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El canje: ¿lío u oportunidad?
Estaba recién posesionado Andrés Pastrana cuando
Manuel Marulanda sorprendió al país con la propuesta del canje. La respuesta casi
inmediata del primer mandatario fue todavía más sorpesiva: que le enviara la lista de
los guerrilleros presos “canjeables”. En medio de la euforia de la paz, quedó
la sensación de que se trataba de un asunto fácil, seguramente ya “cuadrado”,
que serviría para afianzar aún más el flamante proceso de paz. Pero, hoy, más de dos años después, es evidente
que ni el gobierno, ni la guerrilla sabían con certeza en lo que se estaban metiendo. El
canje, en vez de servir como primer elemento de entendimiento, se fue convirtiendo en una
fuente de discordia que reveló las profundas diferencias que existen entre las partes. Para el gobierno, el canje presentaba varios
dilemas. Por un lado, no existía un consenso en torno al manejo jurídico del tema ni
antecedentes precisos al respecto. Algunos se preguntaban si el canje serviría para la
paz o más bien para prolongar la guerra. Hubo preocupación sobre la manera en la cual
las autoridades, al ver a los guerrilleros capturados puestos en libertad, perderían la
motivación para seguir persiguiéndolos. Surgieron dudas de tipo procedimental, en cuanto
a la manera de coordinar con las diferentes ramas del poder público que tendrían que ver
con el asunto. En lo político, no era claro como conciliar la impopularidad del canje
según las encuestas con la simpatía general que despiertan los soldados y policías
privados de su libertad por la guerrilla. La torpe y condenable censura reciente del
excelente trabajo periodístico realizado por Jorge Enrique Botero para el Canal Caracol,
una aberrante violación de la libertad de expresión, revela además la tremenda
inseguridad que el gobierno todavía siente frente al tema. Por otro lado, la propuesta de las FARC fue en
parte el resultado de la lectura errada que hicieron del primer despeje que se realizó a
mediados de 1997 en Remolinos del Caguán para la liberación de los soldados que habían
sido capturados en las Delicias. Sobredimensionando las posibilidades de que se
reprodujera el clamor nacional que se había dado en esa ocasión, decidieron, en
consecuencia, no volver a entregar a los que califican como “prisioneros de
guerra” de manera unilateral y sin contraprestaciones, sino que en el futuro se
debería conseguir “algo” a cambio: es decir, la liberación de los guerrilleros
que se encuentran detenidos por el Estado. Con esto, no sólo recuperarían centenares de
combatientes sino que, sobre todo, se pensó que obtendrían el reconocimiento del estatus
de beligerancia. A pesar de que según los expertos el concepto de
beligerancia entró en desuso hace mucho tiempo y no corresponde a las realidades
contemporáneas, de todas maneras, el gobierno también se asustó con la idea. Y eso, a
su vez, entusiasmó a los insurgentes que siguieron insistiendo en el asunto. El
santanderismo de los colombianos, aún de los más bolivarianos, le agregó una razón
más para no avanzar en la materia. Pero independientemente del debate
histórico-jurídico-teórico sobre la beligerancia, lo cierto es que lo que busca las
FARC es un reconocimiento, nacional e internacional, de su carácter revolucionario, de su
motivación y poder políticos, de su capacidad de enfrentarse de igual a igual con el
Estado en la guerra y de su legitimidad como su contraparte en la paz. Algunos de estos objetivos ya se han logrado por la
vía de las armas. De igual manera, el Estado, de acuerdo a la Ley 418 de 1997, ha
reconocido el carácter político de la insurgencia. Con la decisión de despejar cinco
municipios, con la visita del Jefe de Estado a la zona bajo su control, con la gira
conjunta por Europa de los negociadores de las partes, para sólo dar algunos ejemplos,
este reconocimiento político se ha venido desarrollándose y materializándose en la
práctica, acercándose cada vez más a una situación de beligerancia de facto. De todas
maneras, se podría pensar en una reglamentación más desarrollada y precisa de la figura
del reconocimiento del carácter político, para que se asimile aún más a los aspectos
de la beligerancia que se consideren necesarios y que sean funcionales a un proceso de
paz. Pero el auténtico reconocimiento de la
insurgencia, particularmente en el escenario internacional, más que por una
determinación legal o por meras condiciones militares, sólo pueden ser el resultado de
la legitimidad de sus acciones y de sus comportamientos éticos. El verdadero camino hacia
el reconocimiento internacional, entonces, no está en las confusas marañas leguleyas de
la beligerancia sino en el sendero claro de la aplicación efectiva del derecho
internacional humanitario. Y curiosamente hay pocos temas tan apropiados para
este propósito como el canje: por fijarse tanto en lo político y militar, se ha perdido
de vista el hecho de que su escencia es humanitaria. Quizás sin saberlo, con el canje,
las FARC introdujeron un tema que puede empezar a desentrabar el proceso no como
instrumento para lograr la beligerancia sino como componente fundamental de una
implementación más amplia del derecho internacional humanitario. De hecho, una lectura diferente del antecedente de
Remolinos del Caguán mostraría que lo que le dió legitimidad a las FARC no fue que el
gobierno le hubiera “cedido” la zona despejada, sino que hubieran entragado a
los soldados sanos y salvos, acorde a la norma humanitaria y con testigos internacionales. Durante años, las FARC han sostenido que no se
acojen al derecho internacional humanitario como tal, por tener sus propios códigos
internos basados en la ética revolucionaria y por no ser cosignatarios de los convenios
de Ginebra ni haber participado en su elaboración o aprobación. Es comprensible desde una lógica
estratégico-militar, que para los insurgentes otra reticencia frente al derecho
internacional humanitario esté en el tema del secuestro, flagrante violación pero a la
vez importante fuente de financiación. De todas maneras, a pesar de no haber cesado la
práctica, las FARC sí han dado señas de algún desarrallo al respecto. Con el célebre “decreto 002”, después
de años de negar y hasta condenar el secuestro (como en el Acuerdo de la Uribe de 1984),
al menos se reconoció su utilización, se le intentó dar un cariz político y se
precisó su alcance. Si bien sigue siendo inaceptable desde la óptica del derecho
humanitario, constituye un punto de partida para una posible negociación al respecto. Igualmente, a raíz de la muy sugestiva propuesta
del ex-presidente López, desafortunadamente desatendida más por su procedencia que por
su contenido creativo e innovador, de otorgarles a las FARC una forma de beligerancia
criolla para resolver el asunto del canje, Raúl Reyes públicamente expresó interés y
la disposición de las FARC de revisar el tema de las “retenciones”. Pero de
nuevo, el fantasma de la beligerancia no dejó que prosperara la idea. Es necesario que el tema del canje se desprenda de
la discusión sobre la beligerancia y se encuadre dentro de su terreno natural: el derecho
internacional humanitario. Por eso, el canje por sí sólo tampoco sirve. Es un simple
instrumento que requiere un marco general y unos principios básicos que dicten su
utilización. Por ello, se debe estudiar con mucho cuidado la muy
interesante y acertada propuesta hecha por Anders Kompass, el representante en Colombia de
la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de un acuerdo global
de derechos humanos y derecho internacional humanitario como punto de partida del proceso
de paz. En este contexto, el canje dejaría de ser una
piedra en el zapato y se podría convertir en el primer ámbito de aplicación efectiva
del derecho internacional humanitario, reencarrilando el proceso de paz y reviviendo la
credibilidad de la salida negociada del conflicto armado. *encargado de la Oficina del Alto Comisionado para
la Paz de agosto, 1995 - agosto, 1998; actualmente dirige el proyecto “Planeta Paz:
sectores sociales populares para la paz en Colombia” y es catedrático de la Carrera
de Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia
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