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LA MOVILIZACIÓN DESMOVILIZADA.

                    Cuando se produjo la negativa del Intendente Guillar para permitir la realización de un mitin en Alameda, este ofreció a cambio el Parque O’Higgins, lugar que le posibilitaba reprimir con mayor efectividad, si las circunstancias lo requerían. La Alianza Democrática prefirió suspender la convocatoria, pese a la disparidad de criterios que había en su interior, donde algunos insistían en que la concentración pública debía hacerse de todas maneras, en la Alameda y en el día previsto, como un acto de desobediencia civil.

De haberse insistido en llevarla a cabo, de manera ilegal, es obvio que habría significado un hecho relevante, pero, también era cierto que, desde el punto de vista de lo que se buscaba – un masivo acto de repudio a Pinochet – habría sido un fracaso. Al hacerse ilegalmente, no se habría movilizado más de algunos miles de personas, que habrían tenido que enfrentar una durísima represión, en un espacio que no era el más apto para los pobladores.

Pero, un gran mitin se hacía necesario como una gran demostración de fuerzas, y como un significativo hecho que evidenciara que los espacios cívicos se estaban recuperando, aunque Pinochet hacía evidente lo contrario. En virtud de ello, se optó por aceptar, finalmente, hacer la concentración en el Parque O’Higgins, fijándola para el 18 de noviembre. Sería la gran prueba.

Los preparativos fueron intensos, pese a los pocos medios de que se disponía. Toda la oposición adhirió sin sectarismos ni diferencias, lo cual creo el ambiente justo y apropiado para que todo el pueblo se sintiera involucrado en el evento. El 18 de noviembre, más de 500.000 personas concurrieron hasta el parque, bajo un mar de pancartas, lienzos y banderas, uniéndose en un solo grito: “¡Fuera Pinochet!”.

La presencia de aquella multitud que clamaba el fin de la dictadura, desafiando sus propios temores individuales, paralizó la ciudad de Santiago, a partir de las 16:00 hrs., y los esfuerzos policiales por impedir manifestaciones fuera del lugar autorizado fueron infructuosos. Las columnas que convergieron hacia el parque, fueron en si mismas mítines paralelos. Quizás si lo más pobre de aquella jornada, fue el discurso de Enrique Silva Cimma, en su condición de presidente de la Alianza Democrática durante el mes de noviembre, cuya voz y contenidos se perdieron en medio de una multitud que expresaba su rotunda aspiración de poner fin a la dictadura.

Cuando el acto terminó, se formaron varias columnas multitudinarias, como consecuencia, más que del interés en ello, por las propias vías de salida del parque, que se convirtieron en verdaderos cuellos de botellas, que fueron creando unos verdaderos ríos humanos, en distintas direcciones de la ciudad, de regreso a sus barrios. En el regreso hubo varias escaramuzas con la policía, pero, que no pasaron a mayores.

Aquella jornada dejó muchas enseñanzas. La primera, que cuando había unidad en la oposición, el pueblo respondía confiado; la segunda, que la única instancia que realmente podía convocar a todos los opositores, era la AD; la tercera, que los temores de la gente estaban siendo vencidos, y que era posible avanzar hacia niveles superiores de participación social. Pese a ello, las tendencias desmovilizadoras se mantuvieron, producto de los temores de quienes las promovían.

Después de ese mitin, hubo un notable declive en la movilización social, y la protesta convocada para el 31 de diciembre, para el momento en que Pinochet hablara por radio y televisión, en su alocución de Año Nuevo, casi pasó desapercibida, aunque hubo barrios donde se realizaron bulliciosos caceroleos. El mes de diciembre hubo una baja actividad, aunque hubo presencia de demandas sectoriales, que canalizaron el sentimiento social contra Pinochet.

De éstas, la más importante fue en el campo de las reivindicaciones por los derechos humanos, a propósito del suicidio de Sebastián Acevedo, en Concepción. Este obrero, ante la detención y torturas de sus hijos, por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), se autoinmoló quemándose a lo bonzo, luego de rociarse combustible frente a la Catedral de Concepción, en un dramático gesto de impotencia, frente a las arbitrariedades de los agentes de Pinochet.

El horror ante este suceso, conmovió a muchas personas, especialmente religiosos católicos de ambos sexos, que crearon un movimiento contra la tortura con el nombre de Sebastián Acevedo, los que desarrollaron innumerables actos exigiendo a disolución de la CNI y el fin de la tortura.

Uno de esos actos lo realizaron frente al cuartel de la CNI, ubicado en calle Borgoña 1470, donde hubo decenas de detenidos y heridos, en una jornada de características gandhianas, donde primó la no-violencia activa: sentados en el asfalto de la calle, los religiosos soportaron impasibles la violenta represión policial y de los agentes de seguridad.

Mientras tanto, otros procesos estaban en desarrollo. El 01 de octubre, Pinochet había declarado en Pichilemu, que “algunos políticos andan con el cuento de que, con la democracia, vamos a salir adelante”, agregando irónicamente que “eso es lo mismo que ponerle vela a un acorazado”. Para la dictadura, incentivada por los sectores duros de las FF.AA. y del espectro cortesano de civiles, era el momento de marcar énfasis en el hecho que las FF.AA. tenían el poder y que había un itinerario invariable e indiscutible.

Esto dejaba ciertamente al Ministro Jarpa descolocado y sin el debido respaldo a la política que venía desarrollando, para descomprimir la tensión impuesta por el descontento social. De allí que, dos semanas después de las declaraciones de Pinochet en Pichilemu, Jarpa reunía un grupo de dirigentes políticos de derecha, los que serían la base del llamado “Grupo de los 8”. Lo que buscaba era potenciar la idea de un gobierno dialogante, favorable a negociaciones que hicieran posible una transición.

En tanto, la preocupación del gobierno de Estados Unidos, encabezado por el conservador Ronald Reagan, respecto de la situación chilena, que podía convertirse en una seria dificultad para sus pretensiones de ser reelecto, llevó al gobierno de ese país a desarrollar algunas iniciativas que aflojaran las tensiones en Chile. Para ello, se enviaron a Santiago a dos altos funcionarios del Departamento de Estado: el asesor Edward Derwrinsky y del Director para el Cono Sur, Robert Morley.

El primero de ellos, sostuvo reuniones con altas autoridades del gobierno: el general Fernando Matthei, miembro de la Junta Militar y comandante en jefe de la Fuerza Aérea, uno de los militares que estaba dispuesto a acortar plazos; el Ministro Jarpa; y el Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, general Sergio Cavarrubias, uno de los oficiales más leales a Pinochet. Junto a Morley y el embajador James Theberge, Dewrinsky se reunió con los dirigentes de la Alianza Democrática en la misma Embajada norteamericana. Por la AD asistieron Silva Cimma, Ramón Silva Ulloa, Hugo Zepeda, Mario Sharpe y Andrés Zaldívar, quienes recibieron “la preocupación de Reagan por la escalada de violencia en Chile” y su interés por promover el diálogo y la negociación como camino para impedir lo que ellos consideraban “una tendencia hacia la salvadorización de la política chilena”, refiriéndose a la virtual guerra civil existente en la centroamericana República de El Salvador, donde la oposición se había radicalizado en su lucha contra la dictadura militar, al punto que los sectores centristas habían sido hegemonizado por la izquierda que promovía el enfrentamiento armado.

Su hubo un compromiso en esa reunión, respecto de detener la movilización social, lo desconocemos, pero, es probable que así fuera, considerando que los asistentes a esa reunión, posteriormente concordarían en una actitud de cautela frente a la convocatoria a nuevas jornadas de protesta. Prueba de ello fue que, después de aquel encuentro con los emisarios de Reagan, solo se efectuó el gran mitin de 18 de noviembre y el débil llamado al caceroleo del 31 de diciembre.

Los socialistas que estaban en la AD, sin embargo, no ocultaban su desazón frente a la perspectiva que la movilización social estaba quedando sin continuidad. Para ello, enviaron sendas cartas al PC (03 de octubre) y al PDC (17 de octubre), exponiendo sus puntos de vista y solicitando algunas definiciones importantes.

En su carta al Partido Comunista señalaban que el Movimiento Democrático Popular (MDP) había dividido a los opositores, dañando las posibilidades de unidad para golpear a la dictadura, y los instaba a definirse por una política de rescate de la democracia con concertación amplia, evidenciando la inviabilidad de las “tesis de rebelión popular”. La carta fue respondida por la Comisión Política del PC, manifestando la “legitimidad de la violencia” y la reivindicación de todas las formas de lucha.

En tanto, la carta al PDC sostenía que el diálogo con Jarpa solo había provocado  una separación entre la Alianza y la base social, que se había frustrado en sus expectativas de derribar la dictadura, cuestión que debía ser salvada mediante un protagonismo de la AD en la movilización social, además de sostener que, si la AD pretendía ser el principal referente de la oposición, no podía practicar políticas de exclusiones. La respuesta del PDC fue un conjunto de apelaciones subjetivas, que poco aportaban a resolver los dos problemas fundamentales: la tendencia hacia la desmovilización y la proclividad hacia las políticas de exclusiones.

Es necesario reconocer, sin embargo, que la dirección política de Valdés, y aquellos que sustentaban su mandato, estaban preocupados por imprimirle nuevas formas a la movilización social. Después de todo, el concepto mismo de “movilización social” lo había acuñado el PDC, aún cuando sin prever cual sería su resultado en la base social, que le había dado el real contenido a las protestas. De allí que, Jaime Castillo Velasco, propondría una fórmula para encauzar la participación social, que superara las jornadas de protesta, pero, ofreciendo una posibilidad de participación abierta a todos los sectores. Esa fórmula fue plantear los “cabildos abiertos”, que habían existido en la colonia española, como instancias de debate de los ciudadanos notables, y que, en este caso, se proponían como asambleas de participación y organización popular.

Fue Gabriel Valdés el encargado de dar a conocer la iniciativa, a fines de octubre, señalando: “Iniciamos un proceso de refundación de la República, y la nueva democracia se legitimará desde la base, a través de los cabildos abiertos en todos los barrios, comunas y provincias, donde se expresen las necesidades y propuestas reales del pueblo”. No hay duda que Valdés sabía de lo que hablaba, pero, no vislumbraba las potenciales consecuencias de esta novedosa forma de participación. Después lo sabría y el PDC echaría pie atrás aceleradamente.

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