Ecuador: Privatización a lo “Menem”

Guillermo Navarro Jiménez

 

El Presidente ecuatoriano Gustavo Noboa, quien presume que casi el 30 por ciento de los ecuatorianos aún cree en su honestidad, olvida que las privatizaciones a lo “Menem” terminan como debe terminar todo atraco: descubriéndose las cuentas bancarias secretas en Suiza, con el repudio de toda la población a tanta impudicia y con los huesos en la cárcel, si bien, en el caso de Menem, hasta hoy sólo en corto arresto domiciliario. En ese aviso, y visto que las Leyes ecuatorianas no hacen excepción respecto al destino carcelario común de todos los estafadores  (incluidos los de los recursos y del destino de un país), Gustavo Noboa, en atención a un futuro previsible, pretendió pasar una Ley que exceptuaba a los ex presidentes de ese bien merecido tratamiento común, ley vetada por la oposición de los más amplios sectores del Ecuador.

 

Y es que el destino de Gustavo Noboa, con lo hasta aquí andado es ya irreversible. No de otra manera puede juzgarse a la luz de, por ejemplo, el Acuerdo del Ministro de Salud Nº 0093, publicado en el Registro Oficial Nº 49 de 3 de abril del 2000, mediante el cual se declara a las pastas dentales medicamentos, con lo cual los productores e importadores se beneficiarán con una tarifa cero (tercer considerando), decisión adoptada a pesar del informe técnico en contrario que demostraba que las pastas dentales no son medicamentos, decisión que, entonces, sólo se sustentó en la petición formulada por el Gerente General de la Corporación Jabonería Nacional S.A., como lo comprueba el contenido del sexto considerando del Acuerdo el que señala: "Que,  la compañía Corporación Jabonería Nacional S.A. por medio de su Gerenbte General ha presentado una solicitud tendiente a que se incorpore en el listado de medicamentos expedido por este despacho, a todas y cada una de las cremas dentales que la citada compañía produce o importa (Marca Close Up N.A.), conforme al listado que en la referida solicitud consta", cita importante ya que permite descubrir que detrás del falso discurso que trató de convencernos de que el interés general ordenaba ese irregular procedimiento, existían obscuros y mezquinos intereses, tras los cuales se encontraba el poder institucionalizado. Efectivamente, el Gerente General de la empresa directamente beneficiada, era el Dr. Ernesto Noboa Bejarano, hermano del Presidente Gustavo Noboa Bejarano[1], constatación ante la cual toda palabra sobra. Todo argumento en contrario, todo juramento de lealtad a los intereses del país y a la ética resultan absurdos, extraños, saben a palabra ajena[2].

 

Lo osado y audaz del evidente tráfico de influencias y de esos ilegales procedimientos, muchas veces se entienden, si bien no se justifican, cuando se crea  algún beneficio para la colectividad. Mas, en este caso, el objetivo no fue otro que el  lucro familiar, ya que, lo que pretendía y logró la familia presidencial fue mejorar el precio de la Corporación Jabonería Nacional S.A. para su venta, la cual efectivamente se concretó a favor de una gran empresa transnacional: la UNILEVER[3], la que igualmente es propietaria en el Ecuador de la empresa de helados PINGÜINO.

 

Por ello, la campaña promocional que anuncia que los ecuatorianos recibirán un helado PINGÜINO en forma “gratuita”, si entregan una caja de la pasta dental Close Up, a más de constituir el máximo de la desvergüenza, es falsa, ya que el precio del helado ya fue pagado con creces por los ecuatorianos, cuando se “optimizaron” las pingues utilidades que obtuvo la familia presidencial con la venta de la Corporación Jabonería Nacional S.A.

             

Si la osadía y alevosía de la ilegalidad anterior son impresionantes, lo es más el atraco que se pretende consumar con las empresas eléctricas. Veamos sus detalles.

 

1.                              Hasta 1996, el Congreso Nacional del Ecuador, incluía entre sus estimaciones un precio de 7.700 millones de dólares para las empresas eléctricas, como negocio en marcha;

2.                              Entre las empresas eléctricas en marcha se incluían las mayores centrales hidroeléctricas: Paute, Agoyan. Pisayambo y Daule Peripa, y varias otras que, en conjunto, generan más de 3.000 megawattios de potencia, además del de redes de transmisión por más de 2.500 kilómetros de extensión;

3.                              Durante el régimen Mahuad Witt-Noboa Bejarano, el precio estimado se rebajó en la friolera de ¡6.494 millones de dólares!, al estimarse en sólo 1.206 millones de dólares, a diferencia del precio estimado de 7.700 millones de dólares que se había mantenido hasta 1996;

4.                              El negocio actual del sector eléctrico produce 754 millones de dólares anuales.

 

Para develar el atraco en marcha en todas sus proporciones, debe agregarse que la “transparencia” que proclama el CONAM, la sustenta en dos argumentos:

 

a.                              El precio de venta será establecido por una empresa “internacional de prestigio”, obviamente ligada a los intereses transnacionales[4]; y,.

b.      Las empresas que participarán en la privatización anhelada, fueron seleccionadas con antelación a que se conozca el precio de venta.

 

Esos procedimientos son, precisamente, los instrumentos que posibilitarán el atraco, como puede afirmarse por los resultados obtenidos en el Argentina, cuando se aplicaron iguales procedimientos.

 

Respecto a la fijación del precio de venta por una “empresa internacional de prestigio”, vale recordar que en el caso de Argentina: “Menem confió al banco norteamericano Merril Lynch la evaluación del valor de YPF. Merryl Linch deliberadamente redujo en 30% las reservas petroleras disponibles tratando de subestimar el valor de YPF antes de su puesta a la venta. Una vez que la privatización fue realizada, la parte de las reservas ocultadas reapareció en las cuentas. Los operadores financieros que habían comprado a bajo precio las acciones de la empresa, pudieron obtener fabulosas ganancias gracias al aumento de la cotización en la bolsa de las acciones de YPF. El banco norteamericano Merril Lynch fue encargado por el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso para que en 1997 evalúe la principal empresa minera pública brasileña la Vale do Río Doce. Merrill Lynch fue acusado por numerosos parlamentarios brasileños de haber devaluado en un 75% las reservas de minerales de la empresa”[5], o que en el caso: “de la empresa Aerolíneas Argentinas (vendida a la compañía aérea española Iberia). Los Boeing 707 que eran parte de su flota fueron vendidos simbólicamente por un dólar (¡U$S 1,54 exactamente!). Algunos años después, siguen sirviendo en las líneas de la compañía privatizada, pero Aerolíneas debe pagar un "leassing" para utilizarlas. Los derechos de uso de las rutas aéreas de la compañía, de un valor de 800 millones de dólares, han sido estimados en 60 millones de dólares solamente. La empresa fue cedida a Iberia por un monto líquido de U$S 130 millones de dólares, el resto lo constituyó anulaciones de créditos de la deuda. Iberia tomó créditos para comprar la empresa y la totalidad de deuda contraída la transformó en deuda de la nueva entidad Aerolíneas”[6].

 

La certeza de que se cuece un negociado mediante la preselección de empresas, se sustenta en los conocidos vínculos que las “empresas seleccionadas con antelación” mantienen con el poder, con el gobierno específicamente. Valga sólo señalar, por ejemplo, la relación laboral que mantiene la empresa española UNION FENOSA -una de las ya preseleccionadas-, con el Dr. Moeller Gómez, hijo del Ministro de Relaciones Exteriores Heinz Moeller, lo cual es ya decir bastante, para quien conoce la historia de los políticos ecuatorianos.

 

Demuestra igualmente nuestro aserto el que la empresa española UNION FENOSA  (una de las empresas ya preseleccionadas para la concesión de las empresas de distribución de energía eléctrica), haya allanado tan fácilmente y en tiempo record el camino para su participación en la concesión de ese tipo de empresas, ya que, como lo afirmaba Isidro Romero,  para alcanzar el objetivo de UNION FENOSA de afianzarse en el sector eléctrico, tanto en generación como en distribución: “es necesario superar los escollos legales, como aquel que establece que para evitar los monopolios en el sector, el que genera energía no puede venderla”[7], declaración efectuada, simultáneamente, al anuncio de que UNION FENOSA había obtenido la primera prioridad para la concesión del proyecto hidroeléctrico Mazar y la concesión de la operación de la presa hidroeléctrica Daule Peripa.

 

Lo expresado denuncia una realidad irrefutable: las decisiones se toman al interior del actual gobierno de Gustavo Noboa, mucho antes de que se cumplan los procedimientos de ley, por lo que los trámites legales que dicen cumplirse, no son más que formalidades para perfeccionar lo acordado privadamente, no constituyen otra cosa que un medio para tratar de otorgar una falsa legalidad a los negociados en marcha, concretados “bajo la mesa”, sin consideración alguna al enorme monopolio privado que se está creando en el sector eléctrico ecuatoriano, sin recato alguno por el apoyo que se presta para la recolonización española del Ecuador y América Latina[8].

 

La urgencia para las privatizaciones del gobierno de Gustavo Noboa, entonces, se identifica con la predisposición de los gobernantes de América Latina para enajenar las empresas públicas, en cualquier condición y a cualquier precio, ante la eventualidad de su ilícito enriquecimiento, como lo afirma el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, cuando califica a las privatizaciones como: “el reinado del soborno, ya que los líderes nativos ferian alegremente sus compañías de agua, telefonía y electricidad, utilizando las exigencias del Banco Mundial para silenciar a los críticos locales, antes que oponerse a la liquidación de las industrias del Estado, Usted podía ver como les saltaban los ojos ante la perspectiva del pago de una comisión del 10%, consignada en cuentas de bancos suizos, por sisarle (rebajarle) unos cuantos miles de millones de dólares al valor de los activos nacionales”[9].

 

A todo lo anterior debe agregarse que, al igual que en la Argentina, “para volver atractiva la venta de las empresas eléctricas”, como lo reclama Ricardo Noboa Bejarano -el segundo infando hermano del Presidente Gustavo Noboa, quien dirige el CONSEJO NACIONAL DE MODERNIZACION (CONAM)-  las tarifas eléctricas se elevan en forma mensual, habiendo superado, en algunas provincias  del centro del Ecuador ya los 12 centavos de dólar, tarifa bastante más alta que en algunos países desarrollados[10], política igualmente utilizada en las privatizaciones de “Menem”.

 

Como se aprecia fácilmente, las privatizaciones ecuatorianas pretendidas por los hermanos NOBOA BEJARANO, adscriben al mejor estilo de Menem, refinándolo, elevándolo, si se recuerda que de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana (conocida como Ley Trole II), publicada en el Registro Oficial Nº 144 de 18 de agosto del 2000, se estipula que: “el precio, plazo, forma de pago y demás condiciones para la transferencia de la propiedad de los bienes e instituciones del Estado”, estará a cargo del CONAM, representado por su Presidente (Artículo 8, literales c y d de la Ley Trole II, a la fecha RICARDO NOBOA BEJARANO, hermano del Presidente Gustavo Noboa Bejarano, recurso al que no se atrevió a acudir Menem. No hay duda, los alumnos Noboa Bejarano han superado a su maestro Menem.

 

Parece que los hermanos Noboa se han convencido de que: “El poder es tener impunidad. Ser poderoso es ser impune, un hombre al que no le llega nada", como afirmaba el empresario argentino Alfredo Yabran, parte de las mafias cleptocráticas menemistas”[11], lema asumido por Menem y los suyos, Salinas de Gortari y su hermano Raúl, y, hoy pretendido por Gustavo Noboa y familia.

 

Mas, la historia reciente del Ecuador señala claramente que el pueblo ecuatoriano no está dispuesto ni permitirá el arbitrario ejercicio del poder, tampoco el atraco a las empresas públicas, ni el negociado con las empresas eléctricas.

 

¡La impunidad no pasará!

 

Quito, 22 de enero del 2002