DISYUNTIVAS EN LA CONDUCCIÓN POLÍTICA La insurgencia social contra Pinochet . Sebastián Jans

¿Cómo retornar a la democracia?   

Las políticas de exclusión 

Octubre, el mes de las dos protestas   

La movilización desmovilizada 

Los cabildos: un paso frustrado

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¿CÓMO RETORNAR A LA DEMOCRACIA?

El esfuerzo desarrollado por constitucionalistas de la derecha tradicional, entre 1978 y 1979, encabezados por Ortúzar y el ex presidente Jorge Alessandri, por darle un rumbo constitucional a la dictadura, había sido infructuoso ante la pertinacia de Jaime Guzmán Errázuriz, por dotar a Pinochet de todas las herramientas necesarias para la continuidad de su régimen.

Esto fue creando, desde luego, una cierta frustración en parte de la derecha, que veían la obstinación de la dictadura en seguir en un régimen de excepción, a pesar de los costos que ello significaba para el país. De allí que muchos personeros del sector, al producirse la inestabilidad social, producto de las jornadas de protesta, se allanaron a la idea de buscar salidas políticas, teniendo como eje la Constitución de 1980, cuya vigencia no podía dejarse para los albores del siglo XXI.

En la medida que llegaron a esa convicción, fueron optando por una mayor independencia con respecto a la dictadura. Sobre todo cuando advirtieron la fuerza del descontento social. La intensidad con que se distanciaban del régimen, irá determinando las posiciones políticas. Surge el MUN (Movimiento de Unidad Nacional), vinculado a posiciones más distantes, donde empieza a operar un ex dirigente de la juventud del disuelto Partido Nacional: Andrés Allamand. El gremialismo de transforma en partido, y pasa a denominarse Unión Democrática Independiente (UDI). Entre los cortesanos nacionalistas de Pinochet, nace el MAN (Movimiento de Acción Nacional). Todos quieren hacer política, y asumir un rol en el proceso político.

    En la oposición, los tres puntos básicos que dieron vida a la Alianza Democrática, establecían un mínimo común: fin del régimen dictatorial; una nueva Constitución, emanada de una Asamblea Constituyente electa para ese fin exclusivo; y establecer un gobierno provisional. Había también otros consensos parciales que recogían reivindicaciones políticas y jurídicas. Pero, existían otros problemas de fondo que no habían sido tocados, y que, en algún momento serían puestos en el tapete del debate a fuerza y peso propio de los mismos hechos.

Uno de ellos, verbigracia, era el referente a las actitud que debía tenerse con los culpables de violaciones de los derechos humanos. Otro, era lo relativo a la política económica, donde todos tenían claro que debía implementarse una “plan económico de emergencia”, pero, cuyos contenidos y objetivos no estaban definidos, y donde había notable disparidad de criterios. Una parte importante de la Democracia Cristiana, era partidaria de mantener el esquema económico librecambista, que impusiera la dictadura. Otra parte de ese partido propugnaba un “pacto social”, cuestión que el renovacionismo del Partido Socialista refrendaba, influenciados por la experiencia moncloista, es decir, teniendo la referencia del “Pacto de la Moncloa”, que firmaran las organizaciones patronales, de trabajadores y políticas, luego de la muerte de Franco, para asegurar la transición a la democracia en España. Otros socialistas rechazaban esa propuesta, sobre la base de argumentar que lo necesario era restituir los derechos sociales y laborales de los trabajadores, como primer paso, considerando que estos habían tenido que sostener sobre sus hombros todos los costos del modelo librecambista.

Como se puede ver, había diferencias de fondo dentro de los mismos partidos, que se expresaban con mayor profundidad en lasa instancias que los aglutinaban. Esto ejemplo de las diferencias, lo constituirá el nuevo Código Minero, elaborado por el ya conocido José Piñera, que se promulgará a fines de 1983, el cual entregaba las concesiones de las reservas mineras a particulares y extranjeros, que reclamaban derechos sobre reservas prospectadas.

La nueva política minera generó como reacción, la formación de un Comité de Defensa del Cobre, donde participaron incluso algunos militares retirados, junto a prominentes miembros de la oposición. En contra del nuevo Código estuvo prácticamente toda la oposición, pero, la Derecha Republicana, amenazó con retirarse de la Alianza Democrática, si se imponía dentro de ella un acuerdo de mayoría, que involucrara oficialmente a la AD en una postura contraria a la nueva legislación minera. ¿Cual podía ser la causa de una posición tan drástica? Simplemente que Hugo Zepeda era un empresario minero y el nuevo código favorecía sus expectativas.

Considerando ese tipo de discensos, era obvio que la discusión, por cuestiones que podríamos considerar semánticas, se transformaban en cortapisas difíciles de sortear. Por ejemplo: ¿Qué debía hacerse con Pinochet? La frase “fin del régimen” parece ser que fue un buen lugar común, para no emplear conceptos definitivos, como “derrocamiento”, “desestabilización”, “abdicación”. En ámbitos de la izquierda renovacionista se llegó a la sutileza de hablar de “un cerco social en torno al régimen” para no hablar de insurgencia social.

El pueblo quería que el tirano se fuera, que los Chicago Boys, la represión, y la pobreza se acabaran. La base social del país tenía claro que lo necesario era la caída de la dictadura. A los partidos de la oposición le cabía la misión de señalar un camino hacia la democracia, considerando la voluntad popular. Pero, si los dirigentes de la oposición no tenían un discurso coherente, una estrategia común, era muy difícil avanzar de manera decidida a condiciones superiores y a presionar con fuerza ante los detentores del poder.

En la medida que se aplicaba cautela en los aspectos medulares, las acciones contra la dictadura se volvían lentas y ambiguas, cundiendo la indefiniciones. Nadie apelaba al pueblo, como supremo árbitro, nadie democratizaba los debates, y todo tendía a resolverse entre cuatro paredes. La propuesta de los cabildos, como instancias de debate  e incorporación social, planteada ante la Alianza Democrática por los socialistas, fue rechazada por el PDC. Fuera de ella, los comunistas festinaron la idea.

¿Cómo retornar a la democracia? ¿Profundizando las protestas? ¿Negociando? ¿Negociando con quien? ¿Con Jarpa? ¿Con los emergentes partidos de derecha? ¿Directamente con los militares? Las indefiniciones le dieron a la dictadura un respiro a fines de 1983.

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La insurgencia social contra Pinochet

Sebastián Jans ©


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