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Los colombianos hemos presenciado los últimos días en los medios de comunicación, como toda una región del país, el Putumayo, y fundamentalmente sus pobladores, comienzan a ser prisioneros del escalamiento de la guerra y lo más probable es que van a ser los civiles quienes pongan los muertos, los heridos, los desplazados, en esta absurda e inútil guerra. Los análisis del conflicto interno armado colombiano preveen un escalamiento de la guerra en el corto plazo, como algo altamente probable en la medida en que los diversos actores del conflicto y las propias Fuerzas Armadas del Estado siguen pensando en la posibilidad de una definición militar del mismo. Y en esta dirección se ha venido señalando en que la confrontación armada se va a expresar en este período con la presencia simultánea de paz y guerra. Frente a esto la aplicación del denominado Plan Colombia, va a ser un factor que contribuirá al escalamiento de la guerra; fue diseñado aparentemente como una respuesta integradora a los problemas del desarrollo, pero se concentra en el narcotráfico, asimilándolo exclusivamente a los cultivos ilícitos. En su componente mayoritario, apunta a fortalecer ‘el garrote’ del Estado colombiano frente a la insurgencia, porque lo que está implícito en el paquete de ayuda americana es aumentar la capacidad de las Fuerzas Militares para intentar modificar en favor de éstas y de manera definitiva la correlación de fuerza militar con la guerrilla. El problema es que los alzados en armas obran con la misma lógica, ellos también están fortaleciendo su ‘garrote’ es decir, aumentando su fuerza militar y el resultado neto es el escalamiento de la guerra. En el Putumayo estamos viendo el inicio de una guerra de control territorial, con la justificación del combate a los cultivos ilícitos y dentro de la cual difícilmente es creíble pensar en propuestas de sustitución de cultivos por la vía concertada; para que esto sea posible se requiere un clima de consensos y acuerdos entre los actores armados y la sociedad regional, especialmente los propios cultivadores. La problemática de éstos cultivos no es otra que la del viejo problema agrario no resuelto por las denominadas estrategias de desarrollo y la solución, vía la sustitución, pasa por dar respuesta seria al problema de alternativas productivas que sean económicamente rentables, y esto acompañado de dotación de infraestructura productiva y de una infraestructura básica social. Entonces, dar respuesta no represiva a los cultivos ilícitos es en buena medida desactivar una parte sustancial del conflicto armado colombiano y saldar parte de la deuda de nuestro desarrollo agrario. El resto de los colombianos no puede quedarse simplemente mirando cómo sus compatriotas de ese rincón territorial son víctimas de una guerra que no es la suya, porque sus problemas de desarrollo son resultado de un modelo que los ha excluido históricamente y que requieren cambios sustanciales en la orientación de las políticas públicas dirigidas a las regiones. La sociedad colombiana que no le apuesta a la guerra tiene la obligación de solidarizarse con la sociedad regional del Putumayo. En esta dirección, sectores de la sociedad colombiana desde su autonomía, para poder contar con credibilidad, han convocado la Conferencia Internacional de Costa Rica, que se llevará a cabo los próximos días, con gobierno, guerrilla y comunidad internacional, para encontrar las bases de una salida distinta a la guerrerista que plantea el diseño del actual Plan Colombia. Allí la sociedad puede y debe cumplir varios papeles para facilitar y acelerar el proceso de negociación: a) ser un mecanismo de presión permanente contra los hechos de guerra; b) ser facilitadora de escenarios de acercamiento entre las partes; c) participar en los debates, y en la construcción de consensos, acerca de los temas de la agenda; d) apoyar al desarrollo del proceso de negociaciones y al desarrollo político de los Acuerdos a que se llegue. |
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