POLICIALIZACION
DE LOS MILITARES NO RESUELVE LA INSEGURIDAD CIUDADANA
El
gradual involucramiento de los militares en el control de la delincuencia
carece de fundamento constitucional, promueve la indefinición de
competencias entre las instituciones cuya misión es garantizar el
ordenamiento jurídico, la seguridad y el orden públicos, y torna frágil
el Estado de Derecho, declaró Pablo de la Vega, coordinador del Centro de
Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S. J.”.
Para
este defensor de derechos humanos, el Gobierno Nacional debió valorar, a su
debido tiempo, la recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), presentó sobre este tema en abril de 1997. En efecto, este
órgano especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
expresó su profunda preocupación por la movilización de las fuerzas
armadas para contrarrestar el crimen común, pues implicaba colocar tropas,
entrenadas para el combate, en situaciones que requieren capacitación
especializada en la aplicación de la ley.
Dos
años más tarde, en 1999, la Comisión reiteraba con base a su experiencia
continental su preocupación en el sentido que se emplee a los efectivos de
las fuerzas armadas para realizar funciones propias de la policía civil, ya
que las fuerzas armadas están entrenadas para realizar funciones diferentes
con [...] aquellas que se refieren a controlar la delincuencia y velar por
la seguridad ciudadana. [Informe de seguimiento sobre la situación de los
derechos humanos en Ecuador, Washington, CIDH / OEA, 1999, Párrafo 45].
De
la Vega también expresó su inquietud por los indicios de
inconstitucionalidad en la reciente conformación de la Brigada de Infantería
N° 4 Cañaris, integrada por 1155 ex conscriptos y ex soldados, cuya tarea
sería apoyar la lucha antidelictiva y la amenaza asimétrica,
según ha declarado el coronel Patricio Haro, Director de Movilización de
las Fuerzas Armadas.
Esta
situación se vuelve más preocupante por la incorporación de cuatro ex
oficiales superiores, entre ellos Patricio Acosta, actual Secretario General
de la Administración, al Estado Mayor de esta fuerza parapolicial,
dijo De la Vega.
Para
este defensor de derechos humanos estas medidas están sentando las bases de
un Estado policiaco -cuya columna vertebral serían las fuerzas
armadas-, el mismo que estaría incapacitado para diseñar y aplicar una política
pública integral sobre seguridad ciudadana.
De
la Vega, por último, recomendó que una política estatal sobre esta
materia debería considerar, entre otros aspectos esenciales, los
siguientes:
1)
La protección de los ciudadanos/as debe darse dentro de un marco de
respeto de la Constitución Política, las leyes secundarias, las normas y
los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente de sus
libertades y derechos fundamentales, por parte de los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley;
2)
La seguridad ciudadana no debe limitarse exclusivamente a la lucha
contra la delincuencia, sino que debe crear un ambiente propicio y adecuado
para la convivencia pacífica de las personas;
3)
La seguridad ciudadana debe sobrepasar la esfera de la acción
policial para demandar la participación coordinada de otros organismos e
instituciones, tanto del Estado como de la sociedad civil;
4)
La seguridad ciudadana debe contribuir a la definición de un nuevo
perfil de la policía, entendiéndola como un servicio de naturaleza civil
orientado a la comunidad antes que hacia el Estado; y,
5)
La seguridad ciudadana debe pone mayor énfasis en el desarrollo de
labores de prevención y control de los factores que generan violencia e
inseguridad, antes que en tareas meramente represivas o reactivas ante
hechos ya consumados.
Centro
de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J."
(CSMM)
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de la Red de Defensores de Derechos Humanos de Amnesty International
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