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EL PROCESO DE PAZ EN CUIDADOS INTENSIVOS

Por: Alejo Vargas Velásquez
Profesor Asociado Universidad Nacional

Con la congelación de los diálogos entre las FARC y el Gobierno se evidencia lo que para muchos era una realidad: que los procesos de conversaciones para buscar la superación negociada del conflicto armado colombiano están en una situación de empantanamiento y en esa medida no parecen tener derrotero claro.

Esta crisis debe servir para hacer una revisión y ajuste de los mismos, por lo menos del lado del Estado, buscando la consistencia en el comportamiento de los diferentes actores del proceso; a decir verdad, hasta el momento el único actor consistente en sus posiciones ha sido las FARC, más allá de si se comparten las mismas o no.

Lo primero que hay que analizar o definir es la estrategia que orienta el proceso. Una buena estrategia parte de un diagnóstico acertado del problema, que permita precisar claramente qué hacer y cómo hacerlo, es decir delimitar los objetivos de corto, mediano y largo plazo, en el entendido que estos son procesos que tienen temporalidades de larga duración. Es en la definición de lo anterior donde se requiere el consenso y la participación de los diversos actores políticos relevantes para transformarla en una real política de Estado. En la medida en que se tengan claros los objetivos a alcanzar los hechos problemáticos que se vayan produciendo en la coyuntura se sitúan y valoran en función de los mismos y de esta manera no se permite que los hechos coyunturales se vuelvan determinantes del proceso.

Pero la estrategia igualmente debe precisar el rol que se espera jueguen los distintos actores dentro del proceso: las diferentes organizaciones guerrilleras; hasta el momento la sensación en el país ha sido el carácter determinante –casi exclusivo al inicio- del proceso de negociación con las FARC y el manejo subsidiario del proceso con el ELN –cuando hay dificultades en el otro proceso o cuando queda tiempo-, aunque esto se modificó con el actual Alto Comisionado de Paz, quién ha tratado de darle similar importancia a los dos procesos; igualmente qué papel cumple la sociedad civil y los diversos organismos estatales. Y algo que es fundamental y que ha sido el ‘florero de Llorente’ de la actual crisis: el tratamiento que el Estado va a darles a los denominados grupos de autodefensa o paramilitares, ubicando claramente su naturaleza, alcances y posibilidades –jurídicas y políticas-.

En el ejercicio de precisar todo lo anterior y de apoyo a los procesos de diálogo y negociación es que tiene sentido la propuesta de un Frente Común por la Paz y contra la Violencia, que no debe ser un frente para hacer la guerra, sino una convergencia de organizaciones políticas y sociales para apoyar los procesos de conversaciones en curso, para permitir que se tomen decisiones que requieren audacia: avanzar en lo relacionado con el intercambio humanitario –mal llamado canje-; definir la zona de encuentro para el proceso con el ELN y por sobretodo, para contrarrestar las voces guerreristas que quieren enredar a la sociedad colombiana en un holocausto con el canto de sirena de probables ‘victorias militares’.

Lo anterior presupone que se defina si la negociación se considera una prolongación de la guerra, es decir una estrategia de suma cero, donde lo que el uno gana lo pierde el otro y entonces la lógica militar seguirá predominando, o si por el contrario se concibe ésta como un proceso asociativo entre los diversos actores, para sentar las bases que permitan ir construyendo un nuevo país, sin exclusiones, más equitativo y con una real distribución del poder. Y esto, por supuesto, tiene costos políticos, sociales y económicos. El interrogante es si las partes, es decir, la elite dirigente del país y la dirigencia guerrillera están en disposición de asumir estos costos. Eso no lo sabemos todavía y sería fundamental para tener más claridad del panorama.