Las barricadas en las calles  

Santiago invadido   

Jarpa y la apertura 

Los días de septiembre 

Agosto había comenzado con sombríos caracteres a nivel de gobierno. Una serie de rencillas en las instancias de decisión, debido a las opciones diferentes que se planteaban, especialmente en el equipo económico, apuntaban a la necesidad de un reordenamiento del Gabinete Ministerial. A ello se dedicó el general Sinclair, Secretario General de la Presidencia, y nexo asesor entre Pinochet y los generales del Ejército.

El objetivo de Sinclair era elaborar un plan político que sacara al régimen del arrinconamiento de que estaba siendo objeto por la insurgencia social, que se volvía cada vez más incontrolable, y por la carencia de iniciativa del gobierno. Para ello hizo llamar al Embajador de Chile en Argentina, Sergio Onofre Jarpa, y junto a éste trabajó intensamente, junto a un equipo en que participaban el ex militante demócrata cristiano William Thayer y los coroneles Guillermo Garín y Jorge Ballerino.

El objetivo era sacar una solución antes del 11 de agosto, día de la IV Jornada de Protesta. El plan estuvo listo el 9 de agosto, y el día 10, juraba el nuevo Gabinete, encabezado por Jarpa. Su objetivo era conseguir un acuerdo con el PDC, que excluyera cualquier participación de los socialistas, y avanzar hacia una democratización regulada, que neutralizara la protesta social.

Esto se advierte ya desde el momento en que presta su juramento como Ministro de Interior y jefe político del Gabinete, cuando es abordado por los periodistas y declara: "Yo creo y tengo la confianza en que me entenderé con la gente de mayor experiencia política en la Democracia Cristiana, con la que estuvo en Chile enfrentando el problema marxista". Su mensaje estaba dirigido, obviamente, a los sectores que lideraron el PDC en 1973, al tiempo que asestaba un golpe descalificatorio a Gabriel Valdés, ajeno a las decisiones políticas que habían involucrado al PDC con la derecha, en la lucha contra Allende.

Para Jarpa era necesario acortar los plazos de los artículos transitorios de la Constitución de 1980, y promulgar las leyes necesarias para dar paso a una democratización controlada, incluyendo la posibilidad de un Congreso. Estaba dispuesto a una regulada libertad de información y a permitir la actividad política incluso de los partidos de izquierda. El retorno de los exiliados era también una medida a considerar de un modo progresivo. Ello menguaría la protesta social y permitiría controlar los mayores focos de conflictividad. De este modo, para la Derecha política, se abría la posibilidad de conducir el proceso político hacia la normalización político-institucional del país, de la mano de uno de sus mejores créditos.

Sin embargo, aquella posibilidad se desvirtuaría por un error político: Jarpa juró como Ministro del Interior, un día antes de la jornada de protesta, cuando ya la movilización militar estaba en marcha, y Santiago estaba siendo ocupada. El debut de Jarpa se dio con 31 muertos, más de 1.600 heridos, y 2.500 detenidos. Así, el afán aperturista del Ministro, partió con una absoluta falta de credibilidad.

Pinochet, claro está, le había hecho una jugada de ajedrez, a quien consideraba en ese momento como su más serio rival político. Jarpa venía a sentarse en un sillón distinto al que le estaba entregando Pinochet, y éste lo sabía. Al entregarle la conducción política del régimen en ese momento, en que estaba claro que habría sangre en las calles, le estaba acotando el espacio de acción. Si Jarpa asumía después de la jornada de protesta, aparecería como el campeón de la normalización del país y de la apertura política.

Con tan notable tropiezo, el Ministro Jarpa tuvo que iniciar sus acciones con tastabilleos y métodos propios de su estilo político. Tenía claro que, con Gabriel Valdés liderando el PDC, le sería imposible recomponer las relaciones que hasta 1973 había tenido con ese partido, por lo cual, debería buscar sus interlocutores. Hombres como Patricio Aylwin o Juan Hamilton, y el agredido Andrés Zaldívar, sabía que no jugarían ningún papel contrario a la directiva oficial. De allí que el PRODEN sería el objetivo para su primera ofensiva.

Político hábil, sabía que la personalidad de Jorge Lavanderos podía ser abordable, para efectuar una provocación para medir el poder de Valdés en el PDC. A poco de asumir, se efectuaba un encuentro entre el Ministro y Lavanderos, en casa del ex diputado DC, Luis Pareto. Los tres tenían algo en común: habían militado en el Partido Agrario Laborista, que apoyó a Carlos Ibañez del Campo, en su Presidencia constitucional (1952-1958). Jarpa estimuló a Lavanderos a asumir un rol protagónico, y éste le entregó algunas proposiciones para democratizar el proceso político, que aquel prometió estudiar.

Ante aquella actitud de Lavanderos, al margen de su partido, la dirección demócrata cristiana resolvió llamarlo a la disciplina, contando con el beneplácito de todos los dirigentes históricos del sector más conservador. El díscolo dirigente del PRODEN quedó solo, y esta instancia se reduciría en adelante a un grupo de personas sin ningún apoyo partidario, frustrados en su propósito de representar una posición negociadora con Jarpa. Sin validez en la eventual negociación con el régimen, jugando políticas de derecha, el protagonismo de Lavanderos se inclinaría posteriormente hacia la izquierda.

Consolidado en el PDC, Valdés recibiría un almuerzo de homenaje en el Círculo Español, cuyo verdadero objetivo era anunciar un acuerdo político entre los demócratas cristianos, los socialistas, los radicales, los socialdemócratas y los republicanos, con el propósito de crear una alianza de partidos, que ofreciera al país una salida democrática. Aquello significaba que el Manifiesto Democrático daba paso a una alianza concreta de partidos. El 22 de agosto, se daba a conocer formalmente el acta de constitución de la Alianza Democrática, donde se planteaban tres requisitos básicos para restablecer la democracia en Chile: la salida de Pinochet del poder, un gobierno provisional y una asamblea constituyente para generar una nueva Constitución Política.

En los diarios de Santiago, se daba a conocer extensamente el Acta de la Alianza Democrática (AD), en un hecho inusitado en los diez años de dictadura. Se advertía indudablemente un ambiente de ruptura de las reglas por parte de la prensa. De allí que, los días que se cuentan desde la publicación del Acta de la AD hasta el 11 de septiembre, serían los más intensos de 1983, en cuanto a la actividad política, a pesar de que ésta aún estaba formalmente prohibida. Las noticias políticas reaparecieron espectacularmente, recuperando sus páginas tradicionales en los diarios. Las radios informaban ampliamente, y la controlada y pro-gubernamental televisión se atrevió a entregar informaciones sobre la oposición, incluso mostrando imágenes de algunos líderes opositores, como Vladés, Bossay o Zepeda.

En esos momentos ya se hablaba de las posibilidades reales de un encuentro Jarpa-oposición, lo que, lógicamente, provocaría una serie de discusiones en el recién formado consejo de la AD, enfrentando posiciones divergentes en torno a la conveniencia de ello. De hecho, el PDC era el más proclive, en tanto, el PS se oponía por decisión de su Comité Político de Unidad (CPU), que en ese momento trataba de dirigir al conjunto de tendencias agrupadas en el acta unitaria del 19 de abril de 1983.

En el intertanto, el Arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, actuando como mediador, había acogido el interés de producir un contacto entre el Jarpa y el PDC. El apuro de la DC por dar a conocer el acta constituyente de la Alianza Democrática, obedecía a que Valdés necesitaba contar con el respaldo de sus aliados, antes de efectuar cualquier reunión oficial. Mientras, Jarpa seguía jugando a dos bandas. Por un lado, buscaba desarticular la presión contra el régimen, mediante el diálogo con la AD, y por otro, trataba de buscar la división opositora, privilegiando al PRODEN y a Lavanderos.

La controversia PDC-PS puso en peligro a la recién constituida AD, que fue salvada luego de que los partidos que la integraban acordaran dar pie al encuentro, pero, reconociendo el derecho de los socialistas a discrepar públicamente. Salvado ese difícil momento, Valdés dio el vamos al encuentro, que los hechos demostrarían que solo favorecería el campo de maniobras del régimen, frente a la presión emblemática que significaba el próximo 11 de septiembre, aniversario del golpe del Estado que generara el régimen militar.

El 24 de agosto, se sabía que, el diálogo de la AD con Jarpa, se produciría al día siguiente, y que el lugar de encuentro sería la casa del Arzobispo Juan Francisco Fresno. Estaba claro, también, que el PS no asistiría, por lo cual, Valdés y el PDC se empeñaron en llevar a un socialista, buscando la forma de involucrar a alguno de sus representantes en el Consejo de la AD: Julio Stuardo, Hernán Vodanovic y Ramón Silva Ulloa. Los dos primeros se negaron a prestarse a un juego que ponía en riesgo la aún débil unidad socialista. No ocurrió lo mismo con Ramón Silva Ulloa, un errático anciano, de vieja práctica divisionista, que estaba dispuesto a jugar un protagonismo personal, más allá de toda consideración partidaria.

El mismo día del "diálogo", acordado para las horas de la tarde, en las oficinas de Julio Stuardo, se llevaba a cabo una conferencia de prensa. En una sala de su oficina de abogado, atestada de periodistas, se daba la primera conferencia de prensa pública de los socialistas, desde 1973. Cuatro dirigentes del Comité Político de Unidad (CPU) daban el riesgoso paso de exponer los puntos de vista de su partido, frente a la reunión Jarpa-AD, explicando las razones de la negativa de los socialistas para asistir a ella. Julio Stuardo y Hernán Vodanovic, que habían tenido una actividad semilegal, y Juan Gutiérrez y Akin Soto, hasta ese momento de actividad clandestina, hicieron uso del derecho a discrepar públicamente, señalando la inconveniencia de ese diálogo, que solo permitiría al régimen ganar un tiempo que no tenía, que Jarpa era un interlocutor inapropiado, y que lo fundamental era centrar el esfuerzo en los puntos básicos del Acta de la AD: fin del régimen, asamblea constituyente, gobierno provisional para democratizar al país.

Al anochecer, a la casa del Arzobispo Fresno, llegaban Gabriel Valdés, Luis Bossay (socialdemócrata), Hugo Zepeda (Derecha Republicana), Enrique Silva Cimma (radical), y Ramón Silva Ulloa (en ese momento ya al margen de su partido). Luego llegaría el Ministro del Interior, solo. Para las decenas de periodistas congregados en el acceso de la casa del arzobispo, muchos de ellos extranjeros, que hacían despachos directos para la radio y la televisión, en ese momento se discutía la crisis política chilena y de allí surgiría la solución para la polarización que estaba dividiendo al país. Sin embargo, no fue así.

En realidad, se ejecutaba la gran escenificación de una obra teatral escrita por Jarpa, donde se dejó los papeles más importantes: el protagónico y el de director. Los cinco representantes de la oposición sonreían a las cámaras, confiados en que tenían el poder de poner al régimen contra la pared. Jarpa, impasible y solitario, mantuvo una expresión seria cuando cruzó frente a los periodistas, sabiendo que se imponía como el gestor del proceso político. Ya frente a frente y en privado, Valdés tratará de entregarle al Ministro un documento con las proposiciones de la oposición, quien se negará cortésmente a recibirlo: no es un recadero de la oposición ante Pinochet. Se suceden una seguidilla de opiniones y solicitudes dignas de Ripley. ¿Fin del régimen, asamblea constituyente, gobierno provisional? Esos temas no se tratarían, porque no constituían "bases para el diálogo".

Jarpa se retiraría con una leve sonrisa y con paso rápido, cruzando un mar de grabadoras, relámpagos de cámaras fotográficas y preguntas bulliciosas. Los cinco dirigentes salieron radiantes, diría un periodista, y aprovecharon de dar a conocer una declaración, respondiendo que habría un nuevo encuentro.

Al día siguiente, Jarpa sigue con su libreto, inmutable: anuncia la renovación del Estado de Emergencia, vigente desde el fin de Estado de Sitio, y que se renovaba cada cierto tiempo, cuando llegaba a su fin el periodo legal de su vigencia. En el fondo, lo que daba marco legal al estado de excepción, que permitía la represión. Después reglamentaría los reuniones públicas, incluso autorizando las concentraciones políticas, y señalará que el artículo 24 Transitorio de la Constitución Política, no sería utilizado, aún cuando no se derogaría (sic). Por último, autorizó el ingreso al país de varios prominentes exiliados, especialmente del PDC, entre los cuales estaba el presidente de la Democracia Cristiana Internacional, Andrés Zaldívar; el ex presidente del PDC, Renán Fuentealba; y el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Jaime Castillo Velasco.

Pero, esa sensación de apertura, que Jarpa quería dar, para llevar adelante su gestión, sufriría un escollo. Un grupo paramilitar del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en la mañana del 30 de agosto, baleaban al Intendente de Santiago, general Carol Urzúa, provocándole la muerte. La acción daba también un golpe a mansalva a la oposición, al unificar el frente interno de Pinochet, dentro de las Fuerzas Armadas.

Siendo Santiago el epicentro de la insurgencia contra Pinochet, la acción terrorista le dio al dictador la oportunidad de poner en la Intendencia de Santiago, a uno de sus hombres mas leales, al que Jarpa no podía manejar, y decidido a actuar brutalmente contra las protestas sociales. Un verdadero provocador, que había hecho historia al ser el portavoz radial del golpe de estado de 1973, el general Guillard.

El 7 de septiembre, parte del comando que asesinó a Urzúa, moría ajusticiado en calle Fuenteovejuna. En el operativo participaron todos los organismos de seguridad: CNI. Policía de Investigaciones, Carabineros y los organismos de inteligencia de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas. Obviamente, el frente interno se había cohesionado.

¿Quién planificó el atentado? ¿La jefatura del MIR en Chile, con Aguiló a la cabeza, o el grupo actuó independientemente estimulado por los infiltrados de Pinochet o del general Contreras? Ha quedado claro que los beneficios políticos del atentado contra Urzúa ayudaron a Pinochet antes que a la movilización social.

El día del atentado, a esa misma hora, se realizaba en la casa del arzobispo Juan Francisco Fresno, una reunión. A ella había concurrido una delegación del Partido Socialista, a explicar a Fresno su posición, al no concurrir al diálogo que había promovido entre la oposición y Jarpa, al mismo tiempo que quería agradecer a la Iglesia Católica de Santiago, por su acción en la defensa de los derechos humanos.

En el transcurso de la reunión, Fresno fue informado del atentado, así como sus visitantes. A la salida de la casa del arzobispo, los dirigentes socialistas Juan Gutiérrez, Julio Stuardo y Francisco Pizarro, condenaron el atentado y toda práctica terrorista, ya que solo favorecían la estrategia de la dictadura.

El régimen presentó a Carol Urzua como un mártir. El general se había destacado en la represión de los primeros años de la dictadura, sin embargo, por su carisma, contaba con la simpatía de los generales del Ejército. De allí que el cuerpo de generales sintiera el golpe de manera directa y exigiera venganza. Eso, manejado hábilmente por Pinochet, quitó fuerza al Plan Jarpa, entre los propios generales que lo habían impulsado a través del general Sinclair.

En vista de ello, Jarpa siguió buscando ganar interlocutores adecuados a su política, como una forma de validar su gestión. Jugar a la división opositora siguió siendo su apuesta. De hecho, había varios personeros DC que lo veían como un buen interlocutor, fruto de sus relaciones opositoras contra Allende. Así, cuando Lavanderos pide permiso para hacer un acto del PRODEN, para tratar de hacer una demostración de fuerzas frente a la dirección de su partido, Jarpa se la otorga de inmediato.

Ante ello, la reacción de la directiva de Valdés fue imponer sus términos, prometiendo medidas disciplinarias, planteamiento que contó con el apoyo de la Alianza Democrática toda. Al borde de la expulsión del partido, Lavanderos entrará en vereda, y, en adelante, buscará otras fórmulas para mantenerse en la cresta de la ola, inclinándose hacia la izquierda. Una semana después de esa controversia, Valdés inaugura las presidencias rotativas de la naciente Alianza Democrática, para que pudiera llamar a la quinta jornada nacional de protesta, para el 8 de septiembre, cinco días antes en que el régimen celebraría los 10 años en el poder.