Cuando
el Congreso de los EEUU autorizó
la suma de 1300 millones de dólares los que completarán los 7500 millones
financiados por países europeos, se inició un plan de intervención en la región
bajo el pretexto de enfrentar
la producción
y tráfico de
coca, afianzar la democracia y
promover los DD.HH en
Colombia.
Del paquete económico destinado
para la invasión, entre el 70 y 80% se destina para fines militares, -y de
estos más del 60 % se reparte en
la industria bélica
norteamericana-. En fin, con el
uso de una sofisticada tecnología militar norteamericana, la denominada
«Guerra del Sur», inició en los departamentos
colombianos del Putumayo y Caquetá.
El
doble discurso norteamericano quiso ocultar las verdaderas intenciones del Plan
Colombia. Por un lado, se ha
promocionado la lucha contra el narcotráfico, y por otro, pocos son los
resultados que presenta
el gobierno de norteamérica
respecto de la sanción y
educación a los consumidores, y del control de
los más de cien mil millones de dólares provenientes del narcotráfico
que cada año se inyectan en la
economía norteamericana. Como si
no fuera suficiente, los nuevos monarcas yanquis, se encuentran considerando la
intervención directa de su ejército ante el inminente fracaso frente a las
organizaciones guerrilleras de Colombia.
La
verdadera intención es la «erradicación» de los movimientos insurgentes y
sociales de América
Latina que constituyen un obstáculo
para la implementación del modelo neoliberal que saquea y
privatiza los recursos naturales y los servicios públicos a favor
de las Empresas Transnacionales en
su mayor
parte norteamericanas.
La
alianza entre
Ejército y Paramilitares,
advertida por organismos de
Derechos Humanos, ya ha provocado
el éxodo de cerca de dos millones de campesinos que se
refugian en áreas urbanas, donde no
existen políticas de protección para ellos y sus familias. Aunque la
justificación del «Plan Colombia» es la lucha contra el narcotráfico, «la ofensiva que respalda EEUU, no se dirige contra áreas
controladas por paramilitares y narcotraficantes. Los objetivos del «Plan
Colombia» en Colombia son los
guerrilleros y su base social, pues el conflicto ha frustrado el acceso a los
invaluables recursos de Colombia.
Los
impactos sociales, políticos, humanitarios, económicos y ambientales ya
están en la región andina y particularmente en nuestro país, Ecuador. Por la
aplicación del llamado Plan Colombia, empiezan a
sentirse con fuerza en las
provincias fronterizas con Colombia.
Según
la perspectiva
de numerosos analistas
la conflictividad social de
la región se agrava, no sólo por la fragilidad social y política que en general vive la
región andina, sino también por la dramática
crisis humanitaria por la que atraviesa la población que está siendo
desplazada y masacrada. El
desplazamiento y las masacres de la población de Colombia por sus dramáticas
dimensiones (un millón quinientos
mil colombianos desplazados en su
propio territorio, según algunas fuentes)
son la segunda mayor tragedia del mundo, después
de Kosovo
y por los graves
impactos bélicos
y ambientales, desbordará
inevitablemente hacia las
provincias fronterizas ecuatorianas.
Hasta
el año de 1998, Ecuador no estaba
dentro de los planes de la DEA para combatir al narcotráfico, y
es a partir de que toma forma la iniciativa del Plan
Colombia del gobierno
colombiano, en su versión norteamericana, que Ecuador ingresa en la estrategia
antidrogas.
El
gobierno ecuatoriano a
espaldas del pueblo, entregó a los E.E.U.U. la Base de Manta que está
convirtiéndose en un puesto de inteligencia electrónica y de comando del Plan
Colombia.
Además
de los problemas originados por la
concesión de la Base aérea, que según el Crnel. Carlos Brito, le ahorra al
gobierno norteamericano alrededor de ocho mil millones de dólares (que es el
costo de mantener un portaviones en operación en alta
mar) existe el riesgo de irreparables
daños ambientales por efecto de la expansión de los agentes
biológicos utilizados en el exterminio
de los cultivos de coca.
Sobre
el uso del hongo Fusarium se
han producido graves denuncias respecto de los daños que puede producir
en otras plantas y en las personas.
Los
ecuatorianos dueños de fincas se están sumando a los desplazados de Colombia,
en su mayoría mujeres y niños,
provenientes de las
veredas y municipios del Bajo Putumayo colombiano:
Orito, Puerto Asís, Valle
del Guamues, La Dorada y Puerto Leguízamo. Pues, existen
indicios de que grupos
paramilitares y de narcotraficantes que
operan en Colombia están comprando tierras e intimidando a los que no quieren
venderlas y creando áreas de
control dentro de las zonas limítrofes
ecuatorianas. Las ciudades de las provincias fronterizas se están convirtiendo
en sitios de llegada de las bandas
paramilitares, no existe el día en que no se escuche de ajusticiamientos, o
extorsiones.
*Tomado del periodico En Marcha 1081