Modernización del estado y globalización
OTRAS EXPERIENCIAS EN LATINOAMERICA
Privatización o desmantelamientoPor José Eduviges Rivas*
Investigador salvadoreño. 1977
COSTA RICA
En Costa Rica el Ministerio de Transformación del Estado ha trabajado buscando la disminución de la burocracia cerrando y fusionando instituciones, con la idea de acortar los trámites en las oficinas estatales, los que en la mayoría de países son númerosos y complejos. Así también se trabaja con la formación de híbridos, dejando la cúpula de las instituciones siempre en manos estatales, pero con participación privada; se trata entonces de una privatización parcial.
A nivel teórico el elemento social se trata de aplicar asistiendo a quienes han perdido sus empleos por este proceso, sea capacitando o creando redes de empleo. En Costa Rica, como en otros países que ejecutan proyectos de modernización, se planea continuar después con la privatización a nivel municipal. En lo que va desde abril de 1996 han trabajado con un plan de eliminación de 8,000 empleos, haciendo grandes esfuerzos para callar a los que se oponen al proceso.
BOLIVIA
En Bolivia se ha estado trabajando en la privatización de las extracciones petroleras. Aunque los grupos laborales han estado protestando también por la desprotección en que el ambiente podría quedar a raíz de las extracciones petroleras, si se realizara la privatización una gran cantidad de empleados serían afectados. Como en mucho casos, estos grupos no tienen ventaja alguna sobre la decisión del gobierno.
En Chile, cuyo proceso ha sido presentado en El Salvador como modelo de privatización, Télex-Chile vendió a principios de este año el 100% de las acciones de su filial Chilexpress, comercializadora de servicios de Curier, encomiendas y giros nacionales e internacionales, a Socimer Chile, por la cantidad de 20 millones de dólares.
MÉXICO
En México, dentro de una excesiva concentración del poder político que implantó la privatización sin mayor obstáculo, el caso de la venta de TELMEX desde la década de los ochentas, que fue únicamente un traslado del monopolio al sector privado, no vino a cambiar para nada la distribución del mercado y al presente no se ha observado bienestar social a partir de ello. Con la venta de esos activos se pagó parte de la deuda externa, pero estas empresas privatizadas se endeudaron en el exterior por cantidades similares. TELMEX tuvo que dejar el monopolio sobre el servicio de larga distancia en agosto de 1996, cediéndole la concesión a Avantel, pero reservándose el servicio de larga distancia nacional. El problema inicialmente giró alrededor de los precios que TELMEX cobraría a los nuevos operadores para conectarse a su red, como una forma de subsidios cruzados para mantener a flote la telefonía local. Las firmas que forcejean con TELMEX por un mercado de 9 millones de usuarios lograron consolidar en enero de 1996 la Asociación de Concesionarios de Telefonía (ACTEL), compuesta por Avantel (MCI-Banacci), Alestra (Alfa-AT&T), Unicom (GTE, Bancomer y Telefónica de España), Iusatel (Iusacell-BEll Atlantic), MarcaTel (IXC, Wester Inc. y Radio Beep), Investcom (Grupo Comunicaciones San Luis-Nextel) y Cableados y Sistemas. Avantel es la unión entre el mexicano Grupo Financiero Banamex Accival y la estadounidense MCI, que es la segunda firma más importante del sector telefónico de Estados Unidos.
Para estos concesionarios el costo de interconexión representaría un porcentaje alto del precio total de cada llamada. TELMEX, por el contrario, espera equilibrar sus bajas de ingresos con el monto que provenga del cobro de interconexión a sus competidores. En el centro de esto se encuentra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que prácticamente ha sido obligada a imponer una solución al problema. En febrero hizo circular entre los ocho competidores un anteproyecto de Reglamento de Interconexión, que asigna a la SCT un papel de vigilancia permanente y se ignora la pretensión de TELMEX, pero que primero debe ser firmado por los involucrados, incluyendo TELMEX.
Otra de las dificultades es el uso de las claves de acceso 91 que se usa actualmente para llamadas de larga distancia nacional, que TELMEX desea conservar para dejar en desventaja a los demás. La privatización de la banca en México tampoco ha sido un buen ejemplo; han continuado siendo ineficientes, a pesar de que se privatizaron para eliminar precisamente ese problema. El Consejo de Administración fue, al parecer, una herramienta útil para el control de los entes privatizados y disminuir así la corrupción, pero fueron abandonados poco a poco. Existe hoy la duda si privatizar la petroquímica y la electricidad, pero son proyectos demasiado grandes como para tomarlos a la ligera. Especialmente el petróleo representa un riesgo elevado de que vaya a dar a las escasas petroleras internaciones, que se pueden contar con los dedos de una mano.
La empresa Distribuidora de Gas Natural, formada por la empresa mexicana Próxima y las estadounidenses Enova International y Pacific Enterprises International, se adjudicó en agosto de 1996 la privatización del servicio de gas, con 12 años de exclusividad en la construcción del sistema de distribución y la recepción, conducción y entrega de gas dentro de la zona de Baja California.
NICARAGUA
TELCOR, la empresa estatal de Telecomunicaciones y Correos de Nicaragua, comenzó a ver su oscuro destino a partir de las negociaciones en 1992, cuando el Banco Mundial impuso a Nicaragua la privatización de las empresas estatales para préstamos que cubrirían parte de la elevada deuda externa. Está ya bien decidido que ni siquiera se incluyó en el presupuesto nacional para 1996.
Es otro caso en donde no se conoce el beneficio directo de la venta, pero que sí se ha manejado toda una campaña publicitaria para evitar una oposición masiva que pueda entorpecer el proceso, que lleva toda velocidad. Incluso el sindicato de TELCOR ha recibido presiones para que no estorbe el camino, y quienes se oponen claramente son mal vistos por el gobierno. El sindicato y varios diputados de la Asamblea Nacional propusieron una coinversión que incluya al sector privado y al gobierno, manteniendo éste control pleno para proteger los usuarios. Con este plan los trabajadores retendrían la mayoría accionaria y el 70% de los beneficios generados. Sin embargo la propuesta fue rechazada por la mayoría de diputados en una sesión secreta. Sólo obtuvieron garantía de estabilidad laboral, la donación del 1% de las acciones de la empresa y el derecho a comprar otro 10% de las mismas. El 27 de julio de 1996 se celebró la licitación del 40% de las acciones de la nueva Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL), en la que participaban Telecomunicaciones de Chile, AT&T, Sprint, Telefónica de España, STET y Usacell Bell Atlantic Corp. De esta operación el gobierno espera obtener unos 200 millones de dólares, parte de los cuales servirán para indemnizar a nacionales y extranjeros confiscados en la década pasada por el gobierno sandinista. De las seis ofertas en esta licitación se tomará la más ventajosa propuesta monetaria, haciendo el traspaso administrativo en agosto y el definitivo en septiembre.
En Nicaragua quienes presionan por la privatización son un reducido grupo de especuladores con gran influencia política y económica, quienes junto al Fondo Monetario Internacional y al gobierno, han tratado de sacar provecho, cada quien en su buena parte. Aunque la ley de privatización ya está aprobada, algunos sectores han pedido al gobierno el mismo recurso que solicitara el FMLN en El Salvador, es decir, un plebiscito para que el pueblo decida qué camino debiera tomar la privatización. Las respuestas a esto fueron similares en ambos países: que por estar cercanos a un período electoral no se podía intervenir en una acción tan prioritaria, contando además con la falta de presupuesto para ello.
ECUADOR
Así como sucede en Nicaragua y El Salvador, la cercanía a una temporada electoral marcó en Ecuador una carrera contra el tiempo por privatizar sobre todo EMEtel, la Empresa Estatal de Telecomunicaciones. Básicamente la idea es dividir esta empresa en dos que serían vendidas a dos operadores internacionales. Cada uno de ellos tendría concesiones de 15 años, incluyendo un periodo de monopolio de cinco años, para los servicios de telefonía local, nacional y al exterior en sus respectivas zonas, como las Islas Galápagos. En enero de 1996 se presentaron como interesados AT&T, MCI Communications Inc., Sprint Corp., Ameritech Corp., Telefónica de España, Telecom de Francia, y Stet de Italia. El organismo encargado de vigilar el proceso de privatización de las empresas estatales es el Consejo Nacional de Modernización (CONAM), mientras la oficina específica para EMEtel es la Comisión de Modernización de las Telecomunicaciones (COMOTEL). Aunque los servicios celulares, de radio móvil, satélite, de troncales y de búsqueda ya eran operados por dos compañías, CONACEL y OCETEL, la venta de EMEtel incluye su concesión celular. La embajada de Estados Unidos estima que el valor del EMEtel es de unos 2 mil millones de dólares, tomando en cuenta que tiene digitalizada un 70% de sus principales centrales y que tiene ingresos anuales de 250 millones de dólares, de los cuales 60% proviene de las llamadas internacionales.
Un director de CONAM ha admitido que en los próximos tres años el costo las llamadas internacionales bajará, mientras que el costo del servicio interno se elevará, ante la necesidad de incrementar los ingresos de EMEtel. Sin embargo, con la nueva ley de telecomunicaciones se autorizan subsidios para los sectores de bajo consumo, las zonas fronterizas y el territorio isleño.
ESPAÑA
En junio de 1996 se aprobó un amplio plan de privatizaciones para modernizar las empresas públicas y conseguir más ingresos para las arcas del estado. El Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado pretende introducir criterios de optimización y de racionalidad económica en las empresas propiedad del estado para contribuir a su viabilidad futura. Se han formado cuatro grupos de empresas a privatizar. El primer grupo incluye la corporación bancaria Argentaria, la petroquímica Repsol, Telefónica y Tabacalera, que son muy rentables y pueden ser privatizadas de inmediato. El segundo grupo incluye a Endesa o Red Eléctrica Estatal, cuyos sectores tienen que ser desregulados. El tercer grupo está aun en proceso de reestructuraciones, como Iberia, la constructora de aviones Casa y Aluminios Inespal. El cuarto grupo está compuesto por empresas que no serán privatizadas durante este período parlamentario, por razones estratégicas o sociales. Aquí se encuentran la siderúrgica Hunosa, Astilleros Españoles, la Corporación Siderúrgica Integral y las empresas de defensa Santa Bárbara y Bazán. El Consejo Asesor de Privatizaciones, que se menciona estar formado por profesionales independientes, gestionará todo lo referido, controlado directamente por el gobierno. Varias de estas empresas hacen presencia en América Latina como demandantes en otros procesos de privatización, como la Telefónica, que tiene intereses en Argentina, Perú, Chile, Nicaragua, Ecuador y Venezuela.
Con la llegada al poder este año del centroderechista José María Aznar se da prioridad al saneamiento de la economía española para poder incorporarse en la forma debida a la Unión Europea, reduciendo los déficit públicos que hacen peligrar la incorporación de la moneda única europea. El proceso comenzó hace once años, cuando el gobierno socialista de Felipe González sacó a bolsa cerca de 40 empresas públicas, donde se encontraba la fábrica automotriz Seat, vendida en 1986 a Volkswagen. En 1993 el gobierno se deshizo de importantes paquetes de acciones en Argentaria, Repsol, Telefónica, Enagas y otras. En la actualidad el sector sindical se opone al nuevo plan, considerándolo un desmantelamiento al estado de bienestar.
ITALIA
Entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 1997 el gobierno de Italia tendrá a la venta la empresa de telecomunicaciones Stet. El proyecto incluye la venta de las actividades cercanas a la principal, como la compañía de instalación de cables Sirti, la manufacturadora de equipos telefónicos Italtel y su compañía de informática Finsiel. La acción dorada que el gobierno piensa conservar le dará alto poder de decisión, sobre todo para mantener unidas los servicios de telefonía móvil y de línea fija. De esa manera Stet mantendrá a Telecom de Italia con líneas fijas y a Telecom Italia Mobile con telefonía móvil. La nueva empresa que resulte de la privatización debe estar formada por inversiones italianas y extranjeras, y vendrá a darle un respiro al IRI, que posee 61% de Stet. Para agosto de 1996 Stet tenía una capitalización de mercado de casi 16 mil millones de dólares. En abril había anunciado un aumento de casi 30% en sus ganancias consolidadas de 1995 hasta mil 600 millones de dólares.
PERÚ
En 1998 se espera finalizar con las privatizaciones, dentro del mecanismo de Participación Ciudadana, con la intención de reducir los niveles de pobreza en un 50% para el año 2000. Este mecanismo pretende que unos 400 mil peruanos se conviertan en accionistas, dentro de la venta local iniciada a finales de mayo de 1996, que se refería al 29% perteneciente al estado de la Telefónica del Perú, filial de Telefónica Internacional de España. J. P. Morgan y Merrill Lynch serán los asesores para esta transacción.
Para los defensores del proceso, no solo se busca racionalizar el gasto público, sino también mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, asignando adecuadamente los recursos sociales.
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