DEL PACTO DE PUNTO FIJO A LA V REPÚBLICA: CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES OCURRIDOS EN EL SISTEMA POLÍTICO VENEZOLANO

Dhayana Carolina Fernández Matos                 

I.- Antecedentes. Hasta 1.958, año en el cual es derrocado el último dictador en Venezuela, el General Marcos Pérez Jiménez y se inicia el período democrático, la situación del país se había caracterizado por una extrema inestabilidad política y gobiernos dictatoriales. Desde la instauración de la República, sólo había existido un breve lapso – de 1945 a 1948 – en el cual se había establecido un gobierno democrático.

En este trienio 1945-1948, se consolidó la idea de centralidad del Estado en el proceso de construcción de la sociedad venezolana y en la definición de los rasgos principales del modelo socioeconómico de desarrollo. También se establecieron las bases para el funcionamiento de un orden pluralista en lo político, consagrándose en la Constitución de 1947 las normas relativas a la ampliación y respeto de los derechos políticos de los ciudadanos y de las organizaciones, siendo este aspecto uno de los más problemáticos durante el período (Kornblith, 1994: 43).

El retorno de la democracia en 1958, luego de 10 años de dictadura, significó volver a la senda del pluralismo político, pero también significó analizar y actuar con mucho cuidado para no repetir los errores cometidos en el trienio y que llevaron al golpe de estado de 1948.

El sistema político que se establece se caracteriza por dar predominio al consenso y evitar a toda costa el conflicto. Se trataba de crear una democracia que para garantizar su supervivencia necesitaba del apoyo de diferentes sectores de la sociedad y que el Estado respondiera y articulara los intereses divergentes. Se instaura lo que Juan Carlos Rey (1991: 543) llama sistema populista de conciliación, basado en el reconocimiento de una pluralidad de intereses, tanto los de la mayoría como los de las minorías, y en la creación de una compleja red de negociación entre ellos, que se expresa en un conjunto de mecanismos y reglas peculiares para la toma de decisiones que son obligatorias para el conjunto de la sociedad; se trataba de lograr un consenso social necesario alrededor de las reglas básicas del orden político, conciliando dos necesidades de las que dependía el mantenimiento del régimen democrático: por un lado, garantizar a los sectores poderosos que no serían amenazados sus intereses por la aplicación de la regla de la mayoría en la toma de decisiones por parte del gobierno, y por otro lado, que la población en general tuviera confianza en los mecanismos de la democracia representativa, como el instrumento más idóneo para satisfacer sus aspiraciones de justicia, libertad y bienestar.

Es para asegurar los supuestos precedentes y para evitar que un golpe de estado derrocara al gobierno elegido por votación popular, que los dirigentes de los tres partidos principales, Rómulo Betancourt por Acción Democrática (AD), Jóvito Villalba por Unión Republicana Democrática (URD) y Rafael Caldera por el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), firman el Pacto de Punto Fijo en el cual se establecen los compromisos básicos de los partidos políticos para salvaguardar la democracia. A grandes rasgos, los enunciados básicos de ese pacto se pueden sintetizar en 1) la defensa de la constitucionalidad, el derecho a gobernar y el respeto de los resultados electorales a los que se comprometían los firmantes del pacto, así como a no conspirar ni unirse con otras fuerzas para dar un golpe de estado y derrocar al gobernante legítimamente electo, 2) un gobierno de unidad nacional para proteger la débil democracia que nacía y evitar que una oposición sistemática la destruyera; los partidos políticos firmantes del acuerdo se comprometían a formar en torno al candidato que resultase electo como presidente un gobierno de coalición, de tal forma que los cargos ministeriales y los cargos públicos serían repartidos entre ellos, 3)un Programa Mínimo Común, que es la parte programática del pacto y consistía en un conjunto de metas políticas, económicas y sociales que serían comunes a todos los partidos políticos firmantes, obligándose éstos a no incluir en sus programas particulares puntos contrarios a los del Programa Mínimo y a respetar y tolerar las ideas divergentes en los puntos no comunes dentro de los límites de la tolerancia y el mutuo respeto (Gómez Calcaño/López Maya, 1989:71-2).

Con la firma de ese pacto se sella en Venezuela un estilo de repartición del poder y los recursos durante el período democrático que estuvo vigente hasta hace pocos años, llamándose "democracia puntofijista" a esa democracia en la cual los partidos políticos, principalmente AD y COPEI porque URD se separó del pacto, se reparten los cargos públicos de acuerdo a cuotas, parcelas, fórmulas y criterios que varían con el tiempo y con el ámbito de aplicación, pero que en todo caso garantiza a los partidos cuotas importantes de poder (Urbaneja, 1997: 9).

Los factores fundamentales del modelo de desarrollo en que se ha basado el SPV desde 1958 son el papel central del Estado como motor principal del desarrollo económico y el rol ocupado por los partidos políticos y algunos grupos de presión, como mediadores entre el Estado y el conjunto de la sociedad.

El Estado ha sido un factor clave para impulsar la economía a través del gasto público o mediante regulaciones, protecciones o estímulos diversos de naturaleza fiscal. De esta forma se desarrolló un poderosísimo capitalismo de Estado y además una incidencia crucial del mismo en la estructura social del país mediante la generación de empleo estatal, junto con un papel decisivo en el impulso dado a la industrialización a través de las empresas privadas (Rey, 1991:545). Todo ello fue posible por tratarse de un Estado propietario de la mayor riqueza de la nación, el petróleo, lo cual lo convirtió en rentista e intervencionista. El modelo rentista lo eximió de enfrentar la disyuntiva de extraer recursos de un sector de la sociedad para transferirlos a otros. El origen externo del ingreso fiscal y su abundancia permitieron satisfacer las demandas de los diversos sectores, aunque de manera desigual, sin que se generaran conflictos distributivos. En este modelo el Estado adquirió una discrecionalidad y centralidad extrema (Kornblith, 1996: 7).

Por otra parte, la capacidad del Estado para satisfacer las necesidades de los distintos sectores de la sociedad ha dependido, además de los recursos de los cuales ha dispuesto, de la existencia de organizaciones capaces de agregar y articular intereses heterogéneos, en especial los partidos políticos, y de canalizar hacia los órganos encargados de la toma de decisiones públicas, las distintas demandas sociales de forma que puedan ser satisfechas y, de esta manera, generar apoyos al gobierno y, en última instancia, al régimen político (Rey, 1991: 547). El rol protagónico de los partidos ha llevado a caracterizar al SPV esencialmente como un sistema de partidos. Los partidos políticos han predominado sobre las demás organizaciones sociopolíticas, han controlado las instituciones fundamentales del Estado y han influido significativamente sobre cualquiera de los canales de participación política. Lo público, en Venezuela, ha sido desde 1958 un asunto casi exclusivo de los partidos. Actuar en política ha sido formar parte, ser militante, simpatizante o "independiente amigo" de un partido político (Álvarez,1996: 133).

A finales de la década de los setenta el modelo socioeconómico y el de participación política del SPV, mostraban claros signos de agotamiento.

II.- Crisis del sistema político venezolano. Señala Juan Carlos Rey (1991:565) que el SPV ha funcionado gracias a los siguientes factores: abundancia de recursos económicos, que le han permitido al Estado satisfacer las necesidades; demandas relativamente simples que podían ser satisfechas con los recursos existentes y la capacidad de los líderes de los partidos políticos para canalizar esas demandas y mantener la confianza de quienes las formulan. Cuando alguno de estos factores sufre alguna modificación, ello supone una amenaza para la estabilidad, que, sin embargo, puede ser compensada dentro de ciertos límites por un adecuado funcionamiento de los otros sectores. Pero si fallan simultáneamente los tres, como ha ocurrido en Venezuela, estamos en presencia de una crisis, que representa un límite para el sistema que no puede continuar funcionando satisfactoriamente.

La crisis del modelo rentista se hizo más visible al recortarse el ingreso petrolero, lo cual redujo significativamente la capacidad del Estado para atender las demandas provenientes de distintos sectores de la sociedad y para expandir su actuación hacia nuevas esferas. Además, el Estado se vio obligado a cumplir con unos compromisos, que terminaron convirtiéndose en costosos lastres políticos, sociales y económicos para el desempeño de la función pública. La enorme visibilidad del Estado venezolano hizo que fuera el principal responsable de los problemas económicos que tenía la población, lo cual contribuyó a aumentar sustancialmente el descrédito que tenían los funcionarios públicos tradicionales. Todo ello ha llevado a una situación en la cual resulta cada vez más difícil asegurar la armonía social y política a través del ingreso petrolero y de la función mediadora del Estado (Kornblith, 1996:9).

Los partidos políticos más poderosos, AD y COPEI, así como los principales grupos de representación de intereses específicos, principalmente Fedecámaras, que representa el sector empresarial y, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), el de los trabajadores, que fueron pilares fundamentales en 1958, vieron reducida enormemente su capacidad para canalizar y articular las demandas de los sectores que pretendían representar. Ello colocó a una amplia porción de la población al margen de las organizaciones existentes, unido al hecho de que las demandas y expectativas han crecido y se han diversificado, lo que hace necesario la aparición de nuevas organizaciones para representarlas; todo lo cual generó patrones de negociación más complejos, costosos e impredecibles, a los cuales no parecen adaptarse las organizaciones tradicionales.

El hecho de que las organizaciones de mayor importancia en el SPV fueran los partidos políticos, en particular AD y COPEI, hace que se les cuestione mucho más y que se les responsabilice de la crisis, aunque no sean los únicos culpables pero sí los más visibles. Este cuestionamiento incluye el rechazo a la partidocracia, corrupción, pragmatismo, clientelismo, etc.

El hecho público que por primera vez hizo palpable las profundas dificultades que atravesaba el SPV, ocurrió el 18 de febrero de 1983, durante la presidencia de Luis Herrera Campins, conocido en la historia venezolana como el "viernes negro", fecha en la cual se anuncia el establecimiento de un control de cambios y una nueva tasa de cambios con diferentes precios del dólar frente al bolívar, de acuerdo al uso a que estuviera destinada la moneda estadounidense. Este acontecimiento era una señal muy importante que la "Venezuela Saudita" era un espejismo, una mera ilusión y que la situación económica era preocupante. Sin embargo, en el ámbito político la situación era normal y la estabilidad democrática venezolana era un ejemplo para los demás países latinoamericanos.

III. Agudización de la crisis. Rafael Caldera asume la Presidencia de la República en febrero de 1994. Para ese momento los venezolanos ya habían experimentado un proceso de transformación económica conocido como el Gran Viraje durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) (1) y bajo la tutela de los organismos multilaterales de financiamiento.

Si bien es cierto que este fue el primer intento serio de superar el modelo rentista petrolero, se hizo siguiendo las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) y sin obtener el piso político necesario para que las medidas que se adoptaban fueran aceptadas por la población. Ello llevó a una explosión social los días 27 y 28 de febrero de 1989, a menos de un mes de la toma de posesión de Pérez, producto del descontento con la situación económica imperante y por las medidas adoptadas por el nuevo gobierno (2).

Pese a lo dicho, las políticas económicas seguidas por el gobierno de Pérez permitieron una leve mejora en la economía. Sin embargo, los dos intentos de golpe de estado que se dieron el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, el primero de ellos liderizado por el actual presidente Hugo Chávez Frías, dieron al traste con estas reformas y mostraron el grado de descontento que existía en algunos sectores.

Caldera fue electo presidente por segunda vez con la promesa explícita de seguir un modelo económico distinto al de Pérez, que no estuviera basado en fórmulas neoliberales orientadas por el FMI y el BM. Durante la campaña electoral uno de los lemas que se hizo más populares era el que indicaba que si Caldera ganaba las elecciones "no se arrodillaría ante el FMI" para pedir préstamos.

Este anuncio se verá frustrado por circunstancias ocurridas poco tiempo antes de iniciar su mandato. El presidente interino Ramón J. Velásquez, que fue nombrado por el Congreso luego de que Pérez fuera separado del cargo y enjuiciado, se vio obligado a intervenir uno de los principales bancos del país, produciéndose una cadena de problemas que llevó a la quiebra de varias instituciones financieras del país. Se inicia así la crisis financiera más severa por la que haya pasado Venezuela a lo largo del siglo XX, que de acuerdo con el Banco Central, implicó la inyección de recursos por parte del Estado al sistema bancario por un equivalente al 10% del producto interno bruto (PIB).

El costo financiero de esta crisis limitó profundamente las posibilidades del gobierno de implantar y poner en práctica un modelo económico propio.

Durante los dos años siguientes, 1994-1996, el gobierno trató de adoptar distintas medidas, erráticas en su mayoría, para tratar de superar la crisis (3), sin conseguirlo, hasta que en abril de 1996 Caldera anuncia la implementación de la Agenda Venezuela, que vino a ser una versión atenuada del Gran Viraje de Pérez (Lander/López Maya, 1999: 6).

El presidente, con su innegable habilidad política, buscó el apoyo de los distintos sectores de la sociedad para justificar su plan de reformas; colocó al frente del mismo, como su principal ejecutor, a Teodoro Petkoff, que por muchos años había sido su oponente y uno de sus críticos más severo, dirigente del partido Movimiento al Socialismo (MAS), quien en los años sesenta había participado en las guerrillas.

Para inicios de 1997 se hablaba de los resultados positivos de la Agenda Venezuela, que se dieron gracias a la combinación de varios factores: un aumento en el precio promedio de la cesta petrolera venezolana; una mejor recaudación fiscal en los sectores no petroleros debido a la acertada actuación del órgano encargado de esto, el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), creado durante este gobierno; y una mejor disciplina en el gasto público. Todo ello llevó a crear un ambiente de optimismo moderado que suponía el inicio de la recuperación y la salida de la larga y profunda crisis económica.

Sin embargo, a inicios de 1998, este moderado optimismo se fue trastocando en un grave cuestionamiento al desempeño del gobierno en materia de política económica. Esto como resultado que a partir de octubre de 1997 aproximadamente, comenzó una caída ininterrumpida de los precios del petróleo, lo que llevó a la reconducción del presupuesto nacional y a una disminución de los ingresos petroleros por el orden de los 7.000 millones de dólares, que trajo como consecuencia un déficit fiscal de la menos el 5% del PIB (Lander/López Maya, 1999: 7).

En el aspecto social, el gobierno de Caldera no logró superar el constante empobrecimiento que venía sufriendo la sociedad venezolana durante las últimas dos décadas y que se profundizó con los planes de ajustes macroeconómicos implantados por los gobiernos. La inflación era incontrolable y llegó a niveles nunca vistos en el país, alcanzando la cifra récord del 800%. Los servicios públicos continuaron deteriorándose, haciéndose más palpable en los servicios de salud, educación, agua, etc., afectando principalmente a la población menos favorecida. Las políticas sociales fueron transformándose en políticas asistenciales, que servían de leves paliativos a la situación existente, pero que de ningún modo solucionaban el problema. La inseguridad ciudadana llegó a niveles alarmantes; la población vive atemorizada y tensionada ante los altos índices delictivos y la incapacidad de los cuerpos policiales para hacerle frente a los delincuentes.

Existía todo un panorama de exclusión social y sentimientos de malestar, descontento, impotencia que hacía desaparecer la expectativa de un futuro mejor.

En cuanto a la situación político-institucional, se logró cierta paz durante el gobierno de Caldera, luego de los años tumultuosos en los gobiernos de Pérez y Ramón J. Velásquez, pero continuó el deterioro de las instituciones fundamentales del Estado y la falta de legitimidad del sistema político, principalmente de los partidos políticos tradicionales.

Un hecho que no se puede pasar por alto es que Caldera llega al poder luego de la crisis institucional más seria del período democrático. Tres hechos marcan esta crisis político-institucional: la explosión social ocurrida el 27 y 28 de febrero de 1989, los dos intentos de golpe de estado en 1992 y la destitución de Carlos Andrés Pérez en 1993.

Existía en los venezolanos un profundo desencanto y descontento con la democracia y las instituciones que la encarnaban, particularmente con los partidos políticos, el poder judicial y el Congreso. Esto se reflejó en el hecho de que un sector de la población le pedía al presidente, al poco tiempo de que éste tomara posesión de su cargo, que diera un golpe a la peruana, un "fujimorazo", que acabara con los nidos de corrupción que existían en los cuerpos deliberantes y en el poder judicial. Caldera continuó el hilo institucional y logró superar las mayores amenazas a la estabilidad política. Sin embargo no cumplió con un de las promesas más importante de su campaña: producir transformaciones profundas en las instituciones del Estado a través de una reforma constitucional, que nunca llegó.

El descrédito del poder judicial, que ya era común, aumentó aún más por el hecho de que prescribieran las causas contra el ex –presidente Jaime Lusinchi y su esposa Blanca Ibáñez. Por otro lado, los períodos groseramente largos para que se dictara sentencia, que llevaba a casos donde los procesados duraban más tiempo encarcelados al que se señalaba posteriormente en la sentencia condenatoria, o los casos de jueces corruptos y de funcionarios judiciales que cobraban comisiones para asegurar la celeridad de las decisiones, reforzaban la falta de legitimidad de esta institución que además, no contaba con la independencia de los partidos políticos, tan necesaria para la consolidación de un régimen democrático.

Este desencanto de los venezolanos con su democracia se hacía palpable en los altos índices de abstención electoral. Luego de varios lustros en los que la participación electoral estaba alrededor del 90% de la población votante, en las elecciones nacionales de 1988 la abstención pasó al 18,3% y en las de 1993 estuvo alrededor del 39,8% (Kornblith, 1994: 154). Adicionalmente, las encuestas mostraban el rechazo de la población hacia la política, sus dirigentes, sus instituciones, y si bien es cierto seguían prefiriendo a la democracia como el mejor régimen de gobierno, un porcentaje importante creía que un golpe de estado era la única alternativa para superar la crisis institucional existente.

La alianza no explícita entre Caldera y AD, que era el principal defensor del status quo y no estaba de acuerdo con que se introdujeran profundas reformas institucionales, era vista por la población como la unión de los principales responsables de la situación existente: los adecos y los copeyanos, ya que aunque Caldera llega a la presidencia como candidato del partido Convergencia, la gente lo seguía asociando con COPEI, partido que fundó y del cual fue su principal líder durante décadas.

En este contexto, el cambio político era exigido y planeado por sectores de la sociedad civil que comienzan a emerger a partir de los años ochenta, pero la eficaz acción de los partidos políticos tradicionales en ponerles freno y evitar las transformaciones que eran exigidas, trajo como consecuencia un distanciamiento de estos sectores de la arena política, aunque su actividad en el ámbito vecinal, social, etc., continuara, pero se rechazaba todo lo que tenga que ver con la política.

Un último factor que ha de ser señalado para comprender el creciente y alarmante deterioro institucional, es el conflicto que surgió entre 1997 y 1998 en torno a la modificación de la Ley Orgánica del Sufragio, que pasará a llamarse Ley Orgánica del Sufragio y de la Participación Política, que crea un nuevo órgano rector de los comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la eliminación del anterior Consejo Supremo Electoral, acusado de estar totalmente partidizado y de ser un referente perfecto en cuanto a corrupción y clientelismo. Este nuevo órgano, el CNE y la elección de sus miembros, realizado en un pacto excluyente entre AD y COPEI, polos del bipartidismo, demostraba una vez más a los venezolanos la escasa voluntad de estos partidos para cambiar las reglas del juego político, que les eran totalmente favorables, pero que mostraban visibles signos de desgaste. Hay que agregar además que esa ley fue reformada cinco meses después de haber sido aprobada, en la última jugarreta electoral de AD y COPEI, que ante el avance de la candidatura de Chávez Frías y para evitar el "efecto portaaviones" que se podría producir al realizarse las elecciones presidenciales, regionales, legislativas y municipales en un mismo acto, establecieron adelantar las elecciones regionales y legislativas para noviembre de 1998.

Todo lo dicho hasta ahora nos permite comprender las razones por las cuales el electorado buscara un cambio radical a la situación existente.

IV.- El proceso electoral y el triunfo de Hugo Chávez Frías. Las elecciones de 1998 en Venezuela, marcaron un renovado interés del electorado por estos comicios. Se dieron casos nunca vistos como el apoyo de AD y COPEI al mismo candidato, o el intento de infundir miedo en la población para que no votara por Chávez.

El ambiente socioeconómico, institucional y político anteriormente descrito, demandaba un cambio radical a la situación imperante. Chávez y el conjunto de partidos políticos y grupo de electores que lo apoyaban, fueron los que canalizaron las expectativas de la población. Las reivindicaciones para los sectores populares y la convocatoria a una asamblea constituyente fueron su caballo de batalla. Y, dado el contexto en el cual se encontraba el SPV, la mesa estaba servida para que Chávez resultara electo.

Al conjunto de agrupaciones políticas que respaldaron la candidatura de Chávez se le conoció como el Polo Patriótico (PP), en éste destacan tres partidos políticos: el Movimiento V República (MVR), Patria para todos (PPT) y el MAS. Los dos primeros con menos de dos años de vida.

El MVR tuvo su origen en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), organización que nace en los cuarteles, en los años ochenta y donde militares de mediano rango discutían los problemas del país. De este movimiento surgen Hugo Chávez Frías y Francisco Arias Cárdenas, este último fue electo gobernador del Estado Zulia, una de las entidades más importantes del país, contando para ello con el apoyo de Chávez y posteriormente, en el 2000, fue candidato presidencial y opositor de su antiguo compañero golpista. En abril de 1997, cuando Chávez decide participar en la contienda electoral, se le cambia el nombre al MBR-200 por el de MVR debido a que en Venezuela los símbolos patrios –siendo Simón Bolívar el más representativo- no pueden figurar en organizaciones políticas (Lander/López Maya 1999b: 116). Con el nombre adoptado por el antiguo MBR-200 se plantea la refundación de la República ya que, según los seguidores del MVR, la cuarta república se inicia con la separación de Venezuela de la Gran Colombia en 1830, caracterizándose por ser una república oligárquica y que alcanzó su mayor grado de descomposición con la "democracia puntofijista" (Lander/López Maya 2000a:18-9).

El PPT nace de una división del partido Causa Radical, que obtuvo importantes resultados en las elecciones de 1993, convirtiéndose en uno de los partidos más importantes del país, con una notable representación legislativa. El MVR y el PPT, conforman el bloque duro del PP, tienen una clara vocación popular y dan especial importancia al nacionalismo, expresado particularmente en el resguardo de los recursos nacionales estratégicos. El PPT en cuyas filas militan dirigentes con amplios conocimientos de la actividad política, proporcionan al PP una riqueza de experiencias necesarias.

El MAS fue durante algún tiempo la tercera fuerza política del país y cuenta con una importante base regional. Su apoyo a la candidatura presidencial de Chávez fue conflictivo; las bases estaban de acuerdo con apoyarlo, pero la cúpula del mismo, un grupo de los dirigentes más influyentes del partido, se negaban. Cuando finalmente se produce el apoyo, el candidato se encuentra en primera posición en las encuestas más serias y confiables.

Durante la campaña electoral el PP se encontró con innumerables problemas que sin duda supo superar con mucha habilidad. Los actores políticos tradicionales, principalmente AD y COPEI, pero también un sector de los grupos económicos más poderosos del país, de los medios de comunicación y de las fuerzas armadas, percibían que un eventual triunfo de Chávez supondría un cambio radical en el SPV y por lo tanto del status quo que los beneficiaba. Trataron de infundir temor y rechazo en la población hacia la candidatura del ex –golpista, lo cual en lugar de disminuir el número de simpatizantes, hizo que aumentaran las posibilidades de triunfo electoral.

El otro grupo importante en la contienda electoral fue el Polo Democrático (PD), con una vida muy corta y bastante atropellada. En la última semana de noviembre, cuando parecía que el triunfo de Chávez era indetenible, una serie de sucesos terminan con la concentración mayoritaria de los sectores no- chavistas alrededor de la candidatura de Henrique Salas Römer, quien siendo también un candidato no perteneciente a los partidos políticos tradicionales: AD y COPEI, había realizado una eficaz gestión como gobernador del Estado Carabobo por dos períodos consecutivos.

Salas Römer crea su propia organización política, Proyecto Venezuela, va subiendo lentamente en las encuestas hasta ocupar el segundo lugar. Luego de las elecciones regionales en noviembre de 1998, cuando ya era notorio que los partidos políticos tradicionales iban a sufrir una contundente derrota electoral, tanto AD como COPEI toman una decisión sorprendente: les retiran el apoyo a sus respectivos candidatos, AD a Luis Alfaro Ucero y COPEI a Irene Sáez, negándose los candidatos a renunciar, por tanto, le piden a sus militantes que apoyen la candidatura de Salas. Buscaban la polarización, que finalmente se dio entre éste y Chávez. Por supuesto que estos acontecimientos mostraban a la población la profunda crisis que atravesaban AD y COPEI, lo cual se reflejaba también en su estructura interna y en las divergencias existentes entre distintos sectores en el seno de los mismos.

Chávez obtiene el triunfo con un 56,20% de los votos (4), imponiéndose en 18 de las 24 entidades federales. Se produce la polarización con Salas Römer (96,17% de los votos entre los dos), en el cual el PP superó el 50% de los votos válidos (Lander/López Maya, 1999a: 10).

Cumpliendo con su promesa electoral, Chávez Frías el día que tomó posesión de su cargo, convoca un referéndum en el cual los venezolanos debían responder dos preguntas, la primera era sobre la convocatoria de "una Asamblea Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento de una democracia social y participativa", y la segunda sobre la aprobación de las bases propuestas para la misma. El 87,95 % de los venezolanos que acudieron a las urnas, contestaron afirmativamente a la convocatoria, sin embargo en términos totales, la abstención fue del 60,90%, siendo la más alta ocurrida en los diferentes procesos que se han dado desde la instauración del régimen democrático. En el mes de julio de 1999, son electos los miembros de la Asamblea Constituyente y si bien es cierto que se trataba de elecciones nominales, la victoria de los candidatos apoyados por Chávez y pertenecientes al Polo Patriótico fue aplastante, de los 128 cargos, 121 pertenecían al Polo y sólo 7 provenían de la oposición. La Constitución que debía redactar esta Asamblea debía someterse a referéndum, el cual se hizo el 15 de diciembre de 1999, ganando la opción "sí" a la Constitución hecha (Maingón,/Pérez Baralt/ Sonntag, 2000).

Entre las novedades del nuevo texto constitucional podemos señalar la adopción del nombre "República Bolivariana de Venezuela" (art. 1). Cambios significativos en el Poder Público Nacional tales como la existencia de un Poder Legislativo Nacional unicameral, la Asamblea Nacional (art. 186) y no bicameral, Cámara de senadores y Cámara de diputados como lo establecía la Constitución de 1961; cambio del período presidencial que pasa de cinco años sin derecho a reelección inmediata en la anterior carta magna, a ser seis años y pudiendo ser reelegido el Presidente de la República de inmediato y por una sola vez, por un período adicional (art. 230). Para mejorar el funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional, se crea la figura del Vicepresidente Ejecutivo (art. 255) quien coordinará la Administración Pública Nacional (art. 239); se incorpora a los poderes públicos nacionales el Poder Ciudadano que estará integrado por el Fiscal General, el Contralor General y el Defensor del Pueblo (art. 273), siendo la inclusión de este último en el ámbito constitucional una novedad importante en la protección y defensa de los derechos humanos (art. 280). En materia del Poder Judicial se dieron cambios que fueron acogidos con beneplácito por amplios sectores, se le otorga autonomía financiera al consagrarse que el Estado asignará al sistema de justicia una partida anual que no podrá ser en ningún caso inferior al 2% del presupuesto ordinario nacional (art. 254), se le otorga rango constitucional al concurso de oposición público para ingresar a la carrera judicial (art. 254), se limita la competencia de los tribunales militares a los delitos de naturaleza militar (art. 261).

Un avance importante para el paso de una democracia representativa a una democracia participativa, es la consagración del Referendo Popular, expresándose que la soberanía reside en el pueblo que la ejerce directamente a través de esta figura o indirectamente mediante el sufragio (arts. 5, 70-74). Está aún por verse el ejercicio de este novedoso mecanismo y su influencia en el proceso democrático.

V.- Consideraciones finales. El triunfo de Hugo Chávez Frías 1998 y su posterior relegitimación al ser electo nuevamente en julio del 2000 de acuerdo a lo señalado en la Constitución, son muestras que la población sigue apostando por un cambio trascendental en la forma de hacer política en Venezuela. A poco más de dos años de la llegada al poder de Chávez, es evidente la ruptura con los mecanismos utilizados por los regímenes democráticos en el marco del pacto de Punto Fijo, sin embargo, hasta ahora no se observa claramente que éstos se hayan sustituido por otras reglas de juego democráticas en el SPV. Es muy temprano aún para llegar a conclusiones finales acerca de los logros del gobierno, lo que no se puede negar es el enfrentamiento que ha tenido el presidente en este período con muchos de los sectores de la sociedad.

Notas:

(1) El 20 de mayo de 1993, Pérez es separado de su puesto para ser enjuiciado por la Corte Suprema de Justicia.

(2) El hecho que desató los sucesos fue el aumento del precio del pasaje en el transporte público como consecuencia del aumento de los precios de la gasolina.

(3) Se adoptaron distintos planes de estabilización macroeconómica; el Plan Sosa, el Plan Corrales, etc., identificados de acuerdo con el nombre del ministro que aparecía como principal creador del plan.

(4) Cifra sólo comparable con los resultados obtenidos por Jaime Lusinchi en 1983, 56,72% de los votos y Carlos Andrés Pérez en 1988, con 52,91% (Kornblith/Levine, 1993: 33)

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Dhayana Carolina Fernández Matos

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Doctorado: Ciencia Política y de la Administración