Como viene ocurriendo desde hace ya tiempo, las noticias provenientes de Colombia están lejos de ser alentadoras. Las más preocupantes siguen siendo las que dan cuenta del paulatino deterioro militar de las fuerzas del gobierno, sometidas al doble embate de la presión guerrillera y de las violentas contradicciones que se registran en el bando en cuyo nombre actúan.

En ese contexto preocupante se ha registrado en los últimos días un hecho que podría arrojar una nueva luz sobre el escenario colombiano. La presentación del denominado "Plan Colombia", propuesto por el presidente Bill Clinton, aparece como un esfuerzo supremo de la principal potencia mundial para ayudar a ese castigado país sudamericano a librarse de las garras de quienes medran con la elaboración y el tráfico de drogas.

Los Estados Unidos -hay que reconocerlo- tienen motivos de peso para embarcarse en esa cruzada, al cabo de años de demostrada incapacidad para contener el sombrío fenómeno de la adición en su propio territorio y de tantos y tan ingentes gastos destinados, infructuosamente, a consolidar las estructuras castrenses y de seguridad de Colombia. Y esto no sólo porque Washington ha optado por ser el paladín de la lucha universal contra las drogas, sino porque una nación que lidera la comunidad internacional no puede permitir semejante impunidad del crimen, practicada insistentemente, "en sus propias narices" o poco menos.

El gran factor que mueve la inquietud norteamericana y que eventualmente llevaría a poner en marcha ese "Plan Colombia" es sin duda, la droga, examinada en función de las múltiples concomitancias que la conectan con la delincuencia. La difusión de los cultivos de coca en el territorio colombiano constituye un desafío al orden general en la región y es natural que el poder específicamente global de esta época se alarme y quiera tomar cartas en el asunto.

Pero las cosas seguramente no son tan simples. El riesgo que presenta una operación punitiva -para la que ya se estarían aprestando, según información periodística, helicópteros, tropas de élite y depósitos de desfoliantes y herbicidas- es que podría llegar a interferir en una lucha acaso no del todo restringida al campo de la producción y el comercio de estupefacientes. Podría ocurrir, por ejemplo, que esa tropa de intervención se viera inmersa en alguno de los conflictos ancestrales que desgarran a Colombia desde el mismo momento de su independencia y que, contrariamente a lo sucedido en otros países de América latina, no ha madurado aún en el sentido de un aceptable régimen de convivencia cívica.

Washington pena por las drogas y ansía destruir los antros de las que proviene, lo que es comprensible. Pero, entretanto, todo induce a pensar que el drama colombiano no se agota en la guerra contra ese azote social. Conservadores y liberales, derechas e izquierdas, vienen librando allí, desde hace mucho, una batalla enconada, de la que surgen los sucesivos predominios de caudillos, de regiones y de ciudades. Sucesivamente, también, esas facciones revistieron el ropaje de ideologías e intereses en los que encontraron, de manera transitoria, justificación y sustento. Así, han existido históricamente grupos integristas, tradicionalistas, unitarios, federales, nacionalistas, marxistas; o bien agentes de los hacendados, o de los peones rurales. Y, por supuesto, del narcotráfico. Nunca esas adscripciones fueron asunto banal, pero tampoco tuvieron carácter decisivo y no hay razón alguna para creer que la extinción del actual financiamiento proporcionado por la coca habrá de suprimir inmediatamente las tensiones que presiden esa sangría ya mucho más que centenaria.

En realidad, el problema de las drogas asume otro significado en Colombia, quizá más grave que el azote de la guerra civil. País de limitadas producciones, una de sus actividades más redituables ha sido, tradicionalmente, la explotación de los cocales, para la que resulta apropiada buena parte de su geografía. País de economía primaria y abundante cantidad de campesinos, muchos de éstos encontraron en ese cultivo su principal fuente de recursos, fenómeno trasladado al orden nacional, pues pese a todos sus sinsabores Colombia goza de una situación económica relativamente próspera, generada en no poca medida por los ingresos que origina la droga.

En ese cuadro conflictivo y contradictorio, una intervención militar extranjera actuaría probablemente como una terapia quirúrgica y conseguiría extirpar el tumor de la producción que alimenta el negocio de la droga. Pero eso resolvería sólo una faz del drama colombiano y no alcanzaría para desactivar sus otras vertientes.

Demasiados son los problemas y los trastornos que aquejan al mundo, a América latina en especial, y también -¿por qué no?- a los Estados Unidos, para que se pueda visualizar como auspiciosa la perspectiva de sectores campesinos desplazándose con angustia por los valles andinos, con soldados de las Américas a sus talones, dispuestos a acorralarlos a cualquier precio. Este desenlace no es querido por nadie, por supuesto, pero sus indicios están en el aire como uno de los probables resultados de esta acuciante necesidad de convertir en lucha a muerte el natural designio policial de reprimir las formas perversas de drogadicción.

En cuanto a la posibilidad -que se ha insinuado- de que la decisión de Clinton estuviese relacionada con el trance electoral que atraviesa su país, sólo cabe formular votos para que en ningún caso se incurra en el error de mezclar escenarios y conflictos que nada tienen que ver entre sí y de generar riesgos inmotivados que a nadie beneficiarían

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