Consideraciones Finales

En primer lugar, es preciso subrayar – otra vez – que debe procederse con cautela y buen criterio en el empleo de los métodos descriptos cuando se trata de aplicarlos al área política. Es un hecho que no puede ni debe ser ocultado: las herramientas que hemos estado viendo no provienen de la Política como disciplina y no constituyen ciencias auxiliares arraigadas y establecidas de la Ciencia Política. El planeamiento estratégico proviene del ámbito empresario, la construcción de escenarios migró del ámbito militar al empresario y la administración de riesgos proviene originalmente de la industria del seguro.

No obstante, también es un hecho que estos métodos han venido siendo aplicados al ámbito político – especialmente al de la Política Internacional – desde hace ya una buena cantidad de años. Para quienes se desviven por averiguar “qué hacen los exitosos” y tratan de soportar su esterilidad intelectual creyendo que el plagio puede suplantar a la creatividad, la buena noticia es que, si de copiar se trata, hay muchos trabajos de varias instituciones y organismos que pueden tenerse en cuenta, ya que estos métodos se vienen aplicando extensamente en los países industrializados desde hace mucho tiempo y con evidente éxito. La lista completa sería realmente muy extensa pero, a título de referencia, podríamos citar a los siguientes:

La diversidad de las instituciones mencionadas tiene una explicación bastante sencilla: la metodología del planeamiento político – dadas ciertas condiciones mínimas de envergadura y disponibilidad de recursos – no tiene, en realidad, limitaciones estrictas en cuanto a su campo de aplicación. Si bien se la ha utilizado, y se la sigue utilizando, en forma intensiva para las grandes cuestiones políticas – especialmente para las relacionadas con la Política Internacional – esto no quiere decir que esté restringida a este ámbito.

Por de pronto, se adapta muy bien a áreas tales como defensa, desarrollo regional y negociaciones con entes multilaterales internacionales o regionales. Pero, además de ello, el planeamiento político es también perfectamente aplicable a una municipalidad, una gobernación provincial, a un ministerio y, por supuesto, incluso a todo un gobierno nacional.

Lo que sucede es que, en cada caso, la forma de aplicación podrá variar y seguramente variarán los criterios a utilizar. El mejor ejemplo que puede darse en este sentido es, probablemente, la relación entre planeamiento estratégico y previsión por escenarios; un tema que hemos tocado al pasar a lo largo del presente ensayo y que, quizás, convenga detallar un poco.

El esquema de trabajo aquí descripto presupone la existencia de un plan estratégico para luego validarlo mediante una previsión por escenarios. Esto no siempre ni necesariamente deberá ser así. Más aún: existen muy buenos trabajos dedicados al planeamiento por escenarios ya que, como hemos visto, de los mismos con frecuencia se puede llegar a inferir la mejor estrategia para dominar una situación dada. De modo que es válida la pregunta de qué debe construirse primero: ¿un plan estratégico o una secuencia de escenarios?  ¿Hay que construir un Plan y validarlo con escenarios o se pueden construir escenarios y luego elaborar el Plan en función de lo que estos escenarios sugieren?

La respuesta es: se puede proceder de cualquiera de las dos formas. Pero, lamentablemente, ni una alternativa ni la otra es aplicable a todos los casos. En general, cuando – como sucede en Política – lo que se tiene en claro es el marco conceptual y lo que se buscan son las alternativas u opciones para llevarlo a la práctica, tiene sentido comenzar construyendo un buen Plan y luego validarlo contra los escenarios previsibles, que es la secuencia que hemos propuesto aquí. Pero cuando el marco conceptual está dado por otras instancias – como sucede, por ejemplo, en el área militar en dónde las políticas (y, por lo tanto, las estrategias políticas) las decide el gobierno – tiene mucho más sentido explorar primero los posibles escenarios y sólo después decidir una planificación determinada.

En otras palabras: si el poder de decisión del cual uno dispone es un Poder soberano en la materia (como es, o al menos debería ser, el Poder político), entonces probablemente el mejor camino es construir un buen Plan y ver luego cuales son las necesarias adaptaciones que hacen falta para garantizar su viabilidad en diferentes situaciones modelables a través de escenarios. En cambio, si el poder de decisión se halla sujeto a una instancia superior; o si, como en una partida de ajedrez, estamos en una situación en dónde las decisiones propias dependen fuertemente de lo que haga nuestro adversario, entonces probablemente la mejor opción será prever primero los escenarios posibles y comenzar a planificar a partir de allí, en función de lo que estos escenarios nos sugieren o enseñan.

De todos modos, no hay recetas mágicas ni procedimientos infalibles. La buena planificación, al igual que la buena Política, requiere su cuota de arte y, por lo tanto, una adecuada dosis de sensibilidad, ingenio, creatividad y talento.

Otro tema que probablemente merezca una aclaración es la diferenciación que hemos hecho aquí entre “administración” y “gobierno”. Para muchas personas esta distinción no es del todo clara. Los norteamericanos, por ejemplo, utilizan el concepto de “administración” para referirse algunas veces a todo el Estado y otras veces a lo que – en realidad – debería ser su gobierno. Lo cual podrá no ser sino una forma subconsciente de los norteamericanos de admitir que el verdadero gobierno de los Estados Unidos no reside en la Casa Blanca, pero decididamente este hábito de suplantar los términos no contribuye a aclarar las cosas.

Si bien este aspecto pertenece más a la Teoría del Estado que a la esfera de la planificación, es importante tenerlo en claro porque no se refiere tanto a los estratos formales de una estructura sino especialmente a los distintos niveles reales del poder de decisión.

De hecho, gobierno y administración son categorías organizacionales muy diferentes aun cuando, en el fondo, resultan tan complementarias que la una no podría existir ni operar sin la otra. El gobierno es aquella esfera del Estado en la cual se toman las decisiones; la administración es aquella otra que se encarga de ejecutarlas. Un gobierno sin administración podría quizás tomar algunas decisiones pero no podría ejecutarlas ni supervisarlas; y viceversa: una administración sin gobierno podría mantenerse durante cierto tiempo en la inercia del mecanismo burocrático pero terminaría tarde o temprano en un callejón sin salida ante la imposibilidad de tomar auténticas decisiones políticas.

La frontera entre ambas estructuras es clara en cuanto a lo funcional; aún cuando es cierto que no resulta tan categórica en la praxis cotidiana puesto que hay tanto una intercomunicación como una interacción constantes entre gobierno y administración. En principio, la administración le "sube" al gobierno la información necesaria para tomar las decisiones y luego el gobierno "baja" las decisiones tomadas, encargándole a la administración pública su ejecución. En la práctica, la separación es bastante menos nítida pero sin llegar a invalidar el principio general de que gobierna quien decide y administra quien ejecuta.

Sea como fuere, hay que tener en cuenta que ambos términos se han diluido bastante en el uso cotidiano y hemos perdido de vista que el gobierno, en realidad, no es el Estado; o más precisamente: no es todo el Estado. Del mismo modo, la administración — ni aún entendiéndola en la acepción norteamericana del término — es el Estado o, de nuevo: todo el Estado. Más todavía: la palabra "administración", utilizada así, en singular, es muy engañosa. En realidad, dentro de una organización estatal no hay una administración sino varias administraciones; cada una de ellas dedicada a alguna tarea específica pero todas relacionadas entre si tanto por canales de comunicación directos como por su común relación con el gobierno.

Por último hay una cuestión que merece ser al menos planteada aquí. Es la que surge a partir de una pregunta casi inevitable: si se conocen desde hace tanto tiempo, tantas buenas herramientas de planificación, ¿por qué es que nuestros políticos no las utilizan?  ¿Por qué la política argentina está tan huérfana de proyectos? ¿Por qué del mar de las promesas electorales y del océano de las propuestas más o menos demagógicas no ha surgido en las últimas décadas – aunque más no sea por síntesis – un verdadero Proyecto Nacional?

Como todos podrán imaginar, la respuesta a estas preguntas no es sencilla, ni mucho menos demasiado simpática. La pura verdad es que, entre quienes constituyen nuestra dirigencia política, la enorme mayoría no tiene ni la más pálida idea de lo que es una planificación bien hecha. Y entre quienes sabrían planificar, es muy difícil encontrar a alguien dispuesto a tomarse el tiempo y el trabajo de hacerlo, siendo que es mucho más fácil y redituable adherir simplemente a un proyecto elaborado por alguna institución internacional; para no hablar de aquellos que deliberadamente abandonan la idea por considerar que los Planes Estratégicos son para intelectuales de laboratorio y no se cotizan demasiado alto en el mercado electoral.

Lo grave en esto es que estamos nuevamente ante otra discusión prácticamente circular. ¿Tenemos un mal sistema político porque lo hemos puesto en manos de malos políticos que no saben, no quieren, o no pueden hacer funcionar al sistema? ¿O es que debemos soportar a los malos políticos porque, en realidad, lo que tenemos es un mal sistema que selecciona y promueve sistemáticamente a los malos políticos? Una cosa es segura: cualquier político con un horizonte de cuatro años de permanencia en el cargo seguramente no perderá demasiado tiempo elaborando planes para problemas cuya solución demandará no menos de una o dos décadas, en el mejor de los casos. Así como también es seguro que, con el temor casi histérico que actualmente se le tiene al Poder, resultará muy difícil hacerle ver a las personas que, sin planes coherentes y consistentes para el largo plazo el país tardará muchísimo más de lo necesario en salir de sus ciclos de crisis periódicas ya que, para diseñar, implementar y ejecutar planes de largo alcance hace falta una continuidad de criterios de decisión que resulta prácticamente imposible de lograr dentro del actual sistema político.

Muy probablemente – como sucede en casos como éste –  la solución del dilema consiste en admitir, no una de las opciones implícitas sino ambas a la vez. Lo más probable es que el país está como lo padecemos porque ambas cosas son ciertas. Tenemos malos políticos que serían malos en cualquier sistema y, además, tenemos un mal sistema político de cuyo ámbito los potenciales buenos políticos huyen como de la peste. Porque es un sistema en dónde los distintos Poderes del Estado se traban entre sí en lugar de complementarse; en dónde no existen ni siquiera criterios mínimos de idoneidad para el acceso a los cargos públicos; en dónde los tiempos de los mandatos no alcanzan – ni por lejos – para pensar en planes de mediano o largo plazo; en dónde las discusiones se vuelven eternas porque se discute lo accesorio ya que nadie se atreve a discutir lo esencial; en dónde los problemas se “patean para adelante” porque nadie quiere tomar sobre si la responsabilidad de una decisión a no ser que dicha responsabilidad quede diluida en la cómoda pluralidad de un cuerpo colegiado y en dónde, en suma, los egoismos personales y corporativos terminan privando siempre por sobre el Bien Común.

Con lo que, quizás, el primer Plan Estratégico que deberíamos construir es uno orientado a diseñar un sistema político que realmente funcione y que incorpore a todos aquellos que hoy se mantienen a prudente distancia de la Política porque no quieren verse envueltos en una maraña de espurios intereses cruzados, hipocresías  e, incluso, vulgares delitos comunes. 

Es todo un desafío. Pero es factible.