Las especificaciones no son claras y se contradicen, el documento y la carga no tienen la precinta y, además, no partió legalmente del Brasil, adelantó el fiscal. En la víspera, la Dirección General de Aduanas (DGA) inició sumario para definir el caso.

De acuerdo al fiscal Grance, el cargamento de azúcar ingresó clandestinamente a nuestro país, lo que se comprueba en el MIC/DTA, que carece de firmas y sellos correspondientes de las autoridades aduaneras de Puerto Murtinho, Brasil, de donde habría partido la carga.

Tanto los directivos de la empresa naviera que transporta la mercancía como los exportadores, Michel Chain, Luis Alberto Assy y Alexander Fontoura -todos de nacionalidad brasileña-, los documentos no fueron completados por falta de tiempo y la desorganización del puerto brasileño.

El fiscal también constató la falta de actas de precintas de seguridad de la carga, que los brasileños igualmente achacan a las autoridades portuarias del Brasil.

``Existen algunas evidencias que apuntan hacia un cargamento clandestino, de origen dudoso y destino poco confiable’’, relató Grance.

¿Si se trata de un cargamento para un solo convoy, de una sola empresa exportadora y un solo comprador, por qué usaron tres formularios o MIC/DTA? Además, la carga está incompleta, porque dos barcazas están desaparecidas, no se sabe dónde están, expresó el fiscal.

Asimismo, curiosamente, ahora aparece otra empresa que reclama la carga, la Sera Trading Limited, cuando en un principio solo se trataba de Azucarlito Azucarera del Litoral S.A., del Uruguay.

El fiscal Grance fue quien ordenó la retención del empuje brasilero Nazira y sus 9 barcazas, a raíz de la denuncia de supuesto tráfico ilegal de azúcar brasileña.

La embarcación ingresó a la zona de influencia de la Aduana y Prefectura de zona de Concepción, el martes 23 de octubre, y fue retenida recién el viernes 27, ante las denuncias del jefe de la Aduana local, Lic. Julián Martí.

Por otro lado, el director general de Aduanas, Hermes Machuca, nombró como juez instructor y director del sumario administrativo al Lic. Martí; juez instructor, al Dr. Pablo Gallagher y como denunciante, a Rodney Cano, todos funcionarios de la entidad recaudadora.
 

EMBAJADORES PIDEN LIBERAR CARGA DE AZUCAR
 

Los embajadores de Brasil y Uruguay, Luiz Augusto de Castro Neves y Rodolfo Olavarría, respectivamente, pidieron ayer al canciller Juan Esteban Aguirre la liberación de un cargamento ``en tránsito’’ de unas 9.600 toneladas de azúcar brasileña con destino final a la ciudad charrúa de Paysandú. Las barcazas fueron detenidas el viernes pasado a 60 km del puerto de Concepción. Los diplomáticos extranjeros aseguraron que los documentos están en regla y que desconocen el motivo de la detención.

El canciller Aguirre prometió a los referidos embajadores que dialogará de inmediato con las autoridades paraguayas del ramo para lograr la liberación del cargamento, dijo ayer a los periodistas el diplomático brasileño.

De Castro Neves y Olavarría se reunieron conjuntamente con Aguirre ayer al mediodía. Al concluir la audiencia, el funcionario brasileño dijo que presentaron a Aguirre toda la documentación y aclaraciones necesarias de la legalidad del ``tránsito’’ de las barcazas con bandera brasileña por el territorio paraguayo de la hidrovía con destino final a Paysandú (Uruguay). ``El convoy está cumpliendo todos los reglamentos: lo que establece la ley brasileña, uruguaya, paraguaya y la de la hidrovía’’, que ameritan la liberación del cargamento, añadió de Castro Neves.

La carga fue detenida el viernes pasado en territorio paraguayo, a 60 km del puerto de Concepción. El convoy denominado Nazira, con bandera brasileña, partió de Puerto Murtinho, en el estado brasileño de Mato Grosso, el 10 de octubre con destino a Paysandú (Uruguay), de acuerdo al manifiesto internacional de cargas y declaración de tránsito de Aduana.

En principio, el jefe de la Aduana de Concepción, Lic. Julián Martí, y el agente oficial de la Aduana central, Rodney Cano, manifestaron que si se confirma la procedencia dudosa de la carga, se trataría del mayor golpe al contrabando en toda la historia del país. Sin embargo, los embajadores De Castro Neves y Olavarría aseguran que los documentos se encuentran en regla.