Total apropiaciones presupuesto general de la Nación y establecimientos Públicos nacionales 1999-2001

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional

(*) $ Billones

El presupuesto de la Nación únicamente se encuentra financiado en un 45.9%. El total de ingresos permanente ($24.9 billones) no alcanza para financiar los gastos de funcionamiento del Estado ($25.5 billones). El déficit corriente es de $8.8 billones para el año 2000. Al incluir los compromisos de amortización de la deuda y los recursos de inversión el faltante es de $26.8%. El déficit global es de 54.1% (cuadro 2).

Cuadro 2
Necesidades de Financiamiento del presupuesto de la Nación 2001

Fuente. Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP, Proyecto de Presupuesto 2001
(**) $Miles de Millones

Cuadro 3
Ingresos Proyectados de la Nación Vigencia Fiscal 2001

Fuente. Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP, Proyecto de Presupuesto 2001

El financiamiento del déficit que presenta el presupuesto general de la Nación 2001 depende principalmente de los recursos de capital (nuevo crédito y privatizaciones de lo poco que queda, principalmente): 43.5%, de los ingresos de los establecimientos públicos: 7.1% y de los resultados de la nueva reforma tributaria: 3.5% (cuadro 3).

El desborde del gasto público y el acelerado endeudamiento para financiar el déficit tiene efectos perversos sobre la economía, el empleo y el bienestar del conjunto de la población. Como lo reconoce el propio gobierno, la persistencia y tendencia creciente de los déficit fiscal afectan negativamente las decisiones de consumo e inversión privadas de los próximos años, vía aumentos en la tasa de interés real o rreviewuación de la tasa de cambio real. El endeudamiento interno además de presionar hacia arriba las tasas de interés genera un desplazamiento de la inversión privada e impide la recuperación de los mercados de capitales. De hecho la inversión privada como proporción del PIB pasó de 15,1% en 1994 a 5,9% en el 2000.

La política fiscal colombiana esta en contra de la generación de empleo. Teniendo en cuenta que la crisis de la economía es de demanda, la solución del déficit por el lado de aumentar los ingresos del Estado a través de recursos de capital y nuevas reformas tributarias deprime, aún más, el consumo en la medida en que encarece la estructura de costos de la canasta familiar y desvaloriza los activos de la población. Impuestos elevados y un creciente gasto público que tiene como finalidad el propio Estado y el fortalecimiento de un sector financiero especulativo también conduce a la quiebra del sector real de la economía y a la disminución en la competitividad de las empresas al elevar su estructura de costos en relación con los mercados internacionales.

Los ganadores con este modelo de las finanzas públicas corresponden principalmente a la alta tecnocracia del Estado, los políticos profesionales, los dueños de las instituciones y rentistas del capital financiero, nacionales y extranjeros, y los beneficiarios de los aparatos militares y de justicia. En conjunto concentran más de la mitad del presupuesto general de gasto del año 2001, esto es, 15% del PIB (cuadro 4). Los perdedores son las familias de ingresos medios y bajos, los trabajadores y los desempleados, los pequeños y medianos empresarios del sector real, urbanos y rurales. El gasto público nacional estimula la especulación financiera, favorece los intereses corporativistas y burocráticos y favorece la maquinaria de la guerra.

Cuadro 4
Presupuesto General de Gastos 2001.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2. El Plan Colombia, una guerra al debe.

Los gastos de guerra tendrán cada vez mayor prioridad dentro del presupuesto nacional.Con la ejecución del Plan Colombia, las partidas financieras comprometidas en la cofinanciación reducirán aun más el gasto público social. El plan de guerra tiene un costo de U.S.$7.558 millones, el 48,5% financiado con recursos del Estado colombiano, 46,6% de la comunidad internacional y 4,9% crédito. La tercera parte de los recursos se dirigen a los programas de «defensa nacional». Los recursos que se manejarán con cargo al Presupuesto Nacional son aquellos provenientes de los «Bonos de Paz», de la Red de Solidaridad y los que se incorporan en el Fondo de Inversiones para la Paz -FIP. En relación con el presupuesto general, las contrapartidas de la nación suman $8 billones lo que comparativamente representa una tercera parte de los ingresos corrientes y 14% del total del gasto presupuestado para el año 2001.

La gestión de estos recursos estará directamente a cargo de la Presidencia de la República y la interventoría, el seguimiento y reviewuación a cargo del Departamento Nacional de Planeación. No es claro, entonces, como se hará el traslado de las partidas y el cambio en las prioridades que se definieron en el Plan Nacional de Desarrollo, ni el papel que cumplirá el Congreso de la República en la asignación y control de estos recursos. Los procedimientos democráticos se debilitan dentro de la economía política de la guerra.

El Plan Colombia se desarrolla como una estrategia integral de la administración Pastrana para combatir la insurgencia y la industria del narcotráfico, apalancar la recuperación de la economía y fortalecer el régimen político oligárquico. La administración Pastrana ha entregado el manejo de la economía al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores financieros, al igual que entregó el control político interno de Colombia al gobierno norteamericano. En efecto, El gobierno de los Estados Unidos aprobó un paquete de asistencia a Colombia de US$1.300 millones de dólares, de los cuales el 80% es ayuda militar y policial (equipos, tecnología, entrenamiento y apoyo logístico y de inteligencia).
Estos recursos son adicionales a los US$330 millones de ayuda militar que recibe el país anualmente. Otros cuatro rubros son incluidos dentro del programa de asistencia:
operaciones antinarcóticos en el sur de Colombia, restricción del tráfico aéreo en todo el territorio, desarrollo económico alternativo y mejorar la capacidad de acción del gobierno, incluye respeto por los derechos humanos.

Los nuevos recursos de asistencia de los Estados Unidos para el Plan Colombia asignan US$15 millones de dólares para atender los desplazados de la primera fase de la intensificación de la guerra en el sur, los que se estiman en 400.000 personas. En verdad, la intensificación de la guerra se viene preparando desde antes: el gobierno de los Estados Unidos suministró en 1999 US$5,8 millones de dólares para las operaciones en el hemisferio occidental del Comité Internacional de la Cruz Roja, con destino a la ayuda para las personas desplazadas en los territorios nacionales, junto con US$3 millones de dólares adicionales de asignación específica para Colombia; aportó otros US$4,7 millones de dólares al Fondo General para el Hemisferio Occidental del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con destinación específica de un alto porcentaje para aumentar la capacidad de actuación institucional en Colombia (el país concentra la cuarta población de desplazados internos en el mundo).

En el Plan Colombia se han incluido otros cuatro programas dentro de la estrategia
cívico-miltar que se financiarán con crédito y contrapartidas del nivel nacional y local: i) manos a la obra, encaminado a brindar trabajo a la población más pobre a través de los componentes proyectos comunitarios y vías para la paz, con un costo total de US$ 295 millones (Crédito externo BID y Banco Mundial US$ 200 millones, contrapartidas US$ 95 millones); ii) vías para la paz, mejoramiento de las redes viales, proyectos fluviales, recuperación de la vía férrea y la construcción de puentes, con el fin de articular y viabilizar las actividades productivas en las zonas críticas de conflicto armado, con un costo de US$ 206 millones de dólares (crédito externo CAF US$162 millones, contrapartidas US$44,5 millones); subsidios condicionados a las familias, mediante la entrega de un subsidio en efectivo, condicionado a la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo de los menores de 7 años, y a la asistencia al colegio de los niños entre 7 y 17 años, se entregarán transferencias a las familias más pobres, con un costo de US$336 millones de dólares (crédito externo Banco Mundial y BID US$ 230 millones, contrapartida US$106 millones); iv) capacitación laboral de jóvenes desempleados, entre los 18 y los 25 años, de los estratos más bajos (1 y 2), con un costo de US$70 millones (en su totalidad crédito del BID). Estos cuatro programas que suman US$ 924,5 millones de dólares (74% crédito externo y 26% contrapartidas en el ámbito local y nacional, incluye US$20 millones para pago de burocracia por administración) están dirigidos a la cooptación y amortiguamiento de los efectos de la intensificación de la guerra, de la población más pobre en las zonas críticas de conflicto armado.

Estos componentes del Plan Colombia se articulan en el Programa Red de Apoyo Social, a manera de complemento del actual sistema de protección social del gobierno. El gasto adicional, US$925 millones de dólares, se distribuirá en un período de tres años. La ejecución de los recursos para la asistencia humanitaria y desarrollo económico alternativo se hará a través de la administración delegada en organismos no gubernamentales que han sido previamente seleccionados por su lealtad a las instituciones oficiales, identificados con la concepción neoliberal del Estado y cómo una manera de darle legitimidad civil al plan de guerra del establecimiento. Con este fin, cívico militar, se reeditarán experiencias recientes en Colombia de trabajo conjunto entre la banca multilateral de crédito (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo), el gobierno y organizaciones no gubernamentales en zonas de catástrofes y de conflicto armado, tales como el FOREC (Fondo de reconstrucción del eje cafetero) y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio que lidera el CINEP.

No todos los recursos financieros de la asistencia norteamericana entrarán al país. Una alta proporción se queda en compra de material bélico a empresas norteamericanas y contratación de mercenarios de éste país que vendrán a combatir en Colombia. Como bien se sabe actualmente hay una presencia en el país de 250 militares y 100 empleados contratistas, pero el número puede subir hasta 500 soldados de los Estados Unidos y 300 civiles (exmilitares, en su mayoría) según los acuerdos entre los dos gobiernos. De hecho, la ejecución de los US$1.300 millones de dólares aportados por los Estados Unidos al Plan Colombia ha desatado una carrera en las firmas norteamericanas proveedoras de material bélico y de servicios para poder quedarse con parte de los recursos financieros: Bell-Textro y United Technologies Sikorsky Aircraf han firmado contratos para enviar 18 nuevos helicópteros Blackhawks y 42 renovados Super Huey II y existe la solicitud de 14 más por parte del Ministerio de Defensa colombiano, lo que suma el negocio para los fabricantes de helicópteros más de US$600 millones de dólares; de otra parte, la compañía de asesores militares "Military Personnel Resources INC" ya se encuentra trabajando con las Fuerzas Armadas colombianas. La tendencia a condicionar la asistencia financiera a la compra de material bélico a empresas norteamericanas y a usar contratistas privados y asesinos a sueldo para adelantar la política exterior de los Estados Unidos no es nueva. Cada pirata, bandido -todos los que quieren hacer dinero en la guerra- están en Colombia, afirmó el asesor de un congresista en Washington(6).

La intervención norteamericana en el conflicto interno colombiano tampoco es nueva.
Durante la presidencia de John F Kennedy en los Estados se impulsaron las políticas de contrainsurgencia en el marco de seguridad en América Latina, a partir de los años sesenta en el siglo XX. La contrainsurrección son aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas adoptadas por un gobierno con el fin de derrotar cualquier insurrección popular. De estas medidas hacen parte la acción cívico militar, la desarticulación de la infraestructura de apoyo a la insurgencia y la organización de la población para involucrarla en el esfuerzo bélico de las fuerzas militares (paramilitares y autodefensas). De este modo, el Plan Colombia igualmente reedita la agresión contra el campesinado colombiano ubicado en Marquetalia, mediante un operativo militar dirigido por el gobierno norteamericano, denominado "Plan LASO (LatinAmerican Security Operation)", llevada a cabo en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional hace cuatro décadas, ahora la violencia se desata contra los campesinos pobres del sur.

En Colombia la Doctrina de la Seguridad Nacional basada en el concepto del «enemigo interno» ha orientado los manuales de las fuerzas armadas. Toklatian y Valencia analizan los manuales de operaciones de las Fuerzas Militares y resaltan que no ha habido modificación en la noción de enemigo interno y que éste puede ser confundido con población civil aunque no participe en la confrontación(7). Ello ha conducido a un rápido crecimiento de los gastos militares en Colombia. En 1980 fueron de US$499 millones de dólares, en 1985 de US$660 millones, en 1989 de US$1.053 millones, en 1992 se acercaron a US$1.500 millones(8) , en 1998 alcanzaron los US$3.000 millones y para el año 2001 supera esta última cifra, sin incluir los recursos de la asistencia bélica norteamericana.

El proceso de militarización de la sociedad colombiana se aceleró a partir de las dos últimas décadas del siglo XX. En los años noventa, según la Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas, la difícil situación de orden público, unida al notable incremento de los salarios del personal activo y retirado, determinó que los gastos dedicados a Defensa y Seguridad crecieran a un ritmo promedio anual del 8,9% muy superior al del PIB. Entre 1985 y 1995, el personal vinculado al sector defensa y seguridad pasó de 165.000 personas a más de 303.000(9) y para el 2001 el gobierno aspira que con la nueva reforma del Ejercito y el incremento de los recursos de financiamiento se cuente con unas fuerzas armadas cercanas a las 400.000 personas. En consecuencia, los gastos en defensa y seguridad aumentan su participación en el PIB: en 1990 representaron el 2,1%, en 1995 el 2,4% y en el año 2000 el 3,5% (cuadro 5). En el año 2001 el gasto en defensa y seguridad de $6,3 billones representa el 3,2% del PIB; no obstante, al sumarle el 80% de los recursos norteamericanos en ayuda militar, $2,3 billones, el gasto total resultante es de $8,6 billones, esto es, 4,4% del PIB.

Cuadro 5

Fuerza Publica y Seguridad, asignaciones presupuestales 1998-2001

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Incluye presupuesto del Ministerio de Defensa, policía Nacional, DAS y Cajas de Retiro.

Lamentablemente, las armas que poseen las fuerzas de seguridad ayudan a aumentar la violencia en lugar de disminuirla(10). Por otra parte, el poder militar destruye a menudo el poder económico y social, ya que absorbe recursos que de otro modo se invertirían en la economía, especialmente recursos intelectuales, de investigación y de administración, como en la formación de capital humano y social(11).

La espiral perversa de violencia y gasto militar no termina allí. La complejidad de las violencias en Colombia ha desarrollado numerosos ejércitos armados, por fuera del establecimiento, que responden al paramilitarismo, las autodefensas, la insurgencia, las empresas de vigilancia privada y la delincuencia común organizada. Existe también un ejercito de ciudadanos armados. Para 1995 se estimaba en un millón de armas de fuego en posesión legal de ciudadanos privados, fuera de las que tienen en su poder las fuerzas de seguridad. Las armas ilegales ascendían a 5 millones, muchas de las cuales son robadas u obtenidas mediante la corrupción de manos legales(12). En Colombia existe una suerte de actitud «adictiva» por las armas, cuya demanda se inserta en una compleja matriz política, económica, militar, social y cultural en la que gran número de conflictos naturales que vive toda sociedad se lleva acabo aquí mediante el abuso de instrumentos mortales(13). De hecho, solo el 10% de los 30.000 homicidios anuales se explican por la confrontación política de grupos armados.

El Plan Colombia es un potente carburante para la violencia en el país. Dentro de la
confrontación política la insurgencia cuenta actualmente con cerca de 25.000
combatientes y el paramilitarismo con otros 12.000, con cubrimiento de todo el territorio nacional. Si bien las guerras del siglo XX tuvieron como escenario principal el campo, las del siglo XXI toman un carácter más urbano y regional, ahora que se ha desdibujado en los procesos de globalización y descentralización las diferencias entre lo urbano y lo rural.
Las milicias urbanas pueden multiplicar por dos estos ejércitos y empiezan a manifestarse en las guerras por el control territorial, social, político y económico en Bogotá, Medellín, Cali y Barrancabermeja y sus espacios de macroinflujo. Los ingresos de estos ejércitos se calculan en más de US$1000 millones de dólares al año cada uno extraídos de los circuitos económicos, legales e ilegales, del país. En resumen, teniendo en cuenta solo los tres ejércitos (aparato de defensa y seguridad del gobierno, insurgencia y paramilitarismo) están incorporados de manera directa en la guerra el 3% de la población ocupada a escala nacional (13,4 millones de personas) y consumen el 6,7% del PIB (asumiendo un gasto directo en la guerra de $13 billones).

El Plan Colombia implica un cambio tecnológico y una profundización de la guerra. Si bien la asistencia norteamericana desequilibra temporalmente las fuerzas en conflicto, en el mediano plazo se restablece el equilibrio a un mayor costo económico, social y humano y con mayor poder de destrucción y desestabilización, teniendo en cuenta: i) en un mercado neoliberal y globalizado el acceso a material bélico está al alcance de todos los grupos en conflicto; ii) el avance en la tecnología militar ha hecho indiferente la distinción entre armas livianas y pesadas en la capacidad de daño; iii) la oferta de armamentos es bastante elástica, las economías industriales dependen en un porcentaje importante de las industrias de guerra para la generación de empleo y obtener cambios tecnológicos e ingresos; iv) la oferta creciente de material bélico se ha traducido en una baja significativa
de precios; v) los desarrollos tecnológicos y de estrategia militar han hecho irrelevantes las fronteras tradicionales entre guerras convencionales e irregulares, y la capacidad destructiva ya no depende del número de combatientes sino de su eficiencia y eficacia dada por el acceso a tecnologías de punta; v) siguiendo la tradición de los conflictos bélicos modernos, la guerras se librará, cada vez más, contra la economía y la infraestructura del estado y contra la población civil; VI) el frente fiscal de los grupos en conflicto no tiene mayores problemas en el mediano plazo para generar ingresos dado el tamaño de la economía subterranea (una tercera parte del PIB oficial) y los ingresos que genera una economía de mediano desarrollo y la alta participación de las empresas transnacionales en la explotación de los recursos naturales y el financiamiento de las fuerzas en conflicto(14).

De otra parte, en Colombia las dinámicas de ocupación y movilización territorial de la población han dependido de las relaciones de poder, del conocimiento y valoración de los recursos naturales, la pobreza y el agotamiento de los ecosistemas, el crecimiento demográfico y los ciclos de la economía según productos, regiones, demandas en los mercados internacionales y los flujos de inversión extranjera. Procesos acompañados de guerra y crónicos conflictos sociales y políticos que mediante la violencia han desplazado históricamente a la población rural para usurpar sus tierras ante las expectativas de la valorización de los activos.

Durante la última década, con el cambio en el modelo de desarrollo y la hegemonía, la apertura económica y la hegemonía de la tecnocracia neoliberal en el Estado, la entrada de capital extranjero ha tenido un flujo continuo y creciente orientado a adquirir los activos públicos que tecnócratas y políticos han regalado a una tercera parte de su valor en el mercado (empresas públicas de servicios, fuentes generadoras de energía, entidades del sector financiero, hidrocarburos y minería); igualmente vienen monopolizando los sectores más dinámicos de la economía (financiero, comunicaciones, químico, energético, transporte, servicios) y apropiándose de los recursos naturales y la biodiversidad del país.

En los últimos diez años la legislación se ha adaptado para aumentar la tasa de ganancia de las transnacionales y el sector financiero, facilitar la salida de utilidades y cubrir los riesgos de la guerra. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea concentran más de la mitad de la inversión extranjera en Colombia(15), de allí su interés en el desarrollo del conflicto interno (cuadro 6). La paz hace parte de la economía política de la guerra. El discurso de la paz sirve también para la consecución de recursos financieros externos, obtener preferencias en los mercados internacionales, ganar solidaridades políticas y posicionarse estratégicamente en el conflicto.

Cuadro 6
Inversión extranjera en Colombia según origen, US$ dólares no incluye petróleo.

Fuente: DNP con base en información Banco de la República.

3. Sociedad civil y economía política de la guerra.

La sociedad civil colombiana se encuentra cada vez más polarizada y atomizada. La guerra profundiza la ruptura social, la anomia y los enfrentamientos ideológicos entre los defensores del establecimiento y los que promueven una transformación de carácter societal y global. Producto de esta situación se asiste a una intensificación del corporativismo, por el cual cada fragmento de la sociedad se aferra a sus intereses particulares en detrimento del «bien común», en un contexto de guerra civil permanente dominada por un choque de sectores de población contrapuestos y sin centro.

La violencia, la exclusión, los asesinatos, la crisis humanitaria, los recursos públicos hacen parte de los negocios dentro de la economía política de la guerra. Un alto sector de la población encuentra allí, igual que con la guerra civil, su fuente de empleo y sustento económico. Ante un Estado a punto de colapsar y sin legitimidad sectores de los más diversos ámbitos se cierran en la defensa del establecimiento o se transforman en autodefensas y paraestados. Esto es sintomático en el caso extremo de los defensores de los derechos humanos, un amplio sector se une bajo intereses corporativistas y tecnocráticos, legitima el discurso formal del Estado frente a los derechos humanos y su renuencia a garantizarlos efectivamente, presiona por participar en el presupuesto público(16) y excluye las organizaciones populares y sociales contrarios al régimen político y al modelo de organización social, económica y política. La crisis y la guerra han generado un proceso de derechización en los sectores medios y emergentes de la sociedad colombiana y dentro de estos sectores de las organizaciones de la sociedad civil proestatales, de la academia y la intelectualidad. Con la economía política de la guerra se conforma una burocracia nacional e internacional que media los conflictos y trabajando por interese personales suplantan a los sectores sociales de base a la par que acrecientan su poder de negociación entre los sectores en conflicto en reemplazo de una democracia directa y popular.

En efecto, la recesión que experimenta la economía colombiana desde 1996, profundizada por las políticas macroeconómicas abiertamente favorables al gran capital y la gestión del Estado proclive a los intereses corporativistas explican los actuales niveles de desempleo, pobreza y concentración de la riqueza y el ingreso. El crecimiento anual del PIB pasó de crecer por arriba del 5% entre 1993 y 1995 a una caída del 4.8% en 1999. La pobreza por ingresos aumentó de 51.7% en 1993 a 56.3% afectando a cerca de 24 millones de personas; en las zonas urbanas el índice de pobreza es de 47.2% y en las zonas rurales 79.6%. El número de pobres aumentó en 2 millones entre 1997 y 1999.

La concentración del ingreso y la riqueza igualmente ha aumentado en estos últimos años, tanto que el país junto a Brasil exhibe uno de los índices más altos de desigualdad en América Latina. El 50% más pobre de la población participa actualmente con una parte menor de los ingresos que hace diez años; en contraste, los más ricos han mejorado su participación y la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre se incrementó de 52.1 a 78.4 veces entre 1991 y 1999(17) (ver cuadros 7 y 8). La tasa de desempleo abierto se elevó de 8.7% en 1995 a 19.5% en 1999; para el 2000 se espera un crecimiento del PIB de 3% pero sin generar nuevos puestos de trabajo, teniendo en cuenta que el desempleo se acerca este año al 21%.

Cuadro 7

Colombia: contexto económico y social 1991-2000

Fuente: Dane y cálculos DNP-UDS-DIOGS, SISD boletín Nº 26;año 2000 cálculos del autor

Cuadro 8

Participación de cada decil en el ingreso. Personas/nacional 1991/1999

Fuente: Cálculos DNP-UDS-DIOGS, con base en Dane, SISD boletín Nº 26

En consecuencia, el mejoramiento en las condiciones de vida de los colombianos se ha estancado o ha involucionado. A partir de 1996 se observa en todo el país, tanto en zonas urbanas como rurales, para los tres primeros deciles de la población una pérdida en el Indice de Calidad de Vida -ICV. La actual coyuntura ha causado un estancamiento en los indicadores de progreso del país(18). Las políticas macroeconómicas y fiscales igualmente han conducido a un empobrecimiento de la clase media. La crisis económica tiene como
una de sus principales causas la caída de la demanda producto del alto desempleo, la quiebra de pequeños y medianos empresarios y el empobrecimiento generalizado de la población.

Distribución de las preferencias políticas.

Preferencia de la izquierda respecto a la guerrilla.

Preferencia de la derecha respecto al paramilitarismo.

Colombia: Preferencias Políticas año 2000.

Población mayor de 18 años.

Fuente: cálculos propios con base en encuesta Semana-Invamer Gallup

Octubre 2 de 2000, edición Nº 961; y proyecciones población DNP.

Para el año 2000 la población colombiana alcanza la cifra de 42,3 millones de personas, el 71% se concidera urbana y el 29% rural. Los sectores populares y empobrecidos representan el 60% de la población, la clase media, cada vez venida a menos, representa un 33% y los sectores de mayor riqueza el 7%. Las brechas entre ingresos, oportunidades y condiciones de vida son crecientes entre sectores urbanos y rurales y en la piramide social. Espacialmente se ha conformado un verdadero apartheid social y la ocupación territoral refleja no solo los odios y los resentimientos, tambien la fragmentación socio-económica de la población.

La fragmentación igualmente es ideológico política, a pesar de que una quinta parte de la población expresa un alto analfabetismo o desinteres político. Por preferencias políticas, el 37% de la población mayor de 18 años ( 61,4% del total) se considera de centro (o no sabe de qué lado del espectro está), un 31% de derecha y un 12% de izquierda. Por la opción de la guerra, el 27% de la derecha se considera simpatizante del paramilitarismo y en la izquierda solo un 21% favorece a la insurgencia (ver gráficos y cuadro 9). Esto es, 2,8 millones de colombianos estaría por la confrontación armada y 23,1 millones por la salida negociada del conflicto. No obstante, frente a la pregunta ¿cuál vía es mejor para
solucionar el conflicto armado en Colombia? Una tercera parte de la población encuestada elige la vía militar. La clase media es militarista, mientras que la alta y la baja son más dialoguistas. A más baja clase social más personas se sienten de derecha(19).

La profundización de la crisis económica y las desigualdades sociales, unido al
escalamiento de la guerra que ocasionará la puesta en marcha del Plan Colombia,
polarizará aun más la sociedad colombiana. La polarización se siente en todos los
espacios de la vida cotidiana, laborales, públicos y privados. La clase media, indecisa y
amenazada en su vida económica y personal, es proclive cada vez más a salidas
militaristas. Los medios de comunicación igualmente atizan la guerra. Violencia y
negocios siempre han acompañado la guerra en Colombia. Los intereses estratégicos
europeos y nortemericanos sobre el territorio colombiano se involucran cada vez más en la dialéctica del conflicto. Las transnacionales y el capital financiero agregan otro ingrediente a la guerra civil. Otros, siguiendo la sentencia del Libertador Bolivar "la única cosa que se puede hacer es emigrar", han optado por marcharse, más de 4 millones de colombianos (10% de la población) se encuentran exilados, refugiados o viviendo en el exterior, sin intenciones de regresar en el mediano plazo.

Entre tanto, el estilo de desarrollo se configura con mayor claridad: hegemonía del capital financiero, economía rentistica, Estado parasitario, polarización y enfrentamiento civil, entrega de la soberanía nacional a las transnacionales y a los países hegemónicos, desarrollo forzado y excluyente, seudemocracia armada, aparato militarista creciente y fragmentación socio política y armada del territorio. Lo único en cuestión es la viabilidad de este modelo.

Notas:

1. Hobsbawm, Eric, (1996), Historia del siglo XX, Crítica, Grijalbo Mondadori, España, p.23.

2. Renner, Michael, (1997), La transformación de la seguridad, en: La situación del mundo, un informe del Worlwatch Institute, Icaria editorial, Barcelona, p. 219.

3. Aguirre, Mariano, (1998), prólogo a la edición española de Desarrollo en estados de guerra, Oxfam-CIP, Barcelona, p.6; Semprún, Jorge y Longué, Olivier, (1999), Geopolítica del hambre, prólogo, Icaria editorial, Barcelona, p. 14.

4. Ministerio de Hacienda y DNP, Op. Cit. P. 29-30.

5. Ibid, p. 67, cuadro 14.

6. Investigación del diario Orlando Sentinel sobre la ejecución de la ayuda a Colombia, reproducido por El Espectador, martes 3 de octubre de 2000, p. 3ª.

7. Ver: Toklatian, Juan Gabriel y Ramírez José Luis, (1995), La Violencia de las Armas en Colombia, Fundación Alejandro Angel Escobar, Tercer Mundo, Bogotá.

8. Toklatian y Ramírez, Op. Cit., p. 325.

9. Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas, (1997), Informe Final, tomo I, Editoláser, Bogotá, pp. 99-100.

10. Garcia Peña, Daniel, (1995), Armas ligeras y conflictos internos en Colombia, En Toklatian y Ramírez, op. Cit, p. 207.

11. Boulding, Kenneth, (1993), Las tres caras del poder, Paidos, España, p. 59.

12. Garcia Peña, Daniel, Op. Cit. P. 204.

13. Toklatian y Ramírez, Op. Cit. P. 325.

14. Naylor, R,T, (1995), Estructura y operación del mercado negro de armas, en: Toklatian y Ramírez, editores, Op. Cit., p.p. 3-37.

15. El valor negativo de 1998 se explica por un traslado hacia el exterior de los fondos de inversión por parte de Estados Unidos. En los últimos años es importante también la salida de utilidades hacia el extranjero, en la medida en que maduran los proyectos o se descapitalizan las empresas que fueron anteriormente adquiridas al sector público.

16. Los programas de protección incluye recursos para comunicaciones, transporte,
blindaje de oficinas, guardaespaldas entrega de armamento legal para la protección individual. En el exterior el gobierno legitima su apariencia de defender los derechos humanos mientras en el interior no toma ninguna medida efectiva. En la lógica en que cada ser humano debe ser un defensor de los derechos humanos y que en Colombia todo el mundo se encuentra amenazado, estos programas deben extenderse a la totalidad de la población.

17. DNP, SISD, Coyuntura económica e indicadores sociales, Boletín Nº 26, julio 2000, p.22.

18. Ibid, p. 16-17.

19. Resultados de la Encuesta Semana-Invamer Gallup, con cubrimiento de Bogotá,
Medellín, Cali y Barranquilla, escogencia aleatoria entre hombres y mujeres mayor de 18 años. Revista Semana, octubre 2-9 de 2000, edición 961, Bogotá.