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OCTUBRE, EL MES DE LAS DOS PROTESTAS  

    Si la jornada de protesta de agosto marcó el nivel más alto en la confrontación callejera, entre pobladores y las fuerzas represoras, la jornada de septiembre se caracterizó por la prolongación de las acciones de protesta. Tal es así que, septiembre de 1983, tuvo el sello más concreto de una insurgencia de masas, donde solo las festividades patrias, de los días 18 y 19, dieron un inevitable paréntesis, producto de las tradiciones de fiesta popular que ellas tienen.

La efervescencia callejera en las poblaciones asustó a la oposición burguesa a Pinochet, sobre todo con la gran toma de terrenos de fines de mes, al tener en cuenta que, precisamente, las acciones de masas contra la dictadura, se habían iniciado a principios de año, entre los pobladores sin casa (tomas de El Guarén y de las canchas de fútbol de El Pinar).

Esas ocupaciones ilegales de terrenos habían sido el fruto de un incipiente estado de movilización, pero, ahora se trataba de una acción que reflejaba niveles de organización más significativos, y que involucraban presencias más masivas de proletarios sin casa. Ello creó las condiciones para la gran ocupación de terrenos, en la zona sur de Santiago, que involucró a más de 20.000 personas, que resultó ser la toma más grande en la historia chilena, realizada por pobladores sin casa.

Efectivamente, la mayor capacidad organizacional de los pobladores, había posibilitado crear un incipiente Comando Nacional de Pobladores (CNP), que se vería abruptamente frustrado en su gestación, por la pretensión hegemónica de algunos dirigentes, y por la inexperiencia de otros. El fracaso de ese intento echó por tierra la posibilidad de haber constituido una organización, cuyo alcance y convocatoria, habría sido, objetivamente, más relevante que el Comando Nacional de Trabajadores.

Frustrado el CNP, la Coordinadora Metropolitana de Pobladores, una de las organizaciones artífices de aquel fracaso, se dio a la tarea de crear un hecho trascendente, que los situara en la conducción del movimiento poblacional.

Quien había ganado mucha capacidad conductora entre las organizaciones poblacionales, era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), a través de un organismo para pobladores vinculado al Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU). A través de él, habían estado preparando una toma de terrenos, en la comuna de La Cisterna, desde hacía algunos meses. Su primer intento fue al amanecer del 22 de septiembre, con aproximadamente 500 familias, en un sitio baldío junto a la población “Raúl del Canto”, pero, fueron violentamente desalojados por la policía. Pocas horas después se producía un nuevo intento, en un predio de la Universidad de Chile, junto a la población San Ricardo, en la comuna de La Granja. Allí, nuevamente la acción policial logró imponerse con una gran cantidad de heridos y contusos.

En las horas de la noche de ese día 22, volvieron y se reinstalaron en los dos lugares, con el apoyo de otras 300 familias, a las que se sumaron, al día siguiente, otras 200. Ante lo cual, todas las organizaciones de pobladores sin casa de Santiago, resolvieron apoyar las toma, comenzando una emigración masiva hacia los dos focos de ocupación. La Coordinadora Metropolitana de Pobladores, que había sido solo una espectadora en un primer momento, movilizó todos sus recursos y en un par de semanas controlaba toda la organización de las dos tomas.

Los asentamientos poblacionales fueron nombrados por sus pobladores “Campamento Monseñor Juan Francisco Fresno” y “Campamento Monseñor Raúl Silva Henríquez”, es decir, les dieron los nombres de los dos cardenales existentes de la iglesia católica chilena. Albergaron inicialmente a poco más de 5.000 familias, llegando en un mes a 7.000, contando con una cantidad de habitantes superior a la nortina ciudad de Calama, y de varias otras ciudades medianas del país.

El 27 de septiembre, intentando frenar la acción de los pobladores sin casa, ante el fracaso de su acción represiva, que solo podía ser exitosa a través de una masacre, el Intendente de Santiago, general Guillard, ofreció a los pobladores de la toma trasladar las familias a ciudades de provincia, donde prometió darles casa y trabajo. Casi todos rechazaron el ofrecimiento, advirtiendo su torcida intención, sin embargo, hubo algunos que aceptaron.

Varias familias se sometieron a ese suerte de relegamiento masivo, pero, pocas semanas después regresaron, al comprobar las precarias condiciones que el gobierno puso a su disposición. El trabajo ofrecido era en el Plan de Empleo Mínimo (PEM) y la casa consistía en 18 metros cuadrados en un par de piezas de madera.

Las tomas de los campamentos “Monseñor Fresno” y “Monseñor Silva Henríquez”, dejaron al desnudo el drama social de la vivienda y de los pobladores sin casa, como lo demostraba un estudio realizado por los mismos pobladores de las tomas: el 22,25 de las familias habían estado viviendo de allegados; el 46,1% de las personas eran niños de 0 a 15 años de edad; el 50% de los jefes de hogar trabajaban en el PEM (Plan de Empleo Mínimo) o en el POJH (Programa Ocupacional para Jefes de Hogar), mientras el 40% estaba sin trabajo. Solo un 10% tenía un trabajo estable.

La respuesta del gobierno, frente a la luchas de los pobladores, buscó desarticular el liderazgo de las organizaciones más activas. A pesar de que el Ministro Jarpa había prometido no aplicar el Artículo 24 Transitorio de la Constitución, a fines de septiembre, a una semana de las tomas del sur de Santiago, 38 dirigentes eran relegados a distintos puntos del país, después de detenerlos de madrugada en sus lugares de alojamiento. De esta forma, fueron confinados, entre los más destacados: Gustavo Meneses, presidente de la Coordinadora Caro-Ochagavía, relegado a Puerto Porvenir; Víctor Duarte, dirigente del campamento “14 de Enero”, a Tal Tal; Angel Soto, dirigente de un comité de pobladores sin casa, a Piragua; José Buitrín, dirigente de una junta de vecinos, a Pozo Almonte; etc.

Pero, pese a lo justo de las reivindicaciones de aquellos angustiados proletarios son casa, la mayoría de los componentes burgueses de la oposición, estaban intranquilos por el camino que estaba tomando la “movilización social contra Pinochet”. Para aquellos, la gigantesca toma de terrenos constituía un giro que podía conducir al país a una situación de absoluta indisciplina social. Para una parte influyente de los demócratas cristianos, su preocupación radicaba en que, la movilización social, podía estar sirviendo más a los objetivos de la izquierda más radical.

De allí es que se comenzó a plantear de modo informal, dentro de la Alianza Democrática la necesidad de detener temporalmente la movilización en torno a las protestas, para impedir el desborde. Valdés estaba con el corazón dividido, ya que había sido un convencido co-gestor de ella, pero, sabía que debía dar satisfacciones a la derecha del partido, para seguir conduciéndolo. En virtud de ello, la AD fue llevada a una situación en que se trataba de mantenerla al margen de las convocatorias a las jornadas de protesta de octubre y noviembre, aún cuando, en el seno de ella, los socialistas insistían en acentuar la movilización social, como la única herramienta de presión que el pueblo tenía frente a la dictadura. Para los socialistas, era necesario que se hiciera una gran demostración de fuerzas, que fuera capaz de establecer tajantemente el apoyo popular con que contaba la oposición.

Después de muchas discusiones, la AD acordó convocar, como moneda de cambio de un nuevo llamado a protestar, a una gran concentración para el 11 de octubre, en la intersección de Alameda con avenida Brasil, es decir, a pocas cuadras del centro de la ciudad. Desde luego, aquella determinación constituía un trueque que, a todas vistas, buscaba mostrarse como un referente “responsable”. Se pretendía hacer cuatro grandes marchas, que partieran desde cuatro puntos cardinales, las que convergerían al punto señalado.

Sin embargo, el Intendente Guillard, máxima autoridad administrativa de la Región Metropolitana, denegó el permiso en ese lugar, ofreciendo a cambio el Parque O`Higgins, un lugar de fácil control policial, entonces rodeado de unidades militares, lo cual, la AD rechazó…quedándose sin concentración y sin protesta, cediendo la iniciativa y la conducción de la movilización social, quedando esta en manos de quien tuviera más audacia.

A fines se septiembre, Jorge Lavanderos había acentuado su pugna con la dirección del PDC, llevándolo a posiciones más próximas a la izquierda, ante la orfandad en que lo habían dejado los personeros más conservadores de su partido. De persistir en ese camino habría quedado simplemente como un monigote de Jarpa. Huérfano de apoyo en la derecha DC, optó por buscar apoyo en la izquierda radical, y el PRODEN comenzó a vincularse con el CODEPU y el MDP, con los cuales formaría el Comando Unitario Democrático (CUD), el que convocó a la jornada de protesta del 13 de octubre.

En el intertanto, las movilizaciones iban adquiriendo condiciones multifacéticas, producto de la radicación que se estaba logrando en la base social. Una de ellas la protagonizaron los trabajadores portuarios de Valparaíso, que, a fines de septiembre, recorrieron las calles del centro de esa ciudad en un número superior a 3.000 personas, exigiendo mejoras salariales y solidarizando con los trabajadores portuarios cesantes. Una semana después, se llevaba a cabo una concentración del Comando Juvenil por la Democracia, en la entonces avenida Bulnes de Santiago,  hoy Paseo Bulnes, frente al Palacio de La Moneda, donde se reunieron más de 25.000 jóvenes y estudiantes, exigiendo la salida de Pinochet.

Dada esa situación de efervescencia el PRODEN creyó necesario jugársela por una concentración en Santiago, para coparle a la AD incluso aquellos espacios que no era capaz de copar en su ambigüedad. Para establecer una distinción con el fracasado acto de la AD, solicitaron permiso para hacerla en la avenida General Velásquez, a partir de la Alameda. Sabiendo que contaba con el beneplácito del Ministro Jarpa, que jugaba a la división de la oposición, sin embargo, Lavanderos enfrentó la falta de convicción del Intendente Guillard, que solo vino a dar la autorización 24 horas antes del mitin. Ello repercutió en la capacidad de convocatoria, ya que el acto reunió a cerca de 6.000 personas, adherentes al MDP.

Sobre una rampa de un camión, se improvisó un escenario, que mostraba un complejo cuadro de personeros, que algunos años pudo parecer una humorada: junto a Lavanderos estaban los comunistas Pascual Barraza, Fanny Pollarolo y Jaime Insunza, el ex diputado nacional Engelberto Frías, el conspirador anti-allendista León Vilarin; el anticomunista ex diputado DC Carlos Dupré; los filo-miristas Rafael Maroto y Fabiola Letelier; en suma, más de un centenar de dirigentes que, en 1973, habían estado en posiciones equidistantemente irreconciliables. Una buena demostración de unidad, dadas las condiciones de la apertura jarpista y la soberanía de las políticas de exclusión.

Los comunistas, por aquellos días, consideraban al MDP como “la verdadera alternativa de la izquierda” y los socialistas de la AD eran considerados poco menos que traidores, y aquel acto lo consideraron una demostración de fuerzas, no frente a la dictadura, sino frente a quienes dentro de la izquierda discreparan de su política.

El 13 de octubre debía llevarse a cabo la sexta Jornada Nacional de Protesta, a que el CUD había convocado. Pero, el día previo ya se habían producido varios choques en algunas poblaciones. Cuantitativa y cualitativamente esa jornada, sin embargo, marcó un bajo nivel de participación y solo en aquellas poblaciones más combativas se mantuvo la misma capacidad organizativa. Aún así, hubo 5 víctimas mortales, por mano de la represión, y más de un centenar de heridos.

Esto llevó produjo preocupación en ciertos dirigentes políticos y sindicales, ya que se estaban imponiendo demasiadas diferencias a niveles direccionales, lo que traía consecuencias que con el tiempo beneficiaban a la dictadura. En vista de ello, el Comando Nacional de Trabajadores creyó necesario retomar la conducción de la movilización popular y convocó a una concentración unitaria para el 27 de octubre, en la Plaza Pedro Aguirre Cerda. El Intendente Guillard no autorizó el mitin, en virtud de los cual, el CNT resolvió llamar para ese día a una nueva jornada de protesta, lo que significaba que, por primera vez, se harían dos convocatorias en un mismo mes.

Ese día, sin embargo, se repitió la mermada jornada del 13 de octubre, con algunos sectores donde hubo una mayor capacidad movilizadota, como Maipú, La Florida y Peñalolén. En el centro de Santiago, se produjeron varios choques frente al Palacio de la Moneda, en la vereda de la Intendencia, en manifestaciones encabezadas por los familiares de detenidos desaparcidos.

Quedaba en evidencia, con aquellos magros resultados, que se estaba produciendo una sensible baja en las manifestaciones de protesta, descendiendo significativamente la presión sobre la dictadura. Se estaba produciendo un cansancio natural en las masas, por una forma de protesta, que estaba volviéndose agotadora, y donde llevaban la peor parte. Eso se hacía evidente en que los muertos eran siempre civiles, ya que los órganos de represión se ensañaban con los pobladores desarmados.

Era evidente que, después de las grandes jornadas de agosto y septiembre, debía producirse un cambio en las formas de enfrentamiento, que permitieran canalizar el descontento por otros medios, ya que la pertinacia de Pinochet por mantenerse en el poder, era inmune a las manifestaciones callejeras. Era necesario, pues, recrear o complementar los métodos que se habían estado aplicando, lo que requería de dirigentes intermedios menos lineales y rígidos. Cuando se llama al pueblo a la lucha, es necesario que éste perciba que hay logros, que hay avances, y que cada paso es hacia delante y no hacia atrás.

Desgraciadamente, las direcciones políticas no pudieron entregarle, en ese momento, sino nuevos sacrificios, privándole del logro más significativo y menos costoso: la unidad de la oposición. Los pobladores insurgentes, ante la división de las direcciones políticas, tenían derecho a pensar que los dirigentes preferían pelearse entre sí y ganar protagonismo, antes que luchar unidos contra la tiranía.

Por otro lado, la lucha insurgente había creado más requerimientos organizacionales en los partidos políticos, obligando a muchos dirigentes y activistas, a robustecer sus aparatos partidarios y a captar militantes, lo que provocó un abandono de muchos de las organizaciones de masas. Muchas horas que se habían dedicado a preparar las jornadas de protesta, estaban siendo ahora ocupadas en las organizaciones partidarias. Esto obedecía, en gran medida, a que las organizaciones políticas daban como segura la caída de Pinochet, lo que exigiría de partidos fuertes para imponer sus puntos de vista.

Pero, también, estaba influyendo en ello, la propia acción represiva, un factor de enorme peso, que en forma brutal se expresaba en el gatillo fácil, por un lado, y en la acción sistemática de los agentes de los órganos de seguridad del régimen. A la acción selectiva y clandestina de la Central Nacional de Información, se sumaba el uso indiscriminado del Artículo 24 Transitorio, que mantenía vigente el Estado de Excepción, favoreciendo la aplicación de los relegamientos de dirigentes y activistas, que eran confinados a alejados poblados del país, dejando sin continuidad a la incipiente organización social, donde asumían relevos que no tenían el temple, la experiencia y la legitimidad de los anteriores, los que requerían un tiempo considerable para ganar la experiencia y el reconocimiento de las bases.

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