IGLESIA Y MASONERÍA EN EL SIGLO XIX EN CHILE.  

Sebastián Jans

Ponencia presentada en el Primer Simposio Internacional de Historia de la Masonería Americana y su Influencia en el Desarrollo Económico, Social, Político y Cultural de América Latina hasta 1900.

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Resumen.

Esta ponencia realiza un análisis de las controversias entre la Iglesia Católica y la Masonería, en Chile, durante el siglo XIX. El protagonismo de ambas instituciones se establece sobre las base de divergencias y contradicciones éticas y morales, debido a su distinta naturaleza y objetivos. El enfoque de esas contradicciones se inicia con el periodo post-independentista y se prolonga hasta la guerra civil de 1891. Se enfocan los eventos sociales y políticos en que ambas instituciones influyen, y donde se produce un desplazamiento de las condiciones espirituales predominantes, desde un tiempo marcado por el espíritu colonial a un tiempo en que se imponen las ideas liberales y el librepensamiento. Los eventos políticos y sociales estudiados permiten establecer los momentos en que, una u otra, adquieren su mayor o menor influencia.

Introducción.

La Iglesia Católica y la Masonería mantuvieron durante el siglo XIX, una dura disputa por la influencia ética y moral en la sociedad chilena. Esa disputa produjo significativos efectos, provocando un cambio en la condición espiritual de los chilenos. Por lo mismo, el análisis que efectuaremos, lo focalizamos en el campo en que se producen esas divergencias y contradicciones: el escenario político-social.

Como sabemos, se trata de dos instituciones que tienen un propósito ético, que buscan determinar la realidad moral de su tiempo, y que, por efectos de su influencia espiritual, producen dentro de la sociedad y sus instituciones, una tendencia o una proclividad, que marca la condición espiritual de un tiempo determinado, y que se traduce en definitiva en concepciones morales predominantes. No se trata de una confrontación directa, sino que se manifiesta indirectamente, a través de las distintas expresiones del hacer societal, en torno a dos conductas públicas: el clericalismo y el laicismo.

Para detectar los alcances y rasgos de las controversias que animaron la Iglesia y la Masonería, en el siglo XIX, se requiere indagar en los hechos políticos y sociales que marcan el carácter de esa época.

La  acción de la Iglesia, fue ciertamente más abierta y evidente, en sus señales públicas. Por el contrario, la acción masónica, en gran parte del siglo XIX, tuvo un carácter marcadamente indirecto, debido a los riesgos persecutorios que significaba ponerse en evidencia, en un medio reactivamente hostil por el prejuicio religioso predominante, en una sociedad predominante conservadora, tradicionalista y confesional. 

Presencia masónica a inicios del siglo XIX.

La primera afirmación que someto a vuestra consideración, es que la controversia entre la Iglesia Católica y la Masonería se inicia con los albores mismos de la República, apenas el país consolida su proceso de independencia en los campos de batalla.

Sobre la existencia institucional de la Masonería en ese periodo, existe un velo de dudas y especulaciones, a partir del antiguo debate sobre la eventual condición masónica de las Logias Lautarinas.

Mi personal opinión es que la investigación en torno a la existencia de logias masónicas, en ese periodo, requiere una mirada más amplia, que permita reconocer que los aspectos relativos a la regularidad, a la regularización, a los poderes reguladores, tenían en esa época variables que no son las mismas a las que son aplicables hoy.  No existían  sedes oficiales, y muchas veces las logias funcionaban cuando las condiciones lo permitían (casi siempre un par de veces en el año). Por lo demás, muchas veces no había disponibilidad de textos rituales o reglamentos, debidamente aprobados por el Oriente que confería la regularidad, debiendo improvisarse soluciones sobre la base de la memorización. En ese contexto debemos entender el manuscrito de O´Higgins con el reglamento lautarino.

En lo personal, comparto la idea de quienes sostienen la tesis del carácter masónico de las Logias Lautarinas y de los Caballeros Racionales. La propensión de sus hombres al uso de la palabra “logia”, no es gratuita. Si usamos como referencia comparativa el concepto de club que caracteriza a la masonería inglesa, ciertamente ello no es contextualizable en colonias aún sujetas al brazo de la Inquisición. Por lo cual, la forma de hacer masonería en la América española se dio en ámbitos distintos a los que pudo darse en el medio anglosajón, francés o alemán, e incluso norteamericano.

De hecho, a partir de 1751, se estableció por decreto del Rey español Fernando VI, el delito de francmasonería, algo más significativo que la simple prohibición de la Masonería, y quien era acusado quedaba sujeto a la jurisdicción del Santo Oficio. Por ello,  más de algún masón fue condenado por el Santo Oficio del Virreinato del Perú. Por ejemplo, un cirujano de origen francés, Diego Lagrange, fue procesado y condenado a prisión, en 1773, bajo acusación de ser “farmasón”[1]

Si reconocemos la validez masónica de los “Caballeros Racionales” y de los “lautarinos”, podemos entender de mejor forma muchos de los problemas que enfrentaron los emancipacionistas, apenas consolidada la Independencia. Y, sin duda, podemos entender de mejor forma la condena papal a la Independencia de los americanos.

Así, creo que pensar que no existía Masonería en Chile, antes de los eventos que permiten la fundación de la Gran Logia de Chile, es tan reduccionista como pensar que no había logias antes de la fundación de la Gran Logia de Londres, en 1717, punto de partida para la Masonería Moderna.

La constatación de la existencia de la primera logia de la cual se tienen antecedentes concretos, “Filantropía Chilena”, que tendrá como presidente fundador a Manuel Blanco Encalada, propone un antecedente imposible de ignorar. Por lo demás, hay otros antecedentes. En 1828, se produce la primera persecución anti-masónica de la vida republicana chilena, cuando el diputado Nicolás Pradel, propone la dictación de una ley que prohiba la existencia de logias masónicas. Frente a ello hubo muchas opiniones de rechazo, entre las cuales, destaca la opinión del diputado Manuel Magallanes, episodio que es recogido por dos historiadores masones, Benjamín Oviedo[2] y René García[3]. Respecto de ese episodio no se puede ignorar que tras el debate que genera la proposición indicada se esconde la pugna entre la Iglesia Católica y la Masonería.

El tiempo de la formación republicana.

Quien llevó adelante el proceso emancipatorio en Chile, fue la clase terrateniente, señorial, feudalista, aristrocrática. De ella surgieron los generales y los políticos que encabezaron la gesta libertadora o los que buscaron la restauración realista. Nada los diferenciaba social y culturalmente. Aquellos estaban cansados de los tributos y de la espera de decisiones administrativas lejanas y tardías. Estos preferían la ligazón con España, por los beneficios que les reportaban.

La jerarquía clerical se mantuvo fiel a la monarquía española, de un modo irrefutable. En 1810, en Santiago, había alrededor de 190 sacerdotes diocesanos, entre un total de medio millar de presbíteros, bajo el mandato del Vicario General José Antonio Rodríguez Zorilla. En Concepción, el otro obispado existente, bajo el mandato del Obispo Diego Antonio Navarro, había 90 sacerdotes diocesanos. Ambos jefes eran realistas intransigentes, así como la gran mayoría del clero. Sin embargo, junto a ambos partidos estuvo la Iglesia Católica de un modo omnipresente, y así como hubo una gran cantidad de clérigos que se mantuvieron férreamente junto a los realistas, hubo también una minoría que de alguna manera se comprometió tibiamente con la emancipación.

En relación al poder civil, el clero de 1810, estaba empapado en la doctrina regalista y patronatista[4] que sometía a la Iglesia a la potestad real. El Patronato había sido concedido por el Papa, al Rey de España, para designar los administradores religiosos de común acuerdo, dada la misión evangelizadora que se suponía debía cumplir la Corona en los territorios de América.

Esa concomitancia entre la Corona y el Papado, fue renovada por el Papa León XII, a través de una encíclica, en 1824, en que hizo recomendaciones contrarias a la Independencia americana, conminando a la sumisión al Rey español Fernando VII. Su antecesor Pío VII había manifestado opiniones semejantes en 1817.

La situación que muestra Chile, entonces, da cuenta de una clase terrateniente que tiene el control absoluto de la naciente república, y una Iglesia Católica estrechamente vinculada a ese poder.

Sin embargo, en el ámbito de las ideas, algo había ocurrido. Si bien la realidad económico-social se mantuvo sin variaciones, las ideas de la Ilustración y del liberalismo se habían incubado en una parte de la clase terrateniente, tal vez la de menor raigambre tradicional.

Los efectos de la revolución francesa, del racionalismo, y las nuevas ideas que emergían de la Europa Central e Inglaterra, comenzaron a difundirse en muchos de los actores de la lucha independentista, algunos de los cuales se habían empapado de las nuevas ideas estando de paso por Europa. Por esa razón no tardaron en mostrar una fuerte desvinculación con el clero jerárquico de las emergentes naciones, los que representaban el pasado que deseaban superar.

Las ideas racionalistas, el espíritu libertario, visiones demasiado equidistantes del confesionalismo, mucha evidencia secular, creo la primera alerta clerical.  La caída de O´Higgins, promovida por los notables, da cuenta de una manera importante del propósito de algunas de las familias más tradicionales para deshacerse de un Director Supremo que no respondía a la visión tradicionalista católica, reputada dentro de la aristocracia colonial. 

El primer gobernante del Chile independiente no encajaba en el molde del terrateniente chileno: tenía ideas liberales, despreciaba los títulos de nobleza, reconocía valores cristianos en el protestantismo, y emitía opiniones de emancipación espiritual. En marzo de 1818, este había prohibido a los sacerdotes salir de sus conventos por la noche. Tres meses después ordenaba a los religiosos que, en los libros parroquiales, donde se consignaban los nacimientos, matrimonios y defunciones, se usara exclusivamente el gentilicio de chileno, para todos los habitantes nacidos en el país. El Director Supremo reclamó para el gobierno chileno la continuidad del Patronato, y realizó una serie de nombramientos y destituciones.

Medidas como aquellas desencadenaron la fobia clerical hacia quien calificaban de bastardo. A pesar de ser un hombre de fe, O´Higgins era contrario al uso malicioso de la religión, y realizó todos los esfuerzos para erradicar las prácticas malsanas,  prohibiendo en las iglesias aquellas imágenes propias de las santerías y las supersticiones, que los curas acogían para mantener el fanatismo religioso. De la misma forma prohibió las limosnas exigidas a los pobres por los párrocos, y las procesiones habituales, que terminaban en escándalos callejeros.

La animosidad contra el Director Supremo creció cuando, producto de la liberación del comercio, comenzaron a llegar mercaderías que, en ocasiones traían imágenes que no correspondían a la tradición colonial, que los clérigos llamaban a quemar en la plaza pública.

El esfuerzo del clericalismo, una vez caído O´Higgins,  se ve coronado en 1823, con la instauración de la Constitución moralista de Juan Egaña, que establece la obligatoriedad de la religión católica, y que pretende incluso regular la vida privada de las personas, estableciendo rigurosas calificaciones en la moralidad, la religiosidad y la vida cívica.

El General Ramón Freire, liberal y “lautarino”, que sucedió a O´Higgins, no vaciló en suspender su vigencia. Con la misma vehemencia se enfrentó a la Iglesia, a propósito del Patronato, pues, siguiendo el predicamento reclamado por su antecesor, destituyó al obispo Rodríguez Zorrilla, nombrando a José Ignacio Cienfuegos como reemplazante. Al mes siguiente, septiembre de 1824, los bienes del clero fueron confiscados con la excepción de los elementos propios del culto.

La lucha política fue intensa, ya que el poder del clero no era menor. De hecho, en 1824, había 20 sacerdotes ejerciendo funciones en el parlamento. La libertad de imprenta impuesta por Freire permitió la aparición de varios periódicos, que se convirtieron en herramientas de la lucha valórica, donde se denunció el clericalismo de un modo muy agresivo.

En conclusión, si bien es difícil establecer documentalmente una presencia institucional de la Masonería en aquella época, no es menos cierto que sus ideas estuvieron expresadas en muchos hombres y en sus actos. Presente la Masonería a través de logias u omnipresente a través de sus ideas, el periodo señala, sin embargo, la primera controversia entre el laicismo y el clericalismo, por lo cual, podemos afirmar con plenitud que la primera discusión valórica, que protagonizan ambas instituciones morales, es en ese periodo de instauración republicana.

El régimen pelucón y la restauración colonial.

El fracaso del liberalismo en los primeros intentos de institucionalización republicana, terminaron con la arremetida conservadora, con un claro tinte cultural, espiritual y socialmente restaurador, que permite la instauración del régimen “pelucón”, con la firme alianza del clero. Se volvió al régimen colonial, con la sola diferencia de que el poder lo ejercían ahora los criollos.

La Constitución de 1833, tuvo como redactor a un decidido monarquista, Mariano Egaña, cuyo pensamiento estaba firmemente anclado en el despotismo ilustrado y en el modelo inglés, de desarrollo económico bajo un sistema autoritario. El guiño que hace don Mariano a su experiencia en Inglaterra, es contemplar en la Carta Constitucional el derecho a cierta libertad religiosa, que permitía a los disidentes profesar su religión en lugares cerrados. 

Decisiva para la restauración colonial del “peluconismo”, sería la participación del clero: “Portales captó la creciente influencia del clero y la necesidad de utilizarlo como un poderoso instrumento de gobierno”[5].  Como expresión de esa alianza, el Ministro les restituyó los bienes que les arrebatara Freire, triplicó el presupuesto del culto y abogó ante el Papado por la creación del Arzobispado de Santiago, y la creación de nuevos obispados en La Serena y Ancud.  Las parroquias en el país eran 133, contando con 370 sacerdotes seculares.

Aprovechando el terreno propicio, la Iglesia desconocería el Patronato en 1843, y a pesar de que el gobierno hizo tibias gestiones para recuperarlo, ante el Papa Pío IX, el renombrado Conde Mastai Ferretti, que estuvo en la Nunciatura en Chile durante el gobierno de Freire, de quien se dice fue masón, el Patronato no fue restablecido.

Sin embargo, Chile estaba cambiando desde el mar. A través del oceáno llegaban a Valparaíso los gérmenes de la transformación espiritual y cultural de Chile. En medio de la bonanza económica, producido por el tráfico naviero hacia Australia y California, llegaron los artesanos y comerciantes europeos, los prestamistas, nuevos cultos religiosos, los libros prohibidos, los hijos de los terratenientes que viajaron a estudiar a Europa, y que vivieron los vientos revolucionarios de París y la industrialización inglesa, y también, llegaron las logias masónicas formadas por inmigrantes.

Pronto, en esas logias serían iniciados los primeros chilenos vinculados al movimiento intelectual de 1842 y a la nueva generación de jóvenes liberales. En esas logias se incubaría el libre pensamiento, que se enfrentará con fuerza al clericalismo, en las décadas siguientes. Cuatro de ellas, formarían la Gran Logia de Chile, en 1862.

La república liberal y las luchas laicas.

El acceso de los liberales al poder, se produjo mediante la fusión liberal-conservadora, y la elección de José Joaquín Pérez, como Presidente de la República.  Al término de ese gobierno de coalición, los liberales quedaron con el control total del gobierno.

Ello incentivó el debate entre la Iglesia y la Masonería. No de modo directo, sino a través de los exponentes del clericalismo y del laicismo, que representaban las contrapuestas visiones que cada cual tenía frente a la sociedad chilena.  Antes de la república liberal, las diferencias entre liberales y conservadores, habían estado centradas básicamente en la lucha por el poder político. A partir del desplazamiento del peluconismo, se desencadena la pugna valórica, entre dos visiones profundamente antagónicas.

El debate giró desde la supresión del fuero eclesiástico, pasando por la laicización de los cementerios, hasta el matrimonio civil.  El fuero eclesiástico era el derecho de los canónicos de ser juzgados en tribunales religiosos por delitos civiles. Los cementerios y la legalidad del matrimonio, estaban en poder de la Iglesia. Desde allí, el arduo debate se extendía hacia la discusión por la libertad de enseñanza y por la separación de la Iglesia del Estado. Esto último, de algún modo, se producirá solo en 1925; de algún modo, ya que no fue ni ha sido un proceso definitivo.

Frente a estas propuestas los conservadores, ex pelucones, se transformaron en un partido esencialmente clerical. Los liberales en el poder, ante el áspero debate,  se mostraron dubitativos, provocando que un sector extremara sus planteamientos, por lo que serían conocidos en adelante como “partido radical”.  En ese sector figuraban los más acendrados defensores del librepensamiento y de las libertades públicas, los cuales eran, paralelamente, en su gran mayoría miembros de las logias masónicas establecidas en las principales ciudades del país.

Las principales autoridades de la Masonería, en ese periodo, aparecen vinculadas directamente en la promoción del laicismo y de las libertades y leyes que significaban un debilitamiento del clericalismo (Arlegui, Allende Padín, Blas Cuevas, José Francisco Vergara, etc).  En la Iglesia, la figura más emblemática fue la del obispo Joaquín Larraín Gandarillas, y la del ultramontano Zorobabel Rodríguez entre los conservadores. La Iglesia publicó entre 1861 y 1868, tres folletos abiertamente anti-masónicos: “Historia, doctrina y fin u objeto de la Francmasonería” (anónimo), “Historia de las Sociedades Secretas” (Hernando Carrasco y Marino Díaz) y “Los Francmasones; lo que son, lo que hacen, lo que quieren” (con el pseudónimo Monseñor Segur) Fue una recia disputa, cargada de pasiones y acciones de hecho, de las buenas y las no tan buenas.

Una notable polémica se vivió con el cuestionamiento por parte de la Iglesia, de la escuela laica “Blas Cuevas”, fundada por la Masonería en Valparaíso, que fue llamada “escuela atea”por el obispo Mariano Casanova. La Masonería nombro una alta comisión de cuatro miembros, para sostener el debate a través de la prensa, en defensa de la escuela.

Pero, más allá de las polémicas, la rueda de la historia avanzaba. En 1867 se establece la libertad de culto. En 1873, se impone la no obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica, para los estudiantes cuyos padres solicitaran la exención.  En el nuevo Código Penal, que entra en vigencia en 1874, el fuero eclesiástico es eliminado. Este mismo año, se reforma el Art. 5 de la Constitución de 1833, restableciendo el derecho del gobierno para acordar con la Iglesia el nombramiento de los administradores religiosos.

El gobierno de Aníbal Pinto, significará la atenuación de las pugnas éticas y sus implicancias legales. La ponderación de Pinto y su cuidadoso manejo de las fuerzas políticas expresadas en el parlamento, hizo que la intensidad del debate bajara considerablemente, lo que se vería reforzado con la Guerra del Pacífico. El conflicto bélico produjo una gran unidad nacional y las vehemencias de la contingencia política fueron canalizadas hacia el sentimiento patrio.

Sin embargo, al término de la primera fase de la guerra, con la derrota del ejército peruano y la ocupación de Lima, se produce la elección presidencial de Domingo Santa María, lo que reanudará el debate y las luchas político-religiosas. En 1883, se quita a la Iglesia la administración de los cementerios. En 1884, se promulga la ley de Registro Civil, que dejaba la celebración de los matrimonios en manos de funcionarios públicos, así como el registro de los nacidos y las defunciones.

Como una manifestación de la intensidad de las contradicciones, y con un claro propósito de atacar al poder espiritual manifestado tras las banderas del laicismo, el Arzobispado de Santiago, publica y difunde ampliamente,  en 1884, la Encíclica “Humanum Genus”, del Papa León XIII, formulada en abril de ese año.

Virulentamente antimasónica, esta encíclica sostiene que, manifestado el pecado, el género humano quedó dividido en dos ciudades: la de Dios y la de Satanás. La ciudad de Satanás, según el documento papal,  trabajaba para el Reinado del Demonio, en una guerra permanente contra Cristo y su Iglesia. “En esta guerra – decía León XIII – la Masonería es un brazo poderoso del Reinado de Satanás”. La encíclica renovará las prohibiciones impuestas por sus antecesores y recomendará a los obispos realizar acciones que desenmascaren a la Masonería y sus miembros.

La publicación de la Encíclica en Chile, y su amplia difusión impresa, alentó la odiosidad del confesionalismo hacia la Masonería, y hacia los que consideraban su brazo ejecutor, los liberales del gobierno, odio especialmente insuflado por la acción del obispo Joaquín Larraín Gandarillas. La Francmasonería era calificada como la Sinagoga de Satanás.

La Guerra Civil de 1891.

La odiosidad del clero contra el liberalismo gobernante, estimuló el desaliento conservador ante su distancia del poder. Los errores del gobierno fueron magnificados para producir una cuña entre los liberales que estaban en el gobierno y los liberales que estaban fuera de él, especialmente los radicales. Las cuestiones de doctrina, que habían caracterizado y dado sello a la acción del liberalismo, fueron diluyéndose en la medida que la pauta política fue progresivamente impuesta por el conservadurismo y sus aliados internos (el clero) y externos (los extranjeros dueños del salitre).

Si el gobierno de Santa María, en términos políticos, se había caracterizado por las intensas disputas por las leyes laicas, el gobierno de Balmaceda se caracterizó por las disputas en torno a las potestades presidenciales. La Constitución de 1833, estaba moldeada en torno al autoritarismo presidencial, cercano a la de un monarca español del siglo XVIII. Contra ello bregaron los liberales y los radicales, promoviendo un sistema político donde el poder presidencial estuviera relativizado por la acción democrática del parlamento: un ejemplo del ideal que perseguían fue el gobierno de Pinto.

De allí que el autoritarismo de Santa María produjo una cuña dentro del liberalismo, que se acentuó con Balmaceda, el cual trató de llevar adelante un gobierno con arreglo a las mayorías parlamentarias, pero, la inoperancia del sistema, atravesado por los vicios de una política cargada de pasiones, lo llevó a optar por volver al autoritarismo presidencial para poder avanzar en la gestión de su gobierno. Esas contradicciones fueron la fachada de conflictos más profundos, que no se expresaban tan abiertamente. Uno de esos conflictos, sino el más importante, estaba radicado en la actitud abiertamente conspirativa del clero contra los liberales del gobierno y el Presidente de la República.

Expresión de ello fue la controversia por la sucesión arzobispal de Santiago, que desató el conflicto más importante del clericalismo con el gobierno. Los conservadores apoyaron la candidatura de quien consideraban debía ser elegido por derecho propio: Joaquín Larraín Gandarillas.  Balmaceda, haciendo uso de sus facultades emanadas del Concordato, optó por quien había sido su profesor, y que le permitía un arzobispo dialogante con el gobierno: Mariano Casanova. La acción claramente conspirativa de Larraín Gandarillas lo obligó a abandonar el país con destino a Argentina, debido al riesgo de su detención, por actividades contrarias a la institucionalidad.

Esas situaciones subyacentes, no fueron procesadas por el liberalismo que se oponía a Balmaceda, entre los cuales estaban los radicales. Su pugna con el gobierno era esencialmente política, y en ello no tomaron en cuenta otros factores determinantes en los objetivos de la política conservadora y de la conspiración clerical. El historiador Hernán Ramírez Necochea, no duda en poner en evidencia el rol del clero en la insurrección congresista contra Balmaceda[6]

Sublevado el Congreso con el apoyo de la Armada y parte del Ejército, se estableció un gobierno paralelo en Iquique, con el respaldo económico extranjero. Allí llegó Larraín Gandarillas para representar la presencia del confecionalismo ultramontano, que recuperaba su influencia sobre la política chilena, que la república liberal le había arrebatado.

La primera etapa del parlamentarismo que siguió a la guerra civil, estuvo marcado por el desequilibrio ético, a favor del clericalismo. Desde el punto de vista del proceso de laicización que había vivido la sociedad chilena, hubo un retroceso inesperado, que afectó el proceso de democratización y el desarrollo social. La política se hizo más oligárquica y los vicios que prohijó el sistema parlamentario hicieron que Chile perdiera sus potencialidades de industrialización y desarrollo.

En ese contexto, la participación del Gran Maestro y líder parlamentario del radicalismo, Enrique Mac Iver, resultó llena de ambigüedades en el ámbito del laicismo, y decisivamente favorable a la conspiración clerical-conservadora contra Balmaceda.  Mac Iver no supo representar lo que su cargo de Gran Maestro le imponía como jefe y líder de una institución ética, y, privilegiando su rol político,  se convirtió en un factor de divisionismo entre los miembros de la Francmasonería y del pensamiento laicista. Su gestión terminó por afectar seriamente lo que la Masonería representaba en la sociedad chilena de la época.

La contingencia política produjo la división de los masones, y muchos de ellos enfrentaron el exilio y las persecuciones, producto de su adhesión a la legalidad y al gobierno de Balmaceda. La Masonería entró en un drástico proceso de declinación que se mantendría por veinte años. Gran parte de las logias desaparecieron durante la guerra civil y en los años inmediatamente siguientes.

La gestión de Mac Iver, a la cabeza de la Masonería, se mantuvo hasta 1894, produciendo divergencias que tuvieron luego otras expresiones. En los años siguientes incluso hubo uno cisma, al formarse una Gran Logia paralela. El incendio de la sede de la Gran Logia, en Valparaíso, también tuvo efectos negativos. Sin embargo, la elección del Gran Maestro Víctor Guillermo Ewing, en 1906, señala el punto de partida del proceso de recuperación de la Masonería. Permaneció en el cargo por seis años, siendo sucedido por otro notable líder, Luis Navarrete y López, que permaneció 10 años en el cargo, considerado por los historiadores masones como uno de los periodos más fructíferos de la institución. Ello incidió en el regreso de la pugna con el clericalismo, por la influencia ética en la sociedad.

Conclusiones.

Frente a lo expuesto, podemos hacer las siguientes conclusiones:

1)  La pugna desarrollada por la Iglesia y la Masonería, se desarrolló en torno a la influencia ética y moral en la sociedad, y los medios de expresión tuvieron que ver con las conductas públicas de las personas y las instituciones sociales, reflejadas en el clericalismo y el laicismo.

2)  El poder de la Iglesia estuvo sustentado en la clase terrateniente tradicional y en los partidos conservadores, en tanto, el poder de la Masonería estuvo expresado en las clases sociales emergentes y originalmente en los terratenientes con menos arraigo tradicional.

3)  El laicismo que se expresa, a través de la influencia masónica, estuvo lejos de ser anti-religioso, ya que la mayoría de sus hombres eran creyentes y dejaron actuar la fe, en la medida que ella no fuera un medio de oscurantismo y de control de las conciencias.

4)  Producto de la pugna que hemos analizado se produjo un cambio cultural, social y espiritual en la sociedad chilena, que erradicó la rémora colonial y permitió la emancipación del pensamiento y la paulatina movilidad social del país, generando una clase media ilustrada, que sería decisiva en el siglo siguiente para el establecimiento del Estado de Bienestar y el Estado Docente.

26  de Mayo de 2005.-

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