Las Privatizaciones

Sacar al Estado del Mercado

Buenos Aires - Septiembre 2000

INDICE

Privatizaciones: reducir al Estado.

La idea del Estado empresario

Originalmente, la idea de que el Estado realice actividades económicas estuvo sostenida por toda una serie de razones.

Por un lado, fue una forma de recaudar dinero por una vía distinta a la de los impuestos tradicionales, siempre mal vistos por la población y siempre muy difíciles de implementar de un modo realmente justo. El Estado empresario se independizaba así - al menos hasta cierto punto - de la recaudación impositiva y - al menos en principio - podía introducir el criterio básico de "el que usa, paga", con lo cual se podía evitar la contribución forzosa de quienes nunca llegaban a usar un determinado servicio.

Curiosamente, este mismo argumento fue luego profusamente utilizado por las privatizaciones. ¿Por qué habría de pagar, con sus impuestos, el contribuyente de la Patagonia una autopista construida para facilitar el tránsito en la Capital Federal? Vinieron las privatizaciones, se hizo la licitación, ingresaron las empresas privadas y se sembró la red vial argentina con casillas de peaje hasta el punto en que para transitar por ciertos sectores se llega a pagar más en peaje que en combustible. Pero el Estado, ¿no podría haber hecho lo mismo? El criterio de "el que usa, paga" ¿no era acaso uno de los principios básicos que, en su momento, justificó la creación de empresas estatales para no sobrecargar con impuestos a quienes nunca gozarían de sus beneficios? En países con una base de contribuyentes pequeña; ya sea porque el nivel de riqueza general de la población es bajo, ya sea porque la pirámide demográfica presenta una sobrecarga relativa de ancianos y de niños que no pagan impuestos; la empresa estatal fue una forma de generar recursos para aliviar la carga impositiva directa. O bien, si se quiere y visto de otro modo: fue una forma de cobrar impuestos (que no se podían evadir) a los que, dentro de todo, podían pagarlos y, eventualmente, de subsidiar a quienes no hubieran podido pagarlos, permitiéndoles un desarrollo que, de otro modo, estaba completamente fuera de su alcance - como quedó demostrado cuando las privatizaciones cortaron abruptamente esta posibilidad y dejaron sin recursos de desarrollo a grandes sectores poblacionales aplicando inflexiblemente el criterio capitalista de que las personas deben pagar por lo que necesitan y no deben pretender lo que no pueden pagar.

Otra consideración en la creación de empresas estatales, de suma importancia en países escasamente desarrollados, carentes de un empresariado pujante y de adecuado poder financiero, fue en su momento la imposibilidad de lograr inversiones privadas. En la Argentina, por ejemplo, las iniciativas de los generales Mosconi y Savio no se debieron a un excesivo entusiasmo estatista sino a la evidente necesidad de instrumentar a través del Estado, iniciativas que sencillamente no estaban al alcance de la capacidad privada. El país no hubiera tenido ni petróleo, ni acero, si el Estado no hubiese tomado participación activa en su producción, y cabe recordar que, por la época en que se decidió esta participación, tanto el petróleo como el acero constituían materiales estratégicos de primer nivel.

Otros países, sobre todo en América Latina, siguieron un desarrollo similar. En ellos, el Estado constituyó muchas veces la única institución con suficiente masa crítica y recursos para encarar proyectos de envergadura. En la gran mayoría de estos países, sigue siéndolo, y sólo la participación de capitales extranjeros y de corporaciones internacionales ha hecho posible la cesión a manos privadas de las antiguas empresas estatales. El empresariado local de estos países no poseía, ni posee todavía, la envergadura necesaria para hacerse cargo de las operaciones llevadas a cabo por las empresas estatales.

Naturalmente, ahora que las inversiones ya fueron hechas por el Estado y los resultados cosechados por el país, es por supuesto muy comprensible que aparezcan empresas privadas dispuestas a aceptar el riesgo de invertir capitales privados. Lo que sucede es que, cuando se llega al fondo de la cuestión, resulta que estos "capitales de riesgo", que con tanto entusiasmo promueven las privatizaciones, no corren casi ningún peligro en realidad; puesto que a las transnacionales les es directamente servida en bandeja la oportunidad, con toda una gama de garantías adicionales y, para colmo, los capitales provienen de fondos de inversión que, al final del análisis, resulta que cuentan con garantías públicas y tienen muy poco de "privados".

Es cierto que el Estado empresario se fue deteriorando con el tiempo. Las burocracias estatales, muchas veces consideradas botín de guerra por las fuerzas en pugna dentro de la arena política, se fueron haciendo cada vez más ineficientes dando lugar al apotegma neoliberal de que "el Estado es mal administrador". En América Latina, tanto gobiernos militares como civiles, tanto gobiernos de base democrática como oligarquías enquistadas en el Poder, hicieron lo suyo para llevar a las estructuras estatales a un grado de ineficiencia e ineficacia imposibles de disimular y hasta de justificar.

También es cierto que, en varias regiones, el empleo estatal resultó un sucedáneo de la asistencia social para encubrir una desocupación estructural. La persona que no hallaba empleo en la actividad privada - porque ésta era inexistente, volátil o demasiado pequeña - se refugiaba, vía algún amigo o influyente de turno, en la estructura estatal. De esta forma el Estado terminó teniendo muchísmo más personal del necesario; terminó reclutando muchas veces personal de mala calidad amparando a una cohorte de inútiles que no encontraba trabajo en el sector privado simplemente porque no sabía o no quería trabajar en serio; y, en medio del sobredimensionamiento y la infracapacitación, floreció la corrupción con su secuela adicional de más ineficiencias e ineficacias. La leyenda del Estado como "mal administrador" se apoya, no hay por qué negarlo, en una gran cantidad de casos concretos.

Pero, también hay gruesas exageraciones. El exceso de estatismo ha sido presentado constantemente como el culpable principal de las crisis registradas durante los años '70 y '80. Lo que ya no se dice con la misma frecuencia es que, sin la participación activa del Estado, el desarrollo y la expansión de las décadas de los '50 y los '60 no hubiera sido posible en absoluto. En todo caso, que el Estado haya sido o se haya convertido en "mal administrador", ¿implica necesariamente que el Estado, de por si y en si, es mal administrador, y esto de una manera necesaria y prácticamente inevitable? Hay muchos puntos discutibles en una afirmación así.

Por de pronto, en buena medida la estructura funcional del Estado es fiel reflejo de varios factores que le subyacen. Por un lado podrían señalarse los factores culturales: por regla general, la corrupción estatal no es sino el reflejo en el ámbito público de una corrupción generalizada que existe también en otros ámbitos. ¿Acaso no se pagan "comisiones" y "retornos" a los Jefes de Compra de las empresas privadas? ¿Acaso las licitaciones y compulsas de precios de las empresas privadas son siempre cristalinas y transparentes? ¿Acaso el mundo privado resuelve siempre satisfactoriamente los conflictos de interés de empleados, funcionarios y gerentes?

Por el otro lado, la tantas veces mencionada ineficiencia estatal encuentra un paralelo muy fácil de detectar en toda la estructura productiva. ¿Acaso las empresas privadas son siempre eficientes? ¿Acaso la reingeniería de la empresa creada por Michael Hammer y todas las demás escuelas inventadas por los gurúes del management actual, con sus propuestas de outsourcing, downsizing, rightsizing y sólo Dios sabe cuantos neologismos más, no han echado luz sobre las tremendas deficiencias existentes también en las empresas privadas? Acaso las empresas privadas ¿nunca se declaran en quiebra por estar mal administradas o mal gerenciadas? - En realidad, así como la corrupción no es privativa del funcionario público, tampoco debería ser sorprendente hallar un Estado ineficiente cuando toda - o buena parte - de la estructura productiva de la sociedad también lo es. La única diferencia es que la ineficiencia del Estado la pagan los contribuyentes y la ineficiencia privada la pagan los clientes y usuarios.

Por último, tampoco hay que caer en la ingenuidad de creer que el Estado está completamente desvinculado del régimen político que le sirve de base. Si en un organismo político hallamos a un Estado corrupto e ineficaz, difícilmente encontremos un régimen político honesto y efectivo. El sólo hecho de querer quitarle al Estado tantas tareas y atribuciones debería hacernos pensar en la fundamental desconfianza que esto implica en cuanto a nuestro sistema político. Si no queremos que el Estado - la institución política por excelencia - se encargue casi prácticamente de nada, ¿no será que desconfiamos de nuestros políticos? De hecho, acortamos sus mandatos, les ponemos infinidad trabas para su reelección y criticamos ácidamente cualquier pretensión de permanencia en el Poder. Pero, si tanto desconfiamos de nuestros funcionarios políticos, ¿no será que el criterio con el que los seleccionamos y designamos está errado? Y, si el criterio de selección con el que designamos a las personas que deberán tomar decisiones políticas esta errado, ¿cómo, en nombre del cielo, podemos esperar que nuestro régimen político funcione en forma aceptable y nos ofrezca un Estado bien organizado?

Una de las dificultades que se presentan para discutir razonablemente las verdaderas atribuciones y funciones del Estado en el mundo actual es que, a lo largo de interminables discusiones bizantinas, se ha borrado la delimitación de las esferas de competencia de cada actividad. A esto se agrega que nuestras sociedades se han vuelto tan tremendamente complejas que esta delimitación no es ya para nada simple de hacer, por decir lo menos.

Mientras que, por una parte, los catastróficos resultados de la erradicación de la actividad privada en los países comunistas de Europa oriental después de la II Guerra Mundial demuestra que la estatización y el control estatal deberían tener sus límites; por otra parte, el funcionamiento de los sistemas de salud excesivamente basados en servicios provistos por empresas de medicina privadas - como sucede en los Estados Unidos - demuestra que se pueden lograr muy altos niveles de excelencia tecnológica pero a costa de reservarlos solamente a aquellos sectores de la población que tienen medios de pago suficientes, siendo que grandes sectores de la misma población seguirán dependiendo de servicios necesariamente provistos por el Estado. De hecho, en ninguna parte las medicinas pagas han eliminado al hospital público por completo.

La verdad es que la línea divisoria entre "lo privado" y "lo público" no resulta siempre tan fácil de trazar. En la gran mayoría de los países - y en todos los bien desarrollados - los éxitos han sido obtenidos mediante una buena, sincronizada y equilibrada participación de ambos sectores en proporciones que varían de país a país, de región a región y hasta de continente a continente. En esto no sólo no hay leyes rígidas; hasta resulta casi imposible trazar reglas genéricas de modo tal que tengan validez universal.

Como muy acertadamente lo expresa el australiano Hugh Stretton: "Una empresa privada explota un yacimiento público de gas, lo envía a través de un gasoducto público a otra empresa privada de gas la cual, sin embargo, opera en virtud de una concesión pública y lo vuelve a enviar - esta vez a través de una red de distribución privada - a una empresa privada que fabrica ladrillos. En la fábrica, que utiliza energía eléctrica producida por una usina pública, la empresa fabrica sus ladrillos con arcilla privada y los envía sobre camiones privados que circulan por rutas públicas a un contratista privado que construye casas, sobre terrenos públicos, en el marco de un programa público de viviendas económicas que serán vendidas a propietarios privados mediante un plan de crédito garantizado con una primer hipoteca por un banco privado y con una segunda hipoteca a cargo de la Secretaría Pública de Viviendas.

Ahora bien, ¿podrían, por favor, los ideólogos de la economía de mercado diferenciar para mí al sector "publico" del sector "privado" en el ejemplo precedente, y demostrarme cómo reduciendo al sector público se lograría un crecimiento más libre del sector privado?" (1)

Uno de los primeros fenómenos subsiguientes a la disolución de la URSS fue la ola de privatizaciones que se extendió por todo el planeta a una velocidad realmente asombrosa. Visto en retrospectiva, fue como si los estamentos políticos de una vasta mayoría de países se hubieran puesto repentinamente de acuerdo en liquidar los bienes del Estado.

En 1992, las privatizaciones llevadas a cabo en países en vías de desarrollo ya implicaban operaciones por 23.100 millones de dólares, involucrando a miles de ex-compañías estatales. El número de países embarcados en programas de privatización creció de 12 en 1988 a 43 en 1995. Según los datos del Banco Mundial que abarcan a 88 países, durante el mismo período (1988/1995), se vendieron bienes estatales por un valor de U$S 135.000 millones en más de 3.800 operaciones de privatización. La región con más privatizaciones fue Latinoamérica que concentró el 46% de las operaciones; seguida por Asia oriental con un 25% ; Europa y Asia central (incluida la ex-URSS) con un 17% y el resto del mundo con un 12%. (2)

La verdad es que este proceso no se explica solamente por los argumentos ideológicos del neoliberalismo que quería ver reducidas las atribuciones del Estado-nación. Hubo también factores económicos que concurrieron a disparar la ola privatizadora.

• La deuda externa de muchos Estados había crecido ya a tal punto que su pago resultaba prácticamente inviable y las instituciones financieras tenían que encontrar un medio eficaz para abrir nuevas posibilidades de negocios. El programa de "privatizaciones por deuda" no sólo les permitió cobrarse algo de lo que, de otra manera, hubiese sido incobrable sino que - además - se crearon nuevas perspectivas para mecanismos que generaban más deuda y más ganancias.
• Siendo que en varios lugares el Estado era el proveedor de muchos servicios que requieren una gran estructura, y siendo que - simultáneamente - las grandes empresas internacionales iban adquiriendo estructuras cada vez más grandes en virtud de su economía de escala, era obvio que el Estado constituía un importante competidor al que había que sacar del mercado. El Estado no debía "eficientizarse" ya que, de hacerlo, hubiera representado una competencia muy difícil de vencer dada su poca dependencia del lucro. El Estado - eficiente o no - debía ser "privatizado", es decir: debía desaparecer del mercado, debía dejar de ser un potencial competidor y debía dejar la vía libre para el lucro privado.
• La globalización de la economía, con la apertura de los mercados mundiales y la competencia internacional, forzó a las economías nacionales y regionales a entrar en competencia entre si. Para lograr estructuras de costos más competitivas, mantener un nivel aceptable de exportaciones y evitar fugas de capitales, los Estados se vieron obligados a reducir su tamaño, sus gastos y, finalmente, sus actividades, y a hacer concesiones al sistema financiero internacional para bajar - drásticamente en algunos casos - el llamado "costo país".

Las motivaciones que empujaron la oleada privatizadora tampoco fueron las mismas en todas partes. En los países que venían de regímenes comunistas, la privatización fue vista como un modo rápido de volver a esquemas de propiedad privada y de libre participación en la vida pública. En los países altamente desarrollados, las administraciones públicas no pudieron resistir la presión y el lobby de las grandes corporaciones transnacionales que, por un lado exigían mayor participación y, por el otro, presionaban para el establecimiento de presupuestos estatales más bajos y - sobre todo - una menor carga impositiva a fin de garantizar un mayor margen de beneficios. Por último, en los países escasamente desarrollados y no desarrollados el factor de las grandes deudas externas fue quizás el más determinante aunque también cabe apuntar la urgente necesidad de lograr niveles de producción y servicios adecuados para cuyo financiamiento no se contaba con recursos locales o cuyos fondos se habían evaporado en medio de corrupciones generalizadas.

Se podrían citar muchas otras causas adicionales pero la tendencia general puede inferirse ya de lo arriba indicado. El hecho es que el sector financiero avanzó rápidamente sobre el sector público. La intelliguentsia política y las estructuras políticas tradicionales no sólo no supieron responder con creatividad sino que terminaron aceptando, casi bovinamente, las doctrinas del "pensamiento políticamente correcto" impulsado por las usinas ideológicas de la globalización.

Vencer las resistencias

Naturalmente, aún a pesar del fracaso de los intelectuales, las privatizaciones no se realizaron sin oposición. Ya sea por razones ideológicas, de principios, o por simples cuestiones de sentido común, varios grupos sociales se opusieron a la oleada que ponía en manos privadas los bienes del Estado. La respuesta a estas presiones contrarias fue doble: por un lado, el "fenómeno CNN" con una orquestada y amplia difusión de las ideas privatistas fundamentadas básicamente en la tesis de que "el Estado es mal administrador"; por el otro, una operación realmente ingeniosa de simplemente comprar a la oposición parafraseando aquello de que "if you can't beat them, join them" para convertirlo en "if you cant't beat them, buy them off". (3)

Varios comentaristas consideran que el recurso de quebrar la oposición ofreciendo una participación en la venta de los bienes estatales fue una idea brillante de Margaret Thatcher. De hecho, la ex-Primer Ministro de Gran Bretaña privatizó a la National Freight Corporation en 1981 dándole el 81% de las acciones creadas a empleados y ex-empleados de la empresa. También se deshizo de viviendas alquiladas por el Estado permitiendo que sus habitantes las adquiriesen a un valor inferior a su precio de mercado.

En América Latina el ejemplo fue imitado en varios lugares. Por ejemplo, cuando en 1989 el Estado mejicano consideró la privatización de sus teléfonos, le prestó dinero al sindicato para que comprara el 4.4% de las acciones de la nueva empresa privatizada. Esto, naturalmente, contribuyó a acallar la conciencia de los sindicalistas; si también fue beneficioso para los trabajadores, eso es algo que podría discutirse. Según un informe del Banco Mundial, 12.000 millones de dólares, producto de la venta de la TELMEX mejicana fueron a parar a los bolsillos de inversores extranjeros y, simultáneamente, las tarifas telefónicas mejicanas aumentaron tanto que los usuarios terminaron pagando un adicional de algo así como 33.000 millones de dólares (4).

Durante la década del '80 en Chile se privatizó el 52% de las tierras que habían sido previamente expropiadas vendiendo las tierras a sus ocupantes por valores inferiores a los de mercado. (5)

Pero, esto de vender los bienes del Estado rápidamente y entregarlos por precios irrisorios a manos privadas, ha resultado ser un espejismo en muchos casos. El más notorio de ellos es el registrado en Rusia y los territorios de la ex-Unión Soviética en dónde las propiedades estatales fueron liquidadas y terminaron siendo adquiridas, muy por debajo de su valor real, por una pequeña casta de nuevos dirigentes que en varios medios ya es conocida como la "cleptocracia" rusa. Lo realmente cómico en esto es que la nueva nomenklatura realizó sus operaciones muchas veces justamente con dinero proveniente de los préstamos capitalistas.

En Rusia - al igual de en varios otros países otrora comunistas - las privatizaciones se produjeron de acuerdo con métodos algo diferentes a los empleados en América Latina y el resto de Occidente. Por de pronto, hubo privatizaciones por restitución; es decir: devolución de bienes expropiados por el Estado a sus anteriores dueños. En segundo lugar, se produjeron grandes privatizaciones, simultáneas y por licitación, en un gran número de empresas. Finalmente y en tercer lugar, existieron privatizaciones masivas, mediante "certificados de participación" que se entregaron o vendieron a gran parte de la población. Sin embargo, el plan aparentemente atrayente de convertir masivamente a los trabajadores en propietarios fracasó. Mil maniobras fraudulentas contribuyeron a permitir la concentración de los bienes privatizados en manos de una maffia numéricamente muy pequeña pero muy bien organizada.

Muchas empresas, antes de su privatización, fueron "desangradas". Los nuevos capitalistas - con la complicidad de los funcionarios públicos - simplemente "desviaron" el presupuesto estatal correspondiente a dichas empresas para crear empresas privadas paralelas hacia las cuales canalizaron tanto la clientela como la producción. Las empresas públicas, completamente desprovistas así de fondos, quebraron, dejaron de pagar salarios a veces durante varios meses y, para cuando llegó el momento de venderlas, su precio se había vuelto irrisorio. Nada más natural, pues, que resultasen compradas al final por los mismos que las habían vaciado.

Las privatizaciones masivas tampoco corrieron mejor suerte. Si bien muchas personas recibieron certificados de participación en la propiedad de las empresas, los flujos de fondos hacia las mismas - muchas veces provenientes de préstamos capitalistas - y sus operaciones comerciales en general quedaron en manos de los nuevos "financistas" rusos quienes, en un principio, simplemente se sentaron sobre el dinero y esperaron. En una primer etapa las fábricas tuvieron, pues, que cerrar por falta de capital operativo. El precio de los certificados de participación, por supuesto, cayó vertiginosamente. Además, las personas que ahora ya no podían trabajar y que, por consiguiente, tampoco cobraban ningún salario puesto que la empresa estaba cerrada, tuvieron que vender a precio vil sus participaciones para poder comer. Una vez vendidos todos los certificados por apenas una mínima fracción de su valor real, los capitales reaparecieron "mágicamente", las fábricas reabrieron, las personas volvieron a tener al menos algo de trabajo y - ¿hace falta aclararlo? - los "financistas" terminaron quedándose con la totalidad de los certificados de participación y, en consecuencia, con la totalidad de las fábricas.

Rusia fue escenario, también, de otros procesos como, por ejemplo, el de las "privatizaciones espontáneas" que ocurrían cuando los trabajadores de una empresa "desangrada" optaban por adueñarse de facto de ella. Pero la historia de todas estas maniobras sería realmente demasiado larga de contar. En esencia, por otra parte, todas las defraudaciones no constituyen sino variaciones alrededor del mismo sórdido tema principal: empresas desprovistas de capital pierden su valor y terminan, por último, siendo "rescatadas" por una nueva nomenklatura minoritaria que, en una enorme mayoría de los casos, utilizó el dinero capitalista para meterse en el bolsillo a todo el aparato productivo y a todo el sistema de servicios ruso.

Volviendo ahora al tema de la eliminación de oposiciones, el hecho es que cuando las resistencias no han sido vencidas mediante el recurso de hacer participar a los propios involucrados en los beneficios - reales o supuestos - del proceso, llama la atención la sorprendente energía que en muchos casos se ha invertido para imponer el sistema, contra viento y marea, sin importar los costos.

En Julio de 1999 prácticamente toda la ciudadanía de Turquía se movilizó contra las privatizaciones. Más de 250.000 trabajadores activos y retirados, empleados públicos, ingenieros, médicos, abogados y organizaciones no gubernamentales se volcaron a las calles de Ankara. El 24 de Julio, miembros de una agrupación llamada Plataforma Laboral, luego de una marcha de 3 Kilómetros, se congregaron en la plaza principal de la capital. Plataforma Laboral estuvo integrada por 15 organizaciones, entre ellas, las tres centrales sindicales más importantes y una cantidad importante de Cámaras Profesionales. El caso es muy interesante porque resulta imposible adscribir la oposición a algún activismo de izquierda o a cierta nostalgia del socialismo utópico. Por ejemplo, más allá de que las cámaras profesionales abarcan a todo el espectro político, en Turquía, de las tres centrales sindicales que existen, una (Turk-is) es de derecha; otra (Disk) es de izquierda y la tercera (Hak-is) es islámica. De las tres confederaciones de empleados públicos, Kesk es de izquierda; Kamu-Sen es nacionalista (6) y Memur-sen es islámica. En realidad, las privatizaciones tuvieron el privilegio de haber logrado juntar en la plaza de Kzaly a la totalidad del espectro político, por primera vez en toda la historia de Turquía (7).

Hechos como el mencionado, por supuesto, han frenado y dificultado - pero no detenido - el proceso global de las privatizaciones. La gran pregunta que surge si uno considera y evalúa este tipo de manifestaciones es: ¿quién impulsa la tendencia si, como queda visto, en realidad nadie la quiere?. ¿Cómo es posible que, con un criterio básicamente económico, se consiga imponer la voluntad política de un grupo de personas que no puede sino ser una ínfima minoría puesto que la enorme mayoría grita su descontento con masivas manifestaciones públicas en las que se unen hasta adversarios políticos acérrimos? ¿Quien está impulsando el proceso - y con éxito - en contra de la voluntad de prácticamente todo el mundo y consiguiendo, de hecho, quebrar la resistencia de todo el mundo?

La respuesta a esta pregunta escapa al marco de este estudio. Pero ya, a esta altura de los acontecimientos, hay muy buenos análisis hechos sobre datos objetivos de la realidad que, si bien todavía no nos dan respuestas definitivas y totales, al menos nos ayudan mucho a plantear, al menos, las preguntas correctas. (8)

Desocupación y merma salarial

Aun sin considerar los procedimientos fraudulentos de la maffia rusa, con el correr del tiempo ha quedado claro que, incluso a pesar de cierta participación de los directamente afectados en el producto de las privatizaciones - participación que, por el otro lado, no se verifica en numerosos casos - las sociedades en general se han encontrado con graves problemas surgidos a consecuencia de la oleada privatizadora. De hecho, no son pocos los que, a esta altura de los acontecimientos, piensan ya que la privatización, como método, ha causado más problemas de los que ha solucionado.

Una de las cuestiones más relevantes nace del hiper-optimismo con el que se encararon los programas de privatización. Partiendo del dogma de fe de la supuesta incapacidad del Estado para administrar con eficiencia y eficacia, se dio por sentado que las privatizaciones traerían necesariamente un efecto altamente positivo para la sociedad. Esto no sucedió ni siquiera en los Estados Unidos. Hacia Noviembre de 1996 hasta los norteamericanos habían tenido que admitir que privatizar podía resultar más caro y no más barato. A pesar de que en 1995 el gobierno federal se había ahorrado 1.000 millones de dólares en salarios y contribuciones entre 1993 y 1994, y a pesar de que había despedido a 216.000 personas desde 1991, el contribuyente norteamericano había tenido que pagar un 3.5% más de impuestos a consecuencia de que muchos servicios otrora brindados por el Estado ahora estaban en manos de empresas privadas (9).

El hecho es que, cuando aparecieron los primeros efectos negativos - y que se declararon "indeseados" aún a pesar de que cualquier persona con un mínimo de capacidad previsora habría podido preverlos - a la doctrina de la privatización se le agregó, a posteriori, la teoría de las "redes de contención" que habrían de paliar las catástrofes ocasionadas. El problema con las "redes de contención" es el mismo que presentan todas las soluciones inventadas a último momento y cuando el mal ya está hecho: son reactivas en lugar de proactivas. En lugar de evitar el problema, aún en el mejor de los casos, se dedican a paliarlo.

Desde su misma génesis, la doctrina de la privatización careció de alternativas para manejar los riesgos que engendraría. Esta manifiesta falta de previsión, hasta con la mejor buena voluntad del mundo, sólo puede adscribirse a dos causas: o bien (A) los creadores de la teoría eran completamente insensibles a los problemas que engendrarían; o bien (B) fueron incapaces de prever las consecuencias de sus decisiones. O bien sabían lo que sucedería y no les importó - en cuyo caso fueron irresponsables - o bien no previeron lo que sucedería - y en ese caso resulta forzoso catalogarlos como ineptos.

Uno de los "efectos indeseados" más importantes de las privatizaciones es la incidencia que tuvieron en el aumento de la desocupación y en la reducción de salarios. Por desgracia, es muy difícil establecer una correlación estadística precisa entre privatizaciones y desempleo. Hay toda una serie de factores que dificulta y hasta imposibilita el análisis. Debe tenerse en cuenta que:

• Las privatizaciones se dieron dentro de un marco de globalización y monopolización general de la economía, con reestructuraciones muy importantes dentro de las propias empresas privadas, como consecuencia de múltiples fusiones y adquisiciones que expulsaron grandes cantidades de mano de obra y como consecuencia, también, de incorporación de tecnologías que requieren menos mano de obra por un lado y, por el otro lado, mano de obra de otro tipo, con otras calificaciones y con otras especializaciones.
• En varios casos, presiones políticas y sociales concurrieron a que la reestructuración laboral en las empresas privadas se hiciera gradualmente, por lo que la desocupación generada no se produjo inmediatamente después de la privatización sino que se fue generando en forma progresiva, dentro del marco general indicado en el punto anterior. En estas condiciones, aislar analíticamente qué parte de la desocupación corresponde a las privatizaciones y qué parte a la reingeniería general de las empresas, se hace casi imposible.
• En otros casos, la reestructuración de las empresas estatales se hizo antes de privatizarlas, con lo que el Estado asumió el costo social y político de los despidos. Estudiando tan sólo las cifras posteriores a la ola privatizadora, estas reestructuraciones y despidos no aparecen en las estadísticas, falseando así el resultado final.
• Hay casos, además, en dónde los despidos no significaron - al menos no necesariamente y en todos los casos - un aumento directamente correlativo de la desocupación. En nuestro país se ha citado con frecuencia, por ejemplo, el caso de YPF y se nos dice que, antes de la privatización, tenía 50.000 empleados mientras que, después de entregarla a manos privadas, bastaron algo así como tan sólo 5.000 personas para hacerla funcionar con eficiencia. Pero, la verdad es que estas cifras son muy engañosas. Una parte del personal expulsado de la YPF estatal fue luego vuelta a contratar en forma privada, de modo que hoy estas personas siguen trabajando para la empresa, bien que bajo la figura legal de trabajadores autónomos y no como empleados en relación de dependencia. Otra parte del personal despedido constituyó empresas de servicios que hoy trabajan para YPF como contratistas externas, de modo tal que hoy se hace fuera de la empresa lo mismo que antes se hacía dentro de ella. Sea como fuere, el mito de que YPF tenía 45.000 empleados de más es sólo una ilusión y en muchas empresas privatizadas se han dado casos similares.
• El cuadro se complica más aun por el hecho de que, en algunos casos, las empresas privatizadas no sólo no generaron despidos sino que crecieron y crearon puestos de trabajo. Pero este crecimiento se produjo a costa de la desaparición de otras empresas que resultaron barridas del mercado al no poder mantenerse en competencia con las megacorporaciones internacionales. De este modo, mientras por un lado se exhibe orgullosamente el éxito de una privatización, por el otro lado se barre bajo la alfombra la desocupación generada en otra parte del mercado, como sucedió con las empresas de transporte automotor privatizadas en Gran Bretaña.

Con todo, aún teniendo en cuenta lo arriba expuesto, hay datos que indican una correlación negativa entre privatizaciones y empleo. En la Argentina, se calcula en aproximadamente 200.000 los puestos de trabajo perdidos a causa de las privatizaciones. En Gran Bretaña se perdieron algo así como 70.000 puestos de trabajo. En los países que estuvieron bajo la órbita soviética las consecuencias fueron poco menos que catastróficas; aunque en este caso deben hacerse consideraciones adicionales importantes en cuanto a la corrupción que acompañó los procesos y en cuanto a la estructura propia del capitalismo de Estado. Así y todo, en 130 empresas privatizadas en Polonia, el 15% de la mano de obra había sido expulsada durante el primer año posterior a la privatización y la tasa subió al 25% después de los dos primeros años. En Hungría, en la fábrica de lámparas Tungsram la población laboral de 35.000 personas fue reducida a 17.640 antes de su venta a General Electric y a 9.500 después de la privatización. En la República Checa, se privatizaron 572 empresas luego de lo cual se perdió un porcentaje variable de los empleos que osciló, por sector, entre un máximo del 12% y un mínimo del 4%. En Rusia, la fábrica de maquinaria pesada Uralmash luego de ser privatizada expulsó a 50.000 de sus 70.000 empleados originales. En la fábrica de muebles Shatura, casi la mitad de los 3.700 puestos de trabajo se perdieron luego de adoptarse un sistema electrónico de procesamiento de datos. Curiosamente, una de las cifras más relevantes proviene de Viet Nam: en un período de 5 años y según datos de la OIT, cerca de 1.5 millones de personas perdieron su empleo. (10)

Durante 1999, en América Latina y según Victor Tokman, director de la OIT para las Américas, casi 4.5 millones de trabajadores se sumaron a los desocupados ya existentes. Con ellos, la desocupación urbana en esta parte de América ascendió a 18 millones de personas y el número, según el funcionario mencionado: "... hubiera podido ser mayor si no hubiese sido que 3 millones de personas abandonaron el mercado laboral, desalentadas por la falta de oportunidades laborales". (11) No todo el volumen de esta desocupación es, por supuesto, adjudicable a las privatizaciones. Una parte sustancial de la misma debe ser puesta en la cuenta de la globalización y las "reingenierías" del propio sector privado. Pero, así y todo, la tendencia es manifiesta.

El otro aspecto también difícil de evaluar es la correlación existente entre privatizaciones y niveles salariales. En ciertos casos, la privatización permitió pagar mejores salarios a menos gente empleada. Pero, en forma genérica, la desocupación creciente en el mercado laboral y la competencia feroz desatada en prácticamente todos los ordenes de la vida económica ha empujado los salarios a la baja como tendencia general. Por otra parte, la "tercerización" de servicios y la re-contratación de los despedidos, ahora ya como trabajadores autónomos, ha marcado también una tendencia a deprimir remuneraciones netas. Con la práctica usual de las grandes corporaciones internacionales de minimizar costos y maximizar ganancias, y con la no menor inclinación de los Estados residuales a aumentar la presión impositiva, la tendencia generalizada es no sólo pagar menos por los bienes y servicios que se compran y a cobrar más por los bienes y servicios que se venden sino, además, a transferir hacia el sector de los proveedores buena parte del costo tributario. En virtud de esto, si bien pueden mostrarse incrementos en la calidad y cantidad de los productos ofrecidos en algunos casos, el resultado final es que grandes y sustanciales sectores de la población tienen hoy menos oportunidad y capacidad de comprarlos que antes.

Privatizaciones y educación

Fuera del ámbito estrictamente económico, las privatizaciones tampoco han cumplido con lo que se prometió al promoverlas. En el ámbito educativo, por ejemplo, hasta se han verificado retrocesos y esto no sólo en los países atrasados o en vías de desarrollo. Ni siquiera en los Estados Unidos pueden las escuelas privatizadas mostrar resultados superiores a la escuela pública. Tomando la escuela primaria como referencia, según la cuarta evaluación anual del profesor John Witte, el programa de escuelas privadas de Milwaukee fracasó en mejorar el desempeño de los alumnos si se lo compara con alumnos similares que concurren a escuelas públicas. En Baltimore, el monitoreo de los años 1992/1993 y 1993/1994 demuestra que la brecha entre los alumnos que concurren a las escuelas administradas por la empresa privada Education Alternatives Inc. se agranda constantemente a favor de los alumnos que asisten a establecimientos públicos: mientras el desempeño de los alumnos privados desciende, el de los educados por la escuela pública aumenta. La escuela South Pointe Elementary School de Miami, operada por la misma empresa, se ha mantenido durante un período de monitoreo de tres años al mismo nivel que el de los demás establecimientos públicos. Según la evaluación de la autoridad municipal del condado de Dade, el programa privado : "... todavía tiene que demostrar que puede producir resultados superiores a los logrados por el programa de educación regular " instrumentado en las escuelas públicas. La Federación Americana de Maestros (American Federation of Teachers) , después de demostrar que los sistemas privados no resultan más baratos ni permiten tampoco un control más adecuado, ha llegado a la conclusión que el nivel educativo norteamericano en el nivel primario sólo puede mejorarse con : "Claros y exigentes estándares académicos combinados con un sistema de reales incentivos y sanciones para los estudiantes" (12). Una conclusión que no tiene, precisamente, mucho de novedosa.

El paliativo de los microemprendimientos

Llama la atención - por decir lo menos - la forma en que el Banco Mundial apoya y simpatiza con iniciativas de "contención" cuya mayor virtud es la de no interferir en los procesos de privatización mientras brindan un apoyo altamente discutible a los afectados.

Tal es el caso, por ejemplo, de las organizaciones no gubernamentales cuyo programa se orienta a conseguir financiación para proyectos de autoayuda y micro-emprendimientos. Al margen de que, para lograr entender en absoluto el objeto de la mayoría de estas ONGs hay que dejar de lado una profusa hojarasca de grandilocuencia y sensiblería, al final del análisis no se puede menos que descubrir una pobreza apabullante de ideas: todo lo que se pretende aquí es simplemente tirar un salvavidas financiero a pequeñísimas iniciativas empresarias que, de todos modos, estarán condenadas a sobrevivir a salto de mata en medio de la jungla monopólica de las grandes corporaciones. Hasta en el mejor de los casos, los programas no logran más que hacer pasar a la economía formal a un grupo muy reducido de pequeños productores de bienes y servicios que se ha movido habitualmente en el ámbito de la economía informal. Con ello seguramente se podrá aumentar el número de contribuyentes que pagan impuestos; pero muy difícilmente aumente la cantidad de trabajo y el número de empleos estables en forma tan significativa como la han destruido los procesos de privatización y globalización.

La simpatía del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional por los micro-emprendimientos y la economía informal es manifiesta, hasta el punto que se ha llegado a afirmar que, probablemente, ésta sea una de las principales modalidades de empleo del futuro y uno de los vehículos más importantes para el progreso económico. Las razones de la simpatía, sin embargo, son bastante transparentes: el crecimiento de micro-empresas y la economía informal debilita ostensiblemente el poder y la envergadura de los sindicatos (13). Para las grandes corporaciones es mucho más fácil negociar con una constelación de pequeñísimos proveedores autónomos, desesperadamente necesitados de una órden de compra o de un contrato, que hacerlo con un sindicato con millones de afiliados y considerable poder de maniobra política por los votos que estos afiliados representan.

Privatizaciones y Estado

El tamaño del Estado

Desde que, en nuestro medio, el Ingeniero Álvaro Alsogaray - además de su proverbial aversión por los inviernos - acuñara su famosa tesis de que hay que achicar el Estado, muchos han visto el tamaño del Estado como el principal obstáculo para una administración eficaz del sector público. De hecho, no puede discutirse que - por una serie de razones ya mencionadas y sobre todo en América Latina - muchos Estados fueron sobredimensionados y adquirieron volúmenes y envergaduras muy superiores a lo que realmente se necesitaba. Pero también en este terreno hay falacias y hay sorpresas.

Un estudio hecho por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (14) que abarca los 22 años que van de 1960 a 1982 (es decir: el período de mayor desarrollo de las estructuras estatales) terminó con la conclusión de que "No hay relación entre el tamaño del sector público y la performance económica reflejada por las tasas de crecimiento del PBI; ni entre el crecimiento del sector público y las tasas de inflación". Contrariamente a lo que se afirma casi siempre, el tamaño del Estado en relación al PBI no parece tener necesariamente mucho que ver con el crecimiento de un país ni con la estabilidad de su moneda. Del estudio de la OCDE se desprende que, durante los 12 años del período 1974-1986, los países de mayor crecimiento del PBI fueron Japón y Noruega, con alrededor del 4% anual. En ese mismo período, el presupuesto del Estado japonés insumió un 32% del PBI y el del Estado noruego un 51%. Los países de menor crecimiento fueron Suiza (0.9% anual) y Holanda (1.1% anual) y, no obstante ello, los gastos de estos Estados representaron el 30% y el 56% de sus PBI respectivos. Que la reducción de las dimensiones del Estado proclamada a viva voz por las privatizaciones no produciría de por si resultados milagrosos, eso es algo que podría haberse previsto perfectamente, aunque más no sea por estudios como el indicado.

Gatopardismo y corrupción

Lo que la ola de privatizaciones sí produjo en muchos casos, fue simplemente el gatopardismo de privatizar para que nada cambie - o, al menos, privatizar para que solamente muy pocas cosas cambien. Además, en varios países las empresas estatales rentables fueron privatizadas otorgándole a amigos, parientes e influyentes, una participación en la nueva sociedad. Por último, como ocurrió en Rusia y en varios lugares de América Latina, las maffias locales - nuevas o tradicionales - fueron las únicas realmente beneficiadas con la liquidación de los Estados.

En Jamaica, la compañía aceitera Seprod fue privatizada en 1985 y obtuvo algunos éxitos iniciales. Sin embargo, sólo dos años más tarde entró en picada a raíz de una política de control de precios implementada por las mismas autoridades que la habían privatizado. En varios de los casos en que gobiernos latinoamericanos privatizaron sus compañías telefónicas (en un caso hasta se concedió un monopolio por 40 años), el resultado inmediato fue un aumento substancial de precios que generó el descontento en todos los usuarios. Lo único que varió, a la larga, fue el motivo del descontento: mientras antes las personas se quejaban de que los teléfonos funcionaban mal; ahora se quejan de que no pueden pagar las facturas.

En Méjico, 37 hombres de negocios que antes de las privatizaciones ya poseían fortunas por un valor de alrededor de un 25% del PBI terminaron siendo los compradores de casi 1.000 empresas privatizadas.

Pero la corrupción no fue un patrimonio exclusivo de los países subdesarrollados o escasamente desarrollados. La verdad es que, como era de esperarse, en todas partes se cocieron habas. Tal como lo señala Carol R. Campbel, aun en los Estados Unidos todo lo que antes se consideraba "público" quedó sacrificado en el altar de tres nuevos dioses: privatizaciones, ganancias y publicidad. Durante los años '70 y '80 la gran mayoría de los grandes empresarios norteamericanos clamaba por la desregulación de la banca y el transporte. Cuando lograron sus propósitos, depredaron estos sectores con manipulaciones accionarias y maniobras financieras. Después, cuando el sistema de ahorro y préstamo colapsó debido a la especulación, el gobierno se encontró, de pronto, en posesión de una importante cantidad de inmuebles que habían sido dados en garantía por los préstamos que resultaron incobrables. Pero, en lugar de quedarse con los bienes para ayudar a los que habían sido esquilmados por los banqueros, o para socorrer a aquellos que habían salido de garantes de dichos préstamos, rápidamente el gobierno norteamericano puso en remate esas propiedades y las vendió a un valor muy inferior al real, con lo que terminaron siendo adquiridas a precios ínfimos por los mismos empresarios privados que habían estafado a la gente desde el principio. (15)

Privatizaciones y deuda externa

Uno de los argumentos más escuchados al principio de la oleada privatizadora fue que la liquidación de los bienes del Estado permitiría reducir la deuda externa. Que esto no ha sido así no necesita, hoy en día, ya prácticamente ninguna demostración específica: es evidente de toda evidencia que el endeudamiento de los países menos desarrollados ha subido en lugar de bajar.

Lo interesante, en todo caso, es revisar un poco exactamente cuanto de deuda se pudo llegar a comprar mediante la venta de los bienes estatales. Si se toma, por ejemplo, el caso de Brasil se puede constatar que con 65 empresas vendidas entre 1991 y 2000, por un total de 28.947 millones de dólares, la cancelación de deuda no pasa de un modesto 31.78%.

Brasil

Ingresos Provenientes del Programa Nacional de Privatizaciones

(en millones de U$S al 03/01/2000)

Fuente: Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social del Brasil - http://www.bndes.gov.br

Para la Argentina, aun cuando la deuda externa sigue creciendo vertiginosamente, las privatizaciones han tenido sin embargo un efecto algo más favorable. Sobre un monto total de U$S 28.112 - muy similar al del Brasil - las cancelaciones de la deuda representan un 55.89% del total - al menos durante el período 1990/96 y si se puede creer en la exactitud de las cifras oficiales (16).

Argentina

Ingresos del Programa de Privatización

(en millones de U$S - período 1990/1996)

Fuente: Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales http://secec.mrecic.gov.ar/

Frente a estos datos, si uno tiene en cuenta que en 1989 la deuda externa argentina era del orden de los U$S 62.000 millones y diez años después se había casi triplicado para ubicarse en el orden de los U$S 180.000 millones, queda muy seriamente puesta en tela de juicio la real utilidad que tuvieron las privatizaciones en la reducción de esa deuda. De hecho hoy, hasta el Vaticano ha afirmado ya algo que todo el mundo sabe: las deudas externas de la mayoría de los países son, sencillamente, imposibles de pagar y la única solución que - tarde o temprano - deberá adoptarse es la de condonarlas.

De todos modos, incluso pudiendo señalar porcentajes variables de cancelación de deuda, lo evidente e innegable es que - contrariamente a lo que se prometió en un principio - las privatizaciones no han contribuido de manera significativa a la disminución del endeudamiento externo de los países. La conclusión no debería sorprender, desde el momento en que toda la "filosofía" de las privatizaciones nunca fue la de lograr una efectiva cancelación de la deuda sino, tan solo, la recuperación de parte de la misma. El objetivo principal del programa de privatizaciones fue - y es - sacar al Estado del mercado, debilitarlo lo suficiente como para que no pueda constituir una amenaza competitiva, y armar un sistema financiero que permita seguir obteniendo buenas ganancias en los países endeudados.

El saldo final

El saldo final de la oleada de privatizaciones es negativo. En la enorme mayoría de los países, al precio de algunas ventajas parciales, lo único que se ha logrado es un desmejoramiento general del conjunto. Hoy, después de las privatizaciones, hay más desocupación, más pauperización, más inseguridad y más incertidumbre en cuanto al futuro. Es cierto que, en la Argentina, los teléfonos funcionan mejor y es más fácil conseguir una línea. Pero también cuestan más que antes; Aerolíneas Argentinas no funciona mejor que antes; el Correo Argentino está igual o peor; los aeropuertos no presentan ninguna diferencia significativa; EDESUR ha dejado ya en una oportunidad a buena parte de la ciudad de Buenos Aires sin energía eléctrica durante varios días y seguimos sin saber demasiado bien si eso no se puede llegar a repetir en cualquier momento; los servicios públicos son cada vez más caros; y si YPF paga atractivos dividendos eso podrá ser muy bueno para los dueños del capital con el que se compró la empresa, pero todo el resto de la gente no ha visto, no ve, y no verá jamás un sólo centavo de esa excelente rentabilidad.

Y todo esto, a lo cual se le podría agregar un sinnúmero de hechos concretos adicionales, no es privativo de la Argentina. Vaya a dónde uno vaya en el mundo entero; allí en dónde se han realizado privatizaciones aparecen siempre los mismos fenómenos, siempre las mismas falencias, siempre los mismos reclamos. El hecho concreto es: quienes propulsaron las privatizaciones no cumplieron con lo que en un principio habían prometido - que fue el aumento general de la calidad de vida de la gente - y sí cumplieron acabadamente con la "agenda reservada" que traían bajo el brazo y que consistía en el debilitamiento sistemático del Estado.

En realidad, no hay por qué extrañarse tanto de los resultados. La lógica de las privatizaciones ha sido bastante inconsistente desde el mismo principio. Todo el mundo pareció, en un momento dado, ponerse de acuerdo en que el Estado administraba mal. En muchos casos, objetivamente, era cierto. Pero, curiosamente, nadie se tomó el trabajo de hacer una serie de preguntas tan simples como obvias. ¿Por qué precisamente las mismas empresas que han contaminado el planeta, que han contribuido a crear un tremendo agujero en la capa de ozono, que han producido el efecto invernadero, que han alterado nuestro clima, que han destruido kilómetros y más kilómetros cuadrados de bosques, que han depredado recursos naturales no renovables, que han causado la muerte de poblaciones enteras con desastres como los de Sevesso y Bhopal - para sólo citar dos casos bien conocidos - ; por qué esas empresas habrían de hacer las cosas mucho mejor que el Estado?

La respuesta que suele recibirse a esta pregunta es que, si bien en la actividad privada también hay cosas que salen mal, al menos siempre puede hallarse algún responsable y hacer que la Justicia le obligue a pagar por los daños causados mientras que, en el caso de los perjuicios ocasionados por el Estado, rara vez se halla a algún responsable y es más raro aún que se lo pueda llevar ante la Justicia; por lo que al daño lo terminamos pagando entre todos. Si eso es cierto - y cabe indicar que en muchos casos desgraciadamente lo es - la situación no habla tanto en favor de la bondad del sistema privado sino en contra del sentido del deber y de la responsabilidad que debería imperar en el sistema público.

Más específicamente: habla muy desfavorablemente de un régimen político que permite a los malos funcionarios desaparecer en la bruma de decisiones colegiadas en las cuales la culpa de una pésima decisión de gobierno la tienen siempre los representantes del otro partido político. Lo triste del caso es que el recurso ya está gastado. Ya no lo acepta nadie, en realidad. Hace ya más de medio siglo atrás, cuando a Clemenceau le quisieron explicar lo difícil que resultaba en política internacional determinar precisa y exactamente al responsable de una agresión, el veterano político francés respondió muy suelto de cuerpo y con su insuperable ironía: "Pero si eso es muy sencillo: ¡el agresor es siempre el otro! ".

En política internacional la observación puede aun conservar algo de su chispa intelectual. Pero en materia de políticas de Estado que influyen directamente sobre la vida cotidiana, sobre las posibilidades reales y sobre el futuro de toda una sociedad, todos estamos ya hartos de que, ante cada desastre, constantemente se nos diga que el responsable es siempre el otro.

1)- Hugh Stretton, "Essential Services - Keep Them Public", Australia (Volver al texto).

² )- Peter Young, "The Lessons of Privatization," y Mary M. Shirley, "Trends in Privatization," Economic Reform Today, No. 1, 1998 (Volver al texto)

³)- "Si no puedes vencerlos, únete a ellos" por "si no puedes vencerlos, cómpralos". (Volver al texto)

⁴ )- Brendan Martin, "The Roots of Privatisation", en http://www.world-psi.org (Volver al texto)

⁵ )- David R. Henderson, "Privatization Logic: Divide the Spoils and Conquer the Opposition," Wall Street Journal, 13 de Septiembre, 1996. (Volver al texto)

⁶ )- Tanto es así que muchos miembros de Kamu-Sen eran, en ese momento, miembros del partido nacionalista MHP el cual, a su vez, estaba dentro de la coalición gobernante. (Volver al texto)

⁷ )- Cf. http://www.labournet.org/1999/July/turkey2.html (Volver al texto)

⁸ )- Ver Adrian Salbuchi, "El Cerebro del Mundo", especialmente los Capítulos 4, 7 y 10. (Volver al texto)

⁹ )- Raja Mishra "Outsourcing the Public Trust", UAW, Noviembre 1966 (Volver al texto)

¹⁰ )- Public Services International, "The Roots of Privatization", http://www.world-psi.org (Volver al texto)

¹¹ )- Diario "Clarín", Buenos Aires, 15 Diciembre 1999.- (Volver al texto)

¹² )- American Federation of Teachers, página "AFT on the issues", en http://www.aft.org (Volver al texto)

¹³ )- Brendan Martin, "Privatisation creates more problems than it tackles", Public Services International, BP 9, 01211 Ferney-Voltaire, France. (Volver al texto)

¹⁴ )- OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development - citado en PSI Op.Cit. (Volver al texto)

¹⁵ )- Carol R. Campbel "Privatization, Profits and Publicity - The New Trinity" en "The Written Word" http://www.mdle.com/Written Word/ - Abril, 2000 (Volver al texto)

¹⁶ )- La salvedad no debe ser interpretada como malevolencia o exceso de desconfianza de nuestra parte. El website de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, de la cual se han obtenido los datos, muestra una tabla en la cual el total de la columna de "Deuda recuperada" está hasta mal sumado (!). En lugar de los U$S 15.712 indicados, los funcionarios de la Secretaría llegan a un misterioso total de U$S 15.400.- que, honestamente, no sabemos cómo se las ingeniaron para obtener. (Volver al texto)