos que se decidan a participar en la Agrupación.
La segunda orientación, nos conduce al esfuerzo por
elaborar políticas de cara a la sociedad y adoptar iniciativas para la
organización de grupos sociales dispersos. Si de iniciar la tarea se trata,
pudiéramos considerar la pertinencia por trabajar en la dirección de proponer la
constitución de un Foro Metropolitano que encauce la lucha por una ciudad para
todos. Lo que hoy más se necesita, es contribuir a construir espacios sociales
para canalizar las iniciativas de los ciudadanos. La crítica desde la
ciudadanía, que no se convierte en propuesta para incidir en las decisiones y
las políticas de gobierno o de Estado, termina por ser exclusivamente
testimonial o contestataria.
Por eso, el camino para su conformación, puede ser la
realización de un evento a partir de una convocatoria amplia, donde participen
en principio expertos sobre las variadas temáticas del desarrollo urbano, y
posteriormente, promover el debate público acerca de las inquietudes, problemas
y propuestas de los ciudadanos mediante la realización de foros en plazas
públicas y otros espacios. Sustentados en la legislación vigente, las propuestas
y acciones que emergieran del debate, podrían ser canalizadas como iniciativas
de reformas legales, proyectos para la elaboración de programas y la formulación
de políticas públicas en las instituciones correspondientes, contribuyendo así a
la reconstrucción del espacio público con una perspectiva de la metrópoli a la
que aspiramos en el futuro.
Por otra parte, dada la dispersión de los núcleos
sindicales democráticos, pudiera adoptarse la iniciativa de promover la creación
de un espacio específico para los movimientos sindicales que posibilite el
intercambio de experiencias, la solidaridad de las luchas hoy aisladas y la
formación de cuadros del sindicalismo democrático. El inmovilismo tradicional de
algunos bastiones del sindicalismo corporativizado de la entidad, aún bajo las
condiciones de predominio del régimen autoritario, fue alterado con el
surgimiento de corrientes sindicales innovadoras y críticas que protagonizaron
movimientos por la democracia en el seno de sus organizaciones sindicales.
La indiferencia de la izquierda jalisciense ante la
debilidad de los sindicatos y su escasa capacidad de interlocución, se ha
traducido también en la propia debilidad de la izquierda. Si en algún espacio se
aprecia la correspondencia entre conservadurismo político y postración social,
es en el sindicalismo jalisciense. Su inmovilismo y las secuelas del
autoritarismo, han contribuído no sólo al incremento de las desigualdades
sociales, sino a que la transición política haya sido mas lenta en la entidad, a
que la democracia electoral no cuente como contrapartida con la democracia
sindical y que por lo tanto, la democracia de ciudadanos se perciba como una
utopía. Si algo hay que hacer en la política jalisciense desde la izquierda, es
ayudar a modificar este panorama, para que los derechos sociales que en parte se
deben a las luchas sindicales del pasado, cobren plena vigencia.
Quizás, la movilización ciudadana que ha adquirido una
mayor notoriedad en la entidad, sea la de la lucha por los derechos civiles.
Cuando menos desde la década de los noventa, se ha multiplicado la diversidad de
acciones y propuestas en temáticas relacionadas con la violencia intrafamiliar,
la equidad de género, el respeto a la diversidad sexual y la lucha contra la
discriminación, promovidas por diversos organismos ciudadanos. La vinculación a
ellos y la acción conjunta, debería ser uno de los propósitos de
Socialdemocracia, a partir del reconocimiento de que es necesario realizar un
trabajo de organización de base y su concientización, basados en la segunda
orientación dirigida a nuestra participación en el movimiento social.
La cristalización de la tercera orientación, requiere
poner a la consideración de los miembros de la Agrupación la posibilidad de
incorporarnos a un partido político registrado. El camino recorrido hasta ahora
como APE, nos revela que es insuficiente contar con ésta para accionar
políticamente. No se trata sólo de las dificultades derivadas de la carencia de
prerrogativas legales, no obstante ser una entidad de interés público como es el
caso de las agrupaciones nacionales que si cuentan con recursos públicos o de
los obstáculos para concretizar la alianza electoral en 2006 con la Coalición
Por el bien de todos, sino de definir cual es el mejor camino para poder
contribuir en la construcción de un referente de centroizquierda en Jalisco, y
por lo tanto, poder contar con un mayor espacio de participación política.
En esta determinación, influye de manera decisiva el
efecto del crecimiento electoral de la izquierda en Jalisco el 2 de Julio y al
cual contribuimos, no obstante el magro resultado en los comicios locales.
Mantenernos al margen de ese torrente, terminaría por aislarnos y marginarnos de
una fuerza política a la que paradójicamente ayudamos a crecer. Pero además, si
nuestra apuesta para competir con el priísmo y el panismo en la entidad e
impulsar las transformaciones a que hemos hecho alusión, requieren de la unidad
para poder arribar a la construcción de esta alternativa, nada mejor que la
experiencia adquirida, para decidirnos a aportarla en el desarrollo de esta
opción.
De los tres partidos del FAP que actúan en Jalisco, el
PRD, no obstante las deterioradas condiciones que se derivan de su
funcionamiento, conducción e imagen pública, de manera más acentuada a nivel
local, presenta condiciones para una futura renovación, la cual se antojaba
inverosímil antes del proceso electoral de 2006. La presión que ejerce el
movimiento ciudadano agrupado tanto en la CND como el que se encuentra al margen
de ella, la expectativa de obtención de resultados electorales favorables en los
comicios locales y la demanda de unidad de las fuerzas progresistas que se
empieza a extender, son factores que pueden incidir en la necesaria reforma de
la izquierda agrupada en el PRD. Ante esa eventualidad, deberíamos ponderar
desde ahora la posibilidad de nuestra inserción en el Partido de la Revolución
Democrática.
Sin embargo, nuestra eventual inserción, no debería
responder a una decisión precipitada por tiempos electorales, sino sólo como
resultado de un análisis exhaustivo del proceso de preparación y realización del
Congreso Nacional de ese instituto político a realizarse en el curso de este
año, pero particularmente, de los resolutivos que nos permitan contar con
evidencias de que existe un verdadero proceso de reforma democrática en su seno,
y más aún, si se resuelve convocar a la formación de un nuevo partido político.
En tal virtud, el Comité Ejecutivo Estatal electo en esta asamblea, debe
convocar a la realización de una Asamblea Estatal Extraordinaria con
posterioridad al evento nacional perredista para discutir y resolver en
definitiva sobre este punto.
En el caso de que la Asamblea Estatal Extraordinaria
aprobara tal rumbo, significaría una resolución que reflejaría la afinidad
política de la misma, sin que ello implique la disolución de Socialdemocracia,
como Agrupación Política Estatal, fundamentalmente, porque la decisión de
ingresar al PRD como a cualquier otro partido, es un derecho que se ejercita
individualmente y por lo tanto, se puede dar el caso de que miembros de nuestra
agrupación, decidan sólo mantenerse como integrantes de la misma.
Hoy damos paso a la primera reforma estatutaria, con el
fin de simplificar su estructura organizativa y hacer posible la incorporación
de aquellos ciudadanos que decidan participar con nosotros. Requerimos en
principio una menor complejidad en los estatutos, para programar con
posterioridad a la Asamblea Estatal, el proceso de reforma del resto de los
documentos básicos, lo cual será posible en la medida que proyectemos la
realización de manera organizada del debate político local. Estas son, algunas
de las tareas que debemos asumir con la convicción de que el esfuerzo vale la
pena, en la dirección de contribuir a la construcción de la democracia de
ciudadanos que requieren el país y la entidad.
Si queremos hacer realidad los propósitos que dieron
origen a la iniciativa de fundar nuestra agrupación, de desarrollar un
movimiento político local con una identidad socialdemócrata, ofrecer a la
ciudadanía jalisciense un referente con credibilidad desde la izquierda
democrática y poder contribuir con nuestras posiciones, al proceso de renovación
y reconstrucción de la izquierda en la entidad, esta es la oportunidad para
ponernos de nuevo en movimiento.
Guadalajara, Jalisco a 27 de Enero
de 2007.
Segunda Asamblea Estatal Ordinaria
|
